En la primera semana de octubre del 2014, el abogado Juan Pablo Albán recibió un papel apócrifo que había sido introducido debajo de la puerta de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad San Francisco de Quito, desde donde, entre otros casos, defiende las causas de Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Jarrín Sánchez, exguerrilleros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo.

El papel decía: "Albán, hijo de puta: Deja de meterte con nuestro glorioso Ejército y Policía. Estás advertido cojudo, de gana te vas a hacer matar".  No era la primera amenaza que recibía este abogado especializado en derechos humanos, pero esta particularmente no había que despreciarla del todo. En esos días se realizaría una audiencia en el caso del juzgamiento del delito de lesa humanidad que enfrentan a exjerarcas militares y policiales por presuntos delitos cometidos durante el gobierno de León Febres Cordero. Un caso que se denunció en el informe de la Comisión de la Verdad y que estaba siendo judicializado, en el cual estaban implicados nada menos que cinco generales del Ejército, uno de la Policía y varios otros altos oficiales, todos en servicio pasivo: los generales Marcelo Delgado Alvear, Luis Piñeiros Rivera, Jorge Asanza Acaiturri, Carlos Jarrín Jarrín y Nelson Enríquez Gómez, del Ejército,  y el general Édgar Vaca Vinueza, de la Policía; además de los oficiales: Juan Viteri Vivanco, Ricardo Apolo Williams, Guillermo Rodríguez Yahuachi, Fernando Ron Villamarín, Miguel Lomas Freire, Elías Mejía Viteri, Wilfrido Chuga Urbina y Juan Cobo Flores.

Lo primero que hizo Albán fue denunciar el hecho ante la Fiscalía General, entidad de la parte acusadora del estado en este juicio. El abogado fue ingresado en el Programa de Testigos Protegidos mediante el cual el estado se comprometía a cuidarlo. Hasta ahora, Albán no conoce a su custodio.

Al momento de los hechos que se investigan, Vaca, Cajas  y  Jarrín tenían 29, 21 y 20 años de edad respectivamente. No habían participado en acciones violentas, pero estaban integrando un grupo alzado en armas que se encontraba al margen de la ley, el grupo de guerrilla urbana Alfaro Vive, creado en 1982 y que a esa fecha estaba en plena "guerra" armada contra el estado ecuatoriano. El 10 de noviembre de 1985 fue cuando una patrulla militar detuvo en las selvas de Esmeraldas a los tres guerrilleros; en el recinto militar Montúfar, de esa ciudad,  fueron sometidos a interrogatorios con coacción moral. El representante del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar, AEIM, del Batallón Montúfar, de Esmeraldas, envió un mensaje a sus superiores, específicamente al comandante del AEIM en Quito, diciéndole que era evidente que los detenidos tenían información, pero no la querían dar: “solicito un interrogatorio especial en el escalafón superior”, pidió en el informe.

El tratamiento especial en un momento en el cual había un enfrentamiento armado no era precisamente con papas fritas y gaseosa por delante. Al dia siguiente los trasladaron a Quito, en un camión, al Agrupamiento Escuela de  de Inteligencia Militar, en Conocoto, sede del tenebroso batallón de inteligencia militar en donde muchos detenidos denunciarían después haber sido torturados. Ahí los encerraron en unas celdas muy pequeñas, sin luz natural ni artificial, con puertas metálicas, construidas bajo los manuales operativos de la CIA, lugar llamado infiernillo.  A los tres detenidos los tuvieron quince días en esa instalación militar; pero luego de ese tiempo  Susana Cajas y Francisco Xavier Jarrín salieron de ahí.

Lo que hicieron con ellos en esos quince días fue interrogarlos de manera frecuente, varias veces al día: los interrogatorios eran con violencia, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, baños de agua helada por dos o tres horas seguidas; golpes constantes en diversas partes del cuerpo, encierros, privación de alimentos y agua, exposición a volúmenes altos de sonido, golpes en las puertas; y en el caso particular de Susana, por ser una mujer de 20 años, además de esas torturas sus captores militares la sometieron a una serie de vejaciones sexuales: fue la única de los tres detenidos que  permaneció desnuda todo el tiempo, la interrogaban entre seis militares y se le acercaban a exigirle que los masturben delante de la tropa. Ella dijo en su testimonio que no fue violada, aunque lo intentaron y amenazaron varias veces, pero ello, dijo, fue una forma de coacción.

Al cabo de 15 días los subieron a un vehículo, les ataron de manos, vendaron los ojos y les llevaron al valle de Tumbaco. Ahí los dejaron en una quebrada baldía del sector. Susana y Francisco Xavier pensaron que los iban a ejecutar. Al llegar al sitio se bajaron varias personas del vehículo, rastrillaron sus armas y el vehículo se fue. Aún estaban perplejos cuando oyeron el ruido de otro motor y sintieron que un vehículo se detenía. Así, vendados y maniatados aún fueron retenidos por agentes de la Policía quienes los llevaron al Centro de Detención Provisional, en Quito, donde se regularizó su detención bajo la acusación de portar el documentos falsos, en el caso de Susana Cajas, y en el caso de Francisco una imputación por actividades subversivas. Ambos tuvieron procesos penales, fueron finalmente sobreseídos y liberados de responsabilidad. Susana estuvo detenida en total 11 meses y Francisco tres meses. El día en que salió de la cárcel,  su familia lo llevó al aeropuerto y llegó al Brasil, donde hasta ahora reside ejerciendo la medicina en el sistema de salud pública del Brasil.

A Luis Vaca, en cambio, lo dejaron encerrado en el mismo reparto militar de inteligencia, por un periodo de tres años, hasta 1988. Entonces se volvió una papa caliente para los militares, pues Rodrigo Borja ya había sido electo presidente de la República, iban a llegar nuevas autoridades, y principalmente el nuevo director de inteligencia del Ejército, el ahora general Marcelo Delgado Alvear. Cuando el oficial se hizo cargo, se enteró de la prisión ilegal de Vaca y dio la orden para liberar a Vaca.  Pero no fue tan fácil, hubo un periodo de cuatro meses desde cuando el general Delgado recibió la noticia de la prisión de Vaca y dio la disposición al oficial de inteligencia Nelson Enríquez de que lo lleve a su casa. Y es por ese tiempo “muerto” en el cual, según la acusación particular y de la Fisacalía, no se hizo nada, por lo que este antiguo oficial de 80 años guarda prisión domiciliaria por más de un año en su departamento, ubicado en el piso 11 de un edificio en el centro norte de Quito.

La responsabilidad de la prisión de Vaca recayó también en el coronel Juan Raúl Viteri, que era el comandante saliente de la Escuela de Inteligencia y en Mario Ricardo Apolo Williams, que fue el comandante entrante. Durante esos tres años, ya no con la misma frecuencia de los primeros meses, Luis Vaca fue sometido a sesiones de tortura, más para que informara sobre personas y diera información sobre casas de seguridad. De hecho, cuando en un operativo policial mataron a Fausto Basantes, comandante de Alfaro Vive, la Policía, que no estaba segura de que se trataba de Basantes,  mostró a Luis la foto del guerrillero ultimado y como no lo quiso o no pudo reconocer empezaron a golpearlo. Vaca fue trasladado a pisos superiores del reparto militar donde estaba encerrado, a una zona que antes fue de talleres, y ahí permaneció con nada más que una cama y aislado del mundo por unas ventanas pintadas de ambos lados. Lo llevaban eventualmente a tomarle fotografías, le pedían que identifique documentos; en algún momento, casi al final de su cautiverio, su hermano, que era un cabo de comunicaciones del Ejército, logró entrar al sitio y hablar con él a través de la ventana, y así la familia confirmó que Luis estaba en la Escuela de Inteligencia Militar. Pero a este cabo, su hermano, lo mataron quince días después, supuestamente en un hecho de delincuencia común pero en el cual no el robaron nada, un día en que estaba franco.

Luis Vaca fue detenido ilegalmente durante 36 meses para servir sobre todo como fuente de información. Los acusados, los jefes militares de la época responsables de su detención, argumentaron en su defensa que Luis Vaca pidió permanecer en ese cuartel porque por la información que había entregado supuestamente a los militares él corría el riesgo de que sus propios compañeros de Alfaro Vive lo maten. El argumento militar es que lo estaban protegiendo.

Y tal vez es un argumento plausible, dice Albán, pero si lo estaban protegiendo ¿cuál era el sentido de volverlo a torturar en otras ocasiones? Si lo estaban protegiendo, ¿por qué no avisaron al menos a su circulo familiar íntimo, a su esposa, que estaba encinta cuando lo detuvieron, que dio a luz mientras se hallaba desaparecido y a quién también se llevaban detenida para buscar información sobre su esposo? A ella la torturaron también, estando embarazada. Era Alexandra Jarrín, hermana de Arturo Jarrín, líder de Alfaro Vive y ejecutado luego. Es una cuestión que no termina de cuadrar, sobre todo porque los Alfaro negaron que Luis Vaca haya sido un miembro de su dirección, él era un mensajero o enlace y no participaba en operativos. Vaca no pertenecía, ni siquiera de manera cercana a una estructura operativa. 

En una lista de la policía, llamada “Lista de libios”, con los nombres de quienes fueron a Libia a recibir entrenamiento militar, Luis Vaca aparece con una interrogante, en el puesto 60, lo cual denota que la propia Policía sabía que su detenido no era un hombre importante en la estructura de la organización.

Luis Vaca dice que nunca pidió quedarse detenido ni tenía miedo a una hipotética venganza de sus compañeros. Lo que él quería era salir, exigió siempre su libertad o que lo mataran: él intentó suicidarse tres veces mientras estuvo detenido en el AEIM. En una ocasión trató de colgarse, en otra trató de cortarse las muñecas y en otra ingirió una substancia tóxica. Los militares documentaron el primer intento en un informe en el cual relataron cómo su detenido había intentado quitarse la vida juntando retazos de las sábanas, pero cuando puso el pie encima de su cama para soltarse, cedió la tabla… Hay un parte al respecto.

Nada es claro en este proceso, dice Pablo Albán, pero ese es precisamente el propósito del juicio. Lo curioso para la defensa de la parte acusadora es que los procesados han echado mano de una amplia gama de argumentos para su defensa. Empezando por negarlo, luego, cuando ya era insostenible esto, dijeron que las Fuerzas Armadas eran obedientes y no deliberantes y que las decisiones se tomaban en el poder civil, los militares se limitaron a ejecutar órdenes; luego cuando se demostró que ellos habían participado en el plan de seguridad en la época de Osvaldo Hurtado y lo que estaban haciendo era implementarlo como fuerza armada; lo que han dicho ahora es que por entonces no fueron los oficiales de más alto rango al momento de los hechos sino ruedas en el engranaje, y dijeron luego que de haber caso estaba prescrito y luego dijeron que los miembros de Alfaro Vive no eran población civil mientras fueron combatientes y por tanto este no es un crimen de lesa humanidad.

El Estado no reconoció nunca la existencia de un conflicto interno durante la época de Alfaro Vive, pero el momento de ser aprehendidos quedaron bajo las normas internacionales, dice Albán.
El caso de Luis Vaca se trata de una desaparición, porque la desaparición, como delito, consiste en acciones tendientes a ocultar la situación jurídica de una persona al negar su detención, su paradero y de este modo negar el ejercicio de todos sus derechos. A pesar de que Vaca reapareció en manos de los militares y fue liberado, en el derecho internacional, desaparición también se considera cuando durante un periodo no se ha podido saber la situación de esa persona. La situación de que Vaca estaba detenido y siendo torturado en un recinto de inteligencia militar fue sistemáticamente negada a su familia, a organizaciones de derechos humanos, a instituciones del propio Estado, a las Naciones Unidas y a la OEA.

En el caso de la ONU, los requerimientos de información sobre Luis Vaca se prolongaron hasta el 2006, inclusive, en el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas. Y el tema es que Vaca ya había sido liberado hace mucho tiempo, pero aún la representación ecuatoriana daba largas a las respuestas. Se llegó a decir que Vaca no existía; llegaron al punto de destruir la tarjeta índice de Luis Vaca, en el Registro Civil durante la época de Febres Cordero.

Vaca estuvo detenido por tres años porque era parte de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad, dice su defensa. Los aspectos operativos de ese plan, desarrollados en órdenes generales, consistía en doblegar a las organizaciones subversivas a través neutralizar a los integrantes de los grupos alzados en armas, a los líderes de la izquierda, a los líderes estudiantiles, sindicales.

Los dos compañeros suyos liberados, Susana y Francisco, reportaron que Luis estaba ahí detenido; por eso los requerimientos de información, entonces, fueron siempre al AEIM y la entidad siempre negó que Vaca estuviera en sus instalaciones. Hasta el momento en que salen, el 25 de noviembre de 1985, nadie sabía hasta dónde los habían conducido. Cuando ellos dijeron que Luis Vaca seguía detenido empezó una fuerte presión para que se diera información a la familia, pero ante las negativas recurrentes se pensó que lo habían matado.

El proceso de reaparición de Luis Vaca empezó cuando el nuevo director de Inteligencia Militar, al enterarse de la presencia del detenido-desaparecido dio la orden de que se prepare su salida. "El tema demoró, por esa extraña predisposición de la institución militar a que las órdenes generales sean cumplidas no en las fechas dispuestas sino en otras debido a varias circunstancias. En los casos de lesa humanidad que se procesan para continuar con el informe de la Comisión de la Verdad, es recurrente ese argumento de que: yo no me hice cargo cuando me nombraron", dice Albán.

El argumento como tal ha sido deleznado por el centro de documentación del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Terrestre, es decir, es una orden general de inmediata ejecución, pero la defensa de Vaca asegura que el argumento de la mayoría de los militares acusados para intentar evadir su responsabilidad en los hechos es que llegaron a sus puestos más tarde de la fecha en que habían sido asignados.  El general Delgado no es la excepción en este argumento, pero cuando él asume las funciones y simultáneamente se dispone el cambio de comandante de la Escuela de Inteligencia Militar; el saliente era Juan Raúl Viteri Vivanco, el entrante era el mayor Apolo. En la entrega del mando, Viteri documenta todo, hasta el último clip que estaba entregando a Apolo. A la defensa de Vaca le impresiona el detalle y la sistematización del acta de entrega recepción de Viteri. Y cuando llegan al tema detenidos dice: por ahora hay un solo detenido. Pero antes habían pasado por esos calabozos los comandos de Taura, Víctor Hugo Bolaños, Mireya Cárdenas… Por ahora solo estaba Luis Alberto Vaca Jácome y así lo reporta Viteri. Pero el mayor Apolo dice que no aceptó eso, decidió no “recibir” al preso. Van a hablar con el general Delgado, y éste pregunta al comandante saliente las razones de que haya permanecido ahí ese detenido; fue disposición superior, contestó. ¿Desde cuándo?: desde noviembre de 1985. Ya vamos a ver qué hacemos, fue el comentario del superior, y fin de la conversación. Pero Delgado dispone a Apolo que se haga cargo y siga cumpliendo la consigna que tenía el comandante Viteri. La consigna es un encargo que debe cumplirse día a día de acuerdo a la disposición que ha dado el predecesor, según la norma militar. “Que el general Delgado no se venga a hacer el tonto ahora –dice Albán-. Tal vez estaba asustado, o tal vez quería preguntar a Febres Cordero a ver qué hacía con esto; Delgado era el hombre de confianza de Febres Cordero, fue jefe de la Casa Militar”.

Pasaron cuatro meses desde la orden dada al mayor Apolo para que cumpla la consigna. En algún momento le dijeron al entonces capitán Nelson Enríquez que prepare la salida y este oficial empezó a reunirse con Luis Vaca: pasamontañas, simulador de voz; preguntas como qué vas a hacer cuanto te soltemos si te soltamos, con quién vas a hablar, ¿nos vas a denunciar? Tienes que decir –le dijo a Vaca el militar- que estuviste en Colombia, que te estabas entrenando con el M19, si no ya sabemos dónde estás… La versión de Enríquez dice que esas advertencias se debían a una genuina preocupación por la seguridad de Vaca, pues se ha sostenido que el exguerrillero estaba amenazado por sus propios compañeros de Alfaro Vive.

Luego de algunas sesiones de estas Vaca fue cambiado a una celda que tenía ventanas. Le empiezan a dar más alimento, salía a tomar baños de sol y un día lo fueron a buscar, ataron sus manos, vendaron sus ojos y se lo llevaron. Vaca pensó que lo iban a matar. Lo subieron a un vehículo y él escuchó una voz familiar, era la del oficial que se reunía con él desde el anonimato de un pasamontañas.

Vaca seguía pensando que iba a morir mientras el vehículo iba con rumbo por él desconocido. De repente, el vehículo se detuvo, lo bajaron descalzo y vestido con un calentador o sudadera que le habían dado. Estaba vendado y maniatado, le soltaron las manos, le dieron un abrazo y le metieron las manos en los bolsillos del calentador; entonces le ordenaron que empezara a correr y cuando esperaba un tiro en la espalda, Luis Vaca se dio cuenta que delante suyo estaba el barrio donde creció y reconoció la casa  de su madre. Corrió hacia la puerta pensando aún que lo iban a matar, golpeó desesperadamente la puerta y gritó que era Luis, pero la mamá no le creía, pensaba que era una trampa.  Al fin, llena de temor abrió la puerta, y encontró a su hijo con su rostro asustado y descalzo, lo abrazó, y tras el abrazo, Luis Vaca volvió a registrar los bolsillos del calentador: en sus manos había billetes colombianos.

Si alguien que hubiera sido poder político en esa época, que aún estuviera vivo, llámese Luis Robles Plaza, León Febres Cordero, Édgar Terán, Joffre Torbay, seguramente hubieran sido procesados. Pero el hecho de que no estén imputados personas que eran poder civil sino solamente los militares, evidencia que no hay una cacería de brujas –dice Juan Pablo Albán- por razones políticas. 

Una de las muestras es que algunos de los argumentos judiciales de los imputados han prosperado. Eso derivó en el sobreseimiento de Cobo, en la falta de imputación a dos militares; las medidas sustitutivas a la prisión para algunos de los imputados; el cambio del  fundamento jurídico de la acusación porque la Corte estimó que no cabía usar el Estatuto de Roma sino los principios de Nuremberg.

El abogado Albán tiene “la más seria sospecha de que quienes están haciendo cabildeo político son los militares. En circunstancias ordinarias este juicio debió haber terminado. La instrucción fiscal se abrió en octubre del 2013 y la defensa fue notificada con un auto resolutorio a fines de abril del 2014; hubo una fase de impugnación que se terminó en octubre del 2014, lo cual significa que las partes debieran estar en juicio. Y estamos en abril del 2015 sin visos de cuándo se va a instalar el juicio. Yo invierto el argumento; creo que los que están haciendo presión de carácter político son los militares como institución, porque ellos creen que este es un ataque institucional. Ellos piensan que deben defenderse como institución y para mi, las FF.AA. como institución han esta poniéndole presión al gobierno nacional, diciéndole: si usted permite que ese juicio avance aténgase a las consecuencias".

Albán cita el libro Memorias de un comandante, del general Ernesto González, reciente jefe del Comando Conjunto, como una de las pruebas de esa presión militar, pues solo el hecho de considerar la prisión de estos oficiales como un ataque a la institución militar, pone el tema en otro tono. "Y el tono es, más o menos: en otro 30S ya no cuente con nosotros". Y esa ha sido la tónica de reuniones según la defensa: altos exoficiales de las FF.AA. fueron a la Asamblea Nacional. En su momento el general en servicio pasivo y asambleísta, René Yandún, logró que la Comisión de Justicia reciba a un grupo de distinguidos oficiales, como el general Paco Moncayo, para advertir que se les estaba atacando como institución, la cual es garante de la democracia como lo fue el 30S.

"Para mi, este juicio no se está moviendo porque las FF.AA. están haciendo cabildeo político y sinceramente estoy muy preocupado sobre cuál va a ser el desenlace de esta causa. Y no voy a decir qué oficial de los que están imputados me mandó a dejar la amenaza de muerte, pero tengo una sospecha concreta. Lo puse en conocimiento de la Fiscalía, que tiene una indagación que no ha conducido a nada". Albán está inscrito en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos y aún no conoce a su custodia y lo prefiere así porque como trabaja en derechos humanos, mucha gente se abstendría de entrar a su despacho si es que hubiera un policía parado en la puerta. Pero además en un contexto en el cual también está acusado un excomandante de la Policía, el general Edgar Vaca, el abogado prefiere que no lo proteja la Policía.

La denuncia está en conocimiento de la Fiscalía, pero además, en el contexto de una reunión de la Mesa Nacional de Víctimas, su defendida, Susana Cajas, puso en conocimiento de la Asamblea que el abogado Albán fue amenazado el 1 de octubre, dos días antes de una audiencia en este caso.

¿Qué puede pasar en este caso?

Albán cree que se va a diluir en una cuestión de conveniencia política: "al fiscal general del Estado le quedan dos años, si se logra completar el proceso penal sería lo ideal, pero nada permite pensar que se vayan a judicializar los demás casos del Informe de la Comisión de la Verdad; habrá que ver qué fiscal llega, hay una serie de rumores que se van a cerciorar por todas las vías posibles que el nuevo fiscal sea más obediente que el actual. Aquí pierde la sociedad ecuatoriana porque no hay un ánimo vindicativo contra las FF.AA. El planteamiento es que aquí pasaron una serie de cosas que durante décadas hemos querido negar y es verdad que el universo de víctimas es chico, unas quinientas personas, pero eso no significa que no pasó. Es además aceptar como sociedad que estuvimos insertos en procesos más graves, que afortunadamente no prosperaron; por ejemplo que el Ecuador estuvo inserto en el Plan Cóndor, por decisión de nuestras FF.AA., no del poder civil.
"Me preocupa que esto se va a diluir, que va a perder importancia, que la gente se va a olvidar, que finalmente si un día hay sentencia, se condenará a dos o tres para no quedar mal con nadie, como se ha dado en algunas de las causas que sigue el actual poder judicial ecuatoriano. Quedo bien con todos, no quedo mal con nadie".

Los oficiales presos

La mayoría son ancianos y están enfermos. El general Jorge Azanza, por ejemplo, comandante del Ejército durante el gobierno de Febres Cordero, permanece en grave estado de salud. Muchas peticiones de permiso de salida de estos oficales son para ir al Hospital Militar. Por ello es que una de las constantes peticiones de los oficiales presos es que se termine para ellos la prisión domiciliaria; en la cual han permanecido más de un año, lo cual viola las disposiciones constitucionales y legales. Pero la jueza que dirigía el caso, Lucy Blacio, se tomó de un tecnicismo legal para negar la petición: que en ninguna parte de la ley o de la Constitución se hablaba de un límite para el arresto domiciliario, solo para la prisión preventiva en una cárcel común...

La Constitución, cuando se refiere a los límites de las medidas cautelares hace alusión a la prisión, pero no a otras medidas, es decir, no fija un límite temporal al arresto domiciliario, a la presentación periódica, etc.

El argumento que la Corte usó para negar la petición de sustitución de medidas a varios procesados fue que no había lugar, porque la Constitución fijó un límite solo para la prisión preventiva y en otras medidas no.  Y que si bien la privación de libertad en casa es una privación de libertad, no es prisión preventiva y en consecuencia no aplican las mismas reglas. Ese razonamiento fue antes que hubiera una audiencia o una discusión sobre la cuestión y cuando se estaban resolviendo los recursos de ampliación y nulidad de los imputados en contra del auto de llamamiento a juicio. Sin hacer audiencia, sin hacer nada, en la misma providencia, la Corte ratificó que se quedan presos porque no hay nada que sustituya al arresto domiciliario.

El general Marcelo Delgado tiene 80 años y los achaques propios de la edad. Aunque se lo ve muy bien conservado, no deja de quejarse de que tiene que realizarse continuos exámenes en el Hospital Militar, para lo cual tiene que pedir permiso constantemente a la Corte Nacional. En su departamento recibe siempre la visita de sus camaradas de armas y amigos, un policía vigila la entrada. Delgado conversa y mantiene permanente atención sobre su caso y los esfuerzos que pueda hacer su defensa, encabezada por Stalin López, quien fue defensor del coronel César Carrión en el caso 30S.

Delgado es enfático en negar que haya participado en la desaparición de Vaca Jácome, e insiste en que fue él quien hizo todos los esfuerzos para que salga en libertad. Pero era una situación irregular por donde se lo vea, y la decisión finalmente era política, algo que no estaba en sus manos. La defensa de Vaca dice que Delgado tenía una relación muy cercana con Febres Cordero y su círculo más cercano, por haber sido jefe de la Casa Militar. Delgado nunca ha ocultado su amistad con Febres Cordero, pero eso no es prueba alguna de que desde la Casa Militar se hayan tomado decisiones de inteligencia ni ejecutado acciones en la lucha antisubversiva, pues no eran parte de sus funciones. Tampoco esa relación cercana -dice Delgado- es prueba alguna de que se haya tratado de una política de Estado, como asegura la Fiscalía, la eliminación de guerrilleros de Alfaro Vive. En su testimonio ante la fiscalía, a principios del 2014, Delgado dio las razones por las cuales pasaron cuatro meses, desde cuando fue nombrado director de Inteligencia, para que finalmente Vaca Jácome sea liberado: 

"Es verdad que el señor coronel Apolo averiguó en más de una oportunidad si había ya alguna resolución respecto a la situación que vivía el señor Vaca Jácome; como es verdad que yo también en múltiples oportunidades insistía ante mi jefe directo, el señor general Jorge Acosta Briones, una decisión respecto a este tema, e insistía en que se aceptara mi recomendación (punto de vista) de que el señor Vaca Jácome debía abandonar el Destacamento de Inteligencia Militar y ser trasladado a su domicilio (...). Ante las múltiples solicitudes que hacía a mi jefe directo respecto de este caso, recibía la respuesta de que el escalafón político aún no había dado una respuesta, lo cual, como es fácil de entender, me imposibilitaba absolutamente tomar una iniciativa personal, que habría constituido una grave falta disciplinaria, con todas las consecuencias que esto podía significar".

Después del general Edgar Vaca, excomandante de la Policía y cabeza visible de la lucha del Estado contra Alfaro Vive, el general Delgado es la "pieza mayor" por sus vinculaciones políticas con los jerarcas del partido social cristiano, entonces en el poder entre 1984 y 1988. Pero Febres Cordero, Luis Robles Plaza, Édgar Terán, Joffre Torbay están muertos, y ellos serían el "escalafón político" al cual se refiere el general Delgado. El tema queda ahí mientras los viejos soldados esperan en sus casas o en el exterior que se sustituya sus medidas cautelares, lo cual es la pelea del momento en este caso.

Al respecto, Albán tiene el criterio de que "siempre había sido que tratándose de una privación de libertad, las reglas que operan sobre esa privación de libertad deben ser las mismas de la prisión preventiva; es más, expresé mi preocupación el tiempo que tomó la sustanciación de las nulidades y apelaciones contra el auto de llamamiento a juicio, precisamente por eso, porque estaba pendiente de cuándo iba a cumplirse el año de que se ordenaron; dije que me preocupara de que esto fuera un esfuerzo inútil porque los procesados recuperarían su libertad y con esto pudiera eludir la acción de la justicia. Luego uno de los procesados, el general Nelson Enríquez, pide a través de su defensa, el doctor Emiliano Donoso, una audiencia de sustitución y se llevó a cabo con la entonces jueza Luci Blacio, y el argumento del general Enríquez era que estaba enfermo y necesitaba tratamiento que lo obligaba a acudir al Hospital Militar con frecuencia y cada vez que tenía que ir al hospital tenía que pedir permiso a la jueza.  Pero más allá de eso, la base de imputación ha variado, porque –dijo- ahora estaba acusado de desaparición “nomás”, que ya no estaba acusado de privación ilegal de libertad, de violencia sexual ni de torturas, “solo” de desaparición. La jueza Blacio, en consideración al argumento médico, pero de algún modo también al otro argumento, le concedió la sustitución. En ese momento, la Fiscalía se opuso de manera radical y Albán le dijo a la jueza lo que pensaba, con lo cual se ganó un llamado de atención, pero era ella quien debía tomar la decisión.

Albán no se opuso al tema médico, pero tampoco se podía aceptar que era "desaparición nomás", porque ese es un crimen de lesa humanidad.

Cuando el general Enríquez salió con medidas sustitutivas -cuenta Albán- todos los demás imputados llegaron a la audiencia con el brazo en un cabestrillo, con bastones, acompañados, todos se enfermaron de repente, pero también insistieron en el argumento de que cabía la sustitución de medidas por el cambio de la imputación, porque quienes están con el arresto domiciliario, son los que están señalados por desaparición de Luis Vaca. El argumento esta vez fue más fuerte, la Fiscalía insistió en que no cabía y Albán le dijo a la jueza que esto se debía analizar en cada situación particular, además porque el delito de desaparición es el más grave de todos los delitos en este caso.

En esa audiencia, el general Delgado pidió la palabra y dijo que Albán se había manifestado en un programa con Diego Oquendo en contra de la medida cautelar y ahora le parecía lo contrario, pero dice Albán que se pronunció así antes de que la Corte dijera que no aplicaban las mismas reglas y no se oponía a que se les sustituyera las medidas sino que no consideraba fundamentado la petición sustitución. Si cabe o no la sustitución lo decidiría la jueza, y Lucy Blacio "contradiciéndose sobre manera y tras esa decisión muy extraña por lo que había hecho con el general Enríquez, dijo que no cabía porque no habían acreditado las condiciones médicas que alegaban y porque el delito imputado era el más grave de todos". Albán dice conocer que se ha pedido de nuevo sustitución de medidas cautelares, pero ahora hay un tribunal de juicio. Una privación de libertad en la cárcel común o en la casa sigue siendo una privación de libertad. De ahí a que aceptemos a que la imputación de desaparición es lo menos complicado, no estoy de acuerdo, dice.

Albán había conversado con Galo Chiriboga, el fiscal general, y él expresó que tenía preocupación de la caducidad de las medidas cautelares, lo que evidencia que también pensaba que la privación de libertad en la casa es lo mismo.

Si les dan medidas sustitutivas, las autoridades judiciales deben cerciorarse de garantizar la presencia de ellos en el juicio; no me interesa, dice Albán, que estén encerrados en su casa, porque estamos enjuicio y aún no se ha determinado si son inocentes o culpables y la medida cautelar no puede ser anticipo de pena. Eso no está bien, "lo que me interesa es que tengamos el juicio y si ellos lo ganan y yo lo pierdo aceptaré y lo harán mis representados, que no logramos acreditar lo que pasó. Y si nosotros ganamos ellos tendrán que aceptar el reclamo jurídico que el estado les debe hacer por las acciones que nosotros estamos convencidos que cometieron. En el juicio surge un verdad procesal y esta no siempre coincide con la materia".

Los oficiales también esperan que haya una decisión rápida sobre este tema. Mientras tanto sus compañeros de armas se han manifestado en diversos foros sobre el estado de prisión, contrastado, como lo dijo alguna vez el coronel Fausto Cobo, con las condecoraciones de las que han sido objeto por parte de la Asamblea los ex dirigentes de Alfaro Vive. A los militares les dolió sobre todo la presea que se le dio, posmorten, a Arturo Jarrín, el lider asesinado de Alfaro, quien fue hermano de Edwin Jarrín, esposo de la asambleísta Soledad Buendía, y hombre cercano al presidente Rafael Correa. Los reclamos de Cobo, al calificar de actos delincuenciales lo actuado por Alfaro Vive, le valieron una demanda por injurias por parte de la familia Jarrín, por supuestamnete difamar la memoria del jefe guerrillero.

Una de las defensas más firmes a los oficiales presos ha sido la del general Ernesto González. En su libro, el exjefe del Comando Conjunto que dirigió el rescate del presidente Correa el 30S, dijo que las acciones que ejecutaron los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía en ese momento no son crímenes de lesa humanidad, sino la legítima del Estado respecto de acciones que califican de terroristas. "Los miembros de AVC fueron juzgados por delitos comunes y a los soldados de honor por crímenes de lesa humanidad; con esto se trastoca el honor institucional. ¿No será prudente que revisen cómo fueron los juicios de los subversivos en su momento? Ahí deben estar los verdaderos culpables, en las versiones de las supuestas víctimas. ¿Qué pasaría ahora si en el país aparece un grupo subversivo? ¿Cómo debieran actuar el gobierno nacional, las fuerzas armadas, al policia nacional?".

El general González traza una serie de argumentos en defensa de sus camaradas de armas, considerando sobre todo la "ilegal" acusación de lesa humanidad, lo cual nulitaria todo el juicio por ese presunto delito, en el cual se están "cometiendo una serie de ilegalidades, violaciones constitucionales que vulneran los principios de; legalidad, de tipicidad, de irretroactividad de la ley, del debido proceso y de seguridad jurídica". Para los militares, resulta infamante el criterio de la jueza Blacio, quien calificó los sucesos que se juzgan como una "empresa militar del crimen", según relata el general González, quien añade; "las Fuerzas Armadas son una institución de prestigio y credibilidad; que se sepa no hay desaparecidos ni hay fosas comunes; se enfrentó a un grupo sibversivo armado específicamente. Por otro lado, no se puede perseguir ni satanizar a las autoridades militares de aquella época; ellos cumplieron su misión en medio de una coyuntura política difícil, como el aparecimiento de la subversión, actuaron en un marco disciplinario; no actuaron por libre albedrío".

Mientras tanto, el juicio no se instala y está en el limbo. Ya la Fiscalía General habría accedido a no contraargumentar en caso de que se vuelva a pedir la suspensión de los arrestos domiciliaros y la prisión preventiva. Para la defensa de la parte acusadora, el futuro del caso es indefinible, y el pesimismo es la única certeza.