"Las revelaciones que surgen antes y después de aquel incidente (el bombardeo al campamento de las FARC en Sucumbíos), por la ejecución de los operativos anti narcóticos “Huracán Verde ” y “Huracán de la Frontera”, muestran dos cosas: cómo había permeado el narcotráfico a la estructura del país y cómo los tres hechos mantienen una estrecha relación. En consecuencia, se puede deducir que esta también fue una razón para la reforma al sistema de inteligencia, aunque políticamente se los presentó como hechos aislados".

Estas son las conclusiones de una tesis elaborada por la periodista Saudia Levoyer, quien investigó los sucesos relacionados con los tres hechos, que condujeron a una purga de los organismos de inteligencia militar y policial, a los que el Gobierno de Rafael Correa acusó de estar financiados y vinculados a los Estados Unidos, en lo que, para Levoyer, fue una operación de propaganda política antes que una verdadera razón para tales medidas. 

En una tesis presentada en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde Levoyer cursó su maestría en Estudios Latinoamericanos, la periodista sostiene que tanto antes del ataque de las Fuerzas Armadas de Colombia al líder de las FARC, Raúl Reyes, quien se encontraba en una base clandestina construida en un paraje fronterizo de Sucumbíos, (el operativo Huracán Verde ocurrió antes del bombardeo colombiano)  y posteriormente en el marco de un segundo operativo, llamado Hucarán de la Frontera, se recogieron pistas que permitieron establecer la infiltración del narcotráfico en el país. 

En efecto, Levoyer afirma en su tesis que el segundo operativo permitió evidenciar "las relaciones que habían establecido Edison Ostaiza con José Ignacio Chauvin, quien cumplió varias funciones en el Gobierno y dentro de la estructura de Alianza País (AP), movimiento del presidente Rafael Correa: fue subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, asesor del Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, dirigente de Acción Política de AP en Pichincha y presidente de la Brigada Simón Bolívar (BSB)".

La relación entre Chauvín y los Ostaiza, sostiene Levoyer tiene varios motivos específicos: "se determinó que hubo una oferta para aportar a la campaña presidencial de 2006, construir un comité de apoyo en Galápagos, participar en negocios petroleros y pedir a las FARC que se retracten de lo afirmado en un video por Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy, sobre los aportes del dinero de la guerrilla".

Levoyer recuerda también que, como consecuencia de los operativos contra los Ostaiza, surgieron algunos nombres, como el del coronel en retiro Jorge Brito, y de algunos otros personajes vinculados al activismo de derechos humanos y al ex ministro Gustavo Larrea.

Posteriormente, los informes producidos por las comisiones nombradas por el Gobierno de Rafael Correa establecerían "una narración de los papeles cumplidos por Gustavo Larrea, José Ignacio Chauvin, René Vargas Pazzos, María Augusta Calle, Luis Gerardo Rubio Gallegos y Jorge Brito, cuyas principales conclusiones se basan en las investigaciones que se desprendieron de las dos operaciones antinarcóticos".

En los informes se precisó también que "las FARC y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales culturales y sociales", así como también que "las actividades del narcotráfico y sus infracciones conexas son, de tal magnitud que su combate debe involucrar a la comunidad nacional en su conjunto".

La purga policial y el vacío que favoreció al narcotráfico

Ambos informes también recomendarían la necesidad de reformular los servicios de inteligencia tanto de la Policía cuanto de las Fuerzas Armadas, al evidenciarse su vinculación, en especial, a donaciones de equipos y dinero por parte de Estados Unidos, que superaban los dos millones y medio de dólares.

Levoyer precisa que "cada comisión tuvo sus misiones específicas, pero sus trabajos, vistos en conjunto, sirvieron para justificar los cambios en el sistema de inteligencia, que se comienzan a ejecutar en 2009 y que incluyó una reforma legal, si bien todo se escudó bajo el argumento del bombardeo de Angostura, no es menos cierto que una buena parte de la reforma, sobre todo al sistema policial, se concentró en desarmar a la UIES", que era la unidad policial encargada de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones subversivas. 

A la reforma de los servicios de inteligencia propiciados por el actual Gobierno, se sumó su decisión de no permitir que continuaran las operaciones del FOL norteamericano en la Base Eloy Alfaro de Manta. Con la salida de los militares norteamericanos, aumentaron las capturas de drogas, pero, estima Levoyer, "si bien no hay coincidencia en las cifras de incautaciones entre las autoridades ecuatorianas y las del FOL, lo que sí se puede establecer es que desde la salida de los estadounidenses de la Base hay más droga incautada en el país, lo que nonecesariamente es eficiencia policial, sino un problema que se ha venido agravando en los últimos años".

El ex comandante de la Policía Nacional, general (r) Bolívar Cisneros, en diálogo con PLANV, coincide en que en los últimos años han aumentado las capturas de droga por parte de la Policía, pero esto evidenciaría que los narcotraficantes, lejos de verse disuadidos por la lucha contra el narcotráfico, continúan convirtiendo al país en sitio de tránsito de drogas. 

Cisneros precisa que muchas entregas de droga se hacen en alta mar, con lanchas rápidas que viajan hacia Galápagos, por lo que sostiene que la lucha contra el narcotráfico requiere una amplia cooperación entre las distintas fuerzas armadas y de orden.

Para Cisneros, es también importante destacar que el aumento del microtráfico en el país, especialmente el que afecta a los jóvenes, evidencia que muchos de los narcotraficantes están dejando parte de sus cargamentos de droga introducidos en el país para alimentar el consumo interno. 

Pero el general retirado declinó comentar lo que vino luego de su salida de la Policía, como fue la reorganización de los servicios que luchaban contra el narcotráfico. 

Para Levoyer, "justamente porque los informes presentados por las comisiones creadas por el Ejecutivo (para la Investigación de los Servicios de Inteligencia Militares y Policiales y de Transparencia y Verdad Angostura), de una u otra forma analizaron el sistema de inteligencia y lo sucedido en Angostura, abordando la forma de trabajo de la UIES y mirando –especialmente la segunda- estos dos operativos antinarcóticos, puede establecerse que esta unidad fue desmantelada bajo un argumento: su relación con la Embajada de Estados Unidos".

La periodista señala que "con la decisión política de marcar distancia con Estados Unidos en materia de seguridad y control del narcotráfico se produjeron dos efectos. Por un lado, es evidente, de acuerdo con lo que dice la línea discursiva del Gobierno, se ganó en soberanía nacional e independencia de las unidades policiales (desapareció la UIES y la reemplazó la ULCO). Pero, por otro lado, hubo un lapso en que se dejó de tener información sobre el narcotráfico y capacidad de control, lo que llevó a una suerte de “vacío” que trajo consigo que la acción de narcotráfico se diera con menos controles y que el país cambie de estatuto dentro de la cadena del narcotráfico y, probablemente, a que aquello fuera aprovechado por otros sectores ilegales".

En efecto, según establece la periodista en su tesis, con el cierre de la UIES y la orden del Gobierno de devolver a Estados Unidos las computadoras, equipos y todo tipo de asistencia condicionada a las instrucciones de Washington, se produjo un vacío de varios meses durante los cuales el crimen organizado podría haberse fortalecido, pues la UIES realizaba tareas de inteligencia para la lucha contra el narcotráfico. 

Levoyer precisa que "hay un dato de la realidad: las cifras actuales del narcotráfico muestran que este problema, lejos de resolverse, se ha ido acrecentando, más allá de los esfuerzos hechos por controlarlo. Los picos de los mismos justamente se dan en plena transición o crisis de los sistemas de inteligencia. Es entre 2009 y 2010 donde hay más incautación de droga, se hallan los primeros laboratorios, para finalmente capturar a importantes capos de los carteles internacionales. La revelación más fuerte la hace el mismo gobierno en 2013 cuando admite la presencia del cartel de Sinaloa en el país".

"¿Por qué las responsabilidades recayeron exclusivamente en algunos oficiales de inteligencia, cuando se cuestionaba una práctica institucionalizada, donde oficiales de la más alta gradación sabían cómo funcionaba el sistema?" se pregunta Levoyer y finaliza: "cuando el sistema de inteligencia fue investigado y cambiado bajo consideraciones nacionalistas, producto de la intervención de Estados Unidos, el narcotráfico aprovechó esta transición para fortalecer su presencia".