La Guajira es un departamento de Colombia cercano al Caribe, fronterizo con Venezuela. Su capital es Riohacha y su población es de 600 mil habitantes, es decir, es similar a la de la Provincia de Esmeraldas.

Apenas a diez minutos del centro urbano viven los indígenas de la etnia Wayúu, unas de las pocas comunidades ancestrales que quedan en el país vecino, famosos por sus coloridas artesanías, similares a las de los indígenas andinos. Es común ver a los indígenas mendigando en la ciudad, y algunos son minadores en los botaderos. 

Pero los Wayúu viven en extrema pobreza y en una región de clima tropical desértico en donde una prolongada sequía y el trasvase de un río han dejado a miles de personas sin agua y donde la mortalidad infantil se ha disparado como consecuencia de la falta de atención sanitaria y de alimentos.

En la zona, las temperaturas pueden alcanzar por los menos 40 grados centígrados, lo que hace imposible que la ganadería y la agricultura de subsistencia de los indígenas pueda prosperar. Viven en pequeñas aldeas que carecen de servicios básicos como agua potable, alcantarrillado y electricidad. 

La primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez, se ha mostrado encantada con las artesanías Wayúu

Según los reportes periodísticos, en la zona se ha extendido la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual, debido a la falta de control de la prostitución, en especial venezolana, que llega a La Guajira. Se estima que no menos de siete mil niños han muerto en la región como consecuencia de pobreza, hambre, enfermedades y falta de servicios básicos. Habría por lo menos 37 mil menores en situación de desnutrición crónica. Pero líderes indígenas sostienen que podrían ser por lo menos 14 mil los niños muertos. 

El caso ha sido tratado por varios medios colombianos. Los canales de Bogotá, como RCN, han realizado varias visitas y documentales a la región, en donde se denuncia que millones de pesos destinados por el Estado a la atención de los indígenas habrían sido desviados por políticos locales, aunque no se han podido determinar responsabilidades precisas.

El dedo en la llaga

La situación de los indígenas es tan apremiante, que han presentado un denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Una de las pruebas que aparejaron al escrito fue un documental del periodista de investigación Gonzalo Guillén, titulado El río que se robaron, en el cual se relata la construcción de una represa y un trasvase del único río de la zona, según denunció el periodista, en beneficio de minas de carbón y de grandes propietarios de la región, a los que no duda de tachar de "mafiosos". La CIDH dictó, en diciembre pasado, medidas cautelares para proteger a los indígenas, cuya situación, sostienen los denunciantes, podría ser equiparada a un sistemático exterminio. 

"No dejo de preguntarme cómo y por qué Colombia y sus autoridades han podido vivir por años impávidas a espaldas del proceso de exterminio de la nación indígena más grande del país, la wayúu, cuyos niños están muriendo de inanición, como animales, y los adultos siendo diezmados  por epidemias de dengue, tuberculosis y enfermedades venéreas", dice Guillén, quien presentó su documental en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá en febrero del año pasado, y quién actualmente continúa una campaña internacional para denunciar lo que califica como el robo del río.

Es el consultorio jurídico de esa misma Universidad el que patrocina a los Wayúu en su denuncia ante la CIDH. Además de Guillén, participan en la denuncia del caso la abogada Carolina Sáchica Moreno y el líder indígena guajiro Javier Rojas Uriana.

El documental fue presentado en febrero de 2015 en Bogotá, y es el primero de dos documentales que tiene programados el periodista. 

Según denuncia Guillén en su documental, que no ha sido exhibido todavía por los canales colombianos ni está disponible en internet, "a los Wayúu les robaron el único río que existía en el enorme desierto de La Guajira, donde viven desde hace miles de años. Hoy, el agua se encuentra en una represa que solamente sirve para regar los cultivos de haciendas de poderosos mafiosos y a los tres tajos descomunales a cielo abierto, de Cerrejón, en los que se explota carbón para ser exportado. Esos yacimientos toman más del 90 por ciento del agua disponible en la región, no pagan un centavo por ello y sus actividades están contribuyendo al exterminio de los indígenas, principalmente por el hurto del agua y el polvillo venenoso con que la actividad industrial intoxica el aire y destruye sus pulmones".

Se trata del río Ranchería, el único que corre por el sector, y que según denuncia Guillén fue represado y puesto al servicio de una mina de carbón en el sitio de Cerrejón. Desde ahí el cauce del río está seco, por lo que los indígenas fueron afectados por este trasvase. Guillén dice que el agua llega hacia el sur, "a las fincas de los mafiosos" y denuncia que se "está matando de hambre" a los indígenas. 

La explotación del carbón que se realiza en la zona, revela Guillén, la he producido al Estado colombiano cerca de USD 2000 millones en regalías en los últimos 20 años que, sostiene,  "jamás se invirtieron en beneficio de los Wayúu, cuyas comunidades siguen sumidas en el mismo abandono, atraso y desprotección de hace 200 años. Todo ese dinero se lo robó un formidable aparato de corrupción estatal y privada que vive de promover la miseria indígena y de buscar fondos en su nombre para robárselos".

Gonzalo Guillén asegura que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de atender a las poblaciones vulnerables, "tiene un presupuesto anual oficialmente tasado en $3.095.280.918.248: son 13 dígitos para quienes crean que cometí un error al copiar y pegar esta cifra. Este dinero va a dar a los bolsillos de la corrupción mediante contratos de servicios para “proteger” a la niñez en el país".

El periodista arremetió contra la actual gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, sobre quien denuncia que "compró votos a manos llenas, incluidos los de venezolanos a los que llevó en camiones y proveyó de cédulas de ciudadanía colombiana falsas". Agrega que "pertenece a la banda de Kiko Gómez, ex gobernador hoy preso por múltiples homicidios y otros delitos como el saqueo de fondos públicos. Ella inició su carrera en 2002 como candidata a la alcaldía de la municipalidad de Albania, en donde todos los pronósticos le daban el triunfo al dirigente cívico Jorge Jiménez pero el marido de Oneida, el ex policía Pablo Parra, lo asesinó y ella ganó. Hoy, el nuevo alcalde de Albania es Pablo Parra".

La gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, recibió un homenaje por parte de algunos sectores de los Wayúu

La reacción de los políticos

A pesar de que en Colombia no existen leyes restrictivas de la información como la Ley de Comunicación ecuatoriana, Gonzalo Guillén ha denunciado presiones en su contra por parte de los políticos a quienes señala. "Con la promulgación de las medidas cautelares, la tragedia wayúu ha estado por unos días en el primer plano de la actualidad y el gobierno nacional ha abundado en promesas y más promesas. No obstante, la directora del ICBF instauró un caso judicial en solicitud de que sea cerrada mi cuenta de Twitter (@heliodoptero) a través de la cual hago la mayor parte de mis denuncias y la esposa del ex gobernador preso Kiko Gómez le pidió oficialmente al presidente Santos que ordene callarme. Ninguno de las dos peticiones fructificaron".

Según Guillén, "la directora del ICBF, a quien Santos le ha ordenado en público viajar a La Guajira para enfrentar la tragedia, declaró públicamente que no lo hace porque mis comentarios de Twitter la han puesto muy nerviosa y debido a ello le recomendaron no ir a cumplir con su deber"  y sostiene que "la gobernadora, por su parte, ha aprovechado la mortandad para pedir más dinero del que recibe y ha resuelto disfrazarse de wayúu y proclamarse indígena, a pesar de que, además de no serlo, es públicamente conocido que suele referirse al pueblo en extinción como “indios jediondos [hediondos]” o “indios de mierda”.

La situación de los indígenas continúa provocando polémica en el país vecino.