Cuando el operativo policial y militar desalojó la “ciudad de plástico” (Buenos Aires, provincia de Imabura), aquellas cumbres de las montañas conocidas como Mina Vieja, Mina Nueva y Los Olivos, quienes analizamos el fenómeno social de la minería ilegal, constatamos que apenas se resolvía el problema de seguridad nacional —que significaba la presencia de elementos armados irregulares en la zona— la minería ilegal, como estructura de corrupción, fue premiada con el galardón preferido de los políticos: la impunidad.

Fueron públicas las condiciones infrahumanas de explotación de la minería ilegal a miles de nacionales y extranjeros. Ese mar de desarrapados, que angustiados por el hambre se prestaron para el cometimiento del delito tipificado como minería ilegal.

Al día siguiente del operativo de julio del 2019, entrevistamos a  algunos venezolanos en el terminal terrestre de Ibarra, que fueron parte de la minería ilegal y otros delitos conexos. Quienes afirmaron que lo poco que tuvieron, les había sido incautado: dinero, celulares y algunas platinas de oro.

En el 2020, durante la cuarentena, la minería ilegal se reactivó en Buenos Aires. Las noticias reportaron que los custodios de las miles de sacas de material mineralizado, y algunas “chocolatinas” de oro ya procesado en las montañas, galerías y escondrijos que los ilegales habían dispersado —cuando supieron del operativo— había “torcido” a más de un uniformado.

Prensa Minera entrevistó en febrero del 2020 a Yolanda Ortiz, madre de un joven de nacionalidad awa, Guido Patrocinio, quien trabajaba en la minería ilegal de Buenos Aires,  al que había retenido por la policía, para después desaparecer por completo. Todos en la zona, confirmaban: la minería ilegal en Buenos Aires, se reactivó. Lo decían con expectativa, más que con estupor.

En julio del 2020, la denominada Junta de Propietarios de Buenos Aires. Solicitó al gobierno nacional les concesione “para pequeña minería” las zonas que estaban siendo custodiadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, exactamente las montañas donde operaron en sus tiempos dorados, con la minería ilegal. 

El gobierno dejó pasar varios meses a que el crimen organizado se apropiara de la mina de Buenos Aires, para luego ordenar el desalojo.

Las Imbas I, II, II, IV, V y Amadores, como se denominan esas áreas mineras, ya habían sido concesionadas en el 2017 a la empresa australiana Hanrine. El gobierno a través del jefe zonal de Minas, Mauricio Almeida, en una carta con razones técnicas y fundamento jurídico negó dichas pretensiones de los pobladores de Buenos Aires.

En cuestión de semanas, los dirigentes de la Junta de Propietarios de Buenos Aires,  que solicitaban ser mineros, se volvieron antimineros extremistas. A su tiempo fueron parte del engranaje ilegal y prestaron sus bienes inmuebles como “embajadas” de los mineros legales. Y administraban “la cadena” esa suerte de peaje, establecido por un ciudadano de Buenos Aires, Ruperto el de la Cadena, quien contrataba para trabajar en su "aduana” a menores de edad (otro delito, trabajo forzado infantil),  y que cobraba en nombre de “obras para la comunidad” una tasa de 5 dólares (la base), a todos los vehículos que entraban y salían hacia “la mina”.

Varios mineros ilegales se reciclaron en antimineros. De los que en una demostración de terrorismo  incendiaron implementos, vehículos y campamentos de la empresa  minera. Y que, violando los derechos humanos elementales impiden a sus conciudadanos —de los que simpatizan con la minería— vender la leche, que es la base económica de la zona. E incluso deciden quien puede entrar o no a “su parroquia”. El operativo  Nuevo Amanecer  de julio  del 2019, solo resolvió el problema de la seguridad nacional. Era cuestión de tiempo que la minería ilegal se reactive en Buenos Aires.

Durante la cuarentena, las fuerzas de seguridad del Estado debieron atender la mortandad en las grandes ciudades, la estulticia ciudadana y los negociados en el área pública de salud. Esta concentración inusual de policía y ejército en la emergencia sanitaria permitió que la minería ilegal  aproveche esa coyuntura y se desate: en Zaruma los sableros, en Esmeraldas las playeras, y en la zona de Buenos Aires, los de siempre.

El 2021 empieza con un rebrote de la minería ilegal, con un factor adicional a la pandemia: la campaña electoral. Esta construye una realidad inusual: por primera vez los candidatos deberán contestar al Ecuador qué harán o qué dejarán de hacer con la minería ilegal y con otras variables menores, como la existencia de las “trochas” pasos clandestinos para el ingreso de extranjeros sin ningún control migratorio y menos sanitario. Pasos que funcionan a vista y paciencia, quizá incluso con alta rentabilidad para las autoridades fronterizas. Convirtiéndose en otro factor más pata el aumento de integrantes de la minería ilegal.

Es evidente que dichas omisiones a la seguridad nacional, permitiendo la entrada y salida ilegal al territorio nacional, son parte de una orquestada política a favor de la minería ilegal. Esos seres humanos desesperados están dispuestos a cualquier trabajo o delito. El hambre es más fuerte que el miedo.

Extrañamente, en lugar de fortalecer las entidades de combate a la minería ilegal como la policía minera y la ex ARCOM, ahora están sin recursos ni personal suficiente.

Esto indica que estos seis meses últimos de gobierno, ajetreados por una campaña electoral que promete ser agresiva, desleal y sin escrúpulos, será el ambiente en el que la minería ilegal opere con mayor impunidad, y sobre todo reinvertir sus ganancias en algo más rentable que el oro ilegal: los candidatos y la política.

Los 20 millones de dólares se evaporaron

Ya nadie se pregunta qué pasó con todo el dinero que la minería ilegal de Buenos Aires nos robó a todos los ecuatorianos, puesto que el recurso del subsuelo nacional es del estado, es decir —al menos en teoría— de todos los ecuatorianos.

¿Tienen algún resultado las autoridades financieras que investigan —o deberían— el enriquecimiento ilícito?  El SRI, tan exacto para notificar a los profesionales de los retrasos por declaraciones mensuales, ¿puede presentar un informe de los ingresos de las autoridades de Imbabura, en los tiempos de la minería ilegal, de quienes vieron centuplicar sus cuentas, de manera “casual” entre el 2017 y el 2019?

Los testimonios que obtuvimos de los transportistas que llevaban el material hasta el sur del Ecuador aseguraban que cada uno de ellos llevaba 50.000 dólares para “aceitar” la ruta en 11 provincias. Si eso llevaban los choferes ¿cuánto “facturaban” las autoridades provinciales y acaso nacionales por permitir que caravanas de 80 a 100 camiones diarios, durante al menos 500 días, atraviesen el Ecuador, sin que no se haya incautado ni el 10%?

En julio del 2020, gracias a la invitación de la autoridad minera, asistimos al cierre del traslado del material, desde las cumbres de Mina Vieja, Mina Nueva y los Olivos. Constatamos, con sorpresa, que el tamaño y peso de las sacas era menor al que cargaban los ilegales.  Las 14.000 sacas de material mineralizado recuperadas, según la autoridad minera, aun duermen en las bodegas de ENAMI en Ibarra.

Las ofertas por compras públicas han sido varias y se han caído algunas veces. Lo cual ha sido preferible, ya que uno de los postulantes fue precisamente uno de los que había comprado una parte del material ilegal de Buenos Aires, conocido en el mundo minero como Pajarito. El proceso en compras públicas tuvo que ser dado de baja cuatro veces —por esas coincidencias que el personal burocrático no descubría o al menos la autoridad minera de ese tiempo— y así se impedía que se sorprenda al Estado otorgando ese material a personas vinculadas a la  minería ilegal.

El sector minero en esta fase terminal del gobierno, soporta una extraña inercia. Sus autoridades mineras (encargadas), no informan al país que va a suceder con esas 14.000 sacas de material, que según las autoridades reposan en las bodegas de ENAMI, en Ibarra a la espera de que alguna Planta de Beneficio acepte refinarlas para extraer el oro, que después de casi dos años de operativo, ya habrá sido cambiado por sacas de rocas sin valor alguno, por obra y gracia de la corrupción.

Hasta enero del 2021, el Ecuador a más de no recibir, ni un solo dólar por todo el material que durante casi dos años se extrajo de Buenos Aires, ni siquiera tiene el consuelo moral de que ha sentenciado a alguien por enriquecimiento ilícito, omisión de funciones o asociación ilícita para delinquir. En medio de esta crisis económica “tapiñada” con más deuda, tampoco recibe nada del material incautado.

¿Hasta cuándo van a refinar el material embodegado, o se va a esperar que esas sacas de material desaparezcan?  Seguramente, ya aparecerá el “informe técnico” según el cual, no era tan rentable el material de Buenos Aires. Y así vendernos el sofisma de que esos dos años de contubernio entre la corrupción pública, y las mafias de la minería ilegal  no pudo haber producido los millones de dólares que produjo.

Buenos aires, la "ciudad de plástico", un gigantesco asentamiento minero que llegó a tener unas 8000 personas en trabajos de minería ilegal.

La minería ilegal es un fenómeno nacional

Es necesario establecer que en el Ecuador existen mineros artesanales que cumplen sus faenas con las limitaciones propias de sus condiciones económicas, en su mayoría finqueros, colonos e  incluso indígenas que tienen en esta actividad de subsistencia —reconocida y protegida por las leyes nacionales— que no son parte de la minería ilegal y que operan con pequeñas dragas o batean a lo largo de los ríos en las zonas rurales del Ecuador.

Una de  las estrategias discursivas de la minería ilegal es la de mixturarse con la minería artesanal, y reclamar al unísono concesiones mineras, a través de asociaciones. De esta estratagema, se ha hecho eco un candidato que, dueño de una teatralidad sin decoro, ha afirmado que “otorgará concesiones a todos quienes deseen una”.

Esa declaración es el mejor favor a la minería ilegal. El escenario perfecto para el ejercicio de la minería ilegal. Todo para todos, como sea y donde sea. Esa es una premisa de la minería ilegal. La otra premisa es la negación de la posibilidad de la minería responsable. Toda actividad humana genera impacto ecológico y la minería no es ni será la excepción; pero de ahí a negar el derecho a un Estado de explotar de manera racional sus recursos naturales, y fomentar una suerte de “balcanización” del Estado nacional, estableciendo zonas donde la policía ni la fiscalía pueden ingresar (Molleturo, Buenos Aires), y otras donde los “parroquianos” deciden quien puede circular por las vías (Pacto, Gualel y otros), responde a una lógica ideológica extrema, que tiene un objetivo: llegar al poder político, a través del control del territorio.

Las dos versiones demagógicas tiene el mismo efecto: restar legitimidad a la minería legal. Y tienen un objetivo captar votos. Que no son pocos… Si la pequeña minería nacional significa alrededor de unos 30.000 puestos de trabajo estables directos e indirectos, y un encadenamiento productivo en varios cantones del Ecuador, se puede calcular que la minería ilegal significa al menos un caudal electoral de al menos 10 veces esa cantidad, que multiplicado por los familiares, en capacidad de sufragar por cada minero ilegal, significan cientos de miles de votantes que pocos políticos tendrán la responsabilidad necesaria para no considerarlos en sus cálculos.

El romance entre la minería ilegal y los políticos

La historia de ese romance entre la minería ilegal y los políticos ni es reciente, ni es fugaz. Yaku Pérez recibió a la dirigencia de la minería ilegal en agosto del 2018 en sus oficinas de la Ecuarunari en Quito. Otros esperan recibir los favores económicos de la minería ilegal asumiendo sus discursos. Y otros prestaron sus listas para candidatizar a los ilegales.

¿Quién asumirá las consecuencias de este funesto maridaje de la minería ilegal en la política? ¿Quién responde por la contaminación que genera la minería ilegal? ¿Es posible recuperar el tejido social de localidades que terminan siendo víctimas de una burbuja económica golondrina? ¿Permitirá la sociedad ecuatoriana que la minería ilegal sea el escenario donde mejor y más rápido se lava el dinero negro en el que confluyen delitos como la prostitución y trata de personas, la esclavitud sexual, el trabajo infantil, la explotación a discapacitados y tercera edad, el tráfico de estupefacientes, armas y substancias prohibidas como el mercurio y el cianuro?

Todo gracias a la corrupción en las entidades control del territorio, de control financiero, y control minero, y a la impunidad con la que la justicia ha premiado a los grandes bagres de la minería ilegal.

Se ha anunciado en algunos medios de comunicación masiva que los ilegales retornarán a Buenos Aires. Retornarán o saldrán a la luz pública, es la pregunta exacta. Nunca se fueron, pues el operativo del 2019 resolvió el aspecto de la seguridad nacional, pero la minería ilegal como estructura quedó intacta. Y ahora tiene objetivos políticos…

*Franklin Soria es documentalista e investigador. Director de Agencia de Prensa Minera www.prensaminera.org. Ha producido varios documentales sobre temas mineros:
El oro volador, 2018. El oculto de los antimineros, 2018. La herencia de los ilegales, 2018. El río plomo, 2019. Mineria en Portovelo, 2019 y varios cortos sobre la situación de la mina en Buenos Aires, en el 2020.