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23 de Noviembre del 2023
Historias
Lectura: 14 minutos
23 de Noviembre del 2023
Manuel Novik
La justicia indígena y otro paradigma de reinserción
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La digitalización ha permitido a una mayor población ver casos de administración de justicia indígena.  Portada referencial: Fotomontaje PlanV

 

Ecuador es un país de pluralismo jurídico. La Constitución avala procesos de administración de justicia indígena, pero la interferencia del Estado ha creado brechas con los pueblos y nacionalidades. Un nuevo caso en Saquisilí abrió el debate sobre el aparente conflicto entre los derechos humanos y ese tipo de prácticas.


1. El Llaki: Las autoridades toman conocimiento oral o escrito del problema y los involucrados solicitan que se resuelva el tema. De acuerdo a los estatutos de las comunidades se crean comisiones de justicia.

Es viernes por la tarde y entre los contenidos que ofrece Tik Tok está una transmisión en vivo del proceso contra dos presuntos ladrones retenidos en Saquisilí por comuneros indígenas. Un cerco de personas rodea a los sospechosos en medio de gritos. Durante varias horas las transmisiones en los celulares de los campesinos lanzan al mundo digital lo que ocurre en esta zona andina de Cotopaxi, ubicada a un par de horas de Quito.

2. Tapui Kuna o Maskana: Se investiga. Hay asamblea popular y se pone en conocimiento de la comunidad el caso.

El domingo a medio día, la transmisión del medio digital David Cailagua en Facebook se enciende. Las autoridades de Jatarishun, la organización indígena de Saquisilí, prendieron un parlante sobre la camioneta de los presuntos delincuentes y le hablaron a la comunidad. Tomaron la palabra varios dirigentes barriales, que se quejaron sobre “venezolanos que obligan a darles comida”, aunque los retenidos por los indígenas son ecuatorianos.

Tanto líderes barriales como autoridades indígenas dieron sus perspectivas sobre la seguridad en Saquisilí. Abajo, Apawki Castro, coordinador de Pachakutik Cotopaxi, estuvo presente en la marcha contra los infrctores. Capturas de video en vivo

Otros dirigentes indígenas se quejaron de que la gente del centro urbano deja estos asuntos al sector indígena y no se hacen cargo, en alusión a las autoridades policiales y el sistema de justicia

Miguel Guanolisa, dirigente de la comisión de justicia, afirmó que se habían reunido con los ladrones, y que se los haría declarar en la plaza para que el pueblo lo vea de primera mano. “La decisión de vender o quemar la camioneta de los infractores queda en ustedes”, dijo.

Los dirigentes indígenas aseguraron que encontraron una bodega perteneciente a los supuestos ladrones con celulares, parlantes, electrodomésticos, ropa, un piano, muebles, televisores y armas y lo esgrimen como prueba de los delitos.

Un joven de 18 años y su madre pasan al centro de la aglomeración. Son quienes fueron identificados como ladrones. Los dirigentes les instruyen para que digan sus nombres y números de cédula ante la comunidad presente.

De ahí partieron en una marcha con los investigados en el centro. En el recorrido, empezaron los castigos físicos en forma de latigazos.

Pero no es hasta el domingo en la tarde en que las transmisiones en vivo por Tik Tok se encienden. Durante toda la tarde, la gente transmite lo que ocurre a través de teléfonos móviles.

3. Ñaguinchi o Chimpapurana: La toma de versiones. Puede haber “careo” cuando hay versiones distintas.

En la Plaza Vicente Rocafuerte en el centro de Saquisilí, la marcha se ha dado cita para conocer quiénes son y qué se han robado estos extraños. El joven, vestido solo con su ropa interior, reposa sobre la ortiga con la que será castigado en breve. A pocos metros su madre, Verónica, que ha conservado sus prendas de vestir, está en la misma situación.

Los ladrones aprehendidos en Saquisilí recorrieron las calles mientras fueron objeto de latigazos. Captura de video en vivo

Ambos están atados con una cuerda a otra persona. Madre e hijo aseguran que vienen de Píllaro, una comunidad serrana a más de dos horas de distancia hacia el sur.

Según el testimonio de ambos, venden los muebles robados a “Don Pato”, quien tiene un puesto en un “mercado grande” de Ambato.

Ante la negativa a responder quiénes son los cabecillas del grupo delincuencial, comienzan a recibir  ortigazos. Entre llantos, el joven sostiene que robó porque tiene un hijo que está enfermo.

Luego empiezan las preguntas a la madre. La mujer cuenta que su marido es quien conoce estos barrios. Su modus operandi es el siguiente: dan vueltas por las cuadras y timbran por las casas esperando encontrar hogares sin gente.

Quien dirige el interrogatorio también le pregunta quienes son los cabecillas del grupo. La madre busca a sus familiares, quienes han llegado al lugar, y miran lo que sucede desde las gradas del gimnasio. No hay respuesta ante la pregunta y también recibe  latigazos.

Entre aplausos y saludos llega el alcalde de Saquisilí, quien pide que continúen los azotes con las ramas de ortiga, una planta andina que irrita la piel al contacto.

El interrogador cuenta que hace años Saquisilí era una comunidad “llena de gringuitos y un lugar de turismo”. Según él, hoy en día son delincuentes y extranjeros quienes han colmado las plazas, y quienes rondan en motos y vehículos en las madrugadas.

4. Allichina: La decisión. Algunos pueblos tienen tiempo de análisis y debate. En otros la decisión se toma con mayor brevedad.

Al final y tras los azotes, la desnudez y el escarnio público, madre e hijo pidieron disculpas y aseguraron que no volverían al lugar. La resolución consensuada en asamblea popular fue que los mismos ladrones debían rociar con gasolina y quemar su camioneta frente al pueblo.

Madre e hijo dieron su versión de los hechos. La comunidad decidió que los infractores debían prender fuego a su pro Capturas de video en vivo

5. Retorno a la armonía y convivencia, y seguimiento de la decisión. Se nombran comisiones para hacer el control.  Constitucionalmente las decisiones de la jurisdicción indígena equivalen a sentencia, para evitar el doble juzgamiento.

Apawki Castro, ex dirigente de la CONAIE y actual coordinador de Pachakutik Cotopaxi, estuvo en Saquisilí y presenció los hechos recientes. Castro afirma que a él también le han administrado ortigazos y baños en cascadas que le han servido de “purificación”. 

El dirigente dice que lo que se busca a través de la justicia indígena es la reinserción. “El baño y la ortiga no son un castigo, esa es una de las últimas fases, que es la de la reinserción. Lo que se busca es estar en equilibrio energéticamente”, asegura el dirigente.

Castro explica que las autoridades de cada organización gozan de las facultades para la administración indígena. “Los titulares de los derechos colectivos son las comunas. El límite es respetar los derechos humanos”.

El caso La Cocha

En 2010 ocurrió el  asesinato de Marco Olivo en la comunidad de La Cocha, en Pujilí, Cotopaxi. Las autoridades indígenas de La Cocha, del pueblo Panzaleo de la nacionalidad quichua conocieron y resolvieron el caso del asesinato en el centro urbano de la parroquia.

Cinco personas fueron objeto de la justicia indígena, pero luego también fueron procesadas por la justicia ordinaria. La Fiscalía y el Ministerio de Gobierno interfirieron para “rescatar” a los involucrados e iniciaron medidas legales tanto contra los presuntos asesinos como contra las autoridades indígenas, quienes fueron acusados de secuestro.

Familiares y amigos de Orlando Quishpe, quien fue acusado de asesinato, estuvieron presentes para presenciar la imposición de la justicia indígena. Foto: El Universo

La Corte Constitucional resolvió, luego de cuatro años, que los delitos contra la vida serían juzgados únicamente por la justicia ordinaria, independientemente de si hay indígenas o no involucrados, lo que significó que excluyó este tipo de delitos de la jurisdicción indígena.

En 2023, con el aumento de la inseguridad en Ecuador, han sido públicos los casos en que las comunidades toman justicia por mano propia. En Guamote, se asesinó y quemó el cuerpo de un presunto vacunador, oriundo de Los Ríos. Sin embargo, los sectores indígenas aseguran que eso no fue justicia indígena.

En el mundo indígena la cárcel no es una figura de rehabilitación

Nina Pacari, ex jueza de la Corte Constitucional, asegura que el Estado no dota de los mismos recursos para la justicia indígena que para la ordinaria. Pacari lidera actualmente un proyecto de escuela itinerante de derecho propio con pueblos indígenas.

Nina Pacari es ex jueza de la Corte Constitucional y catedrática en el programa de Postgrado de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato. Foto: Luis Argüello

“No hay concepción de cárcel en el mundo indígena, porque la privación de la libertad no permite la rehabilitación, no permite el continuar con la actividad laboral y familiar”, dice Pacari.

Pacari asegura que hay procedimientos “por mejorar”, pero advierte que desde los medios de comunicación se ha distorsionado información. “Para empezar, esto no es un acto, Es un derecho de carácter de origen previo a la colonización. Es continuidad histórica. En Ecuador el Estado es plurinacional e intercultural, la relación entre las nacionalidades y el Estado debe darse en condiciones de igualdad”. Es decir, asegura que estas prácticas provienen de los tiempos anteriores a la conquista española y el establecimiento del sistema legal europeo en nuestro país.

La jurista sostiene que hay tres artículos en la Constitución que amparan el ejercicio de la justicia indígena.

El artículo 10 de la Constitución señala que las comunidades, pueblos y nacionalidades son titulares de los derechos garantizados en el cuerpo legal. Por otro lado, el artículo 57 indica que la administración de la justicia propia o consuetudinaria es un derecho colectivo exclusivo de la población indígena.

El artículo 171 establece las autoridades jurisdiccionales, las condiciones, los límites de los derechos humanos (derecho a la vida, integridad física, la no esclavitud), la participación femenina y la cooperación con las otras administraciones en las que se administra la justicia.

Pacari dice además que no hay una sola justicia indígena, sino que cada pueblo tiene sus particularidades y costumbres.

El derecho consuetudinario

David Cordero-Heredia, catedrático en la PUCE, dice que no le gusta hablar de justicia indígena sino de derecho indígena. “Tienen tanto derecho como el mundo mestizo que se quedó con un sistema jurídico impuesto por los españoles. Los pueblos y nacionalidades tienen derecho a mantener y desarrollar sus prácticas”, afirma.

David Cordero-Heredia es experto en derechos humanos y catedrático en la PUCE. Actualmente es Visiting Fellow en la Universidad de Cornell. Foto: Luis Argüello

A los españoles no les interesaba la integración de los indígenas, dice el jurista, los colonos mantenían a los indígenas en espacios que se convirtieron en haciendas, trabajando sin remuneración ni reconocimiento de derechos territoriales.

“Estamos viendo una parte muy pequeña de lo que implica el ejercicio de justicia. El derecho indígena se aplica todo el tiempo en asuntos de agua o familiares. Así como en la justicia ordinaria, no todo es derecho penal”, sostiene.

Cordero-Heredia compara los hechos con la pena de muerte en Estados Unidos. Los norteamericanos decidieron que aquella es una forma válida de proteger el derecho a la vida. El docente recuerda también que por décadas el castigo físico fue una práctica normal en las escuelas del Reino Unido.

En casos en que se crea se hayan cometido excesos, el Estado tiene formas de interferir.  “Nuestra legislación prevé la declinación de competencias. En investigaciones de muertes, si la comunidad se identifica, sus autoridades, si hay razones se pide una declinación de competencias”, dice Cordero-Heredia.

“No existe una estructura como la nuestra en el mundo indígena y quizás no es lo mejor que exista porque deberían abrirse nuevos cuerpos legales. Si los obligamos a que escriban un código estamos yendo en contra de sus prácticas. El derecho consuetudinario es una teoría gigante que está en muchos países, un derecho basado en prácticas que también hay en EE.UU. o Canadá”, concluye el catedrático.

Cordero-Heredia explica que los límites a la administración de justicia indígena son varios, entre ellos respetar el derecho a la vida. La Fiscalía General del Estado está obligada a investigar casos que terminen en asesinatos.

Otros países no han recibido con la misma apertura el ejercicio del pluralismo jurídico. Como es el caso de Chile, cuya población rechazó un marco normativo que incluía el reconocimiento de la justicia indígena. Los chilenos acudirán a un nuevo plebiscito con un diseño más conservador; que desechó el reconocimiento de la justicia indígena, ya que se impuso la tesis de que eso sería discriminatorio para el resto de la población, y mantiene el estatus quo en temas como migración, salud y economía.

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