Back to top
21 de Junio del 2021
Historias
Lectura: 18 minutos
21 de Junio del 2021
Redacción Plan V
La población migrante LGBTI se enfrenta a más discriminación y explotación
0

Yenni (izquierda) y Patricia durante uno de sus recorridos en la Plaza Grande de Quito. La pareja vende gelatinas y cigarrillos para sobrevivir. Han sido insultadas por la Policía y han sido víctimas de estafas y malos pagos en sus empleos. Fotos: Luis Argüello / PlanV

 

Las personas LGBTI venezolanas aseguran haber sufrido violencia y abusos por parte de sus empleadores, y discriminación durante su proceso de regularización. Las dificultades que tienen para acceder a una visa limitan sus opciones laborales. Pero cuando lo logran, hay casos en los que son despedidos porque las empresas prefieren contratar indocumentados. En Ecuador, solo el 6% de los y las venezolanas regularizadas tienen un contrato laboral.

El arribo y la explotación

Diagnóstico de la situación y las necesidades de la población LGBTI venezolanas, publicado por Diálogo Diverso en 2020.

Patricia Conquista viajó a Ecuador por la violencia que existe en su país. Mataron a su primo delante de ella y a raíz de ese hecho salió de Caracas. Yenni Epieyuu, en cambio, prefirió emigrar pues hasta el servicio de transporte casi no funcionaba. Ambas son pareja y viajaron juntas primero a Colombia y luego a Ecuador. “Llegamos como a la nada”, dice Patricia al referirse que no tenían conocidos que las recibieran en Quito en agosto de 2019. Fueron parte de la tercera ola migratoria de migrantes venezolanos al Ecuador, afectados por las crisis económica y humanitaria, la falta de trabajo y la violencia generalizada en su país. Miles llegaron caminando. 

No fue el caso de Patricia y Yenni, quienes hicieron el trayecto en bus. Pero no tuvieron apoyos al desembarcar en Quito. Fue por eso que se aventuraron en la primera oportunidad que se les presentó. Un joven que estuvo con ellas en el viaje les dijo que en Ambato posiblemente había trabajo. Se trasladaron, pero nuevamente se quedaron solas. “Nos dejó botadas, agarró un taxi y se fue”.

Ambas recurrieron a un familiar en Chile para que buscara, por internet, un refugio de nuevo en la capital. Supieron del albergue San Juan de Dios, ubicado en el Centro Histórico, volvieron a Quito y allí se quedaron. “Me tocó pedir en la plaza y con eso compré galletas y chocolates y eso fui a vender”, narra Yenni, quien no ha dejado las ventas ambulantes desde que llegó a la ciudad.

Patricia sí logró conseguir un trabajo. A los cinco meses de su llegada, una panadería la contrató. “Yo sentí que no me pagaban lo justo porque trabajaba en las noches. Solo recibía 8.50 dólares como ayudante de panadería. También debía repartir los panes en su camioneta, debía subirlos y bajarlos”. Con un sueldo que apenas llegaba a la mitad del salario básico, Patricia se mantuvo en ese oficio por sus necesidades. Pero a los pocos meses empezó la pandemia y la dueña del local despidió a sus trabajadores. Patricia volvió a las ventas ambulantes junto con Yenni.

“Me tocó pedir en la plaza y con eso compré galletas y chocolates y eso fui a vender”, narra Yenni, quien no ha dejado las ventas ambulantes desde que llegó a la ciudad.

En Ecuador, una persona migrante y LGBTI puede sufrir más discriminación al buscar trabajo y enfrentarse a opciones laborales limitadas y precarias. En una encuesta, en 2020, que realizó la organización Diálogo Diverso a 233 personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales de nacionalidad venezolana, el 51% no pudo acceder a un empleo, un 44% sí lo logró y un 5% dijo que tal vez sí. De ese grupo, la población trans fue la que menos pudo acceder a plazas laborales, seguida por la población lesbiana y bisexual. La encuesta se hizo con participantes en Manta, Guayaquil, Ibarra, Tulcán, Cuenca y Quito.

Alexander Ruiz, de 30 años, es de Mérida y parte del grupo de migrantes venezolanos, sobre todo profesionales, que llegaron más temprano al país. Es comunicador social, especializado en publicidad y marketing. Llegó el 30 de septiembre de 2017. Salió de su país porque no tenía tiempo para hacer filas por varias horas para conseguir comida. La inflación asfixiante fue otro de los motivos. Un amigo lo recibió en Quito. Su primer trabajo fue en una agencia recién inaugurada. Alexander aún no estaba regularizado y su sueldo fue menos de un salario básico. A los tres meses pudo reunir los 250 dólares que necesitaba para pagar la visa Unasur. Pero esa legalización en lugar de asegurarle su plaza de trabajo, le fue un obstáculo. La agencia decidió prescindir de él porque aquello le implicaba darle un contrato de trabajo y enrollarlo al IESS.


Alexander Ruiz es un profesional venezolano que ha sido discrimado por su nacionalidad. Pero también ha logrado crecer en su carrera, pese a las dificultades laborales. Hoy tiene su propia agencia digital. 

En la misma encuesta, el 83% de las personas LGBTI dijo no tener seguridad social ni los beneficios de ley, aunque son obligatorios para los empleadores. En el 2020, solo 10.322 personas de nacionalidad venezolana tenían un contrato, según los datos del Ministerio de Trabajo enviados a PlanV.  Es decir, solo el 6% de 170.123 venezolanos regularizados entre 2018 y lo que va del 2021 accedieron a una situación laboral estable con los correspondientes beneficios de ley.

Varios empleadores/as “utilizan la nacionalidad y las condiciones de vulnerabilidad para no brindar empleo de calidad y dignos”, afirmó Diálogo Diverso en su publicación. En el mismo estudio, el 24% reportó que sufrió discriminación, exclusión y violencia en el acceso a servicios y al empleo.

La discriminación y los maltratos

En octubre de 2019, Patricia y Yenni vivieron sus peores días en Ecuador. Pasaron tres días en la calle con la ropa sucia. La dueña de la casa donde arrendaban les prohibió lavar la ropa o cambiarse hasta que pagaran el arriendo. Por el paro nacional de ese mes, ellas no pudieron trabajar en el Centro Histórico por la falta de transporte. Sobrevivieron esos días con las donaciones de comida que les hizo una fundación. También recibieron un dinero con el que pudieron completar el dinero para el arriendo. En la pandemia y en la cuarenta, las presiones aumentaron. La misma señora les quitó el cilindro de gas por las cuotas atrasadas. Además la pareja descubrió que les estaba cobrando demás. “Me sentí estafada”, cuenta Patricia. En su búsqueda por un nuevo cuarto recibieron insultos por ser lesbianas y por ser venezolanas.

La discriminación no solo ocurre en las calles sino también en las oficinas. Alexander trabajó también en una operadora telefónica para la atención por redes sociales. Fue seleccionado como líder de ese equipo. Pero notó que el trato hacia él y a sus connacionales era discriminatorio. “Trabajan, ustedes son robots, a mí no me importa si se te muere tu mamá”. Con esas palabras describe el comportamiento de los jefes de esa área. A los seis meses lo despidieron y dos guardias le acompañaron hasta su puesto de trabajo para que retire solo sus pertenencias. “Fue humillante”, dice.

La dueña de la casa donde arrendaban les prohibió lavar la ropa o cambiarse hasta que pagaran el arriendo. Por el paro nacional de ese mes, ellas no pudieron trabajar en el Centro Histórico por la falta de transporte.

En enero de 2019, el asesinato de Diana Carolina Ramírez en Ibarra afectó su búsqueda laboral. Ella fue apuñalada por un hombre de nacionalidad venezolana frente a decenas de personas y de miembros de la policía. Ese hecho, considera Alexander, estigmatizó más a sus connacionales. “Cuando escuchaban mi tono de voz y me preguntaban si era venezolano, la actitud se tornaba extraña y la entrevista termina con un ‘nosotros te llamamos luego’”. En ese época, cada día atendió una entrevista diferente sin ningún resultado.  “Me cerraron las puertas porque simplemente era venezolano”. 

Más adelante, este joven fue contratado como coordinador de comunicación y marketing en otra empresa. “El cargo y el trabajo era ese, pero el sueldo no era ese. Por tener la necesidad de trabajar me pagaban mucho menos que un salario básico”. En una ocasión, Alexander se enfermó y faltó una semana, que le fue descontada de su sueldo porque trabajaba bajo la modalidad de servicios profesionales. Es decir, solo facturaba. Otro día trabajó hasta las 02:30 de la madrugada porque al siguiente día había un evento. “Eran las 23:00 y no habíamos probado ni agua”. Ni él ni sus compañeras venezolanas tuvieron transporte para irse a sus casas, ni recibieron un pago por estas horas extras. Decidió dejar ese empleo tras negarse a cumplir otro horario distinto para el que fue contratado. “Lárgate, eres un malagradecido”, le dijeron cuando renunció. “Pero esto no es trabajo, es esclavitud”, les respondió.

Los riegos de la calle

La calle es un lugar cruel para las personas LGBTI y migrantes. Patricia y Yenni han recibido insultos de la misma policía mientras venden sus productos en la Plaza Grande. La Policía Metropolitana dispersa a los vendedores cuando estos se quedan en un solo lugar. “Si no quieres caminar rápido, vete para tu país, las cosas se hacen como yo diga”, les dijo uno en una ocasión. No les permiten estar paradas con la mercancía en ese sector, lugar donde está el Palacio de Carondelet. Las han amenazado con regresarlas a su país.

La informalidad es la principal opción laboral para este grupo. En la encuesta de 2020, Diálogo Diverso reveló que el 44% de las personas LGBTI de nacionalidad venezolana encuestadas trabajaban de esa manera. El 39% dijo tener un empleo formal y el 17% afirmó laborar por horas. Es decir, seis de cada 10 de estas personas accedió a un empleo en condiciones no adecuadas, refiere la investigación.

A esa precariedad se suman otros riesgos. Un día, un hombre ecuatoriano se hizo amigo de Patricia. Le ofreció un trabajo y citó en una casa. Al llegar, Patricia se dio cuenta que la habían llevado para un lugar de prostitución. Se encontró con varias venezolanas. “Había mujeres que sí estaban por su voluntad, pero otras no querían”. Ella ahora aconseja a sus connacionales que no se confíen de extraños, que pregunten bien la dirección de las ofertas y no ir solas. “Dicen que las venezolanas venimos a estos países para prostituirnos. Creen que es porque uno quiere, pero muchas tienen sus hijos y lo hacen por desesperación y no les queda opción”.

La informalidad es la principal opción laboral para este grupo. En la encuesta de 2020, Diálogo Diverso reveló que el 44% de las personas LGBTI de nacionalidad venezolana encuestadas trabajaban de esa manera.

Esa desesperación les llegó a esta pareja después de la cuarentena. Una de ellas tuvo que pasar con un hombre porque ya no tenían dinero para cubrir esas necesidades. “Si no tienes con qué pagar el arriendo, ¿qué más te toca? Pues vender cuerpo”, dice Yenni.

De acuerdo al estudio de 2020, “muchas personas LGBTI intercambian sexo por sobrevivencia, a cambio de alimentación, por el pago de renta, una vivienda o a cambio de dinero que envían a sus familias en Venezuela”. En las entrevistas que Diálogo Diverso hizo a esta comunidad se recogieron testimonios acerca de que la falta de oportunidad orilla a esta población a la prostitución. En esos diálogos, “la mayoría de hombres gais y trans femeninas que participaron en los grupos focales refieren haber ejercido el trabajo sexual y/o prostitución como mecanismo de sobrevivencia al no poder acceder a un empleo”, dice el informe.

La regularización, una necesidad 

Alexander, quien llegó en el 2017, tuvo la oportunidad de regularse pronto y obtener la visa Unasur. Pero incluso los venezolanos que están legales tienen dificultades para conseguir un empleo. Los empleadores, afirma, solicitan documentos como un título universitario registrado en Ecuador. Pero para ese trámite se requiere de documentos que son de difícil acceso en su país. La falta de regularización es la mayor traba para los extranjeros que buscan mejores días en Ecuador.

La Cancillería informó a PlanV, mediante correo electrónico, que el número de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que permanecen en territorio ecuatoriano es de 355.857, al 30 de abril del 2021, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Gobierno, que considera el ingreso por puntos fronterizos regulares. Entre enero de 2018 al 9 de junio de 2021, se han regularizado 170.123 ciudadanos venezolanos, sea a través de visas de visitante temporal (turistas), residencia temporal o residencia permanente.

Pero de acuerdo a estimaciones no oficiales, a abril de 2021, habría 433.000 venezolanos y venezolanas que permanecen en el Ecuador de manera regular e irregular, según un estudio del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes de las Naciones Unidas (GTRM).  Esto implicaría que 77.143 personas de ese país habrían ingresado irregularmente al Ecuador, a través de pasos no autorizados.

Sobre el tipo de visas, la Cancillería informó las siguientes cifras: 81.149 accedió a una visa Unasur entre 2018 y el 9 de junio pasado; 24.948 personas de nacionalidad venezolana tienen visas de protección internacional, refugio y apátrida emitidas desde el 1 de enero del 2012 al pasado 9 de junio; 56.052 tienen visas VERHU(Residencia Temporal de Excepción por Razones Humanitarias) y las obtuvieron entre agosto de 2019 hasta el 8 de marzo de 2021. Mientras que entre el período 2018 al 9 de junio de 2021, el Gobierno ha otorgado 424 visas temporales de trabajo a ciudadanos venezolanos.

Pero incluso los venezolanos que están legales tienen dificultades para conseguir un empleo. Los empleadores solicitan documentos como un título universitario registrado en Ecuador.

Pero hay migrantes que se han quedado en el limbo. Es el caso de Patricia y Yenni, quienes son parte del grupo de migrantes de Venezuela que se quedaron sin opciones de regularización. Ellas aspiraban a una visa VERHU, pero Lenín Moreno dio este beneficio solo a las personas que ingresaron hasta el 26 de julio de 2019. La pareja arribó un mes tarde y aún no pueden regularizarse. El pasado 17 de junio, el presidente Guillermo Lasso confirmó que realizará un nuevo proceso de regularización para este grupo. Esto ya lo anunció cuando ganó las elecciones presidenciales y dijo será una medida por razones humanitarias. 

Asimismo, durante este proceso, esta comunidad también se ha sentido discriminada. Según la encuesta, el 21% de los y las participantes dijo que su orientación sexual e identidad de género sí influyó de manera negativa en su proceso de regularización. También ocurre en el ámbito laboral. Alexander menciona que en su búsqueda se ha encontrado con empresas que prefieren gays para el área de diseño por su creatividad, pero otros los rechazan por la misma razón. “Te ponen un check”. Ahora es un emprendedor y desde enero pasado tiene su propia agencia digital llamada PizcaMedia. Los estigmas ha dejado a esta población pocas opciones laborales, sobre todo la comunidad trans que es marginada a empleos en peluquerías, estéticas, cocina, al trabajo sexual en calle.

Después de más de un año en Ecuador, en cambio, Patricia y Yenni han hecho lazos o desarrollado técnicas para sobrevivir en la calle. Se han ganado el afecto de sus compañeros vendedores de la Plaza Grande y de sus visitantes. Las personas adultas mayores que descansan en las bancas del lugar les dicen: “Tengan un dolarito para que se ayuden”. Se han hecho amigas de ecuatorianos y también de la comunidad LGBTI, y se cuidan cuando deben trabajar hasta muy altas horas de la noche.

Yenni es indígena, nació en la Guajira venezolana y asegura que por esos rasgos le han confundido con indígenas de la Amazonía. Mientras que a Patricia la han confundido con personas de descendencia negra ecuatoriana. Ambas creen que esas características físicas las han salvado de más situaciones de discriminación. Pero por esos mismos rasgos también han sido excluidas. “Me ha dicho: ‘no, aquí no aceptamos negras’. Me han discriminado por ser lesbiana, por ser venezolana y ahora, ¿me van a discriminar por ser negra?”.

[RELA CIONA DAS]

Miles de ecuatorianos, solicitantes de asilo y expulsados, a la deriva en la frontera México-EEUU
Susana Morán
500 ecuatorianos han sido rescatados de coyoteros en Ciudad Juárez
Susana Morán
7 de cada 10 ecuatorianos que pasaron por México han sido detenidos
Redacción Plan V
Francisco Carrión: tomo esta misión en México como una gran recompensa a mi carrera
Redacción Plan V
En frontera de EEUU se detienen más de 500 ecuatorianos por día, nuevo récord
Redacción Plan V
GALERÍA
La población migrante LGBTI se enfrenta a más discriminación y explotación
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

LGBTI: Sin diversidad no hay democracia
Redacción Plan V
LGBTI: 40 años en pandemia y sin acceso a la educación
Redacción Plan V
Las deudas de la "revolución" con los LGBTI
Pamela Troya
La visita de Blinken a Ecuador abre nuevos rumbos de cooperación
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Un exgeneral de la Policía fue testigo clave en la defensa de Carolina Llanos
Redacción Plan V
San Lorenzo: así empezó la ola de violencia criminal que azota al Ecuador
Redacción Plan V
Más de 4.000 millones de dólares en glosas confirmadas por Contraloría no se pueden cobrar
Redacción Plan V
¿Por qué no es buena idea eliminar las tablas de drogas?
Daniel Pontón C.