La reactivación tras la pandemia y el aumento de la circulación vehicular ha disparado las cifras de accidentes de tránsito en el país. En 2021 las cifras de siniestros volvieron a subir con respecto al 2020. Se registraron  21 mil accidentes en 2021 y 16 mil en 2020. Es decir, que en 2021 ocurrieron 57 siniestros cada día. De acuerdo con los datos presentados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), los fines de semana es más probable sufrir un accidente vial,  en especial, en altas horas de la noche y la madrugada.

El año pasado hubo 2131 muertos en las vías, es decir, al menos 5 fallecidos diarios por siniestros de tránsito. Estas cifras son parte de una tendencia que se mantiene en el país y que se ha normalizado con el paso del tiempo. Pero la pandemia no solamente se evidenció en la accidentalidad: una denuncia presentada en la Fiscalía desnudó el supuesto mercado de frecuencias y el millonario negocio de sobornos que tendría relación con el funcionamiento del transporte interprovincial en jurisdicciones como Morona Santiago.

Limpieza o más de lo mismo

El inicio de 2022 tomó por sorpresa a 64 operadoras de transporte, pues la ANT suspendió 302 rutas y 1632 frecuencias inter e intra provinciales que se les habían asignado en plena pandemia, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, durante el gobierno de Lenin Moreno. La institución de tránsito anuló también, en septiembre de 2021, 24 mil licencias no profesionales y 11 mil profesionales consideradas  como fraudulentas.

“Se otorgaron rutas y frecuencias sin que la operadora tenga un plan, la Contraloría nos dio la razón” dijo  a este medio digital el director de la ANT, Adrián Castro. La institución inició investigaciones ya que, en plena pandemia, se otorgaron más rutas que en épocas normales. El detalle está en que en tiempos de pandemia era imposible cumplir con el estudio de demanda y oferta, un requisito básico para la constitución de las operadoras, mientras los aforos del  transporte público estaban limitados y gran parte de la población estaba en casa.

La Agencia Nacional de Tránsito está ubicada sobre la avenida Occidental. La cantidad de trámites en la matriz aumenta mientras más ciudadanos vuelven a las vías tras la pandemia. Foto: Manuel Novik. PlanV

A nivel nacional hay ciertos corredores sobre saturados. La ANT prepara un nuevo Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, que busca conocer la verdadera oferta y demanda de transporte público en las vías ecuatorianas. Para eso se proyecta elaborar una especie de caja común a través de un consorcio que pretende que varias operadoras compartan una ruta y eviten la competencia.

El director de la ANT dijo que recibió denuncias de presuntos hechos de corrupción en Morona Santiago. Con los hechos que Castro recopiló, presentó una denuncia sobre presuntos cobros ilícitos a transportistas de esa provincia ante la Fiscalía General del Estado. Hay varias pruebas de supuestos pagos ilícitos a cambio de rutas y frecuencias.

El gobernador de Morona Santiago, Freddy Villamagua, informó mediante un comunicado a la ANT sobre estos hechos. Además, agregó un link de Zoom que incluía la sesión de la operadora. Castro receptó el material y no dudó en presentar una denuncia, “se puede escuchar que existe la entrega de dinero, se puede ver comprobantes de supuestos pagos” dijo.

Según el gobernador de Morona Santiago, quien fue parte de los denunciantes, en esa provincia se registró el mayor número de muertes por siniestros de tránsito en los que se vieron envueltos buses inter e intraprovinciales en el 2021. Los datos de la ANT lo confirman, Morona Santiago tuvo un incremento de 184% de fallecidos con respecto al 2020.

Castro y Villamagua presentaron la denuncia junto con documentos con los detalles de supuestos cobros a los transportistas por un valor de USD 74 mil. Los cobros habrían estado destinados a “trámites para frecuencias”, según la denuncia, dentro de este rubro se incluía la compra de cajas de whisky o devolución de dinero a prestamistas.

El director de la ANT tuvo acceso a los videos en los que atestigua haber escuchado sobre pagos de entre USD 50 mil y USD 480 mil para trámites de cambios de horario, frecuencias y alargues de ruta para cooperativas de transporte amazónicas.

Los socios de una de las cooperativas que denunciaron los hechos reclamaron que se les habría solicitado USD 100 mil para la modificación de horarios, otorgación de rutas y frecuencias a Shushufindi, Ibarra, Esmeraldas y Guayaquil. Según la denuncia, esta cooperativa habría puesto en hipoteca su sede para poder cumplir con los requerimientos.

La reventa de mercados cautivos

Actualmente la asignación de rutas y frecuencias es mediante concesión, el Estado da un permiso de operación gratuito para un servicio de transporte mixto. Obtener una ruta es un servicio público sin costo, pero del que se usufructúa ilegalmente entre privados. El control del Estado con el correcto funcionamiento de las operadoras es otro problema.

Entre 2014 y 2016 la Contraloría General del Estado realizó un examen especial a 74 cupos de 9 operadoras. Según el examen, los directores provinciales de Pichincha no supervisaron que en la asignación de cupos se encuentre adjunta la documentación que respalda el cumplimiento de los requisitos establecidos. Tampoco implementaron las políticas y procedimientos establecidos para el control a las operadoras y no supervisaron a los servidores responsables del manejo de la información en los expedientes exigidos a las compañías.

Los rastros de la reventa de frecuencias están por todo lado. En una entrevista con el presidente de la ONG Justicia Vial, Guillermo Abad, se repasaron algunos de estos episodios. “En los clasificados se ven las ventas de puestos, esto es un bien público” dijo.

Abad denunció la reventa de puestos desde Justicia Vial en el 2010, “hubo una comercialización de USD 300 millones en rutas y frecuencias a nivel nacional” agregó. Las operadoras de transporte reciben un cupo de socios cuando forman la cooperativa, esos socios recibirían nuevos socios no legalizados. Esto genera a su vez una fuerza laboral ilegal, que se convierte en una carga para el Estado.

“Cuando tienen un número bastante grande (de empleados) se genera un problema social y se pide a las autoridades que se los legalicen. Lo que dicen es que pagan el valor societario, pero el patrimonio dividido para el número de aportes no da el mismo valor. En 2010 había cooperativas con patrimonio de USD 100 mil y cada acción costaba USD 50 mil” mencionó el presidente de Justicia Vial, ONG especializada en movilidad.

Otro problema del tránsito nacional tiene que ver con la sobreoferta en ciertas zonas y la suboferta en otras. Según el ex director de la ANT, Guillermo Ramos, el Plan Nacional responde a la demanda mas no a las necesidades de pequeñas poblaciones. “Se entregan rutas con estudios que se basan en la oferta y demanda de las rutas, por lo que deja desatendidas a poblaciones que no representan un negocio” dijo Ramos.

Un “negocio” altamente cotizado

El caso de presunta corrupción en Morona Santiago evidencia cuán grande es el mercado del transporte. Dentro de los denunciados hay funcionarios y directivos de la ANT, Ministerio de Transporte, así como delegados de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, y un ex gerente de una cooperativa interprovincial. Los delegados de estos ministerios son parte de un directorio que habría votado a favor de entregar la ruta.

El actual presidente de dicha cooperativa hizo llegar una serie de documentos, entre los que constan un documento correspondiente al pago de frecuencias y un video de Zoom en el que intervienen miembros de la cooperativa. En la sesión de Zoom habría un documento que certifica que una persona presta USD 20 mil para cancelar al encargado de tramitar rutas y frecuencias, mismo que sería devuelto al momento de la adjudicación, con intereses.

“En la ANT no se puede obtener nada si no se hace algo. Toda la vida esto ha tenido un precio” son las declaraciones de uno de los socios en la sesión de Zoom. En la misma conversación se confirma que un trámite para la autorización de una ruta habría costado USD 480 mil y que otras cooperativas habrían pagado USD 100 mil.

Efectivamente se habría otorgado la concesión a esta cooperativa en una ruta desde el Azuay hacia Cotopaxi. De haberse dado los hechos como se plantea en la denuncia se podría haber cometido un  cohecho. Posteriormente, la ruta le fue retirada a la cooperativa. Estas son algunas de las rutas más “cotizadas” del país, el rojo alude a rutas donde más de una cooperativa compite por una misma ruta:

“A las operadoras de transporte les interesa vender puestos. Esto se llegó a dar por compromisos políticos gremiales y económicos. Reúnen a los arrimados, crean un problema social y luego piden la regularización” reafirmó Abad.

Un diseño vial caducado

Según el ex director de la ANT, Guillermo Ramos, las cifras constantes de muertos por siniestros de tránsito reflejan las falencias del sistema vial y de transporte público.

Los datos de la ANT revelan que la mayor cantidad de muertes está en el rango etario de entre 18 y 35 años. Del total de fallecidos en 2021 un 50% corresponde a conductores, un 25% a pasajeros y un 25% a peatones. Según Ramos, esa es la edad que tienen la mayoría de conductores de transporte público y de camiones en el país. “A esa edad la gente se cree inmortal, por eso toman los riesgos que toman”.

Pero no es solo la edad del conductor, sino cómo se llega a serlo. “Antes para obtener una licencia profesional había etapas, se obtenía a los 30 años”. Ramos afirmó que la obtención de licencias es un negocio lucrativo, “la mayoría de las escuelas son de los sindicatos de choferes”. Un curso puede costar entre USD 1500 y 2000. Un monto importante si se suman las más de 14 mil unidades de transporte inter e intraprovincial en todo el Ecuador.

Adrian Castro, director de la ANT, cumple actualmente con la socialización del nuevo Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. Lo que implica visitas en todo el territorio nacional. 

En teoría el sistema de transporte funciona así: las cooperativas entregan una nómina con el número de conductores que deben estar afiliados al seguro. Entre los temas que se controlan están, por ejemplo, asignar dos choferes para rutas de largas distancias o comprobar el historial de cada chofer.

¿Qué tanto se cumple la teoría? Este feriado de carnaval un bus de la Cooperativa Interprovincial Costa Azul impactó a una furgoneta particular y dejó sin vida a 4 personas. Las víctimas eran todos de una familia. El conductor del bus se dio a la fuga. Exceso de velocidad, irresponsabilidad al conducir o falta de control de las autoridades figuran como posibles causas. El conductor tenía 41 citaciones pendientes.

Con el nuevo Plan Nacional los buses vendrían a nombre de la compañía. Actualmente, como el bus está a nombre del dueño del vehículo, el problema es para el conductor y el dueño del bus. Lo que se busca con esta modificación es que las operadoras se hagan responsables por sus unidades.

Plan V entrevistó a una de las personas que salvó en el accidente. Alejandra Sabando perdió a su mamá, su hermano, su suegra y su prima, sigue sin respuestas de los responsables. Siguen esperando que la cooperativa responda por las acciones, y presentaron una denuncia contra el conductor, la cooperativa y el dueño del bus. Pero mientras tanto hay dos personas en el hospital. Los otros heridos necesitan hacerse radiografías y tomografías. Sin el apoyo de ninguna entidad estatal están haciendo un llamado en redes sociales para recaudar fondos.

El accidente en la vía a Playas dejó al menos cuatro muertos. Los cadáveres reposaban en el piso mientras autoridades de distintas instituciones se acercaban al lugar. Foto: Extra

Según el investigador Guillermo Ramos y el director de la ANT Adrián Castro los casos de tránsito se diluyen en la indiferencia judicial. “Usualmente el chofer huye y se llegan a acuerdos entre la cooperativa y las víctimas”. Según Ramos, las operadoras no sienten presión de ejercer ninguna garantía, “el contrato de operación es todo menos un contrato. En 2016 se cambió la figura de permiso a contrato de operación sin modificar nada” dijo. A los contratos de operación le harían falta cláusulas y obligaciones que impongan exigencias legales a las operadoras.

Otro problema que analiza Ramos es que los siniestros viales no son una prioridad en la Justicia. En la Ley de Transporte de 2008 se puso una disposición transitoria, la ANT tenía dos años para que plantee un plan nacional de rutas y frecuencias, 14 años después el plan estaría por concretarse. “Ahora lo puedo decir porque se hizo público, pero la Embajada de Ecuador en EE. UU. impuso la jerarquía en la justicia; en primer lugar, el tema narco, luego las violaciones de DD.HH. y en tercer lugar la corrupción, de ahí para abajo no importa nada más” dijo. Según las cifras de Justicia Vial solo un 1% de los casos judicializados por siniestros de tránsito llegaron a sentencia.

Según la ANT, la mayoría de los siniestros ocurren por desatención o irrespeto a las reglas de tránsito. A pesar de que según las cifras un 90% de los accidentes son por causa humana, la configuración de las vías sigue siendo un problema. Tramos como la vía Quito-Santo Domingo son un ejemplo para ilustrar la problemática. Para Ramos el diseño de este tipo de vías es el problema, no ha cambiado desde los años 50. El investigador mencionó que antes no se tenía la tecnología para hacer puentes curvos, por lo que se buscaba el punto más bajo y estrecho para unir dos montes. Eso explica que en varios tramos se tenga que bajar casi al nivel del río. “Se han ampliado y pavimentado las vías, pero no cambia el diseño” manifestó Ramos.