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22 de Marzo del 2021
Historias
Lectura: 14 minutos
22 de Marzo del 2021
Redacción Plan V
La vida activista de Andrés Durazno que se apagó
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Andrés Durazno es considerado un defensor de los derechos de la naturaleza. Decenas de organizaciones pidieron que se investigue su muerte.

 

Este es un testimonio de David Fajardo, coordinador del Cabildo por el Agua de Cuenca, sobre Andrés Durazno como líder de Río Blanco y activista contra la minería. Durazno fue asesinado el 17 de marzo del 2021. Sus últimas labores estaban relacionadas con vigilias para evitar la minería ilegal en su comunidad, después de la suspensión de las operaciones de la minera china Ecuagoldmining. Las causas de su crimen aún se indagan.


“Conocí a Andrés entre 2016 y 2017. En ese momento, la resistencia por el agua en Molleturo se había reactivado. Habíamos empezado a tener contacto con Río Blanco -comunidad de la parroquia de Molleturo- y nos pidieron hablar sobre cómo generar proyectos de turismo comunitario para salir de la relación con la minería. Hicimos dos ‘Río Blanco Camping Fest’, que nos fue muy bien. Esta iniciativa consistía en llevar a personas de Cuenca a pasar el fin de semana en la comunidad. Los turistas se quedaban a dormir y a pasear por zonas protegidas como Quitahuayco. Pero las visitas se detuvieron porque la empresa minera Ecuagoldmining cerró el paso, aunque eran caminos comunitarios.

David Fajardo. Foto: PlanV

(Ecuagoldmining es la concesionaria del proyecto minero Río Blanco, que abarca 5.700 hectáreas, donde hay yacimientos de oro y plata. Se encuentra dentro del bosque protector Molleturo-Mollepungo, colindante con el Parque Nacional Cajas, ecosistema de páramos y nacimientos de agua. Ecuagoldmining South America S.A. es parte de Junefield Mineral Resources Holdings Limited, cuya mayor parte del capital es de origen chino. Está a cargo del proyecto desde 2013. En 2016 inició la construcción de la mina, pero en 2018 sus operaciones fueron suspendidas).

“La comunidad decidió, por primera vez, obstaculizar e impedir el paso de la minera al campamento. Eso ocurrió entre agosto y octubre de 2017, tiempo en el que la empresa paralizó sus actividades y empezó a tratar este tema con los líderes comunitarios. Dividieron a Río Blanco. Andrés era uno de los líderes en contra del extractivismo. Molleturo tiene 68 comunidades y cuatro barrios. Casi de todas estas zonas hubo apoyo a Río Blanco. Desde Molleturo, el centro de la parroquia, empezaron a salir grandes caravanas para apoyar la paralización. Una de las personas que siempre iba a hablar con las comunidades era Andrés. Él se movía por todos los lugares para incentivar la defensa por el agua.

“Andrés nació, creció y vivió en Río Blanco toda su vida. Tenía su casa y una piscina de truchas, que las ofrecía cuando había eventos relacionados con el agua. Tenía ocho hijos. A Andrés se lo reconoce como uno de los principales líderes y voceros de la comunidad.

“Eso molestó a las comunidades porque no hubo consulta para estas actividades. Andrés era quien asistía a las conversaciones con la empresa. Él rechazaba cualquier ofrecimiento”.

“A finales del 2017, empezaron los problemas entre la directiva de Río Blanco. En nuevas elecciones, Andrés fue electo como presidente de la comunidad hasta el 2018. En mayo de ese año, se produjo un enfrentamiento a la entrada del campamento de la minera porque habían decidido paralizar las actividades de la empresa. Ecuagoldmining había publicado que estaba exportando minerales y que había obtenido ganancias. (Se refiere a la publicación del diario El Mercurio, que tituló: “Ya exportan oro y plata de Río Blanco a China”. El medio cuencano informó, en abril del 2018, que la empresa china había enviado a su país 330 toneladas de material concentrado o pulpa seca con oro y plata. El proyecto tiene una reserva de 605.000 onzas de oro y 4.3 millones de onzas de plata).

“Eso molestó a las comunidades porque no hubo consulta para estas actividades. Andrés era quien asistía a las conversaciones con la empresa. Él rechazaba cualquier ofrecimiento.

“Los conflictos siguieron. La empresa solicitó que intervengan policías y militares. Hubo un enfrentamiento fuerte que terminó con el incendio del campamento minero. (Según la versión de las comunidades, una bomba lacrimógena lanzada por la seguridad de la empresa y la Policía produjo el incendio al impactar en un material químico. La Conaie denunció que niñas, mujeres y hombres fueron afectados por bombas lacrimógenas durante una manifestación pacífica).

En ese incidente, el Estado criminalizó a los habitantes de Río Blanco. Andrés fue acusado de sabotaje, pero no lo demostraron. Tenían un especial interés en él, por ser uno de los principales líderes. En otro hecho en 2020, él y dos de sus hijos fueron vinculados a un proceso de cuatreros, pese a que sus hijos estaban en Estados Unidos.


Río Blanco es una zona donde los conflictos por la minería han sido permanentes. Andrés Durazno nació y creció allí. Foto: Comunidad de Río Blanco.

Vigilar la minería ilegal y la división de la comunidad

Luego llegó la acción de protección que presentó la comunidad contra la empresa. Elizabeth Durazno, sobrina de Andrés, fue una de los demandantes. (La demanda, suscrita e impulsada por excandidato presidencial Yaku Pérez, solicitó la suspensión de la autorización para la explotación en Río Blanco hasta que la empresa demuestre haber cumplido con el derecho a la consulta previa libre y haber alcanzado el consentimiento de las comunidades de la parroquia Molleturo. La demanda fue aceptada y ratificada por la Corte de Azuay).

“La empresa minera aún sigue paralizada. Las operaciones de Ecuagoldmining están suspendidas de forma indefinida desde 2018. Pero aún están las instalaciones de su campamento que está dividido por áreas: cocina, comedor, habitaciones, etc. Había también un polvorín, donde guardaban el material explosivo, carreteras de ingresos y cuartos de maquinaria.

“En el transcurso de la pandemia, hubo otros incidentes. (En mayo de 2020, la Policía dijo que cinco policías fueron agredidos y un patrullero fue destruido. El campamento de la minera es ocupado por quince policías que usan sus instalaciones como alojamiento, según informó El Universo). No se supo quiénes fueron. Pero hubo el temor de que se vuelva a militarizar la zona porque el país estaba en estado de excepción. Pero no ocurrió.

“Río Blanco empezó a recuperar ese tejido social que había sido tan fracturado. Hubo iniciativas para controlar el territorio y dar talleres a los habitantes para que conozcan sus derechos laborales y humanos. Andrés siempre acompañó esos procesos.

“Pero había una amenaza permanente del Gobierno, quien afirmó que Río Blanco iba a ser tomado por los mineros ilegales, y que iba a ser una zona similar a lo que sucedió en Buenos Aires, Imbabura. Ese argumento ha usado para legitimar la presencia de la empresa minera.


En junio de 2018, cientos de personas acudieron a la bocamina del proyecto Río Blanco para comprobar si la minera china dejó de operar, tras la sentencia judicial. Foto: El Mercurio

“Pero había una amenaza permanente del Gobierno, quien afirmó que Río Blanco iba a ser tomado por los mineros ilegales, y que iba a ser una zona similar a lo que sucedió en Buenos Aires”.

El Gobierno ha tenido un discurso irresponsable. Dijo que si se daba minería ilegal en Río Blanco, no tenía la capacidad material para poder controlar la situación. Era como decir: ‘vengan señores mineros ilegales a Río Blanco’. Fue una convocatoria abierta y pública. (En julio de 2019, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables sostuvo que había minería ilegal, basado en el informe de la misma minera china. En noviembre de 2020, la Cámara de Minería del Azuay se sumó a esa versión. Pero días después, la Comuna de Molleturo descartó la presencia de mineros ilegales. “En dos años, y sin el apoyo sustancial de ninguno de los diferentes niveles de gobierno, las comunidades de Molleturo hemos logrado defender el territorio de todo tipo de minería”, afirmaron en un comunicado).

Andrés Durazno tenía ocho hijos, dos de ellos también fueron criminalizados. 

“En respuesta, Río Blanco se organizó en grupos para hacer guardia y evitar que eso suceda. Han logrado detener a personas, por ejemplo, en la entrada a la bocamina de Ecuagoldmining que han intentado sustraerse el material que quedó afuera, a nivel superficial de lo que extraía la empresa. Se metían en mulas y motos, y llenaban los sacos con el material a ver si lograban tener algo de oro allí. La comunidad entregaba a los aprehendidos a la Policía. Por lo general, eran trabajadores de la minera. Pero también había el temor de que lleguen mineros ilegales.

“Durante todo el año de la pandemia, Andrés estuvo en esas vigilias. En grupos, salían todas las noches hacia donde está la bocamina.

“La última vez que fue visto fue durante el entierro de un familiar. Andrés se retiró junto a dos personas más en una camioneta, quienes lo acompañaron hasta su casa. Uno de los pasajeros, quien también era familiar de Andrés, fue la persona que cometió el crimen. Sucedió en la casa de Andrés. Lo atacó con un cuchillo. Todavía no hemos tenido acceso al informe forense para conocer las causas de su muerte. Pero uno de los testigos, el tercer pasajero de la camioneta, afirmó que los cortes fueron graves.

“El atacante era parte del grupo que defendía el agua. Pero lo que han dicho varias personas de la comunidad es que este señor en el último año se vinculó con aquellos que estaban a favor de la minería. Andrés era la persona que los denunciaba.

El Estado tiene responsabilidad (de la violencia en esa zona) por varias situaciones. El proyecto minero de Río Blanco resultó de una imposición. No hubo consulta a las comunidades. Luego usó la fuerza pública contra las comunidades que tenían todo el derecho a la resistencia. Estas zonas han sido históricamente olvidadas para el desarrollo de servicios básicos y de garantía de derechos.


Vista de una bocamina del proyecto Río Blanco.Foto de Marlon Puertas / La Historia

(Decenas de organizaciones de derechos humanos pidieron que se investigue el asesinato de Andrés Durazno y exigieron que el Estado cumpla con su obligación de proteger la vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. “Las organizaciones que conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos instamos a la Fiscalía que de manera urgente, eficiente, transparente y garantizando los principios de debida diligencia realice todas las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables”).


Río Blanco es una de las 68 comunidades de la parroquia de Molleturo, en Cuenca. No cuenta con servicios básicos. Foto de Marlon Puertas / La Historia

Otras muertes sin aclarar de activistas contra la minería

José Isidro Tendetza Antún era síndico de la comunidad shuar Yaanua, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, ex vicepresidente de la Federación Shuar de Zamora. Tendetza se oponía a la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA),  concesionaria del proyecto Mirador, la cual habría destruido su casa y sus cultivos para obligarlo a desalojar. El 28 de noviembre del 2014, Tendetza se dirigió a participar en la asamblea convocada por la Asociación Shuar de Bomboíza para tratar temas relacionados con la explotación minera en la provincia. El 2 de diciembre, un grupo de trabajadores mineros encontró el cuerpo del dirigente indígena en el río Zamora.

Manuel Pinchopá fue un activista shuar que fue asesinado a machetazos en noviembre 2014, según denunció el exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Qhishpe. Según el dirigente indígena, el crimen de Pichopá ocurrió cerca de los tanques de agua de la ciudad El Pangui.

Bairon Tene Morocho fue encontrado degollado en una quebrada, en el sector El Quimi, localizada en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en la provincia Morona Santiago (Amazonía), en enero de 2014.

Freddy Taish era integrante de la comunidad shuar. Fue asesinado el 7 de noviembre 2013 en San José de Piunts, parroquia Bomboiza, cantón de Gualaquiza, provincia de Zamora Chinchipe. Sucedió durante una incursión de militares para cumplir con un operativo a orillas del río Zamora para el “control de dragas” que consiste en confiscar la maquinaria de los pequeños mineros informales.

 

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