El correísmo impuso desde el Estado, durante diez años, una agenda unívoca. Los autodenominados ciudadanos en el poder trabajaron con febril entusiasmo en intervenir en todos los aspectos de la vida de la sociedad ecuatoriana, con una serie de normas reglamentarias que plasmaron en leyes, por un lado, y con estrategias políticas que les permitieran controlar a los colectivos sociales y reemplazar activistas y voceros incómodos por militantes de su proyecto político.

Las organizaciones de lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros (LGBT) no fueron la excepción. El correísmo, como en muchos otros temas, impuso una agenda marcada por las opiniones personales del ex presidente Rafael Correa, que mezclaban posturas confesionales católicas con una visión propia sobre cómo debía vivirse la diversidad sexual en el país. 

El Palacio de Gobierno fue iluminado en junio, como un homenaje a la causa LGBT

Para el Estado correísta, influenciado por la visión de la moral católica, quienes tienen orientaciones sexuales e identidades de género diferentes debían ser "respetados", pero en el marco de una legislación que blindara el concepto religioso del matrimonio. Al mismo tiempo, el correísmo confundía identidad de género con orientación sexual, en una mezcla que resultó muy conveniente para algunos de sus grupos de activistas satélites.

Correa ha reivindicado reuniones con colectivos LGBT, recuerda la activista Pamela Troya, quien se enfrentó al Gobierno correísta al impulsar una lucha que considera urgente: la adoptar del matrimonio igualitario en el país. Pero, precisa Troya, las reuniones de Correa siguieron la lógica de todos los demás contactos que mantenía: se realizaron con activistas afines al Gobierno que se limitaban a convertirse en caja de resonancia de las posturas oficiales.

El correísmo, inclusive, propició la creación de una Federación de LGBT, liderada por Diane Rodríguez, una transexual de Guayaquil que fue electa asambleísta alterna en la lista de Alianza PAIS en Guayas. 

Pero el cambio de políticas del Gobierno de Lenin Moreno ha abierto una nueva perspectiva de diálogo nacional, según reconoce Troya. El Ejecutivo sorprendió en junio, cuando la fachada del Palacio de Carondelet fue iluminada con los colores del arcoiris, un gesto impensable durante la administración de Rafael Correa. 

Es en ese marco que, por iniciativa del activista quiteño Danilo Manzano, un colectivo de 30 activistas ha dirigido una carta al Palacio de Gobierno, pidiendo un diálogo directo con el primer mandatario. Manzano representa al colectivo Plataforma Nacional Ecuador sal del Clóset.

La carta fue entregada en la Presidencia de la República el 24 de agosto, pero hasta el momento no obtiene respuesta oficial. En la misiva, firmada por Manzano en nombre de varias organizaciones de la diversidad sexo-genérica, se precisa que el nuevo Gobierno ha evidenciado "la apertura necesaria para generar el reencuentro con las demandas, propuestas e iniciativas que provienen desde la sociedad civil".

Según la carta, "las poblaciones LGBTI hemos sido blanco directo de la discriminación, de las varias formas de violencia existentes, y de escasos espacios de diálogo que permitan visibilizar nuestras demandas".

Manzano precisa que solicita un "diálogo directo" con el presidente Moreno, pues muchos de los firmantes de la carta no fueron convocados e incluidos en las reuniones de trabajo que el Gobierno de la Revolución ciudadana, y remarca que se trata de un "momento histórico", al tiempo que asegura que es necesario un diálogo directo y con una mirada "diversa e inclusiva". 

Además de la firma de Manzano, aparecen en la carta las rúbricas de activistas como Efraín Soria, Rashel Erazo, Christian Paula, Freddy Lobato, Sandra Álvarez, Pamela Troya, Lorena Bonilla, Jaime Alarcón, Christian Flores, Silvia Buendía, Diana Maldonado, Tanisha Feikers, Javier Torres, Ángelo Cárdenas, Galo González, Cristopher Villacrés, Richard Espinosa, Carlos Quinde,  Carlos Carpio, Marcela Mena, Luis Cupichamba, Pablo Ayala, Félix Arboleda, Jonathan Ávila, Wilmer González, Juan José Cordero, Pedro Gutiérrez, Dorian Flores, Mabel García y Julie Tuaza. 

Los activistas provienen de provincias como Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Loja, Esmeraldas, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Reunión sin agenda

La misiva, relata Pamela Troya, fue coordinada por medio de un grupo de Whatsapp por Manzano, quien se desempeña también como integrante de la Fundación Esquel de Quito. 

Sin embargo, no hay una agenda definida. Además de tener en común el no haber sido correístas o haberse alejado del correísmo, los firmantes de la carta no han establecido aún acuerdos básicos para la reunión con el presidente.  

La activista Troya admite que algunos de los activistas concurren a título personal y que, en general, las agendas suelen ser muy diversas. No obstante, cuestiona que esta situación, que, en su opinión, ya se daba desde antes de la toma del poder por parte del correísmo, se terminó convirtiendo en plataforma personal para que algunos activistas obtuvieran prebendas y cargos públicos.

La agenda del Gobierno y la atomización de propuestas 

Quien sí tiene una agenda en el tema es el Gobierno. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se prepara un proyecto de Ley sobre diversidad sexual, similar al que el Ejecutivo ha presentado para erradicar la violencia contra la mujer, pues, en opinión de algunos colectivos feministas, el correísmo desmanteló la legislación de género que servía para evitar la violencia doméstica. 

Pamela Troya relata que, tras solicitar una audiencia con el presidente Moreno por su cuenta, fue derivada hacia una de las subsecretarías del Ministerio de Justicia, en donde se prepararía una ley para evitar la discriminación y la violencia contra la diversidad sexual. La activista dijo que el primer mandatario alegó problemas de agenda. 

Troya  sostiene que mantuvo una reunión preliminar en donde se trataron algunos aspectos de esta nueva ley, que buscaría erradicar la discriminación en el país. Según Troya, en un principio la intención del Ejecutivo era incluir a la diversidad sexual en el mismo proyecto de ley sobre violencia de género, pero esto finalmente fue abandonado por el Gobierno, por considerar que se trata de realidades distintas. Menciona que todavía están pendientes en el país debates como el del matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo -que fue expresamente prohibida por los constituyentes de Montecristi- y el hecho de que las personas transexuales deban contar con dos testigos para poder cambiar de género en el Registro Civil, otra de las normas adoptadas en la década correísta.

Aunque Troya cree que se ha confundido ampliamente en el país orientación sexual con identidad de género -en su caso, ella precisa que es una mujer atraída por otra mujer y no tiene intención alguna de ser hombre- y admite que la atomización de los activismos es particularmente severa en nuestro medio, destaca que es necesario que cada uno de los sectores involucrados en la problemática tenga su voz propia. Al respecto, menciona como buena parte de la cooperación internacional para el Ecuador en temas de diversidad sexual fue captada por organizaciones que se dedican a la lucha contra el VIH, enfermedad que, recuerda, afecta mayoritariamente a los hombres gais. 

Durante la campaña electoral, el presidente Lenin Moreno firmó un acuerdo exclusivamente con la Federación que lidera Diane Rodríguez, mientras que el otro candidato a la Presidencia, Guillermo Lasso, postergó cualquier entendimiento con un grupo activistas LGBT anticorreístas, según se conoció en el entorno del candidato, por su cercanía con grupos conservadores católicos. 

La misiva enviada por Manzano aún no obtiene respuesta presidencial. 

Hoy 30 organizaciones en Ecuador hemos solicitado un #DialogoLGBTI con el Presidente @Lenin Moreno XQ sin diversidad no existe democracia pic.twitter.com/vJvQ1HwPUw

— Danilo Manzano (@danomanzano) 24 de agosto de 2017