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22 de Marzo del 2019
Historias
Lectura: 14 minutos
22 de Marzo del 2019
Redacción Plan V
La Floresta: la resistencia de los residentes
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Fotos: Luis Argüello

En el Redondel de La Floresta se concentran negocios como panaderías, tiendas y farmacias. 

 

En el corazón del barrio, una casa se encuentra en ruinas desde hace varias décadas. 

 

En el uso del suelo está el quid del asunto, dicen los residentes del tradicional barrio La Floresta de Quito. La presión de los grandes constructores, de los emporios del entretenimiento, de las grandes cadenas comerciales y hasta de las mafias de microtráfico, venta de licor y trata de mujeres pone a este barrio en resistencia.

Una gran cadena de supermercados ofreció cien mil dólares al Comité Promejoras del Barrio La Floresta. Querían instalar un gran edificio en la calle Lérida, pero la condición era que el Comité avalara el cambio de uso de suelo: de Residencial 1 a Residencial Múltiple. Esta cadena de supermercados quería competir en el sector con la cadena Supermaxi, cuya marca, Gran Aki, había instalado un supermercado gigante aledaño al parque de La Vicentina. El Comité se negó. Es un comité organizado desde hace 26 años (1993), en un barrio que recientemente celebró sus cien años de existencia y tiene, además, ordenanza propia.

Es un barrio único, según sus pobladores. Tiene experiencia de lucha política, como en la rebelión de Los Forajidos, en la cual se hizo famosa la Asamblea de La Floresta, un embrión de democracia directa y radical. Ahora el barrio tiene otras peleas. Las presiones de sectores comerciales, de la construcción, de entretenimiento y "otros intereses inconfesables", hacen que sus pobladores se pongan en pie de lucha.


Una iglesia católica, regentada por franciscanos, está ubicada en el redondel de la Floresta. 


Dos monumentos recuerdan la memoria de la reina de Castilla y Aragón, Isabel la Católica. 

Carta enviada al alcalde Mauricio Rodas por el Comité de La Mariscal.

La Floresta de las Mercedes, es un barrio gemelo de La Mariscal; juntas constituyen la parroquia Mariscal Sucre. El 26 de febrero, la Secretaría de Territorio convocó a una socialización del Plan Maestro para la Mariscal. Los asistentes, representantes de los residentes de La Mariscal y La Floresta y también de hoteles y edificios escucharon, asombrados, cómo el Municipio planteaba que en las principales avenidas del barrio se autorice el uso del suelo para bares, discotecas y otros establecimientos "de tolerancia". Ese plan incluye a las calles y avenidas Isabel La Católica, 12 de Octubre, 6 de Diciembre, Reina Victoria, Juan León Mera, Amazonas, 9 de Octubre, 10 de Agosto, Patria, Veintimilla, Colón y Orellana.  Esta decisión, dijeron los más de 70 delegados —en una carta que enviaron al alcalde Mauricio Rodas, el 1 de marzo— sería convertir la zona en una réplica "del cáncer del turismo" en que según ellos se ha convertido la Plaza Foch: esta decisión, dicen, haría que ese cáncer haga metástasis.


Una antigua fábrica albergó durante años al bar El Pobre Diablo, hoy está siendo reconstruida. 

"Los residentes de los barrios La Mariscal y La Floresta deseamos tener una vida tranquila, en un lugar donde nuestras familias puedan florecer y vivir dignamente", dicen los pobladores, y advierten que esta medida sería la sentencia de muerte para el turismo en la zona. 


Hay una estación de Policía en La Floresta y otra en La Vicentina. 

En La Floresta tienen motivos para preocuparse. Su experiencia es que, a pesar de tener la Ordenanza 135, la cual promulgó el Plan Especial de Ordenamiento Urbano del Barrio La Floresta de Quito, el Municipio aplica sus decisiones de modo discrecional a través de ordenanzas, modificatorias, transitorias y escritos de diverso pelaje con las cuales revisan y regulan el uso y ocupación del suelo. En La Floresta está explícita la prohibición de instalar bares, discotecas, karaokes a menos de 200 metros de centros educativos. Pero eso no se respeta: las discotecas y bares proliferan al lado de las universidades (hay cuatro en La Floresta: la Escuela Politécnica, Salesiana, Pontificia Universidad Católica y la Andina Simón Bolívar), zonas residenciales y centros educativos. Pero las autoridades "protegen a infractores y no se sanciona como corresponde". Se realizan denuncias y no se consigue reubicar este tipo de negocios".  Para los habitantes de estos barrios, lo común de las autoridades es que no toman en cuenta las aspiraciones, los derechos y deseos de la comunidad.

"Los residentes de los barrios tenemos derechos"

Rocío Bastidas. Presidenta del Comité de La Floresta

"Creo que esta situación se da porque hay un Municipio demasiado frágil. Un Municipio demasiado comprometido con ciertos intereses, que están vinculados a negocios que, en el marco de la recreación en general, no respeta ningún tipo de ordenanza, ninguna forma de cuidado del ambiente ni compasión con los residentes, que tenemos que soportar ruidos de las discotecas, peleas, agresiones, bala, droga y todo lo que se puede imaginar. Realmente, la zonificación que determina la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda hace con cualquier criterio, transforma una calle, un sector, una zona residencial lo hace comercial o industrial, y por tanto ahí se asienta todo tipo de negocios que riñen con la característica de residencialidad. Eso ha pasado a galope desde hace 30 años en La Mariscal y esa presión viene a La Floresta.

"Nuestras peleas son por el territorio, fundamentalmente, por el uso del suelo, porque ahí está la pepa. Aquí no se trata de otros factores sino de saber cómo está el uso del suelo, quién lo determina, para qué sirve, quiénes lo ocupan, quiénes edifican ahí y si siguen las normas y las ordenanzas. La Floresta tiene una ordenanza especial, esta prevalece sobre el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, PUOS y la Secretaría de Territorio, que viene a ser el cerebro del Municipio, tiene cualquier potestad para interpretar la norma, pasándose por encima de la Comisión de Suelos del Municipio, del Consejo Metropolitano y por encima de toda disposición, porque ahí las presiones están al orden del día.

"la zonificación que determina la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda hace con cualquier criterio, transforma una calle, un sector, una zona residencial lo hace comercial o industrial, y por tanto ahí se asienta todo tipo de negocios que riñen con la característica de residencialidad".

Esta situación, en La Floresta nos ha obligado a poner una Veeduría Ciudadana, reconocida por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con la finalidad de detener, hasta cierto punto, las antinomias que se inventan. Porque para ellos una ordenanza especial —que responde a una investigación, a un plan especial de ordenamiento urbano— no está por sobre lo general, sino que la norma general, por jerarquía, es la que cobija las ordenanzas especiales. Entonces ¿para qué se hacen los planes? Qué estupidez. Esta situación es la que está en conflicto y lo mismo quieren hacer con La Mariscal. Porque esta parroquia se llama Mariscal Sucre, y tiene dos grandes barrios: La Floresta y otro que se llama La Mariscal, propiamente. Sus límites son desde la 12 de Octubre hasta la 10 de Agosto, al Norte hasta la Orellana y al Sur hasta la Patria. Los de La Floresta son: la 12 de Octubre, llega hasta el Hotel Quito, baja por la Rafael León Larrea, llega a la Ladrón de Guevara y empatan con la 12 de Octubre.

"Nuestro territorio es de 76 manzanas, 1142 predios, y el 90% estaba como zona residencial en el 2011. Ahí se obtuvo la ordenanza, y luego de los años la Secretaría se inventó un "polígono", incrustado en el barrio y cambió la zonificación de R1 a R2, a R3 y a RM, que es residencial múltiple, donde se pueden poner fábricas. Esta arbitrariedad tiene que ser denunciada. Hay un grupo de funcionarios de toda la vida, enquistado en los municipios, y en el de Quito, que son los mandos medios que hacen el juego a este sistema; el de recibir presión, no responder a la norma, cambiar la norma y no pasa nada. Ponen edificios de cuatro pisos, sin retiro reglamentario y se adosan en casas patrimoniales.


Rocío Bastidas se opone a que se cambie el tipo de suelo en la zona de La Floresta. 

"El tema patrimonial es muy sensible. En La Mariscal muchos de los propietarios abandonaron el barrio. Empezó una generación tal de bares, discotecas, karaokes y prostíbulos que la gente se fue. Si no hay una organización barrial que se junte y que dé la guerra, la gente se va. Y aquí es lo que tratamos de evitar. Aquí estamos para decir que se respeta el patrimonio, la ordenanza y la voluntad de los residentes. Porque aquí no mandan los que hacen lucro; este es un sector de viviendas, de familias, que tenemos nuestro modo de relacionarnos, de conocernos entre nosotros. Acá casi no hay condominios porque hay una ordenanza, y la hacemos respetar. Hay una violación sistemática y aberrante de las normas.

"Hay un verdadero poder en el Municipio, que es la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que tiene que ejecutar lo que manda la Comisión de Suelos, que está presidida por el concejal Sergio Garnica. Tenemos más de 200 denuncias que hemos entregado desde que salió nuestra ordenanza en el 2011, para que se investigue, pidan estudios, y que digan dónde está la investigación que sirvió para crear el polígono y que dicen han consultado con la comunidad, lo cual no es cierto. Lo que dicen que es que ahí ya no reposa ningún estudio, pero hay una interpretación. Ellos no tienen capacidad de interpretar.

"Ahí hay unos intereses tan tenaces que obligan a incumplir. Hay intereses de las inmobiliarias. El Pobre Diablo acaba de ser comprada por Uribe & Schwarzkopf. Está denunciado porque no pueden poner vitrinas en los retiros. Ellos no pueden botar una casa patrimonial y estamos luchando por eso. Porque va alguien del Instituto de Bienes Patrimoniales y ve que la casa está derruida, entonces dice: como la casa está derruida, sigan nomás.

"En La Mariscal muchos de los propietarios abandonaron el barrio. Empezó una generación tal de bares, discotecas, karaokes y prostíbulos que la gente se fue. Si no hay una organización barrial que se junte y que dé la guerra, la gente se va".


Desde la ventana de la sede del Comité Promejoras se ve la calle Lérida, casas patrimoniales y árboles inventariados la componen. 

Hay inmobiliarias, grandes redes de comercio de comida, grandes empresarios del entretenimiento, que buscan constantemente locales para poner restaurantes con música en vivo y luego ponen locales para fiestas y luego se hacen turísticos y empiezan a vender licor, y empieza el desmadre porque no hay parqueaderos. Y hay otros intereses ocultos, que no se notan, que son los que están en concejalías y tienen que pagar los aportes de campaña: te voy a apoyar pero luego cuando seas concejal me vas a permitir que funcione sin permisos, que no me joda nadie...

Creemos que sí hay buenos ejemplos de que sí respetan la norma, de que no nos están metiendo gato por liebre. Las cervecerías no son permitidas ni los bares. El problema que vemos es que cuando un restaurante empieza a flaquear en sus cuentas, se empieza a vender licor. La presión está en La Coruña y en la Isabel La Católica.  En los planos, la administración de La Mariscal hizo una movida. Se cogió la calle Isabel La Católica y la puso en La Mariscal, pasándose por encima los planos de la ordenanza. Dijeron que era por razones administrativas, pero no es cierto. Nuestra pelea es también contra la Empresa de Turismo del Municipio, dirigida por Verónica Sevilla, que no nos termina de convencer, porque sus conceptos de turismo no sirvieron en La Ronda, ni en el Centro Histórico ni en La Mariscal.

"Hay un municipio ineficiente, inepto y vendido a otros intereses inconfesables. Y que no da a la cara a las asambleas que hace el barrio. Pero tenemos una actitud histórica y permanente de participar, de plantar pelea, de no dejarse, de mandar cartas y darle y darle y ese ha hecho que sigamos adelante. A los nuevos candidatos les hemos demostrado con documentos cómo este Municipio actúa de manera perversa, metiéndonos en un proceso de gentrificación, que es un proceso de expulsión para sacarnos de donde vivimos, porque nos imponen actividades que son incompatibles con nuestro estilo de vivir, y al cual tenemos derecho; todos tenemos derecho a  vivir en un ambiente de paz, libre de ruido, contaminación y violencia. Aquí, en La Floresta,  sabemos que mi derecho termina donde empieza el del otro. Esa es nuestra lucha, la de los 25 mil habitantes. Mucha gente comparte esa lucha; hay un buena colonia de europeos que ayuda en esa pelea. Lo fundamental es que la gente no se ha dejado dividir".

 

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