Varias mejoras sustanciales en el clima de libertad de expresión en el país, pero la necesidad de reformas legales profundas y de meidas concretas. En eso se pueden resumir las recomendaciones que el relator de libertad de expresión, David Kane, formuló sobre su visita al país, que tuvo lugar en octubre de 2018. En un documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con fecha 14 de mayo,  Kyle destacó los avances en la libertad de expresión en el país, sobre las que reconoce un aporte importante del Gobierno de Lenin Moreno. 

En efecto, en el informe se establece que en el país hay "un cambio progresivo y sustancial de la situación de la libertad de expresión", pero hacen una serie de recomendaciones sobre la necesidad de modificaciones jurídicas. 

Uno de los cuerpos legales que llamó la atención es la Ley Orgánica de Comunicación, sobre la que los relatores piden a las autoridades que "garanticen la interpretación y aplicación de las disposiciones sobre los derechos de rectificación y de respuesta de los artículos 23 y 24 de la Ley reformada, de conformidad con el derecho a la libertad de expresión, a fin de evitar la censura indirecta o la intimidación de los medios de comunicación". 

Para la ONU, es necesario revisar la norma que establece "requisitos de titulación obligatoria para el ejercicio del periodismo". Ambas cuestiones fueron mantenidas de la ley original del correato durante las reformas que propició el Gobierno de Moreno, y se consideran violatorias de estándares internacionales. 

Los relatores analizaron también el  Código Penal, y recomiendan que se despenalicen los delitos contra el honor y la reputación y "los transformen en infracciones civiles, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas en la materia". En el país, los delitos contra la honra siguen siendo castigados con cárcel.  Los relatores se refieren a los artículos 182 y 396 del Código Penal, que "permiten la imposición de sanciones penales en relación con las expresiones que atenten contra el honor y el buen nombre de una persona". 

Otras normas cuestionadas son los artículos 307 y 322 del Código Penal, "que prevén penas de cinco a siete años de privación de libertad para quien difunda noticias falsas que den lugar a una situación de pánico económico o financiero, conceptos estos vagamente definidos en el Código Penal".

Reparación e indemnizaciones para periodistas perseguidos

En el ámbito de la promoción de un periodismo independiente, los relatores de la ONU pidieron a las autoridades que "acaben con la mentalidad de que se puede actuar con impunidad contra los periodistas.

Para empezar, los periodistas que han sufrido ataques deberían tener acceso a alguna forma de reparación, ya sea moral o en forma de indemnización", al tiempo que llamaron a que  "promuevan el periodismo y los propósitos de una prensa libre en una sociedad democrática para que los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo libres de influencias indebidas por las presiones gubernamentales y de otro tipo". Los relatores pidieron a las autoridades ecuatorianas que "refuercen el marco jurídico para garantizar eficazmente el derecho de los periodistas y los medios de comunicación a proteger sus fuentes y garantizar que toda restricción se ajuste a los criterios más estrictos de conformidad con las normas internacionales pertinentes; y garanticen que los periodistas puedan utilizar las herramientas necesarias para mantener la confidencialidad de sus fuentes, incluidos los programas de encriptación y los programas de Internet que aseguran el anonimato".

Pidieron también que "promuevan entre la población un entorno de respeto del trabajo periodístico", así como llamaron a los propietarios de los medios de comunicación a "mejorar los niveles de vida y los medios de protección social de las personas que ejercen la profesión periodística". 

Los relatores abogaron por el "establecimiento de un código de ética periodística y un mecanismo de autorregulación. Los periodistas y los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de garantizar que su información sea de calidad y esté basada en los principios de rigor, independencia e imparcialidad".

Sobre la seguridad de los periodistas, lo relatores llamaron a las autoridades ecuatorianas a que "recopilen y publiquen datos detallados y desglosados sobre los incidentes de violencia contra periodistas", así como a que "denuncien claramente las amenazas y la violencia contra los periodistas y sigan reconociendo la legitimidad y el valor del trabajo de todos ellos". 

La ONU pidió a los funcionarios que "se abstengan de vigilar, incluso digitalmente, a los medios de comunicación o a los periodistas, salvo en las circunstancias más extremas, siempre que se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad. Los periodistas que hayan sido sometidos a vigilancia en el pasado deben ser alertados y los expedientes que les conciernan deben ser puestos a su disposición si así lo solicitan".

En el apartado de protección y la rendición de cuentas, los relatores especiales de la ONU llamaron a los funcionarios ecuatorianos que "investiguen los delitos contra los periodistas de manera completa, efectiva e imparcial", así como a que "pongan en marcha el comité interinstitucional para la protección de los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, que debería incluir a interesados tales como periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y familiares de las víctimas". 

Sobre el pluralismo y diversidad en las comunicaciones, la ONU  pidió a las autoridades que "velen por que la adjudicación y renovación de las licencias de radio y televisión esté orientada por criterios democráticos y procedimientos preestablecidos, públicos y transparentes, que sirvan de freno a la posible arbitrariedad del Estado y garanticen condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas y sectores interesados". También se pronunciaron sobre la radio comunitaria, en donde se pidió que se "refuerce la aplicación de la legislación para promover la radio comunitaria y garantizar que el espacio del espectro radioeléctrico queda reservado para los medios de comunicación comunitarios". 

En cuanto a la radio y la televisión públicas,  se pidió que "se fomente el desarrollo de los medios de comunicación públicos, lo que finalmente dará paso a una entidad pública de radiodifusión y televisión
independiente y accesible a todo el pueblo ecuatoriano". "Un sistema de medios de comunicación diverso y plural debe incluir una radio y una televisión públicas con suficientes recursos económicos y humanos de modo que no cierren debido a la falta de esos recursos", agregó el informe. 

Sobre el acceso a la información, los relatores piden que se promueva  "una cultura de transparencia, rendición de cuentas y facilitación del acceso público a la información e instruyan en consecuencia a los funcionarios públicos sobre la necesidad de atender las solicitudes de información". 

El acceso a la Internet

La ONU comentó también sobre la protección de la libertad de expresión en Internet, por lo que pidieron que se ordene "una investigación sobre la adquisición y el uso de programas maliciosos para vigilar a periodistas y defensores de los derechos humanos durante el Gobierno anterior". En ese mismo ámbito, pidieron "ampliar la cobertura de Internet, en particular en las zonas rurales, para que todos los miembros de la sociedad ecuatoriana tengan acceso a Internet y puedan ejercer plenamente sus derechos". 

La ONU llamó a una política más activa en la protección de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos, con medidas como "reforzar una democracia inclusiva que garantice un espacio libre de amenazas para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos". 

Sobre las protestas sociales y  las manifestaciones, los relatores pidieron que se prevengan, investiguen y sancionen de manera adecuada y efectiva el uso innecesario y excesivo de la fuerza por los agentes del orden, mostrando mayor rigor cuando se haya ejercido contra grupos vulnerables y teniendo en cuenta la discriminación histórica de que han sido objeto por motivos de etnia, raza, sexo u
orientación sexual". 

Finalmente, los relatores de la ONU llamaron al "reconocimiento, a través de declaraciones públicas de los más altos dignatarios del Gobierno, de la legitimidad y el valor del trabajo de los periodistas y el repudio en todo momento de los delitos cometidos contra ellos",  así como "establecer un proceso de revisión de la aplicación de sanciones por la Superintendencia de la Información y Comunicación".

La ONU propone también "la promulgación de una ley de amnistía para los profesionales de los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos y los dirigentes políticos que hayan sido objeto de persecución por las autoridades",  así como "la puesta en marcha de procesos de memoria y verdad destinados a garantizar que las víctimas de acciones penales resultantes del ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión conozcan la verdad de lo sucedido, incluido el papel de los diversos órganos judiciales que intervinieron en sus respectivas causas", finaliza el informe de David Kane.