Entre los anuncios del presidente Lenin Moreno en su informe a la Nación, el pasado 24 de mayo, destacaron dos con relación a la crisis migratoria producida por la salida de casi cuatro millones de venezolanos de su país. El presidente Moreno actualizó la cifra de los inmigrantes caribeños que se han quedado en el Ecuador: los estimó en por lo menos 400 mil. Y agregó que el país implementará una "visa humanitaria" para atender la migración de los venezolanos, que dejan su país ante el colapso del Estado y la falta de medicamentos, alimentos, servicios, empleo y dinero. 

Moreno dijo también, en pleno aniversario de la Batalla de Pichincha, el combate final de las guerras de la independencia, en donde participó un importante contigente de venezolanos, al mando del mariscal Antonio José de Sucre, que el país acelerará la denuncia del Tratado de Unasur, que preveé una visa para los ciudadanos de los países de América del Sur. 

Casi un mes después, no hay todavía definiciones del actual Gobierno. Con un agravante: el Perú, desde el 15 de junio, cerró sus fronteras a los venezolanos, que para poder llegar al país vecino deberán pedir una visa en los consulados del Perú en Venezuela. En la práctica, el Gobierno de Martín Vizcarra cerró así el paso a los migrantes venezolanos, muchos de los cuales alegan que no quieren quedarse en Perú sino avanzar hacia el sur del continente.

Pero Chile y Argentina han tomado medidas migratorias. Chile también anunció reformas en su legislación para que los venezolanos que quieran quedarse en Chile deban pedir también una visa desde su origen en Venezuela. Argentina reformó su Ley de Extranjería con más controles. El esquema de Unasur, que permitía tener una visa de residencia por dos años, se desmorona. 

Para el presidente de Chile, Sebastián Piñera, serán recibidos en su país todos los inmigrantes que estén dispuestos a adaptarse a las costumbres y, sobre todo, respetar las leyes de los chilenos, por lo que de plano ha descartado que se permita el ingreso a Chile de personas con antecedentes penales o cuya información sobre eso sea dudosa. 

Vizcarra, de su lado, destacó que Perú ya no recibirá más venezolanos, ni siquiera a aquellos que alegen que solo están de paso. 

En el Ecuador, el Gobierno anunció que el "corredor" que consiste en transportar a los venezolanos que afirman que no quieren quedarse en el Ecuador hacia la frontera sur se reforzó en los últimos días, pero lo cierto es que, al menos legalmente, los venezolanos ya no podrán cruzar al Perú. Sobre en qué consistirá la "visa humanitaria" del Gobierno de Lenin Moreno, aún no hay precisiones. 

"Una frágil bienvenida"

Refugees International es una organización con sede en Washington, que está conformada por abogados y activistas expertos en temas de migración. La fundación no recibe dinero de las Naciones Unidas, según explica, para poder criticar con libertad a las organizaciones internacionales dedicadas a temas migratorios y de refugio. 

Este 17 de junio, Refugees International publicó un documento que hace un diagnóstico precisamente sobre la situación del Ecuador frente a la crisis migratoria venezolana. 

El documento, titulado "Una bienvenida frágil", analiza la respuesta del Ecuador frente a la ola migratoria proveniente de Venezuela. La investigación, firmada por Sarah Miller y Daphne Panayotatos, destaca entre otros aspectos las contradicciones entre las "avanzadas" leyes migratorias del Ecuador y su capacidad de respuesta real frente a la migración venezolana. 

Según el informe, han dejado Venezuela por el colapso de su país por lo menos 3,7 millones de personas. Hasta finales de 2019, podrían salir de Venezuela un total de cinco millones de personas, casi el 30% de la población del Ecuador. Las dos expertas afirman que, desde 2015, hasta 1,2 millones de personas provenientes de Venezuela han pasado por el Ecuador, si bien la mayoría se han dirigido a otros países del sur del continente.

Por lo menos 221 mil de ellos se habrían quedado en el país, aunque el presidente Moreno, en su última estimación, cree que son no menos de 400 mil, es decir, el doble de lo que se maneja en el exterior. 

"La llegada de tantos en un corto período de tiempo ha tensado la capacidad institucional del Ecuador. Muchos venezolanos carecen de acceso a servicios sociales, como salud, educación, vivienda y medios de vida. Algunos también han sido víctimas de violencia sexual y de género, discriminación y xenofobia. A medida que más venezolanos con necesidades cada vez más agudas llegan y eligen quedarse, Ecuador está luchando para responder", explican las expertas de Refugees International.

"La respuesta de Ecuador ha sido inconsistente, reflejando las complejas tensiones políticas y los desafíos institucionales que enfrenta. Por un lado, Ecuador ha sido históricamente un país de acogida de refugiados y, técnicamente, ha mantenido vías de regularización para los venezolanos. De hecho, el país tiene algunas de las leyes más progresistas de derechos humanos, migración y asilo en la región. Estas leyes incluyen su Ley de Movilidad Humana de 2017, que consagra un enfoque de principios sólidos para regularizar el estatus de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. La ley también compromete a Ecuador con el principio de no devolución, no discriminación e integración", explican las expertas.

Pero el progresismo de las leyes migratorias ecuatorianas no ha mejorado la situación de los venezolanos: "Sin embargo, algunas políticas han socavado la intención de la ley, impidiendo que los venezolanos accedan a sus derechos en la práctica. Estos cambios en las políticas parecen motivados políticamente, como respuesta a las oleadas de llegadas, los cambios en la opinión pública o un aumento en la xenofobia. Como resultado, la ONU advirtió recientemente que, a pesar del marco legal del país, el acceso al estado regular es ahora uno de los principales desafíos que enfrentan los venezolanos en Ecuador".

La ONG norteamericana agrega también que "Las consecuencias para los venezolanos han sido devastadoras. Por ejemplo, los nuevos requisitos de ingreso impuestos a fines de 2018 y principios de 2019 efectivamente cerraron la frontera a muchos venezolanos, a veces separando a las familias. Esta política obligó a muchos a tomar rutas irregulares hacia el país, a veces a través de traficantes, exponiéndolos así a mayores riesgos y negándoles las protecciones que ofrece el estado regular. Estas medidas también impiden que muchos venezolanos accedan al mercado laboral, un resultado particularmente perjudicial, dado que los venezolanos que huyen hoy tienen necesidades más graves que los que llegan antes. Algunos grupos, entre ellos mujeres y niños, y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) son particularmente vulnerables".

El informe concluye que "la situación de los venezolanos en Ecuador ha llegado a un momento crítico. A medida que el gobierno se enfrenta a crecientes tensiones en su capacidad institucional, debe optar por respetar su Constitución, que protege los derechos de los migrantes y refugiados. Por su parte, la comunidad internacional debe aumentar el financiamiento y las operaciones para que el Ecuador pueda cumplir con estas obligaciones. De hecho, el componente de Ecuador del llamamiento de financiamiento de la ONU para la crisis regional de Venezuela solo cuenta con un 17 por ciento. La frágil bienvenida de Ecuador debe hacerse más fuerte".

Foto: ANDINA/ Norman Córdova

Entre las recomendaciones que la ONG realiza, está una crítica a la ONU, que debería destinar por lo menos 117 millones de dólares de ayuda al Ecuador para enfrentar la crisis, rubro con el que no habría cumplido. Las Naciones Unidas, destaca, han ofrecido 738 millones de dólares para atender la crisis venezolana,  pero su ejecución es lenta. La ONG hace también un llamado a la ONU a fortalecer el proceso de coordinación diplomática que encabezó la Cancillería del Ecuador.

Finalmente, la ONG hace varias recomendaciones al Gobierno del Ecuador. Entre éstas están:

"Mantenga las fronteras abiertas para los venezolanos y elimine las barreras financieras y burocráticas para el ingreso regular. Esto incluye aumentar la capacidad de procesamiento de inmigración y reducir las tarifas para obtener o sobrepasar visas. También significa mantener el compromiso de Ecuador con la no devolución, la no discriminación, la integración y la no criminalización de la migración irregular. Acelerar las determinaciones de la condición de refugiado para garantizar que los venezolanos con una solicitud creíble de asilo  puedan obtener las protecciones internacionales debidas" Integrar a los venezolanos desplazados en la economía de Ecuador mediante la creación de oportunidades para los medios de vida y el acceso al mercado laboral. Las visas de trabajo deben ser más asequibles y los mecanismos para transferir certificados profesionales deben ser accesibles a los venezolanos desplazados. Continuar apoyando los principios del Proceso de Quito, que incluyen requisitos de ingreso armonizados, estándares compartidos para permisos de residencia y trabajo, un sistema coordinado para combatir el tráfico y el contrabando y la reunificación familiar a través de las fronteras. Invierta en campañas contra la xenofobia para combatir la discriminación y la retórica migratoria, una prioridad urgente, especialmente a la luz de la masiva reacción pública provocada por un acto aislado de violencia que ocurrió en la ciudad de Ibarra a principios de 2019".

  ENTREVISTA  

"En inmigración, el Gobierno juega fútbol con pelotas de tenis": Guillermo Robayo

El abogado experto en temas de inmigración y derechos humanos, Guillermo Robayo, es crítico con la gestión del Gobierno de Lenin Moreno frente a la situación de los venezolanos. Robayo ha cuestionado desde la sociedad civil varias de las políticas del actual Gobierno, y patrocina a varios inmigrantes que aspiran a regularizarse en nuestro país. Cuestiona el desconocimiento y falta de agilidad en los trámites migratorios que, cree, caracteriza a la actual administración.

El presidente Moreno ha anunciado que hay 400 mil inmigrantes venezolanos en el Ecuador y la implementación de una visa humanitaria. ¿Cómo ve esa problemática?

Lastimosamente no hay política de movilidad humana, hay improvisación. No es necesaria una visa humanitaria, tanto nuestra Constitución cuanto nuestra pésima Ley de Movilidad Humana reconocen la condición de refugiado, no es necesario inventarse nada. No han implementado estas soluciones porque no hay voluntad política, no quieren cumplir con los compromisos internacionales. El anuncio del presidente carece de postulados y fundamentos claros. Ya hay figuras que debieron implementar desde hace más de dos años. La diáspora venezolana está pasando y quedándose en el Ecuador. Seguimos improvisando las estadísticas, el Gobierno pasó de 270 mil a 400 mil, no sabemos qué cifra darán la próxima semana. Más allá de las cifras, no se han dado respuestas. 

¿Qué impacto tendría la denuncia del Tratado de Unasur, también anunciada por el presidente?

Es algo que las organizaciones de la sociedad civil ya habíamos planteado. El pacto de Unasur nunca favoreció a las poblaciones ni garantizó derechos. Unasur solo sirvió para el edificio, la estatua y los egos. La visa Unasur tiene los mismos requisitos que una visa de trabajo en el Ecuador, da los mismos derechos de trabajo, de dos años de residencia temporal. Su costo es de 250 dólares por persona, lo que es irreal para la situación de los venezolanos. Hay una gran tramitología, se pide pasado judicial apostillado cuando en Venezuela ese trámite toma dos o tres años. Se ha dicho que los pasaportes caducados pueden estar vigentes, pero renovar pasaportes en Venezuela es una tarea imposible. Ellos mismos están prorrogando sus pasaportes caducados. Hay una saturación en nuestro sistema de visas, están dando citas para el 2020. Implementaron una aplicación de visa electrónica, pero no está siendo eficaz. Tengo trámites de personas con VIH que son casos emergentes y a pesar de ello se demoran hasta un año y medio. Quieren ir a jugar fútbol con pelotas de tenis, no se entiende que hay cientos de miles de familias con niños ya nacidos en el Ecuador con padres sin regularizar. Lo que deberían es naturalizar a quienes ya han tenido hijos ecuatorianos, pero no lo quieren hacer. Se siguen implementado multas por ser irregular. La multa es de $780 y lleva la amenaza de la deportación. Espero que se blinde a quienes ya tienen la visa Unasur y no se les obligue a hacer de nuevo el trámite. 

Pero la Cancillería y el Ministerio del Interior dicen que están ayudando a los migrantes, ¿cuál es su experiencia al respecto?

Hemos presentado a ambos ministerios un caso. El Ministerio del Interior publicó un acuerdo que evita las multas a las personas vulnerables, pero la Cancillería contestó por escrito que presume "la ilegalidad" del acuerdo ministerial. Ahora asumen hasta el control constitucional, que le corresponde a la Corte Constitucional. 

¿Cuál es la situación del ingreso a los ecuatorianos al Ecuador?

La Corte Constitucional como medida preventiva prohibió pedir el pasado judicial para el ingreso. Sigue vigente para la tramitación de visas. La Corte Constitucional debe resolver en derecho y anularlo totalmente.

¿Cuál será el impacto de la medida de visa adoptada por Perú?

El Gobierno no ve los escenarios. Perú ha implementado una visa que va a significar que toda esa población se va a quedar en el Ecuador. Eso va a aumentar la gravedad del problema, pero creo que el Gobierno no articula una respuesta regional, por lo menos con Perú y Colombia. Están viendo el tema migratorio sin entender la dinámica migratoria. Es necesario sumar a mecanismos de diálogo a Colombia, Perú, Chile y otros países. 

¿La "visa humanitaria" que anunció el presidente debe pedirse en Venezuela o debería ser algún tipo de regularización?

Muchas organizaciones han pedido un proceso de regularización ágil, expedito y enfocado en los derechos humanos. En Venezuela nuestros sistemas consulares no podrán funcionar adecuadamente para entregar visas. Venezuela es un país inviable actualmente. Las mismas Naciones Unidas estiman en cinco millones de personas a los que han salido. Debemos ir hacia la amnistía migratoria, hacia casos críticos, reafirmar el cumplimiento del Ecuador en materia de migración y derechos humanos. Es necesaria una posición política sobre la crisis venezolana, dejar la hipocresía diplomática, debemos aupar una solución a la crisis en Venezuela de manera más activa. Llama la atención cómo el canciller José Valencia ha cambiado de discurso, primero habló de la Carta de Roldós como solución, pero luego abandonó esa postura. Las mesas técnicas que se han reunido en Quito no dan soluciones reales. Debemos dar la estadía legal a quienes tienen hijos venezolanos y problemas de salud graves. 

El Gobierno dice que facilita un corredor humanitario, que el Estado del Ecuador está brindando servicios a los migrantes. ¿Qué está fallando?

La libre movilidad consta en nuestra Constitución, pero no significa solamente armar un pasillo Rumichaca-Huaquillas, sino brindar alternativas reales para quienes se quieran quedar. No es real que el Estado esté gastando tanto como se dice en los migrantes, el gasto es muy limitado tanto en salud cuando en educación. Es irónico pedir a Europa que nos quiten la visa mientras tenemos un discurso totalmente distinto sobre los venezolanos, colombianos o haitianos en el Ecuador. El Ecuador está presidiendo el Foro Mundial de Migraciones y deberíamos tener una actuación más concreta. 

El presidente Sebastián Piñera de Chile suele decir que va a recibir a todos quienes quieran adaptarse a su sociedad, sus costumbres y sus leyes. ¿Debe el Ecuador tener un discurso similar?

Quienes defendemos la libre movilidad no decimos que debe venir gente a hacer en el Ecuador lo que le de la gana. Es obligación de quienes vienen respetar las leyes, las costumbres y las culturas, pues migrar no es venir con aire de nuevo colonizador.