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17 de Octubre del 2016
Historias
Lectura: 10 minutos
17 de Octubre del 2016
Redacción Plan V
La tensa aprobación de las reformas a las pensiones militares

Militantes de Alianza PAÍS llegaron a las barras altas de Palacio Legislativo para defender el proyecto de reformas a las seguridad social uniformada. 

 

En medio de incidentes verbales entre legisladores, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al sistema especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los cambios fueron aprobados por la mayoría oficialista, mientras la oposición denunció la falta de formalidades en la decisión legislativa. No hubo protestas por parte de los militares retirados en las calles, pero declararon que se estaría quebrando sus seguros de retiro.

Aunque se había anunciado que habría protestas en las calles, esto no ocurrió. La mañana del jueves 13 de octubre, la Asamblea Nacional fue convocada para discutir el paquete de reformas al sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En los alrededores del Palacio Legislativo, se habían colocado algunas vallas de seguridad, mientras entre las ruinas del antiguo Palacio de Justicia, continuaban las inconclusas obras del complejo legislativo. 

Unos pocos policías antimotines y otros del servicio normal eran visibles en las entradas del Palacio, al que habían madrugado militantes de Alianza PAÍS que, con banderas verde flex, fueron ubicados en las barras altas del Salón del Pleno de la Asamblea. 


La Policía realizó controles en el acceso al Palacio Legislativo. 


Los 89 votos de los legisladores del oficialismo permitieron la aprobación de la reforma legal. 

Unos pocos policías antimotines y otros del servicio normal eran visibles en las entradas del Palacio, al que habían madrugado militantes de Alianza PAÍS que, con banderas verde flex, fueron ubicados en las barras altas del Salón del Pleno de la Asamblea.

Quienes brillaron por su ausencia fueron los militares retirados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) aunque habían anunciado que se movilizarían hacia la sede legislativa para protestar. En los exteriores del Palacio había total normalidad.

En el interior, en cambio, tenía lugar el debate, en medio de incidentes verbales y pifias de las barras oficialistas a los asambleístas de oposición como Paco Fierro, quienes fueron interrumpidos en varias ocasiones por los simpatizantes del Gobierno apostados en lo alto del Salón.

El asambleísta opositor independiente, Ramiro Aguilar, fue agredido verbalmente por la asambleísta de Alianza PAÍS por Tungurahua, Betty Carrillo, quien lo trató de "mamarracho" y "cretino" y lo acusó de representar oscuros intereses, lo que explicaba, en criterio de la asambleísta de Ambato, su oposición a las reformas legales.

Aguilar no respondió en el acto a los insultos de la oficialista, pero esa misma tarde presentó un queja por escrito ante la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pidiendo una sanción de 30 días de suspensión sin sueldo por haberlo insultado. 


Betty Carrillo, oficialista de Tungurahua, calificó de "mamarracho" al independiente Ramiro Aguilar. 

Fausto Cayambe, también de Alianza PAÍS y miembro de Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) que debe analizar la queja, prometió que se la tramitaría "sin sesgo político".

El 17 de octubre, Carrillo pidió la palabra en el pleno para disculparse en estos términos:

"Quiero expresar mis públicas disculpas a la provincia de Tungurahua, al país y al Pleno de la Asamblea Nacional. Porque debo reconocer que eso de cretino y mamarracho fue inapropiado y grosero”, dijo. “No ha sido una justificación haber sido llamada vendedora de seguros (…). El que una persona actúe de esa manera no significa que debamos responder de esa forma (…). El hecho de que (Ramiro) Aguilar haya actuado de manera desafiante no es justificación para mi reacción”, dijo la asambleísta. 

En horas de la noche se conoció que Carrillo, tras esta "disculpa" en la que no se dirige al agredido, fue sancionada con 15 días de suspensión sin sueldo, pues fue considerada un "atenuante" por el CAL. 

Una mayoría de 89 votos se pronunció a favor de las reformas en el seno del Legislativo.

Mientras tanto, Aguilar denunció también que la Ley reformatoria había sido aprobada sin sus considerandos. 

“Ningún Congreso del mundo aprueba una ley sin considerandos salvo claro está la @AsambleaEcuador y el bloque de AP”. “Solo para las actas una ley sin considerandos es una ley inmotivada y al serlo es inconstitucional. Por eso tienen que volver a votar”. “Nos convocan al lunes en la tarde para reconsiderar la votación e incluir los considerandos. Es de verguenza total”, dijo el opositor en Twitter.

En la misma red social, la asambleísta del Gobierno Marlelly Vásconez, quien es presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que tramitó el proyecto, le respondió: “@ramiroaguilart lea los considerandos de la ley siempre estuvieron allí. Un error técnico del ingreso no invalida una ley buenas noches”.

El llamado "error técnico" fue subsanado el 17 de octubre, con una nueva votación que sí incluyó los considerandos, en el marco de una reconsideración de la votación. 

Pero aunque no estuvieron presentes en la Asamblea, los militares retirados se manifestaron en varios medios de comunicación y reiteraron sus críticas al proyecto. 

Militares retirados hablan de "traición" y de "quiebra" 

El general (r) Wagner Bravo, vocal alterno del consejo directivo del Issfa, calificó como una “traición no solo a militares, sino a 300 mil personas que dependen de la seguridad social militar", a la aprobación de las reformas. 

El general (r) Wagner Bravo, vocal alterno del consejo directivo del Issfa, calificó como una “traición no solo a militares, sino a 300 mil personas que dependen de la seguridad social militar", a la aprobación de las reformas.

El militar retirado le dijo a la cadena Ecuavisa que en el primer informe de estas reformas se modificaban cinco artículos, luego en el veto presidencial subieron a ocho,  pero en el informe para segundo debate se cambiaron en total 94 artículos, lo que, en su opinión, fue prácticamente cambiar toda la ley. Bravo dijo que no fueron invitados a la Comisión legislativa, pero que al final se hicieron reformas que no fueron consensuadas. 

Reiteró que se realizaron tres sesiones para el cambio total de la Ley. “Me imagino que ellos deben ser expertos en seguridad social (…) están decidiendo la suerte de 300 mil ecuatorianos en 3 sesiones. Son expertos o ya lo tenían preparado (…) esto es una traición”, dijo el ex militar a Ecuavisa. Bravo dijo que los asambleístas no tienen cara para ver a los soldados, y que temas como la integración de los consejos directivos, y la eliminación de los seguros de invalidez y muerte, fueron colocados de último momento. 

Recordó que las condiciones del trabajo armado son diferentes a los de la vida civil, y que se desconocen "las particularidades de la vida militar", pues, en 55 lugares, se ha colocado a los militares bajo los mismos criterios del seguro general obligatorio civil.

Criticó al asambleísta Fausto Cayambe, quien en el pleno anunció que habría por lo menos 2000 millones de dólares de déficit actuarial en los seguros de los uniformados y dijo que la seguridad social militar tiene un patrimonio de 1600 millones de dólares. 

La principal preocupación de Bravo tiene que ver con los informes financieros realizados por asambleístas de oficialismo, a los que calificó como "insustanciales" y “hechos al ojo” y dudó de que las reformas permitan que el sistema de seguridad social de los uniformados sea sostenible en el tiempo. 

Mostró un "corrida financiera" del actuario del Isffa, que evidenciaría que los recursos para invalidez y muerte se acabarían en 2026 antes de las reformas. Con la reforma, ese mismo recurso se acabaría en 2017 sin poder garantizar el pago de los pensiones. 

Cuestionó aspectos como la disminución del porcentaje de aporte de los uniformados que, dijo, "va a significar un desembolso mayor de parte del Estado para cubrir las pensiones de los oficiales retirados, y mucho más cuando los nuevos soldados que ingresen a la vida militar decidan retirarse".  “A las futuras generaciones les dicen que ya no deben aportar el 25%, sino el 11%. ¿Quién va a pagar las pensiones de esos nuevos soldados?”, cuestionó.

El general (r) dijo que no se entiende la "solidaridad intergeneracional" que debía ser la base del sistema, pues no habría recursos suficientes para pagar las pensiones de quienes van a pasar al servicio pasivo. Por lo menos mil millones de dólares al año deberá poner el Estado para pagar las pensiones el próximo año, dijo el ex militar. "Acaban de destruir a la seguridad social militar y policial", finalizó. 

Sin embargo, las reformas no afectan las pensiones de los militares actualmente retirados, que no serán disminuidas aunque no aumentarán al ritmo que lo hacían anteriormente. 

Tras su discusión en la Asamblea, la ley pasó al Palacio de Gobierno para que el presidente la apruebe o la vete. 

La opinión  de nuestros lectores

Usando la herramienta disponible en la red social Twitter, consultamos a nuestros lectores si apoyan o no las reformas a la seguridad social militar. Recibimos un total de 675 votos, de los que el 69% se pronunciaron por el Sí y el 31% por el no. Aquí el detalle:

[RELA CIONA DAS]

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