Llegó el día de la inauguración. La "plataforma", nombre que los tecnócratas del régimen dieron a su monumental edificio público ubicado en el sector bancario de la capital, luce flamante, como un edificio largo y colorido, levantada sobre una explanada en la avenida Amazonas, que empequeñece a las modestas torres de los bancos privados. 

El presidente Rafael Correa madrugó la mañana del 22 de mayo, pasadas las 08:00, para recorrer la obra y cortar el listón inaugural del nuevo símbolo del poder del Estado en la capital. El edificio, un bloque de oficinas pintado con el arcoiris correísta, fue inaugurado desde una tarima ubicada en el costado sur de la explanada, en donde antes había solo unos lotes baldíos de propiedad del Estado que habían pasado durante décadas arrendados a particulares. 

El presidente Rafael Correa declaró inagurada la Plataforma Financiera al norte de Quito. 

Es una de las cinco "plataformas" que el Gobierno tiene previsto levantar en la capital. Otro monumental edificio, que no fue contratado con los chinos, se construye en el sector de Quitumbe, cerca del terminal terrestre, pero presenta retrasos y aún no ha sido entregado. 

En otro sector del norte de la capital, cerca del extremo sur del parque La Carolina, un terreno baldío espera por la construcción de otra "plataforma" que fue postergada por cuestiones presupuestarias. 

Al presidente lo acompañaron el presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, el ex legislador Carlos Viteri, el exalcalde de Quito Augusto Barrera y el legislador Carlos Bergman, entre otros.

La empresa bandera de los edificios públicos 

Las obras las realizó la empresa China CAMC Engineering, una empresa estatal del gigante asiático, usando mano de obra y materiales nacionales. Aunque los albañiles y trabajadores eran locales, así como algunos ingenieros y otros técnicos, la supervisión de la obra estaba a cargo de funcionarios chinos, quienes recorrían las instalaciones desde la colocación de los cimientos acompañados de un intérprete. 

Los jefes chinos y sus intérpretes supervisaban las obras, que obligaron a demoler algunas construcciones que habían en los lotes, como un complejo deportivo privado y un patio de comidas. 

Pero no todo era armonía, a veces, los chinos y sus intérpretes reclamaban de manera grosera a los empleados ecuatorianos y ejercían una tremenda presión para el avance de las obras, dijo a PLANV un ex trabajador que reclamó el anonimato. 

Para la construcción se firmaron cinco contratos, que suman USD 216,8 millones. Las obras propiamente costaron  USD 198 millones,y se financieron con un crédito del Banco de Desarrollo Chino (CDB). La contraparte estatal ecuatoriana fue el Servicio de Contratación de Obras (Secob). Se pagaron USD 18,83 millones  más para el mobiliario, el soterramiento de redes eléctricas, una bóveda de seguridad y el pintoresco recubrimiento de la fachada.

El 25 de mayo de 2016, la  Consejera Comercial de China en Ecuador Ji Xiaofeng visitó las obras de la Plataforma. 

Pocos días antes de la inauguración, un gran aguacero en el norte de la ciudad evidenció que varios puntos de la plataforma eran susceptibles de inundarse, por lo que se anunció que se necesitarán por lo menos USD 800 mil para que el edificio quede plenamente operativo. De las fallas en un cercano colector del alcantarillado, el Gobierno responsabilizó al Municipio de Quito, y, también al clima, pues datos oficiales habrían dado cuenta de que las lluvias en Quito son las peores en 45 años. 

La fiscalización de la obra estuvo a cargo de la Escuela Politécnica del Ejército y la administración del contrato estuvo bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. Se estima que el monumental edificio albergará a 4 652 funcionarios, tiene 13 locales comerciales, tres subsuelos, planta baja, 11 pisos, un patio de comidas, salas de capacitación, un centro médico y una biblioteca. Por lo menos once entidades del Estado, vinculados a la gestión financiera, trabajarán en el lugar, en donde se colocará una estación del metro capitalino, para que los burócratas no usen sus autos. 

Pero la contratatista china no solo ha construido el polémico edificio en Quito. Ha levantado por lo menos 25 más, a un costo de USD 810 millones. Otras de las obras de la constructora asiática son siete edificios del ECU-911, cinco hospitales, dos universidades, una escuela del milenio, el parque Los Samanes en Guayaquil y un proyecto multiparques.

Así, se sabe que la empresa china ha levantado obras como la Universidad Regional Amazónica Ikiam por USD 19,5 millones con otro crédito chino y la Universidad Nacional de Educación, con un costo de USD 37,5 millones.

Tiene otro contrato por USD 45 millones, también deuda china, para un proyecto multiparques en Guayaquil y Machala, así como para equipamiento de los complejos deportivos El Juncal (Imbabura) y Toctiuco (centro de Quito).

En Chone se construye el Hospital Napoleón Dávila Córdova con un costo de USD 55 millones, mientras la misma firma asiática ha construido hospitales como el de  Monte Sinaí, Guasmo Sur, Esmeraldas y Portoviejo obras avaluadas en USD 325,88 millones, también financiados por el banco chino.

Otros edificios públicos construidos por la firma han sido las sedes del ECU-911 en Quito, Machala, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas, Portoviejo y Babahoyo, USD 61,81 millones, contratados por el Ministerio Coordinador de Seguridad y financiados por el mismo banco chino. 

Edificó también la escuela del milenio Yachay, por USD 4,43 millones y los ductos en la Ciudad del Conocimiento, por USD 357 mil.

La misma firma también vende 195 ambulancias por USD 22 millones al Ministerio de Salud Pública.

La receta china

El hecho de que empresas chinas participen en la construcción de proyectos del Estado ecuatoriano que son financiados por los mismos bancos del gigante asiático, responde a una política que China está aplicado a toda la región. 

En países como Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, China aplica el mismo esquema, que consiste en ofrecer créditos al parecer más ventajosos a los países de América Latina, a cambio del acceso a los recursos naturales. 

Para Paulina Garzón, investigadora ecuatoriana residente en Estados Unidos, "la forma de relacionarse de China tiene patrones similares. Hacen grandes préstamos a países con muchos recursos naturales, que se realizan como deuda soberana o deuda externa en países como Ecuador, Venezuela, Brasil, y Argentina. Estos préstamos están atados a la contratación de empresas chinas y condicionados por medio del pago de petróleo, sobre todo en el caso de Ecuador y Venezuela. Otros países de la región tienen otro esquema, con inversión directa, que realizan en Perú y en Chile. En el caso de Perú, más del 50% del portafolio minero está en manos chinas, sobre todo en el caso de la explotación de cobre. En Argentina se ve una importante inversión directa en soya, y en otras áreas de interés como investigación del espacio y plantas nucleares. En Bolivia, China hizo una inversión directa en una mina de litio, y en la construcción de una gran represa. Si queremos resumir la relación de China con América Latina podemos decir que se dedican a la extracción de recursos naturales, y los préstamos van atados a la construcción de grandes obras de infraestructura".

Garzón precisó también que "Ecuador y los otros países no tienen el apalancamiento para pedir menores intereses, obtener plazos más largos o buscar un refinanciamiento. En 2016 se publicó un documento de política de China hacia América Latina, que elimina la posibilidad de que los países altamente endeudados renegociaran sus deudas. Eso ya no consta en el nuevo documento, el tratamiento que tiene China no es diferente al que tenían las instituciones financieras tradicionales", asegura. 

"China es ahora un socio de primer orden y no me sorprendería que China sea el primer destino de un viaje al exterior del nuevo presidente ecuatoriano", finalizó la experta. 

El truco: no hay ingeniería de detalle

Sobre la construcción de la plataforma de la polémica, los informes recienten mencionan el precio de USD 251 millones como costo final de la obra. Todo eso es deuda con la empresa china, que estableció un modelo de contratación basado en un crédito directo, el cual pasó a ser administrado por el Estado ecuatoriano. ¿Cuáles fueron las condiciones de ese préstamo? El gobierno no ha transparentado la forma de pago, los plazos del préstamo, las condiciones financieras...

¿Por qué subió tanto de precio, de una versión inicial del propio presidente Correa, de USD 79 millones, a la cifra final mencionada, casi tres veces más cara? Fuentes vinculadas a contratistas chinos aseguran que "el truco" del modelo chino es que no tiene ingeniería de detalle. ¿Cómo se hace un proyecto, el presupuesto y el coto final sin ingeniería de detalle? Eso permite, dicen las fuentes, que los costos se incrementen a discreción de los constructores, pues finalmente, el gobierno ecuatoriano lo único que hace es administrar un dinero que tendrá que pagar tiempo después. Un ejemplo de las consecuencias de la ausencia de esta ingeniería de detalle es la cuestión del colector en la zona. Finalmente se improvisó su ruta y se hizo un codo de 90 grados, lo cual impide el flujo normal del agua lluvia y otros fluidos. ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Quién tomó esa decisión? En el Municipio niegan cualquier intervención al respecto, lo cual genera dudas sobre si la Empresa Municipal de Agua Potable tuvo los argumentos suficientes y el músculo político para impedir que se cause un daño a la ciudad. El precio final del colector también es un misterio a resolver. Una pequeña pista la dio el propio presidente Correa, quien habló de USD 800.000 para solucionar el problema. Dinero que, por omisión del primer mandatario, le tocaría gastar a los connstructores, pero lo hará el Estado.

¿Esto podría tratarse como un costo indirecto? Las fuentes consultadas por este portal hablan de que el modelo chino incluye también una alta flexibilidad en los costos indirectos de las obras que financian y construyen. No definir esos costos les permite una muy alta flexibilidad financiera a la hora de justificar esos costos, que por lo general son aprobados por el Estado como administrador del contrato.