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7 de Junio del 2020
Historias
Lectura: 11 minutos
7 de Junio del 2020
Redacción Plan V
La independencia de los jueces vuelve al debate tras el anuncio de sanciones a jueces
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En un comunicado, la Corte Nacional cuestionó sin nombrarlos a la fiscal general y al Consejo de la Judicatura. Foto: PlanV

 

La Corte Nacional de Justicia emitió este sábado un comunicado en el que rechazó la injerencia de otras funciones del Estado en las decisiones de los jueces, mientras el Consejo de la Judicatura anunció procesos disciplinarios en contra de magistrados del Guayas cuya conducta en los arrestos de Abdalá Bucaram y Carlos Luis Morales consideró inadecuada. Varios juristas rechazaron lo que consideran una nueva intromisión política en las decisiones judiciales.

La noche del sábado, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, emitió un comunicado, que, aunque no lo menciona en ninguna parte, se refiere a dos hechos que han provocado revuelo en el ámbito judicial: la decisión del Consejo de la Judicatura de iniciar procesos disciplinarios contra cuatro jueces del Guayas que conocieron los casos de Abdalá Bucaram y Carlos Luis Morales y las declaraciones de la fiscal general, Diana Salazar sobre que había obtenido "cabezas" que, sin embargo, habían sido puestas en libertad por los jueces.

Esto, a pesar de que en el caso de Abdalá Bucaram fue el propio fiscal quien recomendó que se le conceda arresto domiciliario, tras admitir que el ex presidente tiene diabetes, hipertensión y problemas cardiacos, como consta en el acta de la audiencia en contra del ex presidente. 

En el pronunciamiento, suscrito por el pleno del tribunal, se recordó que "combatir la corrupción empieza por respetar el ordenamiento jurídico", además de que la actuación de los jueces deben estar garantizada por "absoluta independencia judicial interna y externa, sin injerencia alguna". "Vulnerar la independencia judicial afecta la tutela judicial efectiva de los justiciables y socava los cimientos del Estado democrático", sentenciaron los togados en su comunicado.


Abdalá Bucaram está con prisión domiciliaria por pedido del propio fiscal en la audiencia.  Foto: El Universo

Agregaron también que "los sujetos procesales, acusación y defensa, tienen el derecho a disentir de la decisión judicial, a través de los mecanismos de impugnación de conformidad con la ley y el debido proceso".

"La Corte Nacional impetra ("Conseguir una gracia que se ha solicitado y pedido con ruegos" según la Real Academia de la Lengua) a los órganos que conforman en el marco de la Función Judicial a actuar en el marco de sus competencias, lo que nos permitirá fortalecer el sistema de justicia y aunar esfuerzos en la lucha incansable contra la corrupción". 

El comunicado de la Corte fue saludado por algunos sectores judiciales, que se manifestaron en contra de los anuncios del Consejo de la Judicatura, que preside la ex jueza de la Corte Constitucional María del Carmen Maldonado. 

El comunicado de la Corte fue saludado por algunos sectores judiciales, que se manifestaron en contra de los anuncios del Consejo de la Judicatura, que preside la ex jueza de la Corte Constitucional María del Carmen Maldonado.

La Asociación de Jueces ve "presiones mediáticas" pero no menciona a la Judicatura

Al respecto de las declaraciones de la fiscal general, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces también se pronunció. Para la Asociación, las alusiones a las "cabezas" de la fiscal han provocado "confusión en la ciudadanía y descrédito en los jueces".

La Asociación recordó que el fiscal y no el juez el que debe, con la debida motivación, solicitar las medidas en contra de los procesados, mientras que la propia Constitución reconoce que los adultos mayores, como es el caso de Abdalá Bucaram (quien ya tiene 68 años) pueden recurrir al arresto domiciliario. 

Y aunque quienes están cuestionando a los jueces son la Fiscalía y el propio Consejo de la Judicatura, la Asociación de Jueces consideró que "la libertad de las decisiones pretende ser coartada por la presión mediática a pretexto de la inconformidad de las resoluciones judiciales", lo que, anota más adelante la Asociación, al parecer ha sido olvidada por la Fiscalía General del Estado, cuyas expresiones "desinforman y por el contrario envían un mensaje de desprestigio a la Función Jurisdiccional".

El comunicado reitera que la Asociación "rechaza cualquier ataque a la magistratura y tentativa de direccionamiento de los fallos y recuerda a la ciudadanía y medios de comunicación que los jueces estamos sometidos únicamente a la Constitución y la ley garantizando el sistema procesal y los derechos de todos los ciudadanos". Curiosamente, el comunicado no menciona por ninguna parte al Consejo de la Judicatura, que es el que ha tomado las acciones en contra de los jueces de Guayas,  pretendiendo centrar el problema en los medios de comunicación.

El Consejo de la Judicatura ha iniciado sumarios por "negligencia manifiesta" contra los jueces, una figura similar al "error inexcusable" que se utilizaba en tiempos del correato para el control disciplinario de los jueces. Aunque la figura cambió de nombre, el fondo es el mismo: el Consejo califica si el juez no cumplido sus funciones de manera adecuada al dictar alguna providencia y puede llegar a destituirlo. El Consejo explicó en un comunicado que "en el caso del juez Ordeñana Romero, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se inició una investigación por su actuación en el proceso judicial que se sigue por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos, durante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de COVID-19. En esta causa está involucrado el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales. Pese a que durante la respectiva audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía General del Estado, solicitó la prisión preventiva del mencionado funcionario público, el juez Ordeñana dispuso la aplicación de medidas alternativas; actuación judicial que causó indignación en la ciudadanía. Esta actuación se identificaría como una conducta antijurídica que podría devenir en una presunta infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial".


El futuro político del prefecto Carlos Luis Morales es incierto luego de que el PSC le diera la espalda.  Foto Fiscalía

"El juez Ordeñana dispuso la aplicación de medidas alternativas; actuación judicial que causó indignación en la ciudadanía", se justificó el Consejo de la Judicatura.

El Consejo agregó que "permanecerá vigilante de las actuaciones de todos los integrantes de la Función Judicial y ejercerá su potestad disciplinaria en el marco de la ley y el debido proceso, en aquellos casos en los que se compruebe una inadecuada actuación por parte de los funcionarios judiciales, especialmente en los procesos de investigaciones penales, por actos de corrupción y delincuencia organizada", en una postura que abogados y jueces han considerado de clara intromisión e injerencia. 

Como en los tiempos de Jalkh...

Para el Observatorio de Derechos y Justicia, las decisiones del Consejo de la Judicatura podrían constituir una injerencia en la justicia. La abogada Lolo Miño explicó que "el error inexcusable o la negligencia manifiesta en la resolución de una causa debe determinarse por un tribunal de alzada, no puede ser determinada arbitrariamente por el Consejo de la Judicatura. A Jalkh lo destituyeron por hacer estas cosas, pero Maldonado las repite. No entiendo" y agregó que "Ya lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que procesar a jueces por el contenido de sus decisiones constituye una amenaza a la independencia judicial. El abuso de la vía disciplinaria contra jueces que toman decisiones incómodas pasaba en la época de Correa y Jalkh, y pasa hoy con Maldonado", reiteró.

Para el decano de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, Farith Simon, "era inaceptable antes, sanciones administrativas por decisiones judiciales, es inaceptable ahora. Qué bueno que los que callaban antes, ahora se quejen". 

Por su parte, el abogado Alejandro Ponce consideró que "la independencia judicial en el Ecuador es prácticamente inexistente. El Consejo de la Judicatura la sigue minando al investigar y sancionar a jueces por el contenido de sus decisiones judiciales".

Los Bucaram contraatacan; futuro político de Morales es incierto

Mientras tanto, el expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Dalo anunciaron en redes sociales sus estrategias de defensa. Aunque según el diario El Comercio Bucaram habría confirmado el sábado que Estados Unidos le habría retirado la visa a él y a su familia, el ex presidente desmintió en Twitter haber hablado con ese periódico al respecto, mientras la Embajada de Estados Unidos ni hizo ningún comentario.

Bucaram precisó que ha nombrado como su abogado a Fernando Rosero.  Desde Miami, en donde se encuentra con su familia, Dalo Bucaram anunció una intervención en su Facebook esta noche, para responder a las acusaciones en contra de su familia. 

Mientras que el PSC empuja la destitución de Carlos Luis Morales como prefecto del Guayas, decisión que podrían tomar los alcaldes de la provincia, que conforman el Consejo Provincial, pero para la cual no hay todavía suficientes votos en el pleno del organismo. 

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