El enredo legal alrededor de los bienes de los hermanos Isaías mantiene a cientos de familias en incertidumbre. Guillermo Pineda es secretario de la asociación La Nueva Revolución, que se conformó en 2008 y en la actualidad tiene 36 miembros. Esta es una de las organizaciones campesinas que se asienta en la hacienda Las Mercedes, incautada a las compañías Mariva S.A. y Lamiper S.A. de los hermanos Isaías. Se encuentra ubicada entre los cantones Yaguachi y Durán, en la provincia de Guayas.

Entre los afectados de una posible devolución de los bienes hay mujeres que han luchado por su derecho a tener tierras para su cultivo y sostén económico.

La hacienda tiene una extensión de más de 2.300 hectáreas, pero La Nueva Revolución ocupa 171 de ellas. Pineda recuerda que llegaron a esas tierras convocados por los programas que impulsó el gobierno de Rafael Correa, después de las incautaciones de los bienes de los Isaías en 2008. El dirigente cuenta que esos predios en su gran mayoría no estaban dedicados a la agricultura, sino que había algo de ganado. Las familias que llegaron empezaron a cultivar arroz, banano, maíz y café.

El Gobierno de entonces les ofreció un título de propiedad, bajo el denominado Plan Tierras, que tenía como objetivo la redistribución de tierras del Estado, entre las que se incluyó las incautadas a los hermanos Isaías.Pero desde su incautación Las Mercedes ha estado envuelta en conflictos como invasiones y presiones de funcionarios para favorecer y pagar aparentemente favores políticos con esas tierras, explicó FIAN en un investigación que hizo sobre esta hacienda.

A esos problemas se suman recientes fallos en la justicia ecuatoriana. En mayo pasado, Johnny Lituma, juez de la Unidad Judicial Norte 2 de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil, dispuso la devolución a los hermanos Roberto y William Isaías de los bienes que les fueron incautados. Este lunes, 15 de agosto, se instaló la audiencia de apelación. La Procuraduría y otras entidades pidieron en la audiencia dejar sin efecto esa sentencia.

Dar paso a la devolución de esos bienes implicaría el inminente desalojo forzoso de las familias asentadas en las tierras que estuvieron en manos de ese poderoso grupo económico, así como la pérdida de sus inversiones. Pineda asegura que los miembros de su asociación han mejorado de a poco los predios, porque la gran mayoría no tenía servicios básicos e infraestructura para la agricultura. Por ejemplo, para el cultivo de arroz han nivelado el suelo y han implementado sistemas de riego y drenaje. “Nos sentimos amenazados por ese dictamen que les dio las Naciones Unidas y los jueces de aquí hacen otra cosa. El dictamen nunca dice que les devuelvan los bienes”, dice.

El dirigente se refiere a la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del 2016, que los Isaías la interpretan como una orden de restitución de los inmuebles incautados. Pero la Procuraduría ha sostenido que el fallo del Comité no dispuso tal devolución, sino que les proporcione un recurso para la defensa de sus derechos ante jueces imparciales. 

“El dictamen de la ONU no ordena nuestro desalojo del predio Las Mercedes”, fue uno de los mensajes con los que llegaron los manifestantes a la Corte del Guayas.

Los Isaías quieren sus haciendas

No es la primera vez que los Isaías acuden a la justicia constitucional para recuperar sus bienes, entre ellos la hacienda Las Mercedes. En marzo pasado, presentaron una acción de protección contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) para que no adjudique a las asociaciones el predio Mariva/Lamiper. La Jueza de lo Penal de Durán negó dicha acción en primera instancia. La decisión negativa fue ratificada por la Corte Provincial el pasado 1 de junio.

Solo en la hacienda Las Mercedes habría 12 asociaciones con más de 700 familias, según los dirigentes, que están en la incertidumbre debido a una posible devolución de los bienes de los Isaías. Pero no todas estas organizaciones están en la misma situación. Por ejemplo, los miembros de las asociaciones Victoria de las Mercedes, Atara, Brito Mendoza y Emanuel tienen títulos de propiedad que les entregó el Magap. En el 2012, la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (Ugedep), que manejaba esos bienes, hizo la transferencia al Ministerio para el Plan Tierras. Estas familias aún pagan el valor comercial de esas hectáreas con un subsidio.

Milton Yulán, abogado de la organización Unión Tierra y Vida, explica que los predios de Mariva S.A y Lamiper S.A, que suman unas 1.437 hectáreas, no se transfirieron en su totalidad en el 2012, sino por partes entre 2015 y 2016. En la actualidad, faltan por adjudicar unas 420 hectáreas, donde se encuentra cuatro asociaciones campesinas como La Nueva Revolución. Esas familias están a la espera de que el Magap entregue los títulos para empezar con esos pagos.

En la hacienda Las Mercedes, cientos de familias campesinas se asentaron para emprender cultivos de arroz, banano, café.

Pero el traspaso quedó en suspenso desde julio de 2018. En esa fecha, los Isaías reclamaron sus bienes basados en la sentencia del Comité de la ONU, y presentaron una medida cautelar ante el juez Lituma. El magistrado acogió este pedido e impidió la enajenación de esos bienes por parte de Inmobiliar de manera indefinida.

¿Por qué no fueron adjudicadas antes del 2018 si las familias están allí desde el 2008? Yulán cree que ha existido falta de voluntad política para cumplir con esas familias.

De esa manera, La Nueva Revolución y otras asociaciones como La Fe del Campesino Asovancon, estas últimas con 36 y 26 socios respectivamente, no han accedido a los títulos de propiedad. Una devolución sería un “precedente terrible” para este jurista, pues dice con ello se iniciaría el “despojo” de los campesinos de estas posesiones.

Aunque aún hay bienes bajo la administración del Estado, ahora hay otros terceros involucrados por lo que una devolución total de los bienes implica una gran complejidad de ejecución, según la Procuraduría.

Pineda dice que acceder a estar tierras les cambió la vida porque dejaron de ser jornaleros de haciendas privadas y pudieron emprender con sus propios cultivos. Por eso no saldrán de esas tierras.

Los campesinos han invertido en los predios para cultivos de arroz y temen perderlo todo.

Presiones e intereses empresariales

El colectivo ProDH y Fian Ecuador denunciaron presiones a las familias campesinas en los predios Mariva y Lamiper para que vendan sus tierras. Según estas organizaciones, las demandas que se ventilan en la justicia ecuatoriana “han sido aprovechadas por el sector privado vinculado al cultivo de camarón y al negocio inmobiliario para intimidar a las comunidades y presionarlas a vender cuanto antes las tierras que detentan, para poder por lo menos recibir algún valor por las mismas, antes de un eventual desalojo”.

Algunas familias, aseguran, se han visto forzadas a vender las tierras a precios extremamente bajos, en comparación con su valor comercial. Por ejemplo, alrededor de la asociación de Pineda hay camaroneras. Explica que han llegado a ofrecerles USD 1.000 por cuatro hectáreas.

Yulán afirma que, en los últimos años, en el cantón Durán, se ha cambiado el uso de suelo de las tierras agrícolas para beneficiar la instalación de camaroneras, que están casi colindando con la hacienda Las Mercedes. Pese al conflicto legal, estas empresas buscan forzar a las familias para que ceden a sus tierras, que están cerca de Guayaquil, algo que puede ser de gran interés para este sector.

La organización Unión Tierra y Vida ha informado que el sector privado ha adquirido unas 1.024 hectáreas entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. “Dicha adquisición se traduce en que hoy la mayoría de las familias campesinas hayan sido económicamente desplazadas de sus medios de vida, producción y reproducción social”, mencionaron las denunciantes en un comunicado. Alertan además que existe una “campaña de hostigamiento para dividir a la comunidad con ofertas individuales continúa, manteniendo la presión”.

La Red de Mujeres Rurales solicitó a los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, donde está la apelación a la sentencia del juez Lituma, que revoquen esa resolución. Consideran que un desalojo de las familias causaría nuevas violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Recordaron que, en sus observaciones de 2019, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó al Ecuador “adoptar medidas para prevenir y sancionar los responsables de desalojos forzosos y actos de violencia en contra de la población campesina y los pueblos indígenas, en torno al acceso y uso de la tierra” y “adoptar medidas para asegurar la redistribución de tierras a favor de la población más desfavorecidas”.

Cronología del proceso para la devolución de bienes en Ecuador

Julio 2018. Los hermanos Isaías presentaron una medida cautelar constitucional autónoma que la resolvió Jhonny Lituma Jines, Juez de la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil.  Lituma otorgó la siguiente medida cautelar: “Que el Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público se abstenga de realizar enajenación al amparo de ningún título de los bienes inmuebles que constan en varias resoluciones administrativas”. La medida cautelar fue otorgada sin un tiempo determinado.

Junio 2019. La Procuraduría, el Banco Central e Inmobiliar presentaron los pedidos de revocatoria de las medidas cautelares. Pero el juez Lituma Jines rechazó los pedidos. El Estado presentó recurso horizontal de aclaración y posteriormente apelación, que también fueron negados por el mismo juez. Las medidas cautelares se mantuvieron durante caso 4 años.

Febrero y abril 2022. El Ministerio de Agricultura presentó una solicitud de revocatoria de esas medidas. Un mes después también lo hizo Inmobiliar y nuevamente el Magap.

Roberto y William Isaías viven en EEUU y desde allá impulsan litigios en Ecuador para recuperar sus bienes.

Abril 2022. El juez Lituma negó todas las peticiones.

Mayo 2022. El juez Lituma transformó la medida cautelar autónoma a una acción de protección conjunta de oficio y él mismo la resolvió, contrario a la norma. La Procuraduría presentó el recurso de apelación en contra del auto que niega la solicitud de revocatoria de medida cautelar. Lituma volvió a negar ese recurso.

10 de mayo de 2022. Se realiza la audiencia oral de acción de protección con medida cautelar conjunta en la que el juez Lituma dicta sentencia oral ordenando la nulidad de varios actos administrativos y la reparación integral en favor de los hermanos Isaías.  La Procuraduría apeló esa decisión.

Julio 2022. La Procuraduría presentó una demanda de recusación en contra del juez Lituma, que fue conocida por la jueza Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez y se le suspendió la competencia al juez apenas fue citado. Pero después la jueza negó la recusación porque a su criterio este caso inició como una medida cautelar autónoma y no como acción de protección.

Agosto 2022. La Procuraduría presentó una denuncia en contra de Lituma ante el Consejo de la Judicatura solicitando la suspensión provisional del juez en sus funciones por 90 días.