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11 de Agosto del 2020
Historias
Lectura: 14 minutos
11 de Agosto del 2020
Susana Morán
En la última diligencia, el paradero de alias Barbas fue desconocido
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Las familias de Javier, Paúl y Efraín han exigido a los Estados ecuatoriano y colombiano que el crimen contra los periodistas no quede en la impunidad y que desclasifiquen la información para que los procesos avancen.  Foto: Luis Argüello/PlanV

 

En Colombia, Gustavo Ospina Hernández -uno de los tres procesados por el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio- salió en libertad en junio pasado y ya no se presentó a la audiencia preparatoria de juicio del pasado 5 de agosto. A dos años y cuatro meses del crimen, hay un solo juicio en curso. En Ecuador, la situación judicial del caso es más desoladora.


En Colombia existen tres procesados por el secuestro y asesinato de los periodistas de diario El Comercio, Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas. Uno de ellos es Gustavo Ospina Hernández, alias Barbas, quien fue la primera persona que quedó en libertad en este caso. Está procesado en el país vecino por el delito de concierto para delinquir y secuestro extorsivo agravado. Se lo acusa de haber grabado los videos de supervivencia de los comunicadores y de vigilarlos durante el secuestro. Pero la semana pasada, no asistió a la última diligencia de su caso.

En Colombia, los procesos judiciales tienen varias etapas al igual que en Ecuador. La primera es la imputación de cargos, medida de aseguramiento y legalización de la captura si fuera el caso. Por esta fase pasaron los tres procesados colombianos: alias Barbas, alias Cherry y alias Reinel. En el caso de Barbas estas audiencias se hicieron entre el 12 y 13 de octubre de 2018.  El segundo momento es la audiencia de acusación que es cuando la Fiscalía imputa los cargos a los detenidos. Esta diligencia, para el caso de Barbas, se hizo el 16 de agosto de 2019. Y el 5 de agosto de este año se realizó la audiencia preparatoria de juicio, que es el tercer momento del proceso penal en Colombia.  El juez solicitó a la Fiscalía las pruebas que va a llevar al juicio oral. Pero a esta audiencia, Barbas ya no se presentó. Su abogado fue un defensor público y dijo que no tenía conocimiento del paradero de su cliente por lo que no presentó pruebas de descargo.

Barbas quedó libre por orden de un magistrado del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, el pasado 16 de junio. El juez colombiano Eduardo Arturo Velasco argumentó que la Fiscalía no presentó un documento para aplicar la Ley 1809. Esta es una normativa colombiana que permite ampliar los tiempos de los procesos contra personas de grupos armados, porque son investigaciones más complejas. Pero la misma Ley también exige una certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra como un grupo armado organizado. Ese fue el papel que la Fiscalía no presentó y por lo tanto, según el juez, no se podía aplicar esa ley para alias Barbas. La Ley 1809 permite hasta 500 días entre la acusación y el juicio. Bajo el Código de Procedimiento Penal colombiano ese plazo es de 240 días. El juez aplicó esa segunda normativa y favoreció a Barbas.

Según la Fiscalía de Colombia, alias Barbas se habría encargado de realizar el video que fue enviado por el Frente Óliver Sinisterra al canal de noticias de televisión RCN.

La decisión se dio pese al reclamo de la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa de las familias a cargo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), quienes coincidieron que fue un hecho público que los miembros del Frente Óliver Sinisterra, al mando de alias Guacho, cometieron los delitos.

El juez Velasco dijo que no desconoce “la trascendencia de los hechos por los cuales se acusa al procesado y lo lamentables que resultaron”, pero “ello, per sé, no implica que se deban desconocer las disposiciones y exigencias legales”.

En un comunicado conjunto, la FLIP, Fundamedios y el colectivo Nos Faltan 3 afirmaron que “esta decisión tiene origen en la negligencia del Estado colombiano frente al proceso, pues se fundamenta en la ausencia de documentos que están al alcance del Estado y no fueron aportados de manera oportuna. Por lo tanto, las consecuencias de esta decisión y el riesgo de repetición deben ser de especial seguimiento por parte la CIDH en el marco de las medidas cautelares binacionales vigentes”. El juez dijo que la Fiscalía colombiana tuvo más de un año para conseguir o tramitar dicha certificación.

Tiempo es lo que más ha existido. Entre cada etapa judicial, en el caso de alias Barbas han transcurrido entre 10 y 12 meses. Su audiencia de juicio está prevista para el 25 de noviembre próximo, es decir dos años y un mes después de su captura. Si no se presenta, la diligencia se instalará en su ausencia. El Juzgado se justificó por la gran cantidad de juicios que tiene.

Las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS hicieron un llamado a la Fiscalía colombiana y al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco para que se programen “sin dilaciones injustificadas” el juicio contra los tres procesados. Pero antes llegó otra libertad.

Otro liberado y un juicio lento

Gustavo Angulo Arboleda o alias Cherry obtuvo también su libertad por el secuestro de los periodistas de El Comercio, el pasado 4 de agosto. La noticia se hizo pública el 10 de este mes. Él está acusado también de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. Fue capturado el 18 de julio de 2018.


Pese a la resolución del juez de Tumaco de darle la libertad, alias Cherry no salió de la cárcel pues tiene otro proceso en Colombia. Foto: Colprensa

A diferencia de la captura de alias Barbas que pasó desapercibida, la de Cherry fue anunciada por el ministro de Defensa colombiano de entonces, Luis Carlos Villegas. Lo calificó como un ‘siniestro personaje’ y detalló que Cherry fue quien presuntamente interceptó la camioneta en que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, en el lado ecuatoriano. La detención se dio a un mes de haberse encontrado los cuerpos de Javier, Paúl y Efraín en la selva colombiana.

Cherry fue quien contactó a Guacho para que ordenara qué hacer con los periodistas ecuatorianos. Guacho le ordenó que los llevara hasta donde él se encontraba, en “el playón” en el lado colombiano y que les dijeran que él quería que le hicieran un reportaje, según el informe del ESE. 

Pero el mediático anuncio sobre el avance en el esclarecimiento del crimen ha quedado eclipsado años después. En el proceso de Cherry, hubo cinco intentos fallidos para que se instale la audiencia de formulación de cargos. Las diligencias no se realizaron por problemas técnicos, por inasistencia de la Fiscalía, por incapacidad o permiso solicitado del juez. Esta audiencia se instaló recién el pasado 19 de junio, a casi dos años de la captura de Cherry. El 17 de julio pasado estuvo programada la audiencia preparatoria de juicio, pero no se instaló por incapacidad del juez.

La diligencia que sí se realizó fue la de solicitud de libertad por vencimiento de términos, la misma que solicitó alias Barbas. El magistrado del Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco dijo que habían transcurrido más de 500 días entre la acusación y el juicio y así le dio el beneficio a Cherry. Hasta el momento, ese juzgado no ha informado la fecha para el juicio, según confirmó el equipo legal de la FLIP a Plan V. Cherry no quedó en libertad efectiva porque tiene otra orden de captura por otro proceso.

En otro comunicado de las familias y las organizaciones que las patrocinan dijeron: “Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano”.

La revista Semana contó que “Angulo Arboleda formó parte de las FARC, al igual que alias Guacho, y fue uno de los hombres que en 2016 se apartó de la zona veredal de La Variante, en Tumaco, para conformar un grupo disidente”.

El único juicio en curso que existe, tanto en Colombia como en Ecuador, por el crimen contra los periodistas es el de Jesús Vargas Cuajiboy o alias Reinel. Este se instaló el 4 de agosto pasado. Sin embargo, sus tiempos también han sido demorados. La legalización de su captura fue el 8 de julio del 2018, mientras que la acusación formal fue recién el 1 de octubre de 2019. La audiencia preparatoria se realizó entre mayo, junio y julio pasados.

En julio de 2018, alias Cherry renunció al derecho de guardar silencio y a no auto incriminarse. Manifestó su interés de colaborar con la Fiscalía y admitió su participación, según el informe del ESE.

Aunque la audiencia se instaló de forma oficial el 4 de agosto, fue suspendida porque la abogada de Reinel pidió aplazarla porque dijo estar enferma. Está prevista que este mes se vuelva a instalar. La FLIP y las familias han mostrado su inconformidad por la falta de celeridad en los juicios.

Tanto para los juicios de Barbas como de Reinel, la Fiscalía colombiana ha pedido el testimonio de los tres procesados. El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en su informe final llamó la atención sobre las versiones de los tres y de sus contradicciones. El ESE espera que la Fiscalía del país vecino pueda construir un relato más consistente sobre lo que sucedió.

Por ejemplo, el ESE observó que era necesario llevar a cabo algunas diligencias de verificación que permitan evaluar de forma objetiva la versión de Cherry sobre la ruta recorrida por los periodistas desde que fueron interceptados en Mataje hasta que fueron llevados hasta territorio colombiano.

En Colombia hay otros dos detenidos que estarían relacionados con el caso del equipo periodístico. Está pendiente su imputación de cargos.

Un nuevo fiscal y diligencias estancadas en Ecuador

En el lado ecuatoriano, el avance de las investigaciones es menos alentador. Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, contó a Plan V que en medio de la pandemia se cambió de fiscal. El nuevo designado fue Nelson Guano. Es el reemplazo de la fiscal Belén Corredores quien salió de la investigación por orden de la fiscal General, Diana Salazar. Corredores había adelantado algunas diligencias. Por ejemplo, llamó a una versión al exdirector de Inteligencia de la Policía, Pablo Aguirre. Según el libro Rehenes de los periodistas Arturo Torres y María Belén Argüello, se habrían realizado operaciones combinadas entre fuerzas de Ecuador y Colombia en la frontera durante el cautiverio de los comunicadores, lo que habría precipitado su asesinato. Esas operaciones habrían estaba a cargo de la unidad que dirigía Aguirre. Pero el oficial no se presentó a la versión porque estaba fuera del país.

“Otra vez el nuevo fiscal debe estudiar el caso. Hasta ahora no nos ha oficiado legalmente sobre el cambio de fiscal”, dijo Rivas. El familiar sostiene que no hay un solo detenido en Ecuador por el secuestro de los comunicadores. La ministra María Paula Romo publicó en su cuenta de Twitter, el 1 de junio pasado, que alias Julián había sido capturado. “Era buscado por el secuestro de los periodistas de @elcomerciocom y por el atentado con explosivos en San Lorenzo”, manifestó.

Pero Rivas aseguró que eso es falso. Hasta el momento, Lino Julián Ruiz Segura o alias Julián no ha sido llamado a rendir una versión en el caso de los periodistas, manifestó. Ruiz Segura es uno de los 28 procesados por delincuencia organizada por el atentado en la estación de Policía de San Lorenzo y otros hechos violentos en la frontera norte de 2018. De ellos, 14 fueron sentenciados el 13 de marzo de 2019. Sin embargo, el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas aún no emite la sentencia escrita.

Alias Julián deberá enfrentar un juicio por delincuencia organizada, pero aún no se ha fijado la fecha. Está recluido en la cárcel de Latacunga.

Rivas considera que en el lado ecuatoriano no hay una predisposición para que avancen las investigaciones. La Fiscalía, afirmó Rivas, se ha concentrado en los casos más mediáticos de corrupción y han abandonado los otros procesos. Desde el presidente Lenín Moreno y sus ministros hasta la fiscal Salazar han prometido dar una respuesta a las familias. Y aún nada. 

 

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