El 9 de octubre del 2018, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, firmó un convenio de cooperación con la Fundación Red Educativa Arquidiocesana, REA, representada por el arzobispo Luis Cabrera. El convenio tiene por objeto: "fortalecer las capacidades de mediación de los miembros de la comunidad educativa", y "planificar y ejecutar  actividades, cursos y talleres para promover la cultura de paz y formas alternativas y formas alternativas de solución de conflictos".

De acuerdo a información oficial de la REA "el convenio que tiene una vigencia de dos años, tiene como propósito generar, en el ámbito educativo, programas y proyectos para promover la cultura de paz a través del diálogo y la mediación. Con la firma del documento, el CJ se compromete a planificar y ejecutar cursos o talleres de mediación escolar. Esto con el propósito de impulsar a estudiantes, docentes y padres de familia a solucionar litigios a través del diálogo.

"El CJ además formará y capacitará a mediadores escolares. También ofrecerá asesoría técnica a los establecimientos educativos, para que impulsen actividades y eventos en los que se promueva la prevención de conflictos. El objetivo es que estas actividades tengan incidencia en una población aproximada de 40 mil habitantes de las zonas urbano marginales de Guayaquil mismas que se caracterizan por su alta vulnerabilidad.

"De igual forma, el CJ designará a servidores del Centro Nacional de Mediación para que faciliten y desarrollen las actividades diseñadas como parte del acuerdo. Asimismo, la Judicatura entregará una propuesta de modelo de gestión que, en el futuro, servirá como guía de implementación de un programa de mediación escolar. La Fundación por su parte identificará a los miembros de la comunidad educativa que participarán en las actividades programadas. Del mismo modo pondrá a disposición del CJ la infraestructura necesaria para desarrollar los talleres y cursos.

Una de las escuelas que regenta la Iglesia Católica y que será parte del convenio. Foto: REA

Este es el segundo convenio de este tipo que firma el Consejo de la Judicatura de Transición en el último mes. Anteriormente, firmó un acuerdo similar con la Unidad Educativa San Felipe Neri de Riobamba, dijo el Consejo de la Judicatura. Este colegio de Riobamba está regentado por los jesuitas. En lo que llama Declaración de Calidad, la entidad proclama: “En la UESFN la calidad educativa se concibe como el proceso continuo de desarrollo del potencial humano de sus miembros, en el compromiso integral de servicio a la sociedad desde la Fe Cristiana y la Justicia que la misma Fe exige (...).” Y en su Misión Pastoral señala que "Colaboramos desde los valores del evangelio en la formación integral de líderes que respondan al momento histórico de nuestra Patria, a través de actividades curriculares y extracurriculares como comunidad de educadores y educadoras ignacianos, amparados bajo la mirada de nuestra Madre Dolorosa".

Casi 13.000 estudiantes se educan dentro de las instituciones que pertenecen a la Red Educativa Arquidiocesana (REA), fundación que pertenece a la Arquidiócesis de Guayaquil y viene trabajando por la educación de los niños y jóvenes desde hace más de 10 años. Esta fundación cuenta con 29 escuelas y colegios ubicados en zonas mayormente vulnerables de la ciudad de Guayaquil y en los cantones Nobol, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía, La Libertad y Santa Elena.

La finalidad de REA,  es administrar de manera solidaria los recursos necesarios para atender prioritariamente el desarrollo humano de la niñez y juventud. Esto con la finalidad de otorgar una formación integral en principios y valores humanos, fomentando un crecimiento desde la fe católica con el deseo de que se conviertan en hombres y mujeres generadores de bienestar familiar y social.

Miles de niños de los barrios marginales de Guayaquil son atendidos por la Fundación REA. Foto: REA

Las protestas

El Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, CNII, manifestó su preocupación y rechazo ante la posible implantación del protocolo. En un comunicado oficial, este organismo estatal aseguró que el convenio "permitiría la implementación de mecanismos de mediación en casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en esos centros educativos".

Este Consejo subraya que el artículo 663 del Código Orgánico Integral Penal excluye de cualquier posibilidad de conciliación y mediación los delitos contra la integridad sexual y los delitos de violencia contra la mujer y contra miembros del núcleo familiar, entre los que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, por lo que tal posibilidad de mediación propuesta no solo contravendría los instrumentos internacionales de derechos humanos sino también de forma indiscutible la legislación ecuatoriana. Estos casos de violencia bajo ningún concepto pueden ser sujetos de mediación.

Asimismo, dice el comunicado, cabe reiterar la obligación que tienen los actores del sistema educativo de denunciar los presuntos delitos cometidos en los centros educativos contra niñas, niños y adolescentes, según lo estipulado en el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal.

El lío surgió porque el presidente Merlo, en declaraciones a la redacción de Guayaquil de diario El Comercio, señaló que por este convenio "los mediadores podrán atender todo tipo de problemas relacionados con violencia escolar, incluso casos de violencia sexual". Y que podrán, además, hacer labores de investigación sobre los casos de esta naturaleza por parte de algunos profesores.

Al día siguiente de la firma del convenio, una de las vocales del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, dirigió un oficio a los vocales Marcelo Merlo, Aquiles Rigail y Zobeida Gudiño, en la cual citaba la noticia de prensa. La vocal se había enterado del convenio mediante el rotativo. A través de su escrito, Porras mostró su inconformidad con este acuerdo, porque el convenio ni fue tratado en el Pleno del Consejo ni fue aprobado por el mismo. Además, señaló que siendo laico el Estado ecuatoriano el Consejo, como organismo público no debía inclinarse por un credo en particular; y, agregó que "las religiones, en general, han impuesto a la sociedad ecuatoriana una moral que ha ido en contra de los derechos de las mujeres". Finalmente dijo que en los temas de violencia no cabe mediación por constituir violaciones a los derechos humanos.

La Coalición realizó protestas recientes por la eliminación del Ministerio de Justicia. Foto: Coalición nacional de Mujeres del Ecuador

La Coalición de Mujeres del Ecuador, organización que agrupa a cientos de organizaciones de mujeres de diverso tipo, envió una carta de seis páginas al presidente del Consejo, Marcelo Merlo. En esta, se hace referencia al convenio, y se le hace notar: "queremos pensar, doctor Merlo, que el convenio por usted suscrito (...) —considerando que somos un Estado laico y que sus instituciones, incluida la que usted preside, no debe ni puede inclinarse por un credo en particular— obedece  a un deseo de aunar esfuerzos  para prevenir y atender todo tipo de conflictos (no violentos) que se susciten dentro del ámbito escolar y no a una forma soslayada de dar un espaldarazo a una institución —la Iglesia—venida a menos al haber encubierto, silenciado, ocultado e incluso se ha negado a colaborar con la justicia en los casos de pederastía clerical, algo que a usted y a la institución a su cargo debiera interesar más que la mediación escolar".

La coalición pide la revocatoria inmediata de dicho convenio, porque, además, el Ministerio de Educación es el único ente rector de la política sectorial y, por tanto, el ente llamado a garantizar que niños, niñas y adolescentes, independientemente de si la escuela es fiscal, misional o privada, se desenvuelvan en ambientes sanos y libres de violencia. Las organizaciones de mujeres del Ecuador recordaron a Merlo sobre los miles de casos de abuso sexual denunciados en el sistema educativo ecuatoriano, y, por tanto resultaba inadmisible que se quisiera, a través del CNJ mediar en esos delitos, que según la normativa ecuatoriana no son plausibles de mediación. Y también le recuerdan que por si esa situación de violencia contra niños y niñas no fuera suficiente "con estupor hemos evidenciado cómo la pederastia clerical ha salido a flote, revelando una realidad aún más atroz: el pacto de silencio e impunidad impuesto por la Iglesia católica, realidad que demanda una respuesta no solo canónica sino judicial y legislativa para urgir la aplicación de los más severos castigos en contra de quienes abusando del supuesto ministerio sagrado, que dota al clero católico de poder, autoridad y confianza, han abusado sexualmente de los más jóvenes de sus feligreses".

Sin embargo de que el presidente Marcelo Merlo aclaró que el convenio no contemplaba mediación en casos de violencia sexual, el Consejo de la Judicatura recién lo entregó a la vocal Angélica Porras, pero no lo ha colgado en su portal institucional, como ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

El Objeto del Convenio, al cual tuvo acceso Plan V no detalla los casos de mediación ni la forma de aplicación de la mediación como política del Consejo. El objeto es "establecer el marco de colaboración entre el Consejo de la Judicatura y la Fundación Red Educativa Arquidiocesana, REA, con el fin de promover la cultura de paz en el ámbito educativo, a través del diálogo y la mediación en la solución de conflictos; y, con ello, fortalecer la convivencia armónica dentro y fuera de la comunidad educativa".

Uno de los cuatro compromisos de las partes, señala que es el de "planificar y ejecutar actividades , cursos y talleres para promover la cultura de paz y formas alternativas de solución de conflictos".