Es por lo menos desde 1884 que la Policía ecuatoriana existe como una institución jerarquizada según un esquema militar. Desde 1923  recibió el nombre de Policía Nacional y en 1925, un misión francesa se dedicó a crear escuelas de policía en Quito y Guayaquil. En 1938, durante la dictadura del general Alberto Enríquez Gallo, la Policía cambió de nombre, y se le denominó Cuerpo de Carabineros, tal como se denomina hasta el momento en Chile. 

Los primeros años 40 serían especialmente turbulentos, con el gobierno de Carlos Arroyo del Río, la invasión peruana y la guerra de 1941. Arroyo del Río se apoyó en los policías, pero fue derrocado en 1944 y la Policía pasó a llamarse Guardia Civil Nacional, a la usanza española. 

Para 1951, la Policía recuperó su nombre, aunque en la dictadura militar de 1975 se le denominó Policía Civil Nacional. A pesar del apellido "civil", la Policía llegó al siglo XXI con el esquema de un cuerpo militarizado, que no es ajeno a otros países de la región, como Colombia o Chile. Sus oficiales tienen grados, similares a los de las Fuerzas Armadas, y deben pasar al retiro cuando no ascienden.

Así estaba la Policía cuando el correato asumió el poder en 2006. ¿Qué cambió desde entonces? Por lo menos dos grandes escándalos sacudieron las filas de los uniformados verde aceituna: el primero, la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, cuando el ex presidente Rafael Correa fue detenido por una turba en el hospital de la Policía, y en la que durante varias horas los policías dejaron de trabajar en toda la República, en gran medida, como señal de protesta por una reforma legal que, en su opinión, les perjudicaba laboralmente.

El 30 de septiembre de 2010, el ex presidente Correa se colocó en medio de los amotinados en el Regimiento Quito. 

El otro escándalo en la Policía durante el correato fue el de los pases policiales, cuando varios oficiales de bajo rango fueron acusados de recibir dinero para que los policías pudieran servir en las localidades de su conveniencia. Una red, que involucraba a la Comandancia General, recibía dinero para hacer las asignaciones, con lo que los policías se quedaban en donde querían y no en donde debían servir. Dos jóvenes tenientes fueron acusados y procesados por haber sido los autores de la trama. 

En este Gobierno, en cambio, se ha cuestionado la actuación de la Policía en aspectos como la lucha contra el grupo del narcoguerrillero Alias Guacho, en Esmeraldas, en donde se evidenció que el narcoguerrillero chateaba por Whatsapp con la Policía ecuatoriana, mientras se ha criticado su papel en el secuestro del equipo del diario El Comercio. También ha habido casos en los que la fuerza de orden se ha visto desbordada por las circunstancias, como fue el linchamiento de tres personas en Posorja, el año anterior, la muerte de una mujer embarazada a manos de un migrante venezolano en Ibarra, y los posteriores ataques contra esa comunidad por parte de los ciudadanos de esa capital provincial, que quemaron en las calles del centro los enseres de los caribeños. 

El 30 de noviembre del año pasado, el presidente Lenin Moreno anunció reformas al Código Orgánico de Seguridad: "“Por pedido del Ministerio del Interior y del mando policial enviaré a la Asamblea el proyecto de reforma legal para que la institución recupere las facultades de aplicar la disciplina interna", precisó el mandatario. El mandatario no dio más detalles. 

De su lado, la ministra del Interior, María Paula Romo, destacó en noviembre de 2018 que el Gobierno asignó en 2018 USD 42 millones en el fortalecimiento de la Policía Nacional. 

La reforma de la Policía en los últimos diez años ha sido una modernización material con compra de patrullas y equipos. 

Una evaluación positiva

Si bien el promedio de la confianza de la población en las policías de América Latina, según los datos que arroja Latinobarómetro en su edición de 2018, es del 35%, la Policía ecuatoriana puede considerarse como bien evaluada. Latinobarómetro reporta también que la confianza en las policías de América Latina se ha movido entre un 30 y un 40% como pico máximo. 

En el caso ecuatoriano, en 2018 la confianza en la Policía alcanzó el 46%, lo que la convierte en la sexta policía mejor evaluada de la región y la coloca por encima del promedio latinoamericano. 

En contraste, apenas un 23% tiene confianza en el poder judicial en el Ecuador en 2018. Otro dato interesante de Latinobarómetro en su última edición es que, a pesar del operativo correísta de demolición de credibilidad de los medios de comunicación privados, todavía el 42% de la población confía en ellos, cuando el promedio latinoamericano es del 46%. 

Por otro lado, Latinobarómetro reporta que el temor al delito ha disminuido en el Ecuador: apenas un 10% de los encuestados en el Ecuador dijeron temer ser víctimas de manera cotidiana de un delito violento en 2018. La percepción es similar a la de Chile (7%) uno de los países más seguros de la región. Entre tanto, en Honduras, hasta un 28% de los encuestados teme ser víctima de la violencia del delito. 

La modernización correísta 

Pero si la Policía está bien evaluada y la percepción de inseguridad no es tan alta como se cree, ¿a qué puede deberse? El académico de la Flacso, Fernando Carrión, ha analizado el tema de las reformas policiales en el Ecuador desde hace más de una década. Carrión sostiene que en América Latina se ha producido tres grandes cambios: uno en Centroamérica relacionada con la pacificación en países como El Salvador y Guatemala, otro relacionada con la democratización como en Argentina y Brasil luego de las dictaduras, y un tercera relacionado con procesos de modernización.

En el caso ecuatoriano, durante la última década, se apostó la modernización, cree Carrión. Como ejemplo platea los sistemas de monitoreo como el ECU911, con cámaras en las principales ciudades del país y con un sistema unificado de respuesta inmediata. El modelo, contratado en China, se sumó al incremento del número de policías. Aunque tradicionalmente los policías eran numéricamente menos que los militares, en la actualidad, destaca Carrión hay cerca de 48 mil efectivos policiales frente a por lo menos 42 mil en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. 

La estación del ECU 911 en Quito, es el centro de monitoreo de la seguridad de la capital. 

La compra de armas, carros, chalecos, tecnología de inteligencia electrónica, entre otros, son, para Carrión, los elementos de una reforma policial que pasó por la modernización, gracias a una fuerte inversión en equipos. 

Pero Carrión admite que, además de los cambios tecnológicos, hubo un punto de quiebre luego de la revuelta del 30 de septiembre de 2010, cuando una sublevación de la que nunca se pudo identificar a los cabecillas protestó contra el Gobierno de Correa y produjo su retención en el Hospital de la Policía. Si bien la revuelva provocó cambios en los mandos, Carrión cree que no hubo un cambio sustancial en el modelo de la Policía ecuatoriana. 

Pero mientras la Policía sigue igual, se ha producido un fenómeno de privatización policial, con la creación de no menos de 800 empresas de seguridad privada cuyos guardias son más que los policías. El propio sector público se convirtió en el principal consumidor de los servicios de las compañías de seguridad privada. 

Carrión cree que es un error del actual Gobierno el retomar el concepto del antiguo ministerio de Gobierno. En el Gobierno anterior, destaca, el Ministerio de Justicia de dedicaba a las cárceles y el Ministerio del Interior a la Policía. Al unificar la Secretaría de la Política con el Ministerio del Interior, para retomar el esquema del Ministerio de Gobierno, se puede producir que ese ministerio se dedique más a las negociaciones políticas que a la gestión de la seguridad, advierte Carrión.

La cuestión de los pases, que sacudió a la Policía, se produjo en opinión de Carrión debido a que la mayor cantidad de policías son serranos, lo que debería motivar que la Policía se reclute en las otras regiones del país. Al mismo tiempo, Carrión reclama más mujeres, indígenas y afroecuatorianos en las filas policiales, pues el tema de los pases habría evidenciado que la Policía no responde a la realidad de la sociedad ecuatoriana. 

Sobre la penetración del narcotráfico, Carrión destaca que en el caso ecuatoriano es evidente una infiltración de la Policía y de otras instituciones por parte de mafias dedicadas al tráfico de drogas.

El correato no produjo reformas significativas en la Policía, a excepción de la implementación del esquema de policía comunitaria. Pero esto no cuajó, para Carrión, pues no hubo una transformación sustancial de la doctrina ni del enfoque. "La Policía es la misma desde los tiempos del general Enríquez Gallo", afirma Carrión, quien cree que en casos de corrupción interna aún no hay suficiente transparencia. 

Para Carrión, los sucesos de Ibarra desnudan la siituación actual de la Policía: "La Policía no tiene apoyo político no ciudadano". Si la Policía hubiera disparado contra el inmigrante venezolano, por otro lado, también habría recibido críticas. "Hay ineficiencia en el manejo de la Policía, falta de capacitación. En Ibarra no se controló a los curiosos, no hubo negociación, no había prácticas de tiro para desarrollar la puntería". "Un francotirador es alguien que está disparando todo el tiempo. No hubo ni francotirador ni negociador. Este es un caso paradigmático de la situación de la Policía". Carrión no acepta que la situación de la Policía pueda solucionarse con una explicación política, como echarle la culpa al Gobierno anterior.

Finalmente, Carrión cree que se debe combatir el machismo y el racismo al interior de la Policía Nacional. "Los cambios solo han sido tecnológicos en tiempos de Correa. Todo lo demás sigue igual y no hay cambios importantes". 

Los cambios de la Policía, doce años después

En 2007, el académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Daniel Pontón, publicó una ponencia sobre la reforma policial, en la que declaraba que la cuestión, en el Ecuador previo a la toma del poder por el correato, se ha había declarado en el olvido. En el documento, Pontón reclamaba en aquella época no había suficientes controles civiles sobre la estructura policial, dependiente del Ministerio de Gobierno aunque con autonomía administrativa y financiera. Dos mitos nacionales, precisaba Pontón en 2007, habían mediatizado la urgencia de mirar con seriedad la reforma policial: el primero, que el Ecuador "es un país de paz" y el segundo, que las dictaduras civiles y militares no habían sido particularmente represivas, por lo que eran conocidas como "dictablandas". Ambos fenómenos, sostenía en ese momento Pontón, motivaron que no se enfoquen temas como la inseguridad y la represión por parte del Estado por medio de la Policía hasta antes del advenimiento del correato. 

Doce años después, Pontón coincide con Carrión en que la señal más importante de cambios en los últimos tiempos es la modernización tecnológica, en la que se empeñó a fondo el correato. Para Pontón, hubo modernizaciones "epidérmicas", con una modernización logística en el Gobierno anterior. Eso se evidencia en el aumento del número de efectivos, de armas, vehículos y de operativos de patrullaje intensivo. Destaca como logro de la administración del ex ministro José Serrano medidas de patrullaje constante, que significaron un aumento considerable de los gastos en gasolina. La Policía se ha robustecido, como evidencia la evidente bonanza de su instituto de seguridad social. 

Al mismo tiempo, descata que el correato eliminó la autonomía de la Policía y buena parte de su espíritu corpotativo, en especial, a raíz del 30 de septiembre. También se logró que los tribunales de justicia especiales que tenía la Policía fueran eliminados. El modelo de una "policía de consensos" motivó la creación de unidades de policía comunitaria en cercanía con los vecinos de todos los barrios. 

Para Pontón, hubo algunas reformas, en especial, en la relación entre el Gobierno y la Policía. En 2011 se eliminó la autonomía policial, se creó el Ministerio del Interior, superando el esquema "anticuado" del Ministerio de Gobierno. "La Policía es un servicio y debe haber control político sobre ella", precisa Pontón, por lo que se muestra en contra de la autonomía policial, aunque defiende que un comandante general debe durar por lo menos dos años, pues la alta rotación en los mandos ha generado malas experiencias. 

La nueva Ley Orgánica de la Policía, de 2016, que estableció circuitos y distritos, es otro elemento que destaca Pontón. No hubo, sin embargo, una desmilitarización de la Policía, y el tema de los pases evidenció el corporativismo interno. Tampoco se avanzó en que la Policía rinda cuentas a la Asamblea Nacional, y hubo purgas que no fueron totalmente legales. "Ha habido un paso adelante y uno atrás", en las reformas policiales en el Ecuador destaca Pontón. "La Policía ecuatoriana sigue el modelo chileno y colombiano y se debería tener un modelo más civil", como el que existe en otros países. Ante la falta de un modelo a seguir, la Policía ecuatoriana, cree Pontón, se aferró a su modelo tradicional. Varias competencias, como el tránsito, han pasado a agencias que realizan tareas de vigilancia y control, en especial, con la asignación de competencias a las ciudades. 

Al igual que Carrión, Pontón cree que volver al esquema del Ministerio de Gobierno es inadecuado. Sobre el caso de Ibarra, el analista asegura que hubo "falta de decisiones políticas adecuadas", pues alguien del nivel político debió tomar la decisión de disparar o no contra el secuestrador venezolano. El Ministerio del Interior, su estructura en la capital y en la provincia, debió tomar la decisión de rescatar con vida a la joven a la que amenazaba de muerte su ex pareja. Pontón cree que, en el caso de Posorja, también se evidenció que el Estado no ejerció su rol de uso legítimo de la fuerza para proteger derechos y mantener la legalidad. 

"La Policía se puede aferrar a ciertas lógicas del pasado, como volver a reclamar autonomía, y ese no sería un escenario nada bueno para el país", concluye Pontón.