El Ecuador esta en lucha contra el fenómeno del narcotráfico sin una institucionalidad que afronte el control del consumo, la prevención, y las políticas públicas sobre el fenómeno de los narcóticos. Antes del correísmo existía el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, CONSEP, cuyo directorio lo conformaban representantes de varias entidades públicas. 

Con la expedición de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, se eliminó el CONSEP y en su lugar, se creó la Secretaría Técnica de Drogas, SETED, que posteriormente, fue sustituida por la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, y, luego, fue suprimida mediante Decreto Ejecutivo No. 376 (Registro Oficial Suplemento No. 234 de 4 de mayo de 2018).

El argumento central fue que era "necesario realizar una optimización institucional que responda a las demandas sociales y económicas sobre las cuales se han definido las prioridades de Gobierno, fortaleciendo las áreas esenciales para garantizar las intervenciones emblemáticas y el planes económicos; con el fin de consolidar el Plan Nacional de Desarrollo y afianzar el modelo de gestión estatal y gubernamental". 

El decreto derivó las atribuciones de la Secretaría Técnica a un Comité Interinstitucional. En mayo del 2018, el Comité Interinstitucional de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas, Regulación y Control de uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización resolvió mantener los servicios ciudadanos que tenía a su cargo la extinta Secretaría Técnica de Drogas (Seted), mientras durara el proceso de transición de sus competencias al Ministerio de Salud y al del Interior, como lo estableció el Decreto Ejecutivo No 376.

El Comité estaba presidido por la ministra de Salud, Verónica Espinosa, como delegada del primer mandatario de la República, y conformado por los delegados de los ministerios de Justicia, Educación, del Interior, Inclusión Económica y Social y del Deporte. En una nueva reunión, el Comité Interinstitucional resolvió elevar una propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo No 376, con el fin de viabilizar la transferencia de competencias de la extinta Secretaría Técnica de Drogas (Seted), las cuales serían asumidas por los ministerios de Salud y del Interior.

La Ministra de Salud, Verónica Espinosa, manifestó entonces que esta reforma al Decreto Ejecutivo No 376, apuntaba a que el servicio a la comunidad sea más ágil y efectivo a través de las distintas instancias gubernamentales.

El entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini, indicó que esa nueva propuesta del comité permitiría mejorar los controles para evitar la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.

Mientras tanto el Comité continuaría trabajando en el proceso de transición, como la resolución de temas laborales y de talento humano con el Ministerio de Trabajo.

El Comité logró mantener vigentes los diferentes servicios públicos de la extinta Seted, en tareas de servicio ciudadano, programas de capacitación en prevención del consumo de drogas en entornos educativos, laborales, entre otros, como emitir permisos y guías de transporte de productos químicos y materias primas para el desarrollo de industrias legalmente constituidas, se anunció oficialmente. 

Entre las principales competencias que se planteaba fortalecer estaban: el desarrollo de estrategias de prevención y atención integral en salud para reducir el consumo de drogas en la población; así como la regulación de la comercialización de medicamentos y otras drogas, en cumplimiento del Plan Estratégico Nacional de Prevención Integral de Drogas.

El decreto de Moreno estableció varias atribuciones al Ministerio del Interior:

Estas atribuciones implicaban:

Controlar las actividades relacionadas con la producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización;

Emitir regulaciones orientadas a normar las actividades relacionadas con la producción, importación, exportación, comercialización, almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios industriales no farmacéuticos, reciclaje, reutilización y uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización;

Emitir, previo pedido y aprobación del Comité Interinstitucional, la tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, o preparados que las contengan, para efectos de la aplicación de lo establecido en la Sección Segunda del capítulo Tercero del Código Orgánico Integral Penal, sobre delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en las escalas mínima, mediana, alta y gran escala.

Pero eso se quedó ahí. Ahora, el grupo de legisladores autodenominado Frente Parlamentario Anticorrupción, han pedido en una carta pública al presidente de la República, Guillermo Lasso le han planteado "la urgencia de diseñar e implementar una política pública de salud, para prevenir, controlar y erradicar el consumo de drogas. Dicha política pública, deberá contemplar el análisis serio y responsable sobre la eliminación de las Tablas de consumo de drogas; a la par de asignar los recursos económicos suficientes para que el Estado brinde una atención oportuna en este ámbito y, sobre todo, se termine con esta fuente de corrupción e inseguridad".

El argumento de los legisladores fue que "uno de los factores que ha incidido negativamente en el incremento de los índices de inseguridad ciudadana, es el relacionado con el microtráfico de sustancias estupefacientes que, expone a nuestra niñez y juventud a ser víctimas de bandas criminales que no sólo expenden estos productos, sino que, además, también los reclutan para utilizarlos en la cadena de comercialización.

"El Estado por su parte, lejos de fomentar una política integral de prevención y control, ha resultado ineficaz al momento de establecer planes y programas encaminados a erradicar el consumo de drogas, al tratamiento de las personas adictas y a la dotación de infraestructura que permita un adecuado tratamiento, rehabilitación integral y reinserción social de las víctimas de este fenómeno a escala nacional".

El Frente Parlamentario Anticorrupción está conformado por diez legisladores, encabezados por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio.

La tabla de consumo es una herramienta que debe ser utilizada por los administradores de justicia, en esta se detallan los pesos netos máximos y mínimos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Según esta tabla, no comete delito una persona que tenga en su poder 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína o 1 gramo de clorhidrato de cocaína. Cuando la tenencia rebasa esos límites se considera un delito. 

Cuando Alexandra Vela fue ministra de Gobierno anunció la eliminación de dicha tabla, y en el programa de Gobierno de Guillermo Lasso, presentado ante el CNE durante la campaña presidencial, se ofreció eliminar la tabla. El argumento central fue que la existencia de esa diferenciación, que fue implantada desde el 2013, inducía a los niños y jóvenes al consumo de drogas.

Sin embargo, atendiendo la consulta de un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, la Corte Constitucional, en su sentencia 7-17-CN/19, del 2019, dijo que "el inciso final del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal es compatible con el artículo 364 de la Constitución interpretándose en el siguiente sentido: “… el hecho de superar las cantidades máximas establecidas, no es constitutivo del tipo penal de tenencia y posesión, no establece indicio ni presunción de responsabilidad penal. Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, tenga la intención de traficar en lugar de consumir, en el marco del derecho al debido proceso.”

Asimismo, resolvió que la tabla respecto a cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, establecida en la referida resolución, es compatible con el artículo 364 de la Constitución.

Este artículo determina que "las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención".