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13 de Febrero del 2020
Historias
Lectura: 13 minutos
13 de Febrero del 2020
Renato Rivera Rhon y Fredy Rivera Vélez
La inseguridad en aumento: ¿deficiente gestión o mera casualidad?
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Imagen de LeoFra en Pixabay Adaptación: PlanV

 

En términos politicos, el aumento de la tasa de homicidios a 6,3 es una completa mancha gris para el Gobierno de Moreno y los ministerios del sector. Además de las cifras sobre homicidios, el robo a personas, vehículos y motocicletas ha llegado al 9%, 18% y 29% respectivamente.

Los últimos años el país ha sido afectado por el aumento sostenido de la inseguridad en varias regiones y ciudades. Es un hecho preocupante el incrementado de la tasa de homicidios y la utilización de armas de fuego. Los datos, por sí solos, revelan mucho más que una simple amplificación de la percepción ciudadana porque expresan la existencia de problemáticas complejas donde se conjugan factores criminales de orden interno y externo.

El país presentó en el 2019 una tasa de 6,3 homicidios/100 mil habitantes luego de ostentar en años pasados cifras menores. Según información del Ministerio de Gobierno, hasta el 31 de diciembre 1.157 personas fueron víctimas de muertes violentas en el año pasado. Estos datos son alarmantes, puesto que detrás del incremento de los homicidios se esconde una cuestionada política pública de seguridad, que ha deambulado pendularmente entre la seguridad interna y la ciudadana, sin clarificar sus componentes y doctrina; ha estado sujeta a los embates de la corrupción en distintos órganos de control policial y judicial; se cobijó en la escasa o nula rendición de cuentas desde la policía hacía la ciudadanía; y, fundamentalmente, asistió a  una mayor penetración del crimen organizado en los corredores de droga hacia los principales puertos y zonas estratégicas del país. Y eso sin mencionar que el escenario se eclipsó mediante constantes anuncios de las FFAA y su Ministro de Defensa de tener una mayor participación y roles en la seguridad interna, como bien hemos observado en estos recientes semestres. Y ni hablar de una institución llamada Dirección de Aviación Civil que no logra explicar hasta la fecha la existencia de cientos de pistas clandestinas en sus narices.

Desde el 2008, el Ecuador inició un proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional que implicó altas inversiones de recursos públicos para fortalecer la respuesta estatal frente a la inseguridad. Esta inversión llegó acompañada de transformaciones legales, reorganizaciones de mando y control, mejoramiento en la selección de personal, depuración entre sus filas de malos elementos y adquisiciones tecnológicas de punta como el Sistema ECU 911, el cual permitió triplicar la reducción de homicidios. Ello significó un importante avance que contribuyó a la promoción de una mejor imagen del país a escala regional e internacional y ser considerado como uno de los lugares menos violentos de América Latina. Sin embargo, el incremento de homicidios intencionales en 16% comparando el 2018 y, más aún, relacionado con el 2016 que evidencia una subida de más del 25%, hace que el dato de homicidios rebase ampliamente la tendencia generada desde 2010. ¿Qué sucedió? ¿Es una mera coincidencia o un producto de malas políticas migratorias, que están contribuyendo a la xenofobia como al parecer tratan de posicionar discursivamente las autoridades del sector’.


Una de las instalaciones del ECU 911, sistema de vigilancia y seguridad cooperativo, que aporta con atención inmediata y datos sobre la recurrencias de delitos y emergencias.

El aumento del presupuesto de la Policía carece del acompañamiento de una política enfocada en prevenir los delitos; no como discurso, sino como práctica institucional y más allá del repetido slogan de la proximidad, la convivencia y el papel comunitario.

Paradógicamente se habla poco sobre la reducida capacidad de inteligencia criminal y la preparación que debemos exigir los ciudadanos a los cuerpos especializados de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Se calla la reticencia que existe en la administración de justicia y la Fiscalía para someterse a pruebas de confianza (polígrafo) y la ejecución de mecanismos severos de monitoreo y control sobre patrimonio. No existen hasta la fecha evaluaciones técnicas sobre el desempeño del actual Ministerio de Gobierno en materia de política de seguridad interna. Aunque sí estamos expuestos a la amplificación mediática y casi demagógica de su representante, que continúa sin demostrar la importancia de la transición conceptual y orgánica de “Interior” (seguridad interior o interna/ciudadana) a “Gobierno”, asumida esta entidad como nexo o bisagra operativa con la política partidaria, asambleísta y gremial. Es difícil saberlo porque es inexistente del debate serio sobre el tema.

Seríamos afortunados si encontramos argumentos y respuestas en los manuales burocráticos o folletería institucional donde a lo mejor hallamos definida la noción de gobernanza. Contrario a lo que se piensa, estamos seguros que en más de una década ese Ministerio se ha columpiado alegremente entre una definición clara de conceptos y programas con resultados, y otra —hoy inexistente— cargada de figuras camaleónicas que han modificado el nombre interior y seguridad sin vincularlas con una entidad reguladora de la planificación nacional.          

En términos politicos, el aumento de la tasa de homicidios a 6,3 es una completa mancha gris para el Gobierno de Moreno y los ministerios del sector. Además de las cifras sobre homicidios, el robo a personas, vehículos y motocicletas ha llegado al 9%, 18% y 29% respectivamente. Por otro lado, el aumento de la inseguridad registrada oficialmente está acompañada de la percepción de la ciudadanía que el año pasado arrojó una preocupante cifra de 55.7%; esto en comparación al 34.9% registrado a finales de 2014 según Barómetro de las Américas (LAPOP). Golpe duro para las actuales “políticas integrales” porque 5 de cada 10 ecuatorianos se sienten inseguros en comparación a 3 personas por cada 10 registrados en el 2014. A más de la cifra oficial, existe la correlación de percepción que lleva a constatar que el aumento de la inseguridad en el Ecuador es una realidad muy concreta que vincula dato estadístico y subjetividad. Tremendo golpe en el campo sociológico y comunicativo donde se pretende jugar con fuego. 

El aumento del presupuesto efectuado a la Policía Nacional carece del acompañamiento de una política enfocada en prevenir los delitos; no como discurso, sino como práctica institucional y más allá del repetido slogan de la proximidad, la convivencia y el papel comunitario. Se enmascara la problemática carcelaria y se minimiza la falencia preventiva sobre el crimen organizado proveniente de esos centros, denominados torpe y eufemísticamente como de “rehabilitación”. Hablar respecto de la existencia de comunidades de inteligencia y, fundamentalmente la criminal, es una gran osadía porque persiste la fenomenología del crimen en ciudades históricamente conflictivas como Guayaquil, Machala, Quevedo, Manta y la frontera norte. Por ejemplo, en tres de las ciudades con mayores casos de incautaciones de droga como Manta, Guayaquil y Machala se evidencian incrementos de homicidios desde el 2018. Si bien este problema responde en buena parte a una mayor disputa del crimen organizado por controlar el microtráfico en estas ciudades, los resultados demuestran que las acciones políticas y estratégicas en este ámbito han estado ausentes o a su vez han permanecido polarizadas por discursos de carácter demagógico.


El preventivo es uno de los tres ejes de la acción policial, que se requiere fortalecer. Foto: Policía Nacional

Un asunto grave es la construcción del dato. La Dirección General de Operaciones, fuente de donde salen las cifras duras para el Ministerio de Gobierno, ¿ha modernizado su componente metodológico de registro? ¿Continúan empleando los mismos indicadores de hace años? Porque no es lo mismo tener una cifra provincial y sumar al resultado general, que preguntar por cantones agregados específicos, de acuerdo a patrones o corredores estratégicos donde opera el crimen organizado. Los enfoques y supuestos de entrada generarán datos muy diferentes a las variables tradicionales que continúan siendo utilizadas y que contribuyen a repetir recetas clásicas de política pública.

55.4% es la cifra del 2019 para homicidios intencionales con arma de fuego. eso implica el crecimieto de su uso ilegal. ¿Coordinan la policía y las FF.AA. información sobre el tema?

En este país estamos lamentablemente acostumbrados a la falacia de composición con ropaje de autoridad pública. Puede ser política y mediáticamente rentable, pero constituye una debilidad si asumimos una perspectiva seria y responsable en el manejo de la política pública, bien elaborada y correctamente planificada. Ojalá que la Universidad de la Policía, proyecto mencionado por el nuevo comandante general y respaldado por el Ministerio, no replique errores corporativos del pasado y logremos zafarnos de otra oportunidad perdida. 
 
Debemos estar alertas sobre el incremento de homicidios intencionales con arma de fuego. Desde el año 2016 ese tipo de delito pasó del 46,63% al 55.40% en el 2019. ¿Coordinan las FFAA y la Policía Nacional información? A todas luces, la prevención sobre el tráfico de armas aparece como una deficiencia de gestión compartida y la responsabilidad institucional juega nuevamente al florón que repite el estribillo “¿dónde está el florón, no sé, de mis manos ya pasó”.

La cooperación internacional y las funciones cumplidas en fronteras es otro asunto de mucha atención, precisamente ahora que se están promoviendo nuevos acuerdos con los Estados Unidos. En ese escenario aparecen más preguntas que certezas y respuestas. Tenemos la impresión que estamos regresando a los discursos y prácticas del año 2004-2005 cuando se estigmatizó a la población colombiana por el aumento de la inseguridad; se forjaron acuerdos internacionales sin mayor control de las legislaturas; se narcotizaron alegremente las agendas de política exterior y se manejó el sistema de justicia con distintos intereses partidarios y corporativos. Y eso sin mencionar la enorme dependencia en capacitación, inteligencia y algunos recursos tecnológicos que tuvo la Policía Nacional de ese entonces con varios cuerpos de investigación federal estadounidenses. 

El Plan de Seguridad para la frontera norte destinó más de 50 millones de dólares para proyectos de modernización de la Policía hasta el 2021. De los 9 millones presupuestados hasta 2019 el Ministerio de Gobierno no ha demostrado la ejecución de esos recursos. El vaiven político actual, liderado por su representante, ha llevado a que la Policía Nacional no implemente un adecuado proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía y no despliegue su presupuesto de manera planificada. Fundamentalmente, ese Ministerio no ha logrado generar una mayor confianza policial en la ciudadanía, aspecto básico para dotarse de legitimidad y respeto en una democracia moderna.

No se puede tapar la compleja realidad y la mala conducción con discursos xenófobos. De acuerdo a información de la misma Policía Nacional, apenas el 6% de los homicidios intencionales son cometidos por ciudadanos venezolanos. Lamentablemente, estas desesperadas acciones comunicacionales y el eco desplegado en varios medios de comunicación juegan un papel en contra de la misma Policía Nacional, porque la percepción ciudadana no logra distinguir el plano táctico del estratégico político que está en manos del Ministerio rector de la política de seguridad ciudadana. 

Por estas razones, el incremento de los homicidios en el Ecuador no es producto de la mera casualidad. La obsesión del actual Gobierno por reducir el tamaño del Estado sin una planificación racional, previamente diagnosticada y sin paliativos específicos al sector seguridad, está deteriorando el objetivo sublime de proteger, proveer tranquilidad y convivencia pacífica a sus habitantes. No basta con tratar de construir una imagen política distinta al ogro autoritario filantrópico del pasado reciente. Hay que ser más que parecer, porque la imagen no es todo.

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