En el Ecuador la industria cementera tiene característica de monopolio y oligopolio: un reducido número de productores controlan el mercado. Refrenda esta afirmación el hecho que la producción de 6 millones de toneladas anuales (T/a) esté distribuida de la siguiente manera:

La suiza Holcim S.A. 66%; la francesa Lafargue 21%, misma que acabó de ceder sus operaciones a la empresa peruana Unión Andina de Cementos S.A. (UNACEM) por USD 553 millones; y la ecuatoriana Unión Cementera Nacional 13% (UCEM).

La UCEM es resultante de la fusión del 86% de acciones de Cementos Chimborazo C.A. (el porcentaje restante pertenece a los trabajadores) y el 100% de Industrias Guapán S.A. Fue legalizada el 18 de noviembre del 2013, después de un proceso administrativo de cerca de 20 meses.

Durante este tiempo el Gobierno nacional invirtió recursos públicos con el objetivo de ampliar la capacidad instalada de producción especialmente de Cementos Chimborazo C.A.

Para una mayor precisión, es necesario mencionar que, Cementos Chimborazo C.A. desde su creación perteneció al Estado ecuatoriano; mientras que Industrias Guapán S.A. durante 50 años fue de propiedad del IESS (de los afiliados), luego pasó a ser parte de los activos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) y en el mes de junio del año 2013 sus acciones fueron adquiridas por el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), por USD 72 millones. Finalmente las acciones de Cementos Chimborazo C.A. y Guapán S.A. en el mes de julio fueron transferidas a perpetuidad a la Empresa Pública Cementera del Ecuador (EPCE). [1]

Para la administración de la UCEM el presidente Correa creó la EPCE mediante el Decreto Ejecutivo No. 207, del 7 de enero del 2010, la cual de inmediato planteó entre sus prioridades la búsqueda de un socio estratégico para la cementera nacional; pues a pesar de las inversiones hechas por el Estado ecuatoriano, la capacidad productiva es insuficiente en la perspectiva de una nueva Línea de Producción de Clinker que impide cubrir el déficit existente de esta materia prima en la elaboración de cemento. [2]

Este preámbulo es necesario para comprender la naturaleza de la resolución gubernamental EPCE-GG-2014-091, según la cual se adjudica el Proyecto Socio Estratégico Cementero a la empresa Yura S.A. por haber obtenido el puntaje de 92,25/100. Sin embargo, en dicha resolución no se informa del porcentaje de acciones vendidas, ni tampoco el valor por el cual fueron enajenadas; aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Unión Cementera Nacional (Cetucem CEM) denunció públicamente que el porcentaje adjudicado es del 60% de las acciones de EPCE; sin conocerse aún el valor de dicha transacción.

El justificativo para la privatización de la UCEM es la creciente importación de Clinker, aunque las reservas probadas que poseen las minas de la empresa nacional son suficientes para cubrir la demanda de producción de cemento e incluso para expandirse en el mercado internacionalmente. Lo que se requiere son USD 200 millones necesarios para comprar molinos e implementar la nueva línea de producción que posibilite aprovechar la capacidad instalada de 1’575.000 T/a que tienen las dos plantas industriales de UCEM.

Además de privatizar la industria cementera nacional, es imprescindible conocer que la empresa beneficiaria forma parte del Grupo Gloria, que es un emporio de empresas que se dedican a actividades productivas y de comercio de: alimentos, agroindustria, cementos, concretos, fármacos, nitratos, papeles,  transporte, servicios, cartones; etc.

La propietaria del grupo es la familia Rodríguez Banda y sus negocios se extienden a varios países como: Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina; tan monopólico es este grupo económico que la revista Forbes lo clasifica entre los 8 grupos económicos más importantes de Perú. [3]

Se deduce entonces una primera afirmación. Este proceso es ilegal, por cuanto contradice la Ley de Empresas Públicas, ya que el Estado en caso de alianzas y convenios debe ser accionista mayoritario de los sectores considerados como estratégicos; además que asistimos a una contradicción práctica frente al discurso del correísmo que sostenía el fin de régimen de privatizaciones de las empresas del Estado.

Resulta un mal negocio que el Estado adjudique mayoritariamente las acciones de la producción de cemento nacional a una empresa privada transnacional, pues es un negocio en crecimiento sostenido. Sostenemos esto pues sólo el mercado nacional demanda de un incremento de 500 toneladas de cemento cada año, sin considerar la rentabilidad de la nueva línea de producción de prefabricados de hormigón (bloques de hormigón, adoquines, acueductos celulares, vigas pretensadas, columnas prefabricadas, pilotes, escaleras, estribos para puentes, losetas, muros de contención, postes, tubos, paneles y bordillos).

El negocio desconoce las estimaciones de crecimiento del consumo nacional de cemento que es del 10% anual, e incluso de las proyecciones que establecen que al final del 2014 la UCEM registrará ventas por más de USD 120 millones y utilidades de USD 25 millones. La industria del cemento constituye el cuarto sector de mayor importancia en la contribución al Producto Interno Bruto del Ecuador, ya que en el período 2007-2012 fue del 10% del PIB.

A esta altura cabe una pregunta: ¿es necesario un socio estratégico que sea propietario del 60% del paquete de acciones de las empresas cementeras estatales, cuando la propia EPCE estima que la recuperación de los USD 200 millones de inversión se podría recuperar en apenas 6 años?

Los efectos de la enajenación de la mayoría de acciones de UCEM tendrá consecuencias significativas:

a. El control accionario de la empresa cementera nacional por parte de una transnacional, fortalece la característica de oligopolio y monopolio del mercado.

b. La creciente demanda de cemento por parte del sector de la construcción, así como la usada en la edificación de infraestructuras físicas estatales como: puertos, aeropuertos, carreteras; etc., fortalecerán la acumulación privada en el sector.

c. La pérdida de peso específico del Estado en el control del mercado, siendo productor y comercializador de cemento, posibilita que los monopolios privados aprovechen de la libre oferta y demanda para incrementar los precios del cemento y sus derivados.

d. La práctica política del gobierno difiere del discurso; no sólo en reinaugurar el régimen de privatizaciones, sino de cambiar la naturaleza estratégica a no estratégica del cemento a pesar de la Ley de Empresas Públicas y poder enajenar la mayoría de acciones de la UCEM.

e. Si bien EPCE es el accionista mayoritario de UCEM, accionistas como el Fideicomiso de los Trabajadores de Cementos Chimborazo y otros no han sido consultados del proceso de adjudicación de la cementera nacional a Yura. Tampoco los ciudadanos de las provincias de Cañar y Chimborazo han emitido su opinión frente al potencial impacto económico de la privatización de Cementos Chimborazo C.A. e Industrias Guapán S.A. que son empresas dinamizadoras de empleo en esas jurisdicciones.

f. No se transparenta aún por parte del gobierno nacional cuál fue el monto por el cual vendieron UCEM a la firma Yura y cómo se convino la forma de pago.

g. Tampoco existe un pronunciamiento oficial acerca de qué sucederá con los trabajadores que emplea la UCEM. La incertidumbre relacionada a la estabilidad laboral, derecho de organización sindical, contratación colectiva, sueldos y salarios; etc., hoy preocupan a miles de obreros y empleados quienes les intranquiliza los antecedentes de precarización laboral.

[1] Vale acotar que en el proceso de venta de las acciones de Industrias Guapán S.A. al frente del IESS estuvo el economista Ramiro González, por designación del presidente Correa; y, posteriormente en el proceso de fusión de las cementeras nacionales en UCEM y la transferencia de acciones perpetuamente a EPCE coincide con el desempeño de funciones de González como ministro del MIPRO. Este personaje además desempeña las funciones de Presidente Nacional del Partido Político “Avanza”, aliado al correísmo.

[2] El Clinker es el componente principal que se requiere para la producción de cemento Portland (el cemento más común), para su procesamiento es necesario calcinar caliza y arcilla a altas temperaturas. El Ecuador importa el 25% de Clinker que necesita para producir cemento.

[3] Los principales del Grupo Gloria son: Vito Rodríguez Rodríguez es el séptimo peruano más rico con ingresos anuales de USD 1100 millones, le sigue su hermano Jorge con ingresos de USD 1000 millones. Este grupo económico compró el Ingenio Azucarero ECUDOS (incautado a la familia Isaías), a través de un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN). En ese préstamo estuvieron involucrados el principal del Fideicomiso AGD CFN No más impunidad: Pedro Delgado, primo del presidente Correa, hoy prófugo de la justicia ecuatoriana por los delitos de falsificación de título profesional y por su involucramiento en los préstamos sin garantías al argentino Gastón Duzac. Además que gerente de la prestamista CFN, a ese entonces, fue Camilo Samán Salem, que enfrentó varias denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y por manejo deficiente de las empresas incautadas por el Estado.