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3 de Junio del 2018
Historias
Lectura: 13 minutos
3 de Junio del 2018
La doble pérdida de los desaparecidos en Ecuador

Foto: Cortesía de las autoras

Imagen del foro “Juntos hasta encontrarlos” celebrado en diciembre de 2017 donde participaron autoridades de distintos ministerios que se contradijeron en cuanto a los datos sobre desaparecidos.

 

Foto: Cortesía de las autoras

Desde 1994, María Eugenia Basantes busca a su hijo que desapareció a los dos años de edad en la exterminal de buses Cumandá..

 

En el Ecuador, los familiares y amigos que tienen a un ser querido desaparecido experimentan una doble pérdida. La primera sucede por un hecho objetivo: el desconocimiento del paradero de aquella persona. La segunda, más sutil, ocurre en las estadísticas que ofrecen las autoridades en razón del número de desaparecidos. Ahí se desvanecen cifras, se contradicen los informes de las instituciones, se esfuma, de nuevo, el rastro de aquel ser que todavía falta. Por su parte, las autoridades reconocen estos errores y afirman que ya se ha solucionado el problema.

Una de las mayores dificultades para abordar el tema de la desaparición en el Ecuador reside en la ausencia de cifras concretas y unánimes. Familiares y miembros de diversas organizaciones precisan que las instituciones estatales no poseen un informe unificado, sino que cada organismo proporciona información distinta. Esto no solo dificulta la implantación de planes específicos para solucionar el problema, sino que lo invisibiliza.

El exfiscal Galo Chiriboga admitió que “tratamos de homologar la información que tiene la Fiscalía y la Dirección Nacional De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión Y Secuestros (Dinased), pero no siempre se logra homologar”.  Esto fue confirmado por Lucy Blacio, actual viceministra de Justicia, durante el foro “Juntos hasta encontrarlos” celebrado en diciembre de 2017. Blacio declaró que pese a las iniciativas que ha desarrollado el Estado ecuatoriano, “no se cuenta con estadísticas detalladas sobre los casos reportados de desapariciones”.

Pese a esto, durante el mismo foro, el encargado del Ministerio del Interior, Tomás Guayasmín, informó que “tras una revisión casi quirúrgica” se logró unificar todas las cifras en relación a este tema. Por su parte, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas (Asfadec) elaboró un análisis con información que obtuvo de la Fiscalía y de la Dinased. Así consta, por ejemplo, que en los informes que entregaron las instituciones en relación al 2014 hay una inconsistencia de más de 5.000 denuncias. Además, el reporte general de la Fiscalía sostiene que se localizaron a 10.504 personas, mientras que la Dinased señala que solo fueron 4.056.

En otro de los documentos que maneja Asfadec, se destaca que los datos proporcionados por la misma Fiscalía desde el 2013 hasta junio del 2015 tienen diferencias entre el número de denuncias por ciudades en contraste con las denuncias por sexo y edad, y la cifra total de denuncias anunciada por la Fiscalía. De acuerdo a la institución, había un total de 29.309 denuncias registradas hasta junio de 2015. Sin embargo, en el desglose del informe, se aprecia que divergen todos los años el número de denuncias por ciudad y las de sexo y edad. En total, hay 1.490 casos que faltan y que, según Asfedec, debían ser añadidos a los 1.718 que continúan en investigación. Esto significa que, en realidad, había cerca de 3.208 casos de personas desaparecidas en el país hasta esa fecha.

Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en Ecuador (CEDHU), señaló que el problema es que “no hay seriedad para el tratamiento de esta situación que es lacerante”. Las autoridades no mantienen comunicación ni una línea común para unificar los datos y que no sean dispersos.

Solo hasta diciembre de 2017, Asfadec sostenía que hay cerca de 4.402 casos de desaparecidos que están en investigación. En su intervención en el foro “Juntos hasta encontrarlos”, la viceministra Blacio citó la cifra entregada por la asociación. Sin embargo, Tomás Guayasamín, informó que desde 1.970 hasta la actualidad se han registrado 37.000 denuncias, de las cuales el 96% han sido resueltas y solo quedan pendientes 1.511 casos en investigación.

Frente a las críticas por las cifras, las autoridades crearon una página web que pretende difundir información sobre las personas que han desaparecido, además de presentar cifras generales. No obstante, esta solución es insuficiente porque no se difunden los datos de forma que se active una búsqueda con resultados palpables. Más aún, los datos en cuestión son generales y no permiten un análisis más profundo. No se resuelven cuestiones como ¿por qué aquí las cifras son tan pequeñas en comparación a informes que entregaron antes otras instituciones? Solicitamos información oficial, en amparo a la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública. Sobre esto, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) respondió que no poseen esa información. El Ministerio de Justicia, por su parte, redirigió la solicitud de información al Ministerio del Interior y a la Fiscalía en relación a los programas de búsqueda de desaparecidos y se limitó a citar a la página web para las estadísticas. El Ministerio del Interior se pronunció únicamente sobre la “Alerta Emilia”. Por su parte, la Fiscalía respondió que se debía presentar una solicitud por escrito, pese a que esta fue presentada. Pese a las diligencias, hasta el momento no ha habido respuesta.

Daniel Véjar, asesor jurídico de Inredh, una fundación de derechos humanos, explicó que existe falta de comunicación entre las autoridades en este caso. Para él, parte del problema es que existen “diferentes protocolos y las instituciones manejan términos distintos lo que imposibilita una unificación”. Por ejemplo, mencionó que el Consejo de la Judicatura hace una distinción un tanto incomprensible entre “persona desaparecida, perdida y extraviada que en la práctica todas son realmente personas desaparecidas”.

Uno de los problemas más delicados en torno a estos datos dispersos es que imposibilitan el análisis de la situación a nivel nacional.  Por ejemplo, el mayor número de personas desaparecidas, aún con cifras no contundentes, corresponde a mujeres jóvenes. Para Véjar, esto puede significar que existe un problema más profundo que no es analizado. La misma tesis sostiene Elsie Monge, “se está viendo la punta del iceberg y no se investiga qué está pasando en realidad. Puede existir trata laboral o sexual de mujeres, pero sin datos no se visualiza el problema”. 

La búsqueda de desaparecidos genera incertidumbre no solo por la situación del ser querido, sino porque implica una batalla contra el sistema. Un sistema ambiguo. La desaparición es un tema que aparece de vez en cuando, sensibiliza, compromete y se vuelve a perder. Causa conmoción, pero se convierte en otro tema que se esfuma para las autoridades y la opinión pública. Un claro ejemplo de esto es el impacto que causó el caso de Emilia, una niña de solo nueve años. Su vida o, mejor dicho, los acontecimientos que la empañaron obligaron a las autoridades a pronunciarse sobre la desaparición, pero, sobre todo, sobre un aspecto más sensible aún: los niños desaparecidos. Según cifras del Ministerio del Interior, de un total de 1.511 desaparecidos, 375 casos, es decir el 25%, corresponde a niños, niñas y adolescentes. Y de estos 375 casos, el 75% son niñas. La “Alerta Emilia” nació como un programa que rescata el nombre de la menor asesinada, pero ¿cuán efectiva es?

Alerta Emilia: un paso para la búsqueda de menores

A principios del 2018, las autoridades ecuatorianas anunciaron la implementación de la “Alerta Emilia” como una herramienta para la búsqueda temprana de menores de edad desaparecidos. El protocolo causó mucha expectativa, no obstante, algunas interrogantes sobre en qué consiste o cómo se ejecutará quedaron pendientes. La Alerta Emilia aún no es implementada, pero su contenido ya se encuentra al acceso de la ciudadanía.

Más crónicas y análisis en este portal de la USFQ

El recuerdo de Emilia pesa en la memoria. Emilia B. era una niña de tan solo nueve años que vivía en la provincia de Loja. La última vez que la vieron fue el 15 de diciembre de 2017 a medio día cuando terminó su jornada escolar. Con su uniforme de colegio y su mochila rosada, la niña esperaba al bus que la llevaría de vuelta a su casa. Desde entonces, nadie volvió a verla. Sus padres colocaron una denuncia de desaparición y así se inició una búsqueda que acabaría pronto con un amargo desenlace.

Acuerdo Interinstitucional del Programa "Alerta EMILIA". Aquí el PDF

Tras cuatro días de incertidumbre, la Policía informó que el cuerpo de Emilia había sido encontrado en el fondo de una quebrada, cerca de una carretera. La pequeña había sido violada y fue víctima de una red de pornografía infantil. Su cuerpo fue desmembrado y carbonizado. Debido a la conmoción que generó este caso, el Ministerio del Interior, así como el Ministerio de Justicia en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía anunciaron la implementación de la Alerta Amber, un protocolo internacional para la búsqueda de menores. En honor la pequeña oriunda de Loja, el sistema se llamaría Alerta Emilia y fue lanzado el 20 de abril de 2018

Protocolo del Programa “Alerta EMILIA”. Aquí el PDF

La Alerta Emilia enmarca un sistema de alerta de emergencia rápida para niños y adolescentes desaparecidos. Para esto, se requiere de la asociación voluntaria entre las entidades policiales, radio-transmisores, agencias de transporte y otros. La comunidad también juega un papel relevante, pues puede colaborar en la búsqueda del menor (detallando datos sobre dónde fue visto por última vez y demás) y a través del reporte oportuno de la desaparición. Para que esta alarma sea activada, debe presumirse un alto riesgo que depende de las condiciones señaladas en el gráfico. Luego, de esto las autoridades deciden sobre la base de una ruta de actuación.

Una vez activado el protocolo se emitirá la activación del mismo a nivel nacional o internacional, dependiendo de la decisión de la Coordinación Operativa Nacional, órgano creado para la búsqueda de menores. Se socializará la desaparición a través de la página web del programa Alerta Emilia, así como en las redes sociales del mismo. Además, se difundirá a través de medios de comunicación, electrónicos, telefonía móvil y redes sociales. Además, se prevé la colaboración de dependencias y entidades públicas y privadas. Por ejemplo, la difusión y colaboración de centros comerciales, aeropuertos, sindicatos, centros educativos y más. La activación de la Alerta Emilia durará máximo 72 horas.

Pese a la insistencia, las autoridades no facilitaron información concreta sobre este programa además de la presentada. ¿Cuándo estará completo el protocolo para su activación?, ¿Cómo se sabrá la efectividad del mismo?, ¿la Alerta Emilia es una forma de difusión de la desaparición, pero qué tanto puede operar si no se subsanan antes otros problemas en la búsqueda de desaparecidos?

Hasta el momento este protocolo está vigente en un acuerdo institucional, mas no ha sido utilizado en ninguna ocasión. La desaparición es todavía un tema con una respuesta poco clara de las autoridades, un tema carente de solución y una doble pérdida para todos los que continúan esperando a su ser querido.

El rol del Estado

Las instituciones públicas han tomado varias medidas para mejorar la eficacia en la resolución de estos casos. Desde la instauración de la Alerta Emilia hasta la creación de una Comisión Ocasional en la Asamblea Nacional a Cargo de los casos de personas desaparecidas, el Estado busca mitigar una situación que, por el momento, sigue siendo inquietante.

Absalón Campoverde, presidente de la Comisión Ocasional para manejo de casos de personas desaparecidas



Gina Benavides, defensora del pueblo

Esta es una investigación realizada por estudiantes de periodismo de la Universidad San Francisco para Plan V. Texto, gráficos e infografía: Cristina Pazmiño. Video y audio: Isabel Jervis

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