La situación de la frontera norte y las condiciones de seguridad para los reporteros fueron analizadas en un taller y conferencia, organizados por varias instancias nacionales e internacionales. Con la participación de Javier Garza, periodista mexicano y del académico colombiano Gustavo Duncan, y la presencia de periodistas, editores, académicos y estudiantes de comunicación, el evento permitió debatir sobre las inquietudes de quienes están en el quehacer periodístico, en especial, frente a la coyuntura de violencia en la frontera con Colombia. 

Por lo menos 200 estudiantes y 40 comunicadores de los principales medios del país participaron en el evento, en donde se puso en evidencia la necesidad de medidas de seguridad frente a la nueva coyuntura que vive el país. 

Javier Garza, periodista mexicano residente en el estado de Coahuila, vecino de Sinaloa, al norte de México, habló sobre la embestida de violencia del crimen organizado en contra de los medios de comunicación en su país. Garza destacó que el crimen organizado decidió pretender controlar lo que los medios dicen sobre ellos en las ciudades y zonas en las que operan. Los primeros síntomas, dijo Garza, iniciaron a mediados de la década pasada, con secuestros de periodistas, atentados contra periódicos y medios. La primera reacción, sostuvo Garza, fue criminalizar el ejercicio periodístico y de alguna forma responsabilizar a los propios comunicadores por los actos de violencia en su contra. 

Tras esta primera etapa, señaló Garza, ni la sociedad, ni la prensa ni las autoridades del Gobierno entendieron en su momento las señales de un fenómeno que tiende a crecer y a salir de control. "Los grupos criminales se pueden sentir empoderados para atacar periodistas", sostuvo Garza.

De izquierda a derecha, el decano de Comunicación de la UDLA, Carlos Jijón, el periodista mexicano Javier Garza, el director ejecutivo de la AEDEP, Francisco Rocha, y el académico colombiano Gustavo Duncan. 

Frente al espiral de violencia, los periodistas mexicanos diseñaron medidas de autoprotección, pues las autoridades no brindaron garantías para el ejercicio periodístico. En esa medida, dijo Garza, se empezaron a tomar medidas para autoprotegerse tanto durante el reporteo de campo cuanto durante el trabajo de escritorio, en especial, en aspectos digitales. Otro debate que se abrió en México fue cómo presentar las noticias para no ser voceros de los grupos criminales, así como diferenciar los distintos tipos de cobertura y los escenarios en los que estas tienen lugar.

El periodista mexicano destacó que hay que contextualizar la violencia y sus impactos en las comunidades, pues hay varias dimensiones sociales, económicas, políticas, educativas, culturales y su propia evolución en términos estadísticos. 

Sobre las medidas de seguridad que deben tomar los periodistas, Garza dijo que hay que tomar medidas físicas, digitales, sicológicas, y legales. En lo físico es importante garantizar la integridad física de los periodistas así como la seguridad de las instalaciones. También, hay que asegurar lo digital, ante la capacidad de los grupos criminales de contar con expertos informáticos. Saber cómo usar los aparatos tecnológicos de forma que se minimice la posibilidad de ser violadas es otro elemento importante. 

La salud mental de los comunicadores debe ser analizada, pues puede haber afectaciones a la sicología de los comunicadores al cubrir situaciones de riesgo y violencia. También, es importante un acercamiento cuidadoso a las víctimas de la violencia. 

La seguridad legal es importante, señala Garza, para poder enfrentar demandas y citaciones destinados a ejercer presión, así como posibles detenciones arbitrarias.

Por lo menos 200 estudiantes de Comunicación de la Universidad de las Américas asistieron a la conferencia, demostrando el interés de los jóvenes por el periodismo como profesión en el país. 

El análisis de riesgo es clave, sostuvo Garza, pues se debe analizar quiénes son los periodistas y quiénes los agresores. La capacidad y la voluntad de los agresores contra los periodistas deben ser analizadas, pues la conjunción de ambos elementos puede hacer más creíble una amenaza. La capacidad y la voluntad pueden variar de manera constante, y el periodista debe estar claro en cuáles son sus vulnerabilidades y fortalezas. 

Para el periodista mexicano, es importante conocer los antecedentes de actos de violencia contra los comunicadores en cada escenario, así como la frecuencia en la que un periodista ha sido agredido en la zona. Las presiones contra la prensa, por parte del Gobierno, de abogados, criminanales, deben ser evaluadas, así como la frecuencia con la que se maneja información delicada. La planificación de las coberturas, el uso de herramientas seguras, de correos encriptados, son también muy importantes. 

Las relaciones humanas y laborales también son muy importantes: desde las relaciones con los editores y los colegas, hasta las prestaciones laborales como tener seguro médico y de vida y un sueldo que justifique altos riesgos, así como el equipo necesario, son aspectos que también deben ser analizados por un comunicador. 

Garza sostuvo que en México se presentó una Ley de Protección de Periodistas, que contempla entregar un chaleco antibalas, cuando los periodistas asesinados en ese país son primero secuestrados o se les dispara a quemarropa, por lo que darles un chaleco o un casco es absurdo. 

Como editor de un periódico en Torreón, Coahuila, Javier Garza cubrió una batalla entre los carteles de Los Zetas y Sinaloa, en la que los medios quedaron, recuerda, en un fuego cruzado. En su país, la mayor parte del territorio nacional está bajo control de los cárteles de la droga y las amenazas se volvieron recurrentes. El aumento de homicidios en la zona se convirtió en un problema importante. Una de las medidas editoriales que se tomaron fue evitar un despligue espectacular de los crímines, que se volvieron cada vez más sangrientos y crueles por parte de los asesinos. 

Para no ser partícipes del terror, estima Garza, se debe informar de los sucesos, pero sin darles el megáfono a los criminales. 

Los contornos del narcotráfico 

De su lado, el académico colombiano Gustavo Duncan, quien estudia el crimen organizado en su país y tiene una cátedra en una universidad de Medellín, expuso sobre el poder político del narcotráfico y la forma en la que este se implanta en la sociedad. 

Duncan destacó que en ocasiones se compara el narcotráfico con un negocio legal, y la comparación le pareció inadecuada. Ello se debe a que en la venta de droga no hay libre competencia entre los productores, como ocurre en el capitalismo legal. Los costos de producción no importan en el narcotráfico, sino la reducción de los riesgos, pues hay otros narcotraficantes, y la acción del Estado puede afectar el negocio ilícito. 

Para el académico, unas de las formas en las que el narcotráfico reduce sus riesgos es por medio de sobornos a las autoridades, así como pagar a operadores violentos en distintas zonas, es decir, las principales fuentes de riesgo pueden convertirse en aliados. Es por eso, precisó, que los capos de los carteles entienden que su negocio es obtener poder y garantizar acceso al poder político, así como controlar una zona por la fuerza de las armas. 

Al respecto de Guacho, sostuvo que cuenta con un ejército que controla una zona sin presencia del Estado, poder que le permite monopolizar los recursos. De esta manera, en Colombia hay poder político, por un lado, y por otro, la posibilidad de ejercer el poder de la violencia directa. Para los narcotraficantes, ambos aspectos son clave. 

La producción de la droga, entonces, se dirige en Colombia y en México a zonas en donde no hay presencia del Estado, así como escaso desarrollo institucional. Los narcotraficantes, dijo Duncan, quieren estar lejos del Estado, pero al mismo tiempo necesitan del Estado para poner a circular su capital económico. En algunas zonas de varios países como Colombia y México, las organizaciones criminales realmente gobiernan, es decir, cobran impuestos, administran justicia y vigilan a la población con sus propias fuerzas armadas. 

Pero, ¿qué hacen estas organizaciones con todo el dinero que obtienen? Duncan recuerda que se ven obligados a lavar el dinero en las grandes ciudades, como Quito, Bogotá y Medellín, por actividades comerciales de contrabando. Al respecto, recordó que en Medellín hay una especie de bahía en donde se pueden comprar productos importados, pero que son traídos de China y otros países con dinero del narcotráfico. Sin embargo, una vez que se convierte en mercadería legal y entra al sistema financiero, el dinero se vuelve legal y es regulado por el Estado. 

Cuarenta comunicadores de los principales medios impresos, digitales y televisivos del país asistieron a un taller con los dos invitados especiales. 

La industria del narcotráfico se dedica también a corromper a los políticos, como ocurrió en Colombia en varias oportunidades. En el caso de Bolivia, recordó Duncan, los cultivos de coca son controlados por las propias comunidades indígenas, que fueron beneficiadas de tierra en una reforma agraria. Evo Morales, afirma, es un presidente producido por esas comunidades cocaleras, sin necesidad de ejércitos privados. 

El narcotráfico, además, es una oportunida de inclusión en el mercado mundial de zonas aisladas. El narcotráfico solo tiene sentido si se convierte en la posibilidad de consumir, lo que se evidencia en el consumo masivo en las zonas de bonanza del narcotráfico. La inclusión en el capitalismo global se produce con el dinero del narcotráfico, y es, además, una oportunidad de poder para sectores excluidos.

Sobre el proceso de paz en Colombia, Duncan recordó que una facción del comunismo colombiano es la que dirigía las FARC y la que negoció con el Gobierno, pero las tropas de la guerrilla no estaban ideologizadas. Así, sostiene que Guacho sería el caso típico de  alguien reclutado para hacer dinero y violencia, que carece de formación ideológica, y que tras el acuerdo ha tenido una posibilidad de acceder a poder y dinero. Narcotraficantes de origen humilde fueron ascendiendo en la jerarquía del crimen, en el control del negocio y en acceder al poder político. Esto llegó a preocupar a los políticos, que sintieron que podrían ser desplazados del poder institucional.

Los civiles, y entre ellos, los periodistas, se encuentran entonces en una suerte de fuego cruzado en los conflictos, lo que produce oportunidades de violencia sistemática contra la población, como ocurrió en los enfrentamientos entre Pablo Escobar y el Estado colombiano y, también, cree Duncan, en el reciente caso de Guacho y el infortunado equipo de El Comercio. 

VEA: la conferencia completa aquí