La iniciativa de un acuerdo para superar el bloqueo político en el Congreso partió de la centroizquierda. El aislamiento del gobierno era tan evidente, que los partidos que hasta entonces habían sido sus tenaces opositores le dieron una mano. Intensas negociaciones dejaron ver que se forjaba una nueva mayoría, dejando de lado al Partido Social Cristiano. En la madrugada del jueves 18, a las 2H30, un cansado mandatario anunciaba los puntos del acuerdo con el Parlamento: una mayoría de 59 diputados aprobaría un plan anticrisis, que contemplaba la restitución del impuesto a la renta, la implantación de impuestos al patrimonio de las empresas y a los autos de lujo, el aumento del IVA, la eliminación de sus exenciones y otras medidas que garantizarían un ingreso al fisco de 520 millones de dólares.

De su parte, el gobierno anunciaba la reducción del precio de la gasolina que, en el caso de la extra bajó a 12.900 sucres por galón, el levantamiento del estado de excepción y el pago a los 105 mil maestros que llevaban una paralización de dos meses.

El país amaneció aliviado, Aunque no se había vuelto a los niveles anteriores del precio de los combustibles (en realidad, estos subieron finalmente en un 50%) el hecho de haber llegado a un acuerdo político mínimo, en estas circunstancias y en este país, era un paso gigante. Otro detalle importante fue que el gobierno se comprometía a retirar del Congreso las leyes enviadas con carácter de urgencia económica y reemplazarlas con una sola Ley de Reforma de las Finanzas Públicas, que sería aprobada por la nueva mayoría.

A día seguido, los taxistas llegaban a un acuerdo con el gobierno y los indios se encontraban en negociaciones. La experiencia y credibilidad pública del nuevo ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, había sido determinante para llegar a los acuerdos. El diario El Comercio lo destacó como el personaje de la semana, porque "ejerció sin mucho protagonismo, el papel de un titular de la cartera de la Política: convencer, decidir y hacer consensos".

Los grandes perdedores de esta semana de vía crucis fueron el Presidente de la República, quien perdió más autoridad aún, y el PSC, porque la sensación nacional, y así lo reflejaban los consabidos análisis, era que su inflexibilidad política había sido uno de los factores causantes de la crisis.
Ese fin de semana fue de tregua. El mismo diario El Comercio tituló en primera plana y a cuatro columnas, el domingo 21 de marzo, que el "Ecuador se aleja de la racha de todos los peligros".

Un llamado a la unidad nacional y al diálogo de todos los sectores se publicó en los diarios del país, a través de un comunicado conjunto de la Asociación de Editores de Periódicos, AEDEP. Aunque el pedido era para los sectores en pugna, su contenido se interpretó como un jalón de orejas a un Presidente demasiado complaciente, por decirlo suave, con los banqueros inescrupulosos, que no había contemplado una sola medida para ponerlos en vereda, y cuyo estilo de gobernar fue calificado como de "falta de liderazgo", también para no ser groseros. Un sector de la prensa se preguntaba cómo pensaba actuar el Presidente durante los cuatro años que en teoría le faltaban. Si seguía con ese estilo complaciente hacia los grupos poderosos de presión, sin planes de mediano plazo para gobernar al país, sin la capacidad de aplicar estrategias adecuadas en momentos de crisis, Mahuad no podía seguir en el cargo.

Incluso, muchos de sus amigos empezaron a dudar públicamente de su capacidad para administrar ade-cuadamente el Estado. Y, más aún, se tenía reservas sobre su capacidad física y mental para gobernar: "Algunos amigos reiteran que ante las críticas que le transmiten, el Presidente siempre tiene los mismos reflejos: una cita libresca, el consejo de un asesor de Estados Unidos, la recomendación de un organismo in¬ternacional, una experiencia ajena o propia", describía el análisis político de un diario guayaquileño. Jorge Ortiz, un periodista político, en su columna del diario capitalino HOY fue más contundente y sentenció: "El gobierno ya se acabó". Quedaba entre los analistas, comentaristas y los decepcionados de un régimen que había despertado muchas esperanzas de estabilidad, al menos, la sensación de que ya no había quién mande en el país. De que ya no había Presidente ni una línea de mando en un país que gracias al canibalismo de su clase política y la irresponsabilidad de su dirigencia se había transformado en un feudo de cacicazgos que defendían a dentelladas sus prebendas. "Y a todo esto, ¿quién piensa en el país?". Se pregunta en su columna el prestigioso abogado capitalino Fabián Corral. Sin embargo de las dudas que empapaban el ambiente, el Ecuador parecía retomar la normalidad. Ante tamaño maremoto no quedaba sino el optimismo, como retomaba el titular de El Comercio.

Entonces, como si se tratara de una interminable racha de mala suerte, de una nefasta maldición, el lunes 22 estalló una nueva y grave crisis: el Banco del Progreso, cuyos problemas financieros habían desatado el feriado bancario con el consiguiente congelamiento de fondos, autoclausuró sus puertas. Fernando Auspiazu, su propietario, dio la cara ante cientos de enfurecidos clientes y, con un discurso de barricada al pie de la gigante y ostentosa puerta de bronce de su edificio matriz, atribuyó sus problemas de liquidez y mal manejo administrativo a decisiones del Banco Central por depositar los fondos públicos que supuestamente le correspondían en los “privilegiados bancos de la ciudad de Quito”. Sus palabras y las imágenes de estos acontecimientos fueron retransmitidas en directo a todo el país por su propio canal de televisión, SiTV, y otro canal colega, TC, que pertenecía a la familia Isaías —entonces dueña del Filanbanco—, además de una cadena nacional de radiodifusión integrada por las cinco principales radios de la Costa, con alcance nacional.

Aspiazu, un poderoso empresario costeño, encabezó ese lunes una manifestación multitudinaria, abra¬zado y respaldado por los dirigentes empresariales guayaquileños (Joaquín Zevallos y Joyce de Jinatta, entre los más visibles), que desembocó a los pies del Municipio de Guayaquil. Las reivindicaciones de los clientes se convirtieron en reclamos regionales contra el supuesto centralismo de la capital de la República, las que, gracias a la manipulación de varios periodistas, empleados de Aspiazu e Isaías derivaron hacia exigencias de independencia provincial y secesión del país. Uno de ellos preguntaba a cuánto transeúnte apareciera frente a la cámara si estaba "de acuerdo con que Guayaquil se declare independiente".

El alcalde de la ciudad y ex presidente de la República, León Febres Cordero, respaldó la manifestación, que a esa hora de la mañana había congregado unas 5.000 personas bajo su despacho, y dictó un ultimátum al Presidente de la República para que admitiera las exigencias del dueño del Banco del Progreso, que pedía el mismo tratamiento que el Estado dio a Filanbanco.

Mahuad accedió a ello y otorgó un plazo hasta el 4 de mayo para que el banco aumentara su capital, aunque se negó a suministrar recursos del fisco para salvarlo de modo perdurable. Pero, mientras tanto, el banco continuaba bajo el control de Aspiazu.

El gobierno no entregó todo lo que pedían Aspiazu y Febres Cordero porque simplemente un presidente más poderoso, Michael Candessus, del Fondo Monetario Internacional, había advertido directamente al Presidente Mahuad que el Fondo cortaría toda relación con el Ecuador si es que entregaba un solo sucre más a los bancos y no emprendía un serio y radical proceso de saneamiento del sistema financiero.

El mismo día en que el Banco del Progreso cerró sus puertas, el encargado de la misión del FMI para el sector financiero, Cari Johan Lindgren, envió una carta a la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, en la cual le advertía que "si el banco permanece bajo control directo o indirecto de su actual dueño, con apoyo financiero del sector público, no se debe esperar que exista una base para un rápido acuerdo para un programa con el Fondo. A los clientes se les debe informar —continuaba— que si sus depósitos son convertidos en acciones o algún tipo de capital subordinado, su dinero estará en grave peligro".

Lindgren sugería que "si el banco es intervenido, las autoridades deben tomar el control total y transferir sus depósitos a otro banco, preferiblemente a uno estatal, y los dueños deben perder sus acciones. No se puede permitir una situación en que el banco siga operando bajo el control de facto de sus actuales dueños, con el Banco Central y el gobierno proporcionando lo que podría llegar a ser un apoyo financiero sin límites".

Frente a la presión interna y la del FMI, Mahuad optó por el camino intermedio. Dejó el banco en manos de Aspiazu permitiendo que recogiera apoyos y que organizara a los clientes para "recapitalizar" al banco, pero lo condicionó a reunir 150 millones de dólares en seis semanas. En eso se tardó meses y no se alcanzó el objetivo económico, pero el banco permaneció en poder de sus accionistas durante ese tiempo.

A pesar de esa concesión, Febres Cordero desató una guerra bancada regional, acusando al Banco del Pichincha, en una entrevista televisiva, de ser el beneficiario del favoritismo oficial en la colocación de los recursos del Estado.

Las quejas y amenazas de Aspiazu y Febres Cordero se desplomaron cuando varios días después El Comercio reveló el contenido de un informe de la Intendencia de Bancos (que había permanecido oculto) en el cual se demostraba que Aspiazu había entregado créditos de su banco al menos a 86 empresas vinculadas a su propio grupo económico. La concentración del crédito, sin las garantías suficientes, había excedido en 200% los límites previstos por la ley.

La denuncia del diputado Carlos González reveló además que al menos 50 de estas empresas eran fan-tasmas: la figura había sido la de otorgar préstamos a empresas que supuestamente quebraron: para con ello justificar una ¿liquidez monetaria, para así acceder a los préstamos de ley del Banco Central, mientras el dinero se desviaba a cuentas particulares en el exterior.

En esta denuncia, por la que se inició un proceso penal de carácter particular contra Aspiazu, se presentaron casos de empresas que tenían la misma dirección domiciliaria o de ciudadanos que apenas habían terminado la primaria o eran choferes o parientes de empleados de Aspiazu, que recibieron préstamos del banco, en uno de los casos por 28 mil millones de sucres, cuando los propios "beneficiarios" lo ignoraban. De acuerdo a declaraciones del renunciado presidente del Banco Central, los bancos habrían desviado hasta ese momento, 3 billones de sucres en créditos de ese tipo. A pesar de que la contundencia de las denuncias dejó sin piso los argumentos del Banco del Progreso, un debate sobre la concentración geopolítica, económica y administrativa se centró en los medios de comunicación.

Fue una reacción natural de sectores empresariales, medios y populares de la Costa por un evidente abandono por parte del gobierno central. A la fecha de las manifestaciones habían pasado casi dos años de la destrucción de la Costa per el Fenómeno de El Niño. La quiebra de miles de agricultores e incluso las dramáticas escenas de inundaciones, de damnificados y fallecidos no conmovieron a los habitantes de Quito.

Cuando centenares de familias clamaban por el aislamiento y la hambruna solo esfuerzos aislados de sectores serranos acudieron en su ayuda. Incluso, cuando Mahuad era alcalde de Quito hizo caso omiso al pedido de suspender las fiestas de Fundación de la Capital para asistir con esos fondos a los afectados.

La destrucción entre 1997 y 1998 sumó 2.700 millones de dólares y en su campaña Mahuad ofreció la inmediata reconstrucción de la Costa. No había cumplido, y el resentimiento legítimo afloró y fue manipulado en las manifestaciones del lunes 22 y continuó en los debates sobre la necesidad de un reordenamiento administrativo del Ecuador, que permitiera desconcentrar y descentralizar los dineros del Estado. Era una reivindicación regional, calificada de justa por todo el país, pero que había sido aprovechada por los dirigentes empresariales y políticos para empatarla con sus aspiraciones a no pagar impuestos al gobierno central mientras el Presidente de la República no accediera, primero a viajar a Guayaquil para conversar con ellos, y, segundo, a aceptar letra por letra sus planteamientos.
Mientras este debate se sucedía, los efectos de la congelación de depósitos, la especulación con los precios y la depresión de la economía tomaron signos de catástrofe. La ausencia de dinero en efectivo, los altísimos precios y la falta de crédito conducían gradualmente a la paralización del aparato productivo del país.

Febrero registró una inflación mensual del 13,5%, la más alta en la historia del Ecuador. Pero, el drama humano se reflejó en centenares de empresas quebradas, y miles de desempleados en menos de dos meses. Enfermos que no han podido operarse porque su dinero permanecía en el banco, y murieron; parejas que no pudieron casarse, padres y madres de familia que perdieron sus empleos, almacenes que debieron cerrar porque no vendían, empresas que despidieron a sus trabajadores, ancianos y jubilados que perdieron los ahorros de toda su vida, quienes quedaron físicamente sin recursos para comer y debieron refugiarse en casa de sus hijos, parientes o amigos. Dramas humanos que nunca serían compensados.

Los ingresos por publicidad en las empresas de televisión cayeron en un 70%, los diarios redujeron el número de sus páginas y aumentaron su precio a la par que despedían a periodistas a razón de dos por semana. A un mes del congelamiento bancario, por razones de desconfianza más de 1000 millones de dólares fueron sacados del país, mientras que unos 750 millones quedaron en manos de los ciudadanos, temerosos de depositarlos en la banca o irritados con el sistema.

Personas que habían depositado los ahorros de su vida en los bancos ahora no tenían para comer y vivían arrimados en casas de parientes o amigos con mejor suerte. maestros, empleados públicos, médicos, militares y policías no habían cobrado su salario desde enero. En los hospitales del Estado no hubo plata ni para dar de comer a los enfermos. El ministerio de Educación debió postergar 15 días el inicio de las clases en la Costa, porque una vez culminado el período de matrículas solo se había inscrito el 10% de los estudiantes. La empresa que había etiquetado sus precios en dólares debió anunciar descuentos del 50% en sus productos, y, finalmente, cambió las etiquetas a sucres.

La indignación nacional subió de tono cuando, en medio de este drama humano y económico, los partidos políticos recibieron 23 mil millones de sucres (unos dos millones de dólares) por reposición del gasto electoral. Fue una medida poco inteligente, que demostraba la insensibilidad del gobierno frente a las necesidades colectivas y cuan lejos estaba la clase po¬lítica del drama que estaban viviendo los ecuatorianos. A la par, el gobierno reconoció haber destinado el 53% de sus ingresos al pago de la deuda externa, postergando el pago de los salarios y la cobertura de las necesidades de los servicios del Estado.

El 8 de abril, las Cámaras de la Producción del Guayas encabezaron una marcha de 100 mil personas, bautizada como la Marcha de los Crespones Negros, para exigir el descongelamiento del dinero de los ecuatorianos y rechazar el paquete de nuevos impuestos que el Congreso y el gobierno buscaban aprobar para obtener 480 millones de dólares para financiar en parte el déficit fiscal y acceder a un acuerdo con el FMI.

Varias voces empresariales manifestaron incluso que se hacía esa campaña para que el gobierno cambie o, de lo contrario, para que cambie el gobierno. Y declararon que en caso de aprobarse los impuestos en el Congreso, iniciarían una "rebeldía tributaria". El reclamo era popular: quién querría pagar impuestos de cualquier tipo para que terminasen en los bolsillos de los banqueros.

Un mes después de las dramáticas medidas tomadas por el régimen, el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre el plan anticrisis. La sensación de vacío de poder se reflejaba en el conjunto de una sociedad fragmentada. El diario guayaquileño Expreso tituló un editorial publicado en su primera plana: "Nadie sabe qué hacer ni a dónde vamos. Esta es la pregunta que pende angustiosa sobre los ciudadanos ecuatorianos. Ante ella, el gobierno adopta un quietismo ofensivo para la colectividad".

El gobierno de Jamil Mahuad fue quedándose cada vez más solo. Foto: El Universo

En un tratamiento similar, el diario El Comercio pidió un gobierno de unidad nacional. Para muchos, fue diplomático pedido para que el presidente Mahuad salga del cargo y diera paso a otra persona.
Muchas voces empezaron entonces ya a cuestionar, a ocho meses de iniciada la administración, la calidad moral del Presidente bajo la sospecha de ser "prisionero" de un sector bancario. Sospechas que llevaban a preguntarse a muchos ciudadanos qué gran favor estaba pagando Mahuad para no intervenir contra los banqueros corruptos, entregar tanto dinero a la banca sin las garantías suficientes y preferir el bienestar de un puñado de banqueros al bien común. Meses más tarde se sabría la razón: el banquero Aspiazu había entregado USD 3 millones para financiar la campaña del ahora Presidente.

Estaba por terminar el período cristiano de la Cuaresma. Los cuarenta días que el catolicismo impone como un período de reflexión, entre el Miércoles de Ceniza y el inicio de la pasión y muerte de Jesucristo.

A mediados de abril, un mes después de que los taxistas bloquearan el país, Mahuad convocó al Palacio de Gobierno a los directores de los medios de comunicación, empresarios, diplomáticos, funcionarios internacionales y a representantes de varios sectores civiles —no había invitados de la Costa—. En un discurso de tres horas anunció los principios de un plan a mediano plazo para sacar al país de la crisis. Un plan que contemplaba obras por 800 millones de dólares, siempre y cuando el Congreso aprobara el nuevo paquete de impuestos y los organismos internacionales de crédito entregaran esa cantidad al gobierno. Pero, el programa “de salvación” no afrontaba temas inmediatos como la dramática recesión económica  —en dos meses las empresas privadas no podrían pagar sueldos— el congelamiento del dinero en los bancos y la dramática crisis social. Definitivamente, la agenda de la gente no era la del Presidente.

Pero, la presentación de Mahuad en esa noche, más que el anuncio de un plan, fue la consumación de un bien logrado golpe de efecto, al menos entre los privilegiados asistentes al Salón Amarillo del palacio. Luego de semanas enteras de haber emitido pública y privadamente críticas feroces, con pedidos de renuncia y acusaciones de inmoralidad e incapacidad para gobernar, esos mismos sectores flanqueaban ahora a un sonriente Jamil Mahuad, quien recibía complacido los aplausos y felicitaciones de quienes querían tocarlo y dirigirle unas palabras de aliento.

Sus cercanos colaboradores estaban radiantes: el Presidente había mostrado un tono decidido. Se había presentado como un verdadero mandatario: enérgico y con aparentes arrestos para las crisis venideras. Y lo más importante: había puesto en su sitio a los dirigentes empresariales de la Costa.

Casi al final de los aplausos, se supo que el Congreso había aprobado el paquete de nuevos impuestos. Cuando recibió la noticia, Mahuad se dirigía triunfal a su despacho en medio de una nube de periodistas, fotógrafos y amigos. Entonces se detuvo, se dirigió hasta donde Javier Espinoza, presidente de la Asociación de Empresarios, le puso la mano en el hombro y le dijo a modo de pregunta: ¿No es cierto Javier que estamos en el camino de la razón? Espinoza le respondió con una sonrisa: "Así es, Presidente, ahora solo debemos esperar que el país no estalle en pedazos".

Desde el Miércoles de Ceniza habían pasado casi 60 días