Back to top
23 de Julio del 2018
Historias
Lectura: 19 minutos
23 de Julio del 2018
Redacción Plan V
La frontera norte en blanco y negro tras el coche bomba en San Lorenzo

Foto: Luis Argüello

La bomba en San Lorenzo, no solo destruyó el cuartel policial y sus alrededores, sino también la paz en la región fronteriza. Una paz que, según el gobierno, estaba construida para beneficiar a los cárteles.

 

El jueves 19 de julio, en Flacso, se desarrolló el foro “Frontera silenciada”. Expertos y activistas hicieron un amplio análisis sobre la situación de esa zona, donde 4 de cada 6 habitantes viven en situación de pobreza y sus poblaciones alcanzar la tasa de homicidios más alta en Ecuador. El coloquio, organizado por la organización periodística Connectas, se dio a propósito del asesinato de los periodistas en la frontera norte y de los atentados ejecutados por el Frente Óliver Sinisterra.

‘Por el territorio ecuatoriano pasan 400 toneladas de cocaína, la quinta parte de lo que produce Colombia y Perú’

Fernando Carrión, catedrático de la Flacso

Ecuador es uno de los países más densos de Sudamérica, mientras Colombia tiene muchos territorios vacíos. Entonces esto hace que la presencia del Estado sea distinta en el sentido de los datos de la población que tenemos en la frontera. Las 1,3 millones de personas que hay en el lado ecuatoriano no existen en el lado colombiano.

En el punto 3 del acuerdo colombiano para la paz se estableció que el Estado colombiano debía tener una presencia en esos territorios. Eso no ha ocurrido. Tenía que haber hecho reformas agrarias, educación, salud. Mientras tanto en el lado ecuatoriano tenemos una población que está vinculada de alguna manera a una institucionalidad, tenemos concejos provinciales y municipios que están funcionando. Pero en ambos lados la presencia de los estados es bastante precaria, lo cual hace que la pobreza en esas zonas de frontera sea parte de ese conflicto.

El narcotráfico ha cambiado sustancialmente durante su existencia y eso es un problema porque las políticas de prevención, control y educación (de los estados) se mantienen inalterables.

Ecuador además es un país estratégico dentro de la producción de la cocaína. Por el territorio ecuatoriano pasan 400 toneladas de cocaína. En el lado colombiano se están produciendo 1.500 toneladas y en Perú, unas 500. En otras palabras por aquí está pasando la quinta parte de lo que produce Colombia y Perú. Es una cantidad muy grande.

Además Ecuador está en las dos rutas más importantes de la droga. La una es la del Pacífico que va hacia Centroamérica y termina en Estados Unidos y México. Aquí se ha abierto una ruta incluso por las Islas Galápagos. Pero también tenemos una ruta hacia Brasil. Este país se ha convertido en el segundo mayor consumidor de coca del mundo. Los cargamentos atraviesan el río Putumayo hacia Brasil y luego hacia Europa, África y Oceanía. El conflicto que existe en esa frontera debe ser entendido en esa dimensión y dentro del sistema fronterizo global de América Latina.

Cuando se hace una relación entre los países productores y los consumidores se llega a la conclusión de que el 80% de lo que se produce alrededor de la droga se queda en términos económicos en los países que se consume. En Colombia el kilo está entre 400 y 500 dólares cuando llega a Nueva York sube a 120.000 dólares ese mismo kilo. En Australia ese kilo puede costar 250.000 dólares.

120 mil

dólares puede llegar a costar un kilo de cocaína en Nueva York.

La gran tesis de la lucha antidrogas nos echó solo la responsabilidad a los países productores. Por eso la guerra se hizo sobre la base de la oferta y no de la demanda. Cuando llega a la presidencia Barack Obama se da cuenta de que no puede ser atacado el fenómeno de un solo lado sino la totalidad. Ahí es cuando empieza a caer el consumo, pero esa caída no significó disminución de la producción. Eso se mantiene y ahora se produce mucha más droga y de forma más eficiente con nuevas tecnologías y el desarrollo de la semilla de las plantas de  coca.

Una vez que se produjo esta caída de consumo en los Estados Unidos, empezó a globalizarse el consumo. Y uno de los grandes problemas de América Latina hoy es el consumo. Cuando ello ocurre el narcotráfico dejó de ser el que se originó a nivel de producción. Por ejemplo, en Colombia, los carteles de Medellín, de Cali y del Valle tenían el control de toda la cadena de producción. Pero desde el Plan Colombia con la política de represión estos carteles se cayeron y empezó a globalizarse el negocio. Hoy ese control está fraccionado y son los grandes países de consumo los que empiezan a acumular las grandes riquezas. Debe haber una política como América Latina, como bloque, para enfrentar este problema.

Uno de los grandes derrotados es la verdad. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen alrededor de 48.000 efectivos, mientras que las colombianas tienen 450.000 efectivos. La relación es casi 1 a 10.  En términos de población la relación es de 1 a  3. En términos de policías, Ecuador tiene alrededor de 40.000 efectivos y Colombia, 180.000. Si sumamos, Colombia tiene casi 700.000 efectivos frente a menos de 80.000 tiene Ecuador. Colombia tiene 9.000 efectivos en la frontera (lo que representa un 2% de sus Fuerzas Armadas), mientras que Ecuador tiene 12.000, que es el 30% (de sus militares). Lo que más  llama la atención no es la diferencia sino la economía de guerra. Si se llega a la paz, ¿Colombia qué van hacer con esos efectivos? Tienen tecnología y siete bases militares.

Por otro lado, hay un proceso de transición de Juan Manuel Santos que dejó un acuerdo y hay un nuevo Gobierno (Iván Duque) que plantea revertir ese proceso. La impresión es que esta supuesta rearticulación de las FARC es un mecanismo para que a partir del 7 de agosto (cuando se posesiona Duque) cambie la política de paz.

Son más o menos 13.000 efectivos de las FARC que entraron al proceso de paz. Se estima que en los procesos exitosos hay una disidencia del 10 al 15%. En el caso de las FARC no llega al 11%. Cuando el expresidente Álvaro Uribe logró un proceso de paz con los paramilitares la disidencia fue del doble, el 22%.

La lectura que se hace en Ecuador tiene dos orígenes: 1) la prensa colombiana, que es de las prensas más políticas de América Latina; 2) las Fuerzas Armadas colombianas. En la economía de guerra hay intereses específicos, son casi 60 años de conflicto. El debate en Colombia se centra en las FARC y que se siguen articulando, pero las FARC ya no existen y seguimos hablando de ellas.

Mientras tanto, en Ecuador (después del atentado con coche bomba en San Lorenzo) preocupa que prime la política de seguridad nacional con el nuevo ministro, Oswaldo Jarrín., antes una política de seguridad ciudadana. ¿Será un tema de seguridad nacional? ¿Tenemos una invasión colombiana? ¿Nos están quitando territorio? El narcotráfico no es un problema de fronteras, el narcotráfico está aquí desde hace muchísimo tiempo. Una cosa es el narcotráfico y otra el conflicto interno colombiano. Ecuador no tienen nada que hacer en el conflicto interno, pero nosotros nos involucramos. Sí tenemos mucho que hacer, en cambio, en narcotráfico. Ecuador no tiene una política frente a ese tema.

La seguridad ciudadana ha pasado a un segundo plano. En Guayaquil desde que se produjo el coche bomba hay más de 90 personas muertas por sicariato, han muerto 11 personas en la cárcel incluso una directora de un centro penitenciario. Si creemos que este es un problema de la frontera nos estamos perdiendo, por ejemplo, lo que está pasando en Sucumbíos y Putumayo donde hay tres frentes guerrilleros. O lo que sucede en la frontera sur por donde entran armas, drogas y precursores.

‘Detenidos aseguran que no tienen nexo con Guacho’

Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación Segundo Montes Mozo

Ecuador no ha estado preparado para enfrentar el cambio de la dinámica en el conflicto colombiano. La lógica de meses recientes de responder con la militarización de la frontera es una lógica absolutamente reactiva porque Ecuador no tenía estructurada una política de fronteras.

La militarización trae riesgos a los derechos humanos de la población civil y de los pueblos indígenas y afros. Ellos asegura que entre los primeros 50 detenidos (tras el atentado de coche bomba en San Lorenzo) hay mucha gente que no tiene ningún nexo con el narcoguerrillero alias ‘Guacho’.

Las comunidades afro y familiares de los detenidos se han acercado para denunciar los hechos a partir del 27 de febrero por la arremetida policial y militar a poblaciones que han sido criminalizadas y vinculadas a esos hecho delictivos. Han testimoniado sobre el abuso de las detenciones y de los operativos. No había órdenes de detención, por ejemplo. Fueron operativos a muy tempranas horas de la mañana que irrumpieron las casas y que detenían cuasi masivamente a jóvenes presuntamente vinculados con ‘Guacho’.

En el post-operativo, tuvieron una gran carga de criminalización, así como la poca credibilidad a las familias que han acudido hasta Quito. Además hay limitación para que su voz sea escuchado en medios de comunicación, solo han tenido espacios de radios alternativas. Por ejemplo se solicitó réplicas por versiones anticipadas del exministro del Interior, César Navas, pero no tuvieron acceso.

Se ha configurando un comportamiento estatal que presentaba a esas personas detenidas en la frontera como sospechosos, pero son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Otro dificultad fue encontrar patrocinio legal. Tuvieron un acompañamiento inicial por parte de organizaciones de derechos humanos. Ahora la Defensoría Pública está patrocinando algunos casos.

Luego relatos de traslados presuntamente ilícitos o arbitrarios o con fines de amedrentamiento en el centro penitenciario de Latacunga. De celdas a otras celdas, o a celdas de castigo. También el acceso limitado de las familias que vienen de Esmeraldas a Latacunga para saber qué está pasando con los detenidos. Se ha configurando un comportamiento estatal que presentaba a esas personas como sospechosos, pero son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Algunos activistas creemos que fueron ‘trofeos’ presentados ante la comunidad como una respuesta inmediata y eficaz. Creo que el Ministro del Interior de entonces utilizó esas acciones para mostrar presunta efectividad frente a los hechos que reclamaba la comunidad. Hay un fuerte componente de publicidad.

Por otro lado, hay ciertas debilidades en el procedimiento legal que ha puesto en riesgo el debido proceso. Desde los operativos y detenciones hasta que las familias tengan acceso a la defensa de calidad. El tema es la estigmatización de estas familias. Las cargas xenófobas y discriminatorias suman pocas posibilidades para defender a sus familiares.

Los estados tienen problemas para colocar en primer lugar a los derechos humanos por encima de las políticas de seguridad. Otro pendiente es la protección a los migrantes en zonas de frontera. La mayor institución que tenía resistencia a la presencia de migrantes era la Policía Nacional. Además de su propia interpretación de datos, acusaba a esa población de ser la causante de toda la violencia.

‘Pese a la paz, Ecuador sigue recibiendo un número
similar de solicitudes de refugio’

Alfonso Morales, subsecretario de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes, Cancillería

El centro de un país tiene mucho mayor desarrollo que su periferia. Este fenómeno se reproduce en la región. Pero Colombia ha dejado en abandono (su frontera), del lado ecuatoriano hay más trabajo. Sin embargo, Esmeraldas requiere mayor inversión por parte del Estado ecuatoriano, pues es la que tiene menor Índice de Desarrollo Humano.

Ecuador al estar entre los dos países mayores productores de cocaína sufre los efectos. Hay un estudio, de hace más de un mes, sobre la diferencia de cultivos en ambos lados. En Colombia hay coca y en el lado ecuatoriano, palma africana.

El Estado ecuatoriano tienen una responsabilidad ineludible, pero que es cuantitativamente menor a la del Estado colombiano. El conflicto interno de Colombia nació en Colombia cuando muchos de los presentes no habíamos nacido.

A pesar de la firma de los acuerdos de paz, Ecuador sigue recibiendo un número similar de solicitudes de refugio: 500 al mes. De esa cifra, el 90% es de colombianos.

El puente internacional del río Mataje y su carretera fueron construidos por Ecuador. Pero del lado de Colombia solo hay selva. En el caso del puente San Miguel, en Sucumbíos, este fue  construido enteramente por el Ecuador.

El problema fundamental es la falta de una política coordinada de desarrollo entre los dos países. Hay que reconocer que esa región ha sido la más abandonada.

A pesar de la firma de los acuerdos de paz, Ecuador sigue recibiendo un número similar de solicitudes de refugio: 500 al mes. De esa cifra, el 90% es de colombianos. Eso significa 6.000 al año. Los años más difíciles fueron durante el Plan Colombia de Álvaro Uribe cuando Ecuador recibió hasta 1.200 solicitudes al mes, más de 13.000 al año.

Ecuador ha entregado más de 100.000 visas a ciudadanos colombianos en todas las categorías y más 60.000 visas de refugiado. Están en curso más de 30.000 o 40.000 visas. Pero hay un número aún desconocido de ciudadanos que podrían no estar regularizados y que el Estado debe buscar la regularización.

‘En un conflicto hay dos víctimas: la población y la verdad’

Dimitri Barreto, periodista de El Comercio

Al existir un conflicto hay al menos dos víctimas: la población civil y la verdad. En ese sentido, lo que se requiere es más información en el corto plazo, saber lo que está ocurriendo en la zona y ese es el papel de los medios de comunicación.

Lo segundo es que hay que entender que esa zona requiere una protección. Hay que cambiar la visión de las Fuerzas Armadas. Deberían abolirse criterios como, por ejemplo, “invasión silenciosa del colombiano”. Hay que entender que es una población vulnerable que requiere atención. Apenas el 4% del sector productivo del país está en la frontera. En esta zona están las más altas tasas de desempleo. Es fundamental pensar en términos de desarrollo para dar una atención integral.

Yo he estado en línea de frontera y no hay presencia de autoridad, ni sistemas de educación ni salud. Las poblaciones de esa zona no tienen más opción de vida que trabajar en las plantaciones de coca, son lógicas de sobrevivencia. Es tan grave la  escasa presencia del Estado que esas poblaciones no tienen conciencia si es legal o ilegal. Porque para ellos la ausencia ha hecho que cuando un actor armado les dice ‘hay que hacer esto’ ellos lo asumen como una norma.

Tanto en Colombia como en Ecuador nos hemos basado en versiones oficiales. Muchas veces se criminaliza a inocentes. Lo primero que hay que hacer es contar lo que le pasa a la población.

Uno de los principales problemas del narcotráfico en general es la corrupción y la capacidad de esta economía de guerra para tener ejércitos que la blinden y la protejan. Veíamos no hace mucho chats y contactos entre oficiales de la Policía y actores de violencia en Colombia, comunicaciones cruzadas incluso entre los propios actores armados en la frontera: por un lado el Frente Óliver Sinisterra en Nariño y por otro el Frente Séptimo liderado por Gentil Duarte en Putumayo. Y están en la frontera porque Ecuador sirve de ruta de paso de la droga que trafican y como un lugar para abastecerse de insumos.

Uno de los grandes desafíos de los medios es ganarse la confianza de la población civil. Tanto en Colombia como en Ecuador nos hemos basado en versiones oficiales. Muchas veces se criminalizan a inocentes. Sí hay que hablar con los militares, sí hay que hablar con los policías. Pero hay que escuchar también a la gente. Ellos consumen los productos que vienen desde Colombia, incluso sus medios. Lo primero que hay que hacer es contar lo que le pasa a esa población y quitarnos esa perspectiva policíaca de nuestras cabezas.

Segundo y un gran aliado para este trabajo son las organizaciones civiles. Es curioso que cuando en el Putumayo llegaban los paramilitares y mataban con motosierra, nadie de Colombia llegaba a hacer reportajes porque era una guerra muy violenta y cruel. Llegamos periodistas de Ecuador al corazón de Putumayo, Puerto Asís, con organizaciones civiles. Viajamos en chiva y logramos contar lo que le pasaba a esa población. Cuando llegamos había una marcha por la paz y los niños llevaban claveles en las manos. Nuestro trabajo consiste en estar más aliados con la población civil que con las patrullas.

[RELA CIONA DAS]

Los contactos políticos de Balda
Sky Jet, Sinaloa, DGAC, Base de Manta: las piezas otra vez se juntan
Redacción Plan V
La fiesta de posesión de la Prefectura de Pichincha costó por lo menos USD 90.608
Observatorio de Gasto Público
¿Todos los caminos conducen al glifosato?
Daniel Pontón C.
El San Pedro, sustancia ancestral, a la cárcel. ¿Mañana, la ayahuasca?
Redacción Plan V
GALERÍA
La frontera norte en blanco y negro tras el coche bomba en San Lorenzo
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Las falencias de los Guaguacentros de Mauricio Rodas salen a la luz
Redacción Plan V
La flauta de Valentina
Susana Morán
EL enojo de PAIS y la reelección de Lenin Moreno
La historia secreta del espionaje a los hermanos Isaías
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Los indicios de presunta concusión contra Duarte, Alvarado y Mera
Jean Cano
La fiesta de posesión de la Prefectura de Pichincha costó por lo menos USD 90.608
Observatorio de Gasto Público
Los "trece de la fama": el prontuario del correísmo
Redacción Plan V
Plan V lanza Sobrevivientes, un especial multimedia sobre violaciones a DDHH
Redacción Plan V