Ha empezado el verano en Quito y, en el parte de El Arbolito, ante el edificio de la Corte Constitucional, se reunieron activistas y simpatizantes del matrimonio igualitario. Había llegado el día en que la Corte, finalmente, podría destrabar el tema, al conocer una ponencia del juez Ramiro Ávila Santamaría sobre una consulta que la Corte Provincial de Pichincha elevó al tribunal. Pero la Corte no se puso de acuerdo. En un escueto comunicado, vía Twitter, la Corte dijo que los jueces, tras varias horas, no lograron un acuerdo sobre el tema, que será tratado en una próxima reunión. 

Hace un fuerte sol, y en el parterre, se ha colocado una gran bandera del arcoiris. En la puerta del edificio de la Corte, policías antimotines con armaduras negras y toletes observan a un grupo de jóvenes, de ambos sexos, que visten camisetas con los colores del arcoiris. Se han provisto de un megáfono y gritan consignas a favor del matrimonio igualitario. Cruzando la calle, ya en el parque de El Arbolito, escenario de otras luchas sociales en el pasado, otros esperan bajo la sombra de los árboles. 

En el interior de la Corte, entre tanto, los nueve jueces se ha instado en la Sesión Ordinaria No. 016-O-2019. Hay varios puntos en el orden del día, uno de ellos, que se encuentra en el numeral 5, es conocer la consulta que la Corte de Justicia de Pichincha envió a la Constitucional, sobre la acción de protección que dos activistas gay, Efraín Soria y Javier Benalcázar, presentaron contra el Registro Civil, institución que se niega a casarlos. 

La Corte Provincial consultó a la Constitucional si una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró que el matrimonio igualitario debería ser instituido en los países de la región, puede ser directamente aplicada en el país sin necesidad de una reforma constitucional. 

Bajo la atenta mirada de la policía antimotines, un grupo de activistas esperó toda la mañana.

La postura del juez ponente, Ramiro Ávila, es conocida. Se había manifestado a favor de esa interpretación, al igual que otros tres jueces: Agustín Grijalva, Daniela Salazar y Alí Lozada. La de los otros cinco magistrados, en cambio, no es tan clara. Algunos de ellos provienen de escuelas jurídicas y tendencias políticas que han visto con malos ojos la posibilidad de que la Corte facilite el matrimonio igualitario en el país.

Afuera, entre tanto, Soria y Benalcázar esperaban la decisión de la Corte. Ellos, que tienen un relación de doce años, habían realizado dos trámites unión libre en sendas notarías, pero la empresa privada que les pidió el trámite para el pago de utilidades terminó por no reconocerlas. Por ello creen que es necesario un matrimonio igualitario en el país. 

La pareja formada por Javier Benalcázar y Efrían Soria, cuyo caso se ventila en la Corte. 

Pamela Troya, activista de la diversidad sexual que encabezó la lucha en los tiempos más duros del correato, también estuvo presente. Ella cree que, aunque la Corte no logre aprobar en esta ocasión una consulta vinculante para todos los casos, tarde o temprano el país deberá ajustar su legislación a este nuevo estándar internacional. Troya y su pareja, Gabriela Correa, fueron las primeras en presentarse en el Registro Civil pidiendo un matrimonio y ante la negativa, concurrieron a la justicia. Su caso se encuentra en la Corte Constitucional, en trámite, pero la Corte ha acordado seguir los casos en orden cronológico y tiene demandas desde 2007. 

Christian Paula, abogado de la fundación Pakta, quien ha patrocinado varios de estos casos, piensa que se abre una nueva posibilidad para lograr más derechos para las comunidades GLBT en el país. La Fundación ha auspiciado varias causas, por medio de la misma estrategia legal: plantear acciones de protección contra el Registro Civil que deben ser conocidas en dos instancias por la justicia ordinaria y sobre las que se luego se puede recurrir ante la Corte Constitucional. 

La forma en la que la Corte redacte la decisión, y si decide que sea aplicable para todos los casos -lo que en latín se conoce como Erga omnes- será clave a la hora de determinar si las parejas del mismo sexo que aspiran al matrimonio igualitario en el país logran su cometido. 

Pero los activistas deberán seguir esperando. El debate, cuyos detalles no trascienden todavía, demoró por varias horas a los jueces constitucionales, que se reunieron a puerta cerrada. La Corte no transmitió la sesión por sus redes sociales ni se permitió el acceso de la prensa al debate. 

"Debemos seguir esperando para tener  Matrimonio Igualitario porque las juezas y jueces de la  Corte no llegaron a un acuerdo. Y nuestros proyectos de vida siguen en pausa. Sin embargo, seguiremos luchando", escribió Pamela Troya en Twitter.