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4 de Julio del 2016
Historias
Lectura: 9 minutos
4 de Julio del 2016
Redacción Plan V
La larga espera de justicia para Ricardo Merino

Fotos: Luis Argüello

Cerca de 50 personas protestaron en la entrada de la Fiscalía General del Estado para lograr la judicialización del caso de Ricardo Merino. 

 

Al cumplirse 30 años de la presunta ejecución extrajudicial del activista de izquierda Ricardo Merino, su familia, colectivos de derechos humanos y grupos de jóvenes recordaron el caso con un plantón ante la Fiscalía General del Estado. El fiscal general Galo Chiriboga se reunió con la familia y ofreció agilitar la investigación.

La tarde del 28 de junio de 2016, varios tambores sonaban en la entrada del Edificio Patria, sede de la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito. En lo que originalmente fue la Embajada de Estados Unidos, actualmente tiene su despacho el fiscal general, Galo Chiriboga.

Un grupo de jóvenes activistas, y dos de los hermanos de Ricardo Merino, muerto en un operativo policial que tuvo lugar en Cuenca en 1986, recordaban al activista de izquierda, quien formó parte del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) y cuya muerte ha sido considerada una ejecución extrajudicial por la Comisión de la Verdad, según su informe de 2007. 

Se trataba de la murga “Retumba la Prole” y el grupo de teatro “Voces de Libertad”. Los jóvenes del grupo de teatro, vestidos de negro, escenificaban su propia lectura de la política ecuatoriana desde los tiempos de León Febres Cordero hasta hoy, cuando, en su criterio, han cambiado solamente los rostros de los políticos pero no las prácticas represivas. Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa fue representados, cada uno con una visión crítica y con la evidencia del divorcio entre sus discursos y sus prácticas. 


Usando máscaras con la efigie de Ricardo Merino, los manifestantes llamaron la atención de los transeúntes. 

En la puerta del Edificio del Ministerio Público, Miguel y Clara, dos de los hermanos de Ricardo Merino, esperaban para ser atendidos por el fiscal general. Mientras tanto, el grupo de jóvenes hacía sonar sus tambores, y, en hojas volantes, repartía consignas.

En la puerta del Edificio del Ministerio Público, Miguel y Clara, dos de los hermanos de Ricardo Merino, esperaban para ser atendidos por el fiscal general. Mientras tanto, el grupo de jóvenes hacía sonar sus tambores, y, en hojas volantes, repartía consignas. 

Otras personas entregaban máscaras con el rostro de Merino, quien, aunque formó parte del AVC, había dejado la lucha armada al momento de su muerte. En la madrugada del 28 de junio de 1986, en un barrio de Cuenca, fuerzas combinadas de la policía y el Ejército realizaron un aparatoso operativo contra la subversión. Gobernaba el país el presidente León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC). 

Aunque en su momento se dijo que Ricardo Merino se había resistido al arresto por parte de la fuerza pública, y que había muerto en el cruce de balas, lo cierto es que, con el paso de los años, fueron saliendo a la luz testimonios de ex policías que relataron los últimos momentos del activista. 


Esta obra de teatro recreó los sucesos de la historia política reciente en el Ecuador. 

“Indefenso en la cama, solamente con su terno interior, los jefes del operativo le ordenaron que se levantara, apegándole a la pared y descerrajándole impactos de bala, a quemarropa, en su cuerpo, para luego decirnos que saliéramos al patio delantero y comenzáramos a disparar como locos a las paredes, techo y puertas con balas de distinto calibre, para hacer creer que fue un enfrentamiento, sabiendo que esto era el montaje de un asesinato más”, dijo Hugo España Torres, ex agente de la Policía. Como en el caso de los hermanos Restrepo, este montaje policial fue develado por el ex agente España, quien participó en el operativo de Cuenca. España dijo también que Merino "antes de ser ejecutado fue golpeado en quijada y tórax y él  respondió “Alfaro vive carajo”.

El caso de la muerte de Ricardo Merino fue investigado tanto por la Comisión de la Verdad conformada en el 2007 por presión de los comités de víctimas cuanto por la Fiscalía por medio de una dirección específica creada en 2012, pero hasta el momento no se ha logrado que se concluya la etapa investigativa, y la muerte de Merino no tiene responsables. 


Activistas de derechos humanos se hicieron presentes en el plantón. 

Presuntos responsables

Mientras en la entrada del Edificio tenían lugar el plantón y la obra de teatro, Clara y Miguel Merino se reunieron por cerca de media hora con el fiscal general. 

A la salida del Edificio Patria, Miguel Merino comentó que el fiscal general se encontraba al tanto del caso, puesto que la Comisión de la Verdad determinó en su momento que se habría cometido una ejecución extrajudicial. Miguel recordó que el operativo estuvo comandado por el general (r) Paco Urrutía, quien llegó a ser director de Operaciones de la Policía, pero que en esa época tenía el rango de mayor.

Miguel Merino recordó que su hermano, a pesar de estar en la clandestinidad, se dedicaba a hacer un trabajo de base popular, pues en la organización subversiva empezaron a haber discrepancias con relación a la forma en la que debía realizarse su lucha política. Ricardo Merino, recuerda Miguel, se había sumado a quienes dentro del AVC planteaban la necesidad de realizar más un trabajo político popular que una lucha armada, por lo que él no estaba involucrado en ese momento en acciones violentas. 


Clara y Miguel Merino, hermanos del activista de AVC, se reunieron con el fiscal general, Galo Chiriboga. 

Tan es así, dice Miguel, que su hermano tenía al momento de su muerte, únicamente, una pistola vieja sin balas. Según Miguel, luego de que Ricardo fue ejecutado con tres tiros a quemarropa, la Policía simuló un enfrentamiento, cuando realmente el allanamiento lo realizaron entre 50 y 60 agentes.

Sobre la reunión con el fiscal general, Miguel Merino recordó que la indagación previa tiene 40 folios, es decir, por lo menos 4000 páginas, y Chiriboga se habría comprometido a judicializar el caso. 

Crímenes de lesa humanidad

Ricardo Merino, recuerda su hermano Miguel, se había sumado a quienes dentro del AVC planteaban la necesidad de realizar más un trabajo político popular que una lucha armada, por lo que él no estaba involucrado en ese momento en acciones violentas.

Hasta el momento, la Fiscalía ha iniciado procesos judiciales por lo que considera crímenes de lesa humanidad, como la presunta ejecución extrajudicial de la madre del asesino múltiple Juan Fernando Hermosa Suárez, quien murió en 1992 durante el allanamiento para capturar a su hijo, en su casa del norte de Quito.

Según los criterios presentados por la Fiscalía ante los jueces, este tipo de presuntas ejecuciones extrajudiciales serían crímenes de lesa humanidad, y, por lo tanto, serían imprescriptibles a pesar del tiempo transcurrido. 

Miguel Merino dice no saber cuántos de los presuntos responsables estén con vida todavía, pero recordó que se encuentra en el país el general (r) Paco Urrutia, mientras que Gustavo Lemus, ex asesor del Ministerio de Gobierno, actualmente radicado en Miami, es también señalado como uno de los operadores de la política represiva que condujo a este tipo de muertes violentas. 

No obstante, Miguel y Clara Merino recuerdan que no es la primera vez que mantiene reuniones con la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya judicializado el tema. 

El periodista Gerardo Merino, sobrino de Ricardo, fue uno de los organizadores del evento artístico y cultural, y comentó que vio pocas veces a su tío durante su niñez, pero insistió en la necesidad de que el tema sea judicializado. 

Tras el plantón en la Fiscalía, en la sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el homenaje terminó con un evento artístico, en el que participaron  Igor Icaza, Mauricio Proaño, Coral Amaranto, Mambos de Satán, la familia Merino Serrano, se presentó un video de  Antonio Gordón, entre otros. 

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