Back to top
18 de Agosto del 2014
Historias
Lectura: 36 minutos
18 de Agosto del 2014
Alberto Acosta
La desdolarización en marcha

Fotomontaje: Plan V

La posibilidad de una desdolarización de la economía ecuatoriana está abierta.

 

Un punto medular para procesar esta salida ordenada de la economía radica en la forma. Para el correísmo la salida vendrá dada por una combinación entre acciones tecnocráticas y prácticas autoritarias, mientras que sería necesaria una salida democrática, con amplia participación social, inclusive para impedir que los grupos de poder sean los beneficiarios de un proceso que solicita mucha equidad.

La aprobación del Código Monetario y Financiero, entre otros temas, ha planteado la necesidad de un debate nacional sobre la dolarización. Desde su imposición, hasta ahora, no ha habido apertura alguna para la discusión sobre este tema. La posibilidad de una desdolarización de la economía ecuatoriana está abierta. El tema urgente es saber si vamos a dar ese paso de forma ordenada o no. Luego de su imposición en el año 2000, la dolarización fue asumida como un ordenamiento indiscutible e inclusive, sin beneficio de inventario, como positivo para la economía.

Quienes han asumido esta posición no hacen el más mínimo análisis del contexto en que se ha vivido la dolarización. Sin entrar en esta materia, que podría ser abordada con detenimiento en otra ocasión, sí cabe anotar que, en estos años dolarizados, el Ecuador se ha beneficiado de los mayores ingresos por exportaciones de su historia, sobre todo petroleras. Las remesas de nuestros compatriotas que trabajan en el exterior también han contribuido a incrementar la disponibilidad de dólares. La misma renegociación de la deuda externa en el año 2009, alivió las presiones en la balanza de pagos. Los cuantiosos créditos chinos aportaron su parte. La depreciación del dólar mejoró la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional. Y la rigidez cambiaria, sumada a la apertura comercial, alentó el consumo de amplios segmentos de la población, aunque también aumenta el riesgo de un estrangulamiento externo por el acelerado incremento de la balanza comercial no petrolera.

La sociedad ecuatoriana no ha tenido el tiempo suficiente para procesar los alcances y significados del Código Monetario. Este solo hecho ya despierta suspicacias.

Concentrándonos en el tema de este texto, en honor a la verdad, en este Código no se expresa que la desdolarización sea su objetivo, ni el Gobierno lo va a aceptar de manera pública. Pero de la lectura detenida de lo que contiene el Código se pueden extraer varias motivaciones, entre otras la posibilidad de la desdolarización. Esta e una opción que no depende de la voluntad política, sino de condiciones, sobre todo externas, que pueden volver imposible de sostener la rigidez cambiaria. Entonces, antes de que esto acontezca, sería bueno auscultar caminos para una salida ordenada de esta trampa cambiaria. ¿Por qué tanto apuro, habrá acaso gato encerrado en el Código Monetario y Financiero?

Pero antes dejemos sentado que, a pesar de tratarse de un cuerpo legal de gran trascendencia para la economía ecuatoriana y de que el Gobierno cuenta con una holgada mayoría parlamentaria, se prefirió optar por la vía de la urgencia económica. Así la Asamblea Nacional tuvo apenas treinta días para su análisis y aprobación, justamente en medio del Mundial de Fútbol. La sociedad, en consecuencia, no ha tenido el tiempo suficiente para procesar los alcances y significados del Código. Este solo hecho ya despierta suspicacias. ¿Por qué acelerar la aprobación de un asunto tan importante, casi sin debate alguno? ¿Habrá gato encerrado en el Código?, cabría preguntarse.

Averigüemos qué puede estar oculto en este frondoso texto de 180 páginas, 520 artículos, 18 disposiciones generales, 37 disposiciones reformatorias, 30 derogatorias diversas y 41 disposiciones transitorias. De todas maneras, aún antes de conocer el contenido del posible veto presidencial, se pueden anticipar algunas reflexiones.

El Código no representa una acción socialista, como podría derivarse de la lectura de su prólogo lleno de frases propias de un texto de economía política. El hecho de que el Estado regrese a la economía no implica necesariamente que se esté dando paso a una salida del capitalismo. En este momento de la evolución del capital, al contrario, este requiere incluso una mayor presencia estatal para forzar, por ejemplo el extractivismo. Los avances en los últimos siete años que ha tenido el extractivismo hubiesen sido imposibles años atrás sin la intervención activa del Estado.

No hay duda, tomando en cuenta el proceso que se vive, inclusive los alcances de los cambios constitucionales propuestos, a la cabeza la reelección indefinida, que este Código forma parte de un nuevo esquema de dominación cristalizado en el correísmo. Este documento recoge una clara visión tecnocrática alrededor de un Estado poderoso encargado de impulsar, de forma autoritaria, un gran reacomodo del capitalismo en Ecuador.

Las cinco y más patas del gato

El objetivo explícito del Código Monetario y Financiero es cumplir con el mandato de la Constitución de Montecristi: del artículo 308 al artículo 312, que habla del sistema financiero. En concreto se parte de la definición de dicho sistema como un servicio de orden público (artículo 308).

Un banco, esto cabe dejar sentado, no es una empresa cualquiera, ni siquiera un servicio público tradicional. Un banco asume no solo el cuidado de los depósitos de los clientes y la colocación de dichos recursos. Un banco, al generar dinero, tiene un poder que debe ser regulado y controlado por el Estado. Debe quedar claro que el ahorro no financia el crédito como usualmente se piensa. Los bancos inclusive no requerirían depósitos previos para crear crédito. Esto lo conocen muy bien estas instituciones y es allí donde radica su gran poder y ese poder debe ser regulado.

Luego de las duras experiencias vividas en el país, cuando el sistema financiero privado, directa o indirectamente, controlaba la economía y la política, resulta necesario contar con todos los mecanismos que permitan su adecuado control y regulación. En esta dirección parecen apuntar los justificativos y algunos elementos del Código.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la conformación de una súper Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera presenta algunas debilidades. La primera, que el Banco Central solo tendrá voz, no voto. En lo relativo a manejar y controlar el sistema financiero, esta Junta no garantiza el total cumplimiento de los objetivos constitucionales.

Fue el ingeniero León Febres Cordero, el líder socialcristiano, quien, cuando fue diputado en el año 2005, propuso que el 75% del ahorro en la banca se direccione a inversiones productivas.

El hecho de que a los miembros de la Junta se les garantice una amplia inmunidad, inclusive en contra del artículo 309 de la Constitución, a la postre también podría demandar en un momento dado la misma proporción de responsabilidades ante la ciudadanía. Así, a pesar de que la Disposición General Primera diga que “El Estado no es responsable de la solvencia de las entidades del Sistema Financiero Nacional y de las entidades que conforman el régimen de valores y de seguros, y no asumirá deudas  privadas”, en un futuro no lejano, será fácil echarle la culpa al Estado. Se podría endilgar potenciales problemas a una Junta con tantos poderes, con lo que inclusive pueden quedar puertas abiertas para salvatajes, que serán vistos como legítimos, aunque no sean legales. En síntesis, si las cosas van mal, habrá motivos de sobra para responsabilizar a la Junta y echar mano de los recursos públicos para sanear bancos.

Pero hay más. Sin pretender agotar todos los temas de un Código tan extenso, de su estudio se puede desprender que el Gobierno está interesado en direccionar el ahorro que está en el sistema financiero privado hacia inversiones productivas. Esto no es necesariamente criticable, aunque dependerá de los mecanismos que se utilicen y los sectores beneficiarios. La inversión pública ha sido, hasta ahora, el motor de la economía durante la gestión del presidente Correa. Esto se debilita. En el último tiempo asoman indicios de que habrá restricciones financieras que no se cubrirán tan fácilmente como antes recurriendo a los cuantiosos créditos chinos.

Es curioso, pero la idea de utilizar dichos recursos ahorrados para fines productivos tiene historia en el Ecuador. Fue el ingeniero León Febres Cordero, el líder socialcristiano, quien, cuando fue diputado en el año 2005, propuso que el 75% del ahorro en la banca se direccione a inversiones productivas, al mismo tiempo planteó anclar las tasas pasiva y activa de la banca, reduciendo las comisiones que ésta cobra. León Febres Cordero, presidente del año 1984 a 1988, fue, como todos recordamos, un prototipo de gobernante autoritario empeñado también en modernizar, a su manera, la economía ecuatoriana.

En paralelo a esta pretensión productivista, es fácil descubrir una serie de herramientas para acceder a los recursos de los depositantes de la banca, así como de los exportadores, para enfrentar épocas de crisis.

Las limitaciones fiscales están a la vista. Las previsiones oficiales establecen que las necesidades de financiamiento serían de 34.830 millones de dólares entre el 2014 y el 2017 (Programación cuatrianual 2014-2017). La deuda pública alcanzaría el 38,6% del PIB al 2017[3]. Sin ocultar la significación que tiene la calidad del gasto público, como es fácil suponer este esquema económico centrado en la inversión pública exige tener abiertas todas las líneas de financiamiento posibles.

En los últimos meses el Gobierno ha dado paso a una serie de reencuentros con viejos conocidos de nuestra economía. No necesariamente de grata recordación. El primer paso, cuando los abundantes créditos chinos dejaron de fluir como en años anteriores, se dio con el retorno al Banco Mundial. A poco, se concretó la emisión de 2.000 millones de dólares en bonos y con esto, el regreso del Ecuador al mercado financiero internacional, el Gobierno se congració con el FMI y con bancos que tampoco son de grato recuerdo para el país, como el Citibank, que nos incautó 80 millones de dólares en mayo de 1989, con la excusa de un préstamo impago. Más adelante, la operación financiera de más de la mitad de la reserva monetaria en oro nada más ni nada menos que con Goldman Sachs completó este regreso. Y para completar, en este tiempo de restituciones, el Gobierno termina de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, una de las aspiraciones más acariciadas en la larga noche neoliberal; un tema que se tratará en otro espacio.

En nada quedaron los discursos soberanos y altivos de la “revolución ciudadana”. Las necesidades de financiamiento pesan más que los planteamientos de hace siete años y más. El Gobierno de Correa va completando el círculo. Empezó con propuestas transformadoras que encontraron su zenit con la expedición de la Constitución de Montecristi, para ir poco a poco reubicándose en el andarivel de las demandas de los poderes fácticos y su ideología sin ninguna reflexión.

A contrapelo de que el ser humano debe estar sobre el capital, como reza el prólogo del Código, en el mismo se plantea la posibilidad de titularizar futuros ingresos de actividades extractivistas.

Como van las cosas, el grueso del financiamiento para dicha modernización, que ya tiene una senda prevista en la propuesta de transformación de la matriz productiva del correísmo, vendrá del extractivismo, no de los créditos externos, ni de los ahorros de la ciudadanía. Eso es evidente. En el Código se aporta en ese sentido. A contrapelo de que el ser humano debe estar sobre el capital, como reza el prólogo del Código, en el mismo se plantea la posibilidad de titularizar futuros ingresos de actividades extractivistas. Aquí cabría preguntar, ¿en qué queda la responsabilidad intergeneracional?, o será que lo que se está haciendo ahora es tan benéfico y milagroso que las próximas generaciones gozarán de los frutos de una “inteligente” inversión de todos los excedentes que genera el extractivismo.

Las empresas públicas de exploración, extracción y comercialización de recursos naturales no renovables, que normalmente trabajan en alianza con empresas transnacionales privadas o estatales, podrán emitir certificados de contenido crediticio. Como oportunamente reconoció la exministra de este Gobierno Katiuska King, al realizar estas operaciones, el ritmo de avance de estos proyectos será impuesto por sus compradores. Vender los ingresos futuros de un proyecto extractivo por anticipado implica –según ella– que se van a asegurar los ingresos previstos aunque existan conflictos socioambientales o la presencia de pueblos libres en aislamiento voluntario.

El grueso de la inversión que requiere la industria básica que servirá de sostén de la transformación productiva del correísmo demanda gran cantidad de capital transnacional. Aquí aparece en escena el TLC con la Unión Europea, que consolida una serie de garantías para las inversiones extranjeras europeas y que, de carambola, buscan dar confianza a otros inversionistas, al menos hasta que se firmen otros TLC.[4] Abierta la puerta a un TLC, el resto de acuerdos de este tipo, inclusive con los Estados Unidos, podría venir por añadidura… ya lo veremos.

La desdolarización agazapada

Un tema controvertido es el de una posible desdolarización de la economía. La sociedad mira con temor el tema. La gente quiere quedarse con el dólar. Se asume como que la moneda estadounidense fuera la tabla de salvación que encontró la economía ecuatoriana. Prima el miedo. También hay un manejo perverso. Y por cierto mucho desconocimiento.

No es para menos. Como parte del “terrorismo económico” desplegado para provocar la aceptación sumisa y acrítica de la dolarización, se enarboló el fantasma de la hiperinflación Y ahora para sostenerla no faltan voces que auguran una hecatombe si abandonamos este sistema cambiario y monetario rígido, y tratamos de recuperar el accionar de una política monetaria y cambiaria soberana.

En este punto cabría preguntar sobre las razones que explican la confianza en la dolarización. Si el país ha crecido desde que fue instaurada la dolarización, se ha reducido la pobreza y se ha formado una clase media que controla el 53% del ingreso nacional, entonces ¿por qué no creer que la dolarización fue positiva? El problema de esa creencia es que desconoce que lo mismo ocurrió en todos los países productores y exportadores de materias primas y productos primarios, por tanto, el factor determinante no fue la dolarización. Es más, países con moneda propia como Bolivia, Brasil o Perú han conseguido cifras de crecimiento más significativas y tienen actualmente unas reservas muy importantes para sostener a sus economías, cosa que no ocurre con el Ecuador.

En realidad, desde marzo pasado, con la expedición de una resolución del Banco Central en el Registro Oficial, se dio paso a la emisión de dinero electrónico, como unidad de cuenta expresada en dólares. Esta decisión ha sido ratificada en el Código. Tenga o no otro nombre, el dinero electrónico asume expresamente funciones de medio de pago y es convertible en dólares. Esta moneda se expresará en dólares, con lo que el tema de la denominación, que puede despertar temores, no tendrá mayor relevancia. Además, según lo establecido en el Código estará respaldado con activos líquidos del Banco Central. Con lo que el Ecuador, si dejamos de lado las moneditas sin denominación alguna que tenemos desde el inicio de la dolarización, ha entrado en una fase de convertibilidad.

En algún momento se podría disponer que el dinero electrónico ya no esté denominado en dólares norteamericanos sino en dólares ecuatorianos o  simplemente dólar electrónico.

Dejemos sentado que el dinero electrónico no es nada nuevo, peor aún una nueva moneda. Los depósitos que tenemos en los bancos privados son dinero electrónico, ya que son simples registros contables que permiten realizar pagos (medio de pago) de forma electrónica. Las transferencias y las tarjetas de débito (que lo que hacen es debitar depósitos) ya son medios de pago electrónicos; papel que cumplen también las tarjetas de crédito.

Lo verdaderamente novedoso es que para tener “dinero electrónico” será necesario tener una cuenta en el Banco Central (para ser parte del sistema de pagos). Esto es introducir un nuevo banco y por lo tanto competencia al sector. En varias partes del Código se hace mención a las funciones de banca que podrá tener el Banco Central, que asume la tarea de un banco, como en otras épocas (con FODERUMA o con el financiamiento de actividades de exportación, por ejemplo), pero por lo pronto con los limitados márgenes de acción de la dolarización.

El Banco Central será el encargado ya no de emitir la nueva moneda, como se establecía en la disposición de marzo, sino de proveerla. Para cumplir esta función el instituto proveedor solamente deberá respaldar el llamado dinero electrónico con activos líquidos, pero ¿qué son activos líquidos? Puede ser cualquier cosa, desde fondos privados (ahorros, fondos de pensión, entre otros) hasta cualquier título valor emitido por cualquier banco, el IESS o el mismo Gobierno. El Banco Central podrá obligar a la venta de divisas provenientes de las exportaciones, que seguramente se les pagaría con dinero electrónico. Igualmente el Banco Central puede emitir Títulos, que luego podrían servir para pagar impuestos, por ejemplo. Lo mismo sucederá más temprano que tarde con el dinero electrónico, en tanto unidad de cuenta y medio de pago, de libre convertibilidad.

En el Código se dispone que nadie está obligado a recibir moneda distinta del dólar norteamericano. Pero, aceptémoslo, de hecho ya hay un sistema de pago de la obra pública o a la jubilación con bonos, lo que podría generalizarse. Entonces, si explícitamente no está establecida dicha obligación, podrían establecerse mecanismos con diversos grados de voluntariedad.

El otro tema importante es que en algún momento se podría disponer que el “dinero electrónico” ya no esté denominado en dólares norteamericanos sino en dólares ecuatorianos o  simplemente dólar electrónico. Luego, más delante, se podría declarar la inconvertibilidad del dólar electrónico en dólares físicos. Así, con el paso del tiempo, dependiendo de las circunstancias el Ecuador puede llegar a tener nuevamente su propia moneda, que puede ser objeto de ajustes cambiarios.

¿Cómo propiciar una desdolarización ordenada de la economía?

La recuperación de la política cambiaria y monetaria, tarde o temprano, será un reto para la economía ecuatoriana, si realmente se quiere construir otro tipo de economía orientada hacia la construcción del Buen Vivir o sumak kawsay, en tanto alternativa al desarrollo. Y será siempre preferible que este reto sea asumido de forma consciente y no atropellada como consecuencia de una crisis. Es más, sobre todo cuando se ha cometido la torpeza de suscribir un TLC con la UE, no es una mala idea recuperar todas las herramientas de la política económica porque el país no puede hacer frente a apreciaciones del dólar en un contexto de apertura total a las importaciones de la UE. El tema es cómo propiciar una desdolarización ordenada, es decir que no sea traumática como la dolarización.

En este punto conviene recuperar lo que señalaba Rafael Correa, en el año 2004[5], antes de ser presidente de la República, sobre una posible desdolarización ordenada de la economía:
Además de los grandes desafíos técnicos para salir de la dolarización, se trata sobre todo de un problema de consenso político y social. De lograrse dicho consenso, todavía totalmente ausente en el país, la parte técnica tendría que enfrentar tres problemas fundamentales e interrelacionados entre sí: crear demanda por la nueva moneda, evitar una crisis bancaria por corrida de depósitos, y evitar una crisis de balanza de pagos por salida de capitales. Además de lo anterior, para minimizar los costos de salida, y sobre todo los grandes ganadores y perdedores como en el caso argentino, la salida de la dolarización debería realizarse de manera paulatina, e implicaría un largo período de tiempo, dividido en forma general en tres etapas: una primera etapa de “blindaje financiero y externo”, una segunda etapa de “desdolarización”, y una tercera etapa de “corrección de precios relativos”.

La primera etapa estaría orientada básicamente a disminuir la vulnerabilidad del sector bancario y la probabilidad de una crisis de Balanza de Pagos, para lo cual se requeriría la obtención de grandes reservas de divisas –fondos de liquidez– por medio del apoyo de organismos internacionales y/o ventas anticipadas de petróleo, para respaldar al sistema bancario y resistir cualquier corrida de capitales. Simultáneamente, se requeriría la imposición de controles temporales a la movilidad de capitales, con el fin de tratar de minimizar la salida de capitales especulativos que la introducción de una moneda nacional generaría. Finalmente, sería altamente deseable una adecuada renegociación de la deuda externa, que reduzca la presión en el sector externo, para todo lo cual también se requeriría de un decidido apoyo internacional.

la salida de la dolarización debería realizarse de manera paulatina, e implicaría un largo período de tiempo, dividido en forma general en tres etapas.

En una segunda etapa, se introduciría la nueva moneda nacional y se iniciaría un período de bimonetarismo con paridad fija, tal como la convertibilidad argentina. Para ello, se requerirían de controles temporales en el sistema cambiario como una medida necesaria para garantizar la paridad de la nueva moneda. En esta etapa, los desafíos fundamentales serían la generación de demanda para la nueva moneda como medio de pago, así como la sistemática desdolarización financiera de la economía, lo cual implicaría generar demanda de la nueva moneda como reserva de valor y generalizar su utilización como unidad de cuenta y patrón de pagos diferidos. Para todo ello se requeriría de una compleja red de estímulos y reformas institucionales por parte del Estado, de tal forma que se induzca a los agentes económicos a utilizar la nueva moneda nacional.

Finalmente, en una tercera etapa, y una vez desdolarizada en la medida de lo posible la economía, se requeriría de una depreciación de la moneda nacional que corrija la distorsión de precios relativos y que permita emprender nuevamente una política monetaria autónoma y soberana. Aunque los efectos de transmisión (“pass through effects”) entre depreciación e inflación se han reducido sensiblemente en Latinoamérica, como lo demuestra el caso argentino, en esta etapa se requeriría de un manejo especialmente cuidadoso en el control de la inflación. Además de lo anterior, de existir aún pasivos financieros denominados en dólares, se deberían incorporar mecanismos de compensación para aquellos agentes económicos que sufran pérdidas ilegítimas por la depreciación de la moneda.

Para completar la reflexión del entonces profesor de la Universidad San Francisco de Quito, incorporemos su opción preferida: la unión monetaria regional[6]. Algo se caminó en esa dirección con las propuestas para una nueva arquitectura financiera regional. El sistema único de compensación regional, conocido como SUCRE por sus siglas, era una iniciativa interesante. El Gobierno de Correa, hay que reconocerlo, bregó por cristalizar esta arquitectura financiera. Lamentablemente, como es de dominio público, la integración monetaria regional no está en la agenda de Brasil, ni de los otros países de la región[7]. Con el banco de los BRICS los esfuerzos de integración financiera regional se han desinflado, al menos por lo pronto.

Una revisión cuidadosa de los planteamientos de Rafael Correa permite entender para qué sirve el Código Monetario dentro de este esquema propuesto hace ya diez años. El Código garantiza el blindaje interno y externo. Por el lado interno, se intenta crear confianza para evitar una corrida bancaria mediante la creación de la Corporación de Seguro de Depósitos, que amplía la cobertura ya existente para asegurar los depósitos que la gente tenga en el sistema financiero. Por el lado externo, existen barreras que impedirían una fuga de capitales, que encuentra en el impuesto del 5% a la salida de capitales una primera barrera de contención, que ha demostrado no ser lo suficientemente eficaz.

Con la emisión del dinero electrónico, que, al parecer, en una primera fase se mantendrá dentro de márgenes estrechos, ya se abre paso a la convertibilidad. Ecuador debe introducir una nueva moneda y eso implica un proceso que deberá todavía complementarse con otras acciones, inclusive en el campo jurídico. Los contratos dentro de la economía ecuatoriana, por ejemplo de arrendamiento, que quieran hacerse con protección legal deberán ser en moneda nacional; si se los sigue manteniendo en dólares ya no contaría con el respaldo legal correspondiente. Es decir, en algún momento será necesaria una desdolarización jurídica para apuntalar la moneda nacional.

Reconociendo que la desdolarización no depende de la “técnica”, sino de la decisión política de los poderes fácticos, la introducción de la moneda nacional exige crear las condiciones para aumentar la tenencia de dicha moneda.

En el campo financiero serán indispensables diversas medidas, por ejemplo, encajes diferenciados para los depósitos de ley, más altos para dólares o menores para moneda nacional (de ser del caso se tendría que introducir un sistema de remuneraciones diferenciado para el encaje en moneda extranjera y en moneda nacional). Simultáneamente habría que incrementar los costos de las transacciones en dólares y también por la conversión de la moneda nacional en dólares. En paralelo, un alza del rendimiento real de los activos financieros denominados en moneda nacional, debe venir acompañada de una disminución de los denominados en dólares.

La política fiscal debe ser revalorizada y comprendida en su verdadera dimensión. La política monetaria y la fiscal son distintas pero están íntimamente interrelacionadas.

Un pilar de otro tipo de economía, por cierto indispensable para procesar una desdolarización de la economía, radica en el fortalecimiento efectivo de la banca pública y del sistema financiero popular y solidario, empezando con las cooperativas. El BIESS, por ejemplo, debería actuar como banca de primer piso y el Banco del Pacífico debería actuar como banco público. Esto implicaría una reingeniería del sistema de banca pública, que le permita acceder a recursos del Banco Central. No se piensa en la actual Corporación Financiera Nacional (CFN) o en el actual Banco Nacional de Fomento (BNF), sino en nuevos bancos, con nuevas estructuras, nuevas administraciones y sobre todo nuevas prácticas.

La política fiscal debe ser revalorizada y comprendida en su verdadera dimensión. La política monetaria y la fiscal son distintas pero están íntimamente interrelacionadas. En última instancia la política fiscal se sostiene en el régimen monetario. A menos soberanía monetaria, menos soberanía fiscal. No es cierto que la política fiscal es una cosa independiente de la monetaria, como usualmente se entiende. La política fiscal está íntimamente relacionada con el ámbito monetario. Por eso, una adecuada política monetaria redundaría, para mencionar un ejemplo, en menores demandas de créditos externos, es decir una menor dependencia del mercado financiero internacional.

Estos y otros muchos pasos deberán darse para completar la fase de desdolarización de la economía y poder hacer los indispensables ajustes de precios, sin que esto signifique volver a la época de la crisis financiera de fines del siglo pasado.[8]

Un punto medular para procesar esta salida ordenada de la economía radica en la forma. Para el correísmo la salida vendrá dada por una combinación entre acciones tecnocráticas y prácticas autoritarias, mientras que sería necesaria una salida democrática, con amplia participación social, inclusive para impedir que los grupos de poder sean los beneficiarios de un proceso que solicita mucha equidad. La desdolarización, asumida como una de las herramientas para una transformación estructural radical, debe impedir que se dé una reconcentración de la riqueza y del poder como sucedió con la dolarización.

Es indispensable reconocer que salir de la trampa cambiaria no es suficiente. Recuperar la política monetaria y cambiaria asegura una herramienta indispensable para construir una política económica que tenga como horizonte el sumak kawsay o Buen Vivir. Esto implica construir una alternativa al desarrollo, que asuma como prioritarias las demandas básicas del ser humano y no las exigencias de acumulación del capital, desde la vigencia real de los Derechos Humanos. Y todo esto reconociendo los Derechos de la Naturaleza.

A la postre está claro que dolarización o desdolarización, como vengo sosteniendo desde hace más de una década, desde que se impuso la dolarización, ¡no es toda la cuestión!

 

[1] Economista ecuatoriano. Expresidente de la Asamblea Constituyente.

[2] Cita completa: “Es claro entonces que la ingenua y temeraria dolarización unilateral ecuatoriana no tiene nada que ver con una unión monetaria, y que constituye un absurdo económico y geopolítico. Fue tomada de forma apresurada en un momento de grave crisis, bajo el peculiar argumento de que lo mejor es "atarse las manos", y confundiendo de manera torpe los efectos con las causas de la crisis. Sin embargo, Economía es una ciencia de realidades y no de simples deseos, y, sin los fundamentos adecuados expresados claramente en la teoría AMO ("Teoría de las Áreas Monetarias Óptimas", NdA), la dolarización unilateral ecuatoriana es sencillamente inviable en el mediano y largo plazo.” Ver en http://www.lainsignia.org/2005/junio/econ_006.htm

[3] Sin considerar los créditos de facilidad petrolera…

[4] Se le podría ver desde otra perspectiva: la inversión extranjera directa no ha ingresado al Ecuador ni siquiera con los Acuerdos de Protección de Inversiones… la inversión extranjera directa ha fluido para extraer materias primas y básicamente petróleo, entonces el TLC no garantiza esa afluencia. Tal vez, viendo las principales tendencias mundiales, lo que busca la UE es controlar la producción agrícola, la biodiversidad y la abundancia del agua. Invertir en áreas que le interesan al país para el cambio de la matriz productiva parece que serán una quimera. Además, ¿la inversión extranjera directa capitaliza o descapitaliza a un país en el tiempo? En Perú y Colombia deben destinar el 35% de las exportaciones para royalties… en el Ecuador esa relación está alrededor del 5%. A menos que la inversión extranjera directa, que se instale en el país, exporte la mayoría o totalidad de la producción, a la final será una carga más para la vulnerable balanza de pagos.

[5] Rafael Correa; “De absurdas dolarizaciones a uniones monetarias”, ponencia para el seminario Dolarización y alternativas, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, julio del 2004. Disponible en http://www.lainsignia.org/2005/junio/econ_006.htm

[6] Ver su artículo De absurdas dolarizaciones a uniones monetarias (2005), http://www.lainsignia.org/2005/junio/econ_006.htm

[7] No sólo que a Brasil y Argentina, en realidad, poco les interesó el tema, sino que hay países como los de la Alianza del Pacífico, que han estado en contra.

[8] Una propuesta de cómo se podría dar paso a una desdolarización de la economía la propuso en el año 2004 el autor de estas líneas: “Dolarización y desdolarización: ¡Esa no es toda la cuestión”, en la revista ICONOS número 19 de la FLACSO, Quito, 2004. http://revistas.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/31/29

[RELA CIONA DAS]

Alianza del Pacífico: una nueva oportunidad
Carlos Rivera
Lo bueno, lo malo y lo feo del morenismo
Carlos Rivera
Concesiones por 20 años y 20 mil millones: esta es la agenda
Redacción Plan V
Shock de confianza
Carlos Rivera
Caminando con el Fondo Monetario Internacional
Carlos Rivera
GALERÍA
La desdolarización en marcha
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Los ejes del golpe de timón en el Consejo de Participación
Redacción Plan V
El sistema de salud en el Ecuador es una fábrica de enfermos
Redacción Plan V
La vida nómada de los refugiados colombianos en Ecuador
Redacción Plan V
Dos informes dan nuevas esperanzas a Íntag, el verde valle que podría convertirse en una mina de cobre
Fermín Vaca Santacruz

[MÁS LEÍ DAS]

La empresa del Hotel Quito se descapitalizó por más de USD 28 millones
Fermín Vaca Santacruz
Arroz Verde: ‘Correa disponía, supervisaba y aprobaba’
Redacción Plan V
El arma del asesinato de Gavys Moreno fue hallada en la cárcel de Latacunga
Redacción Plan V
Todo se sabía
Juan Cuvi