Cuando llegó a la calle donde vivía, el área estaba cercada por la policía y los socorristas. Con el corazón al galope, logró pasar el cerco de seguridad. Entonces vio su cuerpo en la calle, recostado sobre su espalda y cubierto por un manto azul. Era él, su esposo, Javier Valdez, el periodista más respetado de su región y de su generación, en Culiacán, Sinaloa, al norte de México, el que yacía muerto por varios tiros de algún sicario. Uno de los sombreros que gustaba usar y que ella le regaló le cubría el rostro. Entonces se acercó y se arrodilló frente a su cadáver, y lo primero que quiso hacer fue acurrucarse junto a él. Pero no lo hizo. Desde ese día de mayo del 2017 se ha reclamado a sí misma no haberse acurrucado junto a él y sentir por última vez la tibieza de su piel. Pero no lo hizo porque ya estaban muchos medios de comunicación en la escena del crimen y no querían que les tomaran una foto, a ella y a él, en el peor momento de sus vidas. Y no lo hizo, sobre todo, porque pasado el impacto inicial, lo único que ocupaba su mente era cómo decirles a su hijo y a su hija, que su padre había sido asesinado. Era el 15 de mayo del 2017, durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El periodista Javier Valdez fue baleado cerca de su oficina en Culiacán, norte de México. Foto: AlSegundo.mx

Gabriela Triana habla pausado, quedito, como dirían los mexicanos. Respira luego de evocar esos duros momentos, y el público que la escucha en absoluto silencio no le despega la mirada. Pero ella no da tregua. Ahora sabe, cuenta, que Javier sí tuvo conciencia de que iba a morir. Sus asesinos lograron bajarlo de su auto y luego, literalmente, trató de detener las balas con las manos. Ella vio los rasguños que le produjeron y luego le dispararon en la nuca.  Lo ejecutaron. Aunque fue cuestión de segundos ella sabe que su esposo supo lo que le estaba pasando.

Griselda Triana, viuda del periodista asesinado, reclama justicia al Gobierno. 

Javier, director del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, fue asesinado de modo instantáneo. Una "suerte" que no tuvieron muchos de sus 138 colegas asesinados entre el año 2000 y lo que va del 2019.  Triana, también periodista, recuerda que en muchos casos está documentado que los han desmembrado, torturado hasta matarlos, los han destazado, incinerado y hasta los han desaparecido. En la estadística trágica hay, además de los asesinados, 24 periodistas desaparecidos.  Y si el sufrimiento de sus familias y de sus amigos y colegas no fuera poco, a esta matanza se suma la impunidad: el 95% de los casos no ha sido resuelto, y algunos ni siquiera han pasado la etapa de investigación previa.

Ella cuenta que la periodista María Teresa Ronderos (periodista colombiana, actualmente directora del Programa de Periodismo Independiente del Open Society Institute) le había dicho  que tenía vergüenza con ella porque sentía que los periodistas latinoamericanos no estaban haciendo lo suficiente por exigir justicia. Pero Gabriela le contestó que quienes deben sentir vergüenza son los gobiernos que nada han hecho por investigar los crímenes y encontrar a sus autores. Y ese darse por vencidos de los Estados de América Latina, y del Gobierno mexicano, frente a los crímenes atroces, es estimular la violencia en contra de los periodistas. Así la violencia y el asesinato se justifican y sobra quien se sienta estimulado a seguir causando daño, dice Triana. "Los gobiernos no deben abonar la rabia contra los periodistas", advirtió. "Los periodistas no somos responsables de la violencia que ha padecido este país, y asesinarlos por ejercer su profesión, en un país que se presume democrático, es algo que no se puede permitir jamás".

Javier Garza —ex director de El Siglo, diario de Torreón, Coahuila de Zaragoza— y su redacción salieron bien librados de estos números del horror, salvo por algunos ataques y secuestros.  La muerte de Javier Valdez, dice, nos desmintió, a todos los que en algún momento pensamos que, en virtud de cierta prominencia o reconocimiento periodístico o social, estaban un poco más a salvo o blindados. Pensaban que los asesinos de cualquier pelaje no se iban a meter con un director editorial o un alto cargo de un medio de comunicación. Valdez fue uno de los periodistas mexicanos más reconocidos nacional e internacionalmente, pero es algo que no le importó a quién ordenó ese crimen. Con su muerte, el mensaje les llegó a sus colegas: nada los protegería de un sicario, ni siquiera su prestigio. Esa sensación de vulnerabilidad aumentó, y Garza se estaba engañando, reconoce.
Hay un sentimiento de soledad, de abandono entre los periodistas mexicanos. "Estamos completamente sometidos a nuestra propia imaginación, dispositivos y creatividad para poder sobrevivir porque nadie más nos va a ayudar", reconoce.

La primera amenaza contra El Siglo fue en el 2007. Y fue igual a como les ha pasado a decenas de periodistas en las zonas contraladas por el crimen organizado. Los reporteros fueron "citados" por los jefes de los Zetas, que controlaban la zona. Ellos les advirtieron que tuvieran mucho cuidado con lo que publicaban. Fue una primera llamada de atención por parte de los jefes criminales, y ellos tuvieron más cuidado en las coberturas. A la semana siguiente, en una conversación con el jefe militar de la zona, el alto mando preguntó a Garza sobre esa reunión y por qué no le había informado que los reporteros habían recibido esas amenazas. Y dio pelos y señales de la reunión: dónde había sido, quiénes habían ido, que se había conversado. Si ya sabe todo eso, para qué me pregunta, fue la respuesta del periodista. Si estuvieron en riesgo, me gustaría que ustedes tuvieran la confianza de que podamos compartir los riesgos que están enfrentando, se ofreció el oficial. La pregunta de Garza fue: si yo le hubiera dicho y después de la reunión yo le preguntaba si usted me daba la garantía de que yo voy a poder publicar lo que quisiéramos y que no nos va a pasar nada. No, pues eso sí que no, le respondió el militar. Y así supo el director de El Siglo que estaban completamente solos.

Reporteros, editores, fotógrafos y camarógrafos son simplemente eliminados por políticos y mafiosos de distintos grupos criminales en México.  Foto: Reuters

Temprano se les quitó la ilusión de que algún funcionario y miembro de la fuerza pública mexicana los iba a ayudar. Entonces, al reconocer ese escenario, armaron su propia red de seguridad basados en las relaciones con la comunidad de Torreón. Fue una de las medidas por las que han optado los periodistas de ese país. La desconfianza persistente entre los dueños de los medios y los reporteros es una de las causas por las cuales no se puede romper la maldición de la impunidad, dice Garza. "Los mismos jefes pueden llegar a convertirse en enemigos. Tan pernicioso como un criminal que amenaza, es un jefe que no te protege", dice Garza. Por ello han empezado a generar vínculos de solidaridad con muchos sectores, en el entendido de que están solos, y que se ven casos de alto perfil que son asesinados.

Como periodistas están formando redes cada vez más fuertes, cada vez más numerosas. Una de estas redes es la organización de reporteros Periodistas de a Pie. Fundada en el 2007 como una asociación para mejorar la capacitación, las buenas prácticas, sumó en el 2010 objetivos de defensa de la libertad de expresión y la autoprotección de periodistas ante la ola de asesinatos, sobre todo en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Fomentaron también una asociación entre medios independientes y alternativos con otras organizaciones.

Una de estas se llama Artículo 19, capítulo México. Adela Navarro Bello (Tijuana, 1968) es parte de su directorio consultivo y directora del semanario Zeta, de Tijuana. Ella asumió la dirección del semanario en el 2006, luego del asesinato de su confundador y de uno de sus editores. Fue la primera mujer en asumir esa responsabilidad editorial aunque trabajaba en la revista desde 1990. Su decisión fue continuar y profundizar las investigaciones de la redacción sobre crimen organizado, corrupción y violación de derechos humanos.

Multipremiada internacionalmente por la calidad de sus investigaciones y su coraje periodístico, Navarro Bello admite su frustración porque año tras año pasan señalando las mismas deficiencias para la protección del periodismo mexicano y el ejercicio de la libertad de expresión. Señala como la causa principal de esto la relación entre autoridades del gobierno y las estructuras criminales, en detrimento de la libertad de expresión, de la vida de los periodistas y del derecho de la sociedad a acceder a información. A los periodistas los matan en le Estados (mexicanos) porque la corrupción y la relación de las autoridades locales con los criminales lo permiten. "A los periodistas los matan porque exhiben a quienes están protegidos por el Estado mexicano, que pueden ser narcotraficantes, miembros del crimen organizado o funcionarios corruptos. A los periodistas los matan porque sus investigaciones revelan estas redes que perjudican a la sociedad", dice Navarro.

Los asesinatos de los periodistas de Baja California, Tijuana o otras ciudades, son por la labor que estaban realizando. A Francisco Xavier Ortiz Franco, editor de Zeta, lo asesinaron en 2004 frente a sus dos hijos, al salir de una terapia por una parálisis facial. Y lo asesinaron por haber publicado los rostros y los nombres de los nuevos integrantes del Cartel de Tijuana, que dirigía Arellano Félix.  Este es uno de los cárteles que por más tiempo, luego del Cártel de Sinaloa, ha subsistido dentro de la criminalidad, y varias investigaciones posteriores revelaron que los Arellano Félix gastaban un promedio de un millón de dólares al mes para sobornar a las autoridades como policías, jueces, fiscales, funcionarios... Francisco había obtenido en Estados Unidos un afiche del FBI en el cual constaban 68 personas. Él investigó quiénes era, y porqué una gran parte de ellos llevaban el mismo saco y corbata. Esto le llevó mucho tiempo. Por entonces no había facilidades digitales como ahora. Fue a punta de contactos humanos. Uno de sus hallazgos respecto al poster del FBI era que muchos llevaba igual vestimenta porque les habían tomado fotos el mismo día para darles credenciales de la Policía Judicial del Estado. A los miembros del cártel de Tijuana. Algunos nombres que aparecían en ese afiche eran una nueva camada de narcotraficantes eran las cabezas de las células del cártel de los Arellano Félix. El reportaje se publicó en Zeta y luego Francisco fue asesinado. Los tres asesinos materiales fueron posteriormente asesinados, por el propio cártel.  El editor fue asesinado a pocos pasos de la Procuraduría del Estado.

Una investigación de la propia redacción, porque las autoridades  no movieron un dedo, determinó que los autores intelectuales del crimen eran dos altos miembros del cártel. Estos fueron luego detenidos por autoridades estadounidenses. Durante el juicio en San Diego, EEUU, la fiscal, para hacer notar al juez el nivel de peligrosidad de estas personas, no solamente en el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos, dijo que esas dos personas eran las que habían ordenado el asesinato del periodista Francisco Ortiz. Pero eso no fue tomado en cuenta por la justicia mexicana. La última hoja que hay del expediente de ese asesinato es un escrito de la Procuraduría pasa el caso a otra entidad. Uno de los asesinos, que guarda prisión en Estados Unidos, será deportado en pocos años a México, donde por cierto no consta como autor de delito alguno. Esa protección, esa impunidad que les dan el Estado mexicano, las corporaciones policíacas, el Ministerio Público, los jueces, el gobierno local, les permite desarrollarse como estructura criminal, dice Navarro Bello. El semanario Zeta ha recibido más de ocho amenazas verificadas por parte del mismo cártel. Su redacción no ha dejado de publicar —en medio de un mar de autocensura y silenciamiento por la vía del terror a muchos periodistas— sobre los cárteles y su relación colusoria con las autoridades llamadas a reprimirlos. Sin embargo, han optado porque los periodistas no firmen sus notas. "No podemos los periodistas mirar a otro lado si es que el gobierno lo hace; nuestro compromiso es investigar y publicar sobre el crimen que hace daño a la sociedad; no vamos a dejar de hacerlo", dice la directora del semanario Zeta.

  OPINIÓN  

Carlos Lauría: "He perdido amigos queridos"

Este es un problema que en el análisis y el contexto, en las trabas y dificultades para abordar esta crisis, que no es una crisis de libertad de prensa en México; es una crisis profunda de libertad de expresión. Se va desarrollando en los últimos 15 años, primero en una situación de violencia creciente en la frontera de México con Estados Unidos, en el intento del narcotráfico para pasar la droga a Estados Unidos. Y esto repercutió hacia la prensa que estaba informando y denunciando sobre organizaciones del crimen organizado. Y estas denuncias tienen consecuencias nefastas porque empiezan a apilarse de una serie de casos de asesinatos de periodistas, sobre todo en la frontera norte, que no tienen resolución. Y no la tiene porque los Estados están profundamente penetrados por el crimen organizado y ninguno de los encargados en impartir justicia no tienen interés en hacerlo porque están directamente involucrados.

Después llega Felipe Calderón en el 2006, y sin estrategia decide sacar a las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico. Sin ningún tipo de plan, solamente saca al ejército, y esto dispara la violencia, provoca una serie de abusos por parte de las fuerzas federales y lo único que hizo fue empeorar el panorama. Esto porque se da un combate franco entre grupos y sucede al tiempo en que los cárteles colombianos pierden poder y los mexicanos se vuleven corporaciones criminales muy poderosas y obviamente se da una espiral de violencia y termina con decenas de periodistas asesinados, periodistas desaparecidos, que se los tragó la tierra.

Esta situación también evidencia un sistema de justicia sobrecargado por miles de casos de asesinatos y ejecuciones cuyo número solo es comparable con un país en guerra. Y es un sistema de justicia sobre cargado y disfuncional que consagra la impunidad, que es superior al 95% en los asesinatos de periodistas.

Digo que hay una grave crisis de libertad de expresión y no solo de libertad de prensa, porque el periodismo es muy importante para la democracia y el rol que cumple es el de informar con libertad sobre los temas que afectan a todos los mexicanos. Pero lo que está ocurriendo con la violencia es que los mexicanos en general no pueden ejercer su derecho de la libertad de informarse ni a la de expresarse. Esa imposibilidad produce, por un lado, la limitación para debatir y discutir los temas centrales que afectan a la sociedad; la discusión sin restricciones en los temas de interés público es una de las piedras angulares del sistema democrático. Esto daña la democracia.

El caso de México es una de las situaciones más difíciles que me ha tocado vivir. He perdido a amigos queridos. El asesinato de Javier Valdés, un escritor que daba cuenta sobre las historias humanas detrás de la violencia, me tocó muy de cerca. Es una de las situaciones más difíciles que atraviesa el periodismo a escala mundial. La experiencia de violencia, corrupción e impunidad que ha vivido México en estos años ha sido la más nefasta.

*Director del Programa de Periodismo Independiente de Open Society, en el área de libertad de expresión y seguridad de periodistas. Ex presidente del Comité de Protección de Periodistas, CPJ. Actualmente vive en Londres.