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27 de Abril del 2021
Historias
Lectura: 12 minutos
27 de Abril del 2021
Redacción Plan V
Ley contra la pandemia: cargamontón al ciudadano y nada sobre el Estado
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Más de 100.000 pruebas PCR ha realizado el laboratorio de la Universidad Católica. El Director de Investigación del centro dice que para enfentar la pandemia hay que hacer más pruebas y ubicar a los contagiados, no solo sancionar a los ciudadanos. Foto: Luis Argüello / PlanV

El proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de las Emergencias Sanitarias por Pandemia tiene 24 artículos, la mayoría dedicados a las sanciones para los ciudadanos que incumplan las restricciones. Pero expertos se preguntan por qué esta norma que propone el Ejecutivo olvida medidas de prevención y a la salud pública en su conjunto para enfrentar la epidemia. Un análisis.


Este es el proyecto de ley para enfrentar la pandemia que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea. VER PDF


Una ley con enfoque punitivo antes que de salud pública. Esa es la conclusión de un médico y una constitucionalista consultados por PlanV sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Gestión de las Emergencias Sanitarias por Pandemia que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, el pasado 21 de abril. El proyecto tiene solo 24 artículos, dos disposiciones generales y dos disposiciones reformatorias. Una norma corta para la dimensión de la crisis que lleva más de un año en Ecuador, opinan los expertos. Así como está, la ley contra la pandemia arranca con huecos donde el peso de la responsabilidad recae solo en los ciudadanos y nada en las autoridades. Este es su análisis. 

Una ley coercitiva que olvida la salud pública

El  laboratorio de diagnóstico molecular de la Pontificia Universidad Católica (PUCE) ha realizado más de 100.000 pruebas PCR desde abril de 2020. Desde esa experiencia, Hugo Navarrete, director de investigación de esta universidad, cree que el norte que ha tomado el Gobierno para enfrentar la pandemia es equivocado: la coerción en lugar de la salud pública. 


Hugo Navarrete en los pasillos del laboratorio de la PUCE.  

La ley que propone el presidente Lenín Moreno a la Asamblea para enfrentar la pandemia crea zonas de alerta sanitaria y regulaciones dentro de ellas, que incluyen las restricciones a las libertades de reunión y tránsito, controles de los eventos masivos, ferias, mercados, etc. 

También tiene un gran acápite referente a sanciones y las formas de recaudación. A los mercados y a las ferias que incumplan el aforo deberán pagar multas entre uno y diez salarios básicos; los restaurantes y centros comerciales entre cinco y quince salarios básicos; los que realicen reuniones y aglomeraciones entre el 50% y tres salarios básicos; a los peatones que circulen durante el toque de queda deberán pagar entre 100 y 400 dólares, más trabajo comunitario; en el caso de los vehículos que incumplan las medidas, las multas serán entre uno y tres salarios básicos. 


En esos congeladores se mantienen las muestras para su análisis. 

Navarrete explicó a PlanV que en las reuniones y fiestas clandestinas no se produce la mayoría de contagios, sino en los llamados ambientes seguros o familiares. Específicamente durante las comidas porque los familiares deben quitarse las mascarillas y no respetan la distancia de dos metros. Tampoco estos momentos de encuentro familiar se hacen en lugares ventilados, es decir donde corra aire, lo cual no es igual a un ventilador. También se cree, agregó Navarrete, que los niños no se contagian y eso no es cierto. 

Otra conclusión de este investigador y su equipo es que la posibilidad de un contagio en el transporte público es menor que en los hogares. La gran mayoría va con mascarilla y callados. El riesgo sería aún más bajo si se promueve el uso correcto de la mascarilla y de un protector facial de plástico porque está comprobado que hay contagio por los ojos. 


Las muestras que se recogen para la prueba PCR se almacenan en esos recipientes. 

De ahí que este docente de la PUCE sugirió mejorar las campañas de comunicación, una acción que está ausente en el proyecto de ley. “El estado tiene una deuda impagable” en cuanto a la información sobre la pandemia, según Navarrete. Recordó las afirmaciones del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, cuando dijo que Ecuador ha sido el país que mejor manejó la pandemia en América Latina

Zevallos, cuestionó el experto, utilizó las pruebas PCR para contar enfermos. “Eso es lo más estúpido que puede existir. Los enfermos ya están en los hospitales. Lo más importante es saber quién está contagiado o no”. Cree que estas pruebas deberían ser gratuitas. 

Navarrete explicó que ahora se conoce que entre el 70% y 80% de los contagiados son asintomáticos. “Entonces resulta obvio que hay que hacer una búsqueda activa para que esos contagiados no propaguen el virus a más personas”. 

El pasado fin de semana, contó, una empresa constructora solicitó pruebas para 150 trabajadores. Dos de ellos resultaron contagiados. Si no se hacían estos testeos, esas dos personas -en un ambiente cerrado- podrían haber contagiado a 50 obreros, estimó el experto. “Es vital hacer el monitoreo”, afirmó Navarrete. Detectar a una persona contagiada significa evitar el contagio, por lo menos, de su núcleo familiar. 

Los confinamientos, añadió, es una ‘medida cómoda’ además de que la mayoría de ciudadanos en el país vive de la informalidad. “Es una medida dramática, que en algo ayuda, pero no soluciona el problema”. 

La vacunación y las pruebas de diagnóstico serán la mejor forma de controlar la epidemia, dijo Navarrete. Y lo más adecuado sería llegar al 90% de la vacunación, pero ese es otro tema que no contempla la ley. 

Una ley sin responsabilidades para el Estado

La Corte Constitucional (CC) pidió a la Asamblea que prepare esa ley porque los estados de excepción sirven para causas extraordinarias, no son para eventos que tienen cierta regularidad como la pandemia, explicó Angélica Porras, abogada experta en derecho constitucional. 

Por eso, la CC solicitó al Gobierno -desde hace ocho meses- que presente con el carácter de urgente un proyecto de ley a la Asamblea para que norme este tipo de situaciones que no son transitorias, pero son emergentes y prioritarias para el Estado, dijo Hernán Salgado, presidente del organismo en un pronunciamiento público antes del último estado de excepción.

Para Porras, este es un proyecto punitivo antes que uno con una visión de salud pública, pues la mayor parte de la norma se concentra en las sanciones a los ciudadanos que inclumplen con las restricciones. “Es decir toda la responsabilidad la cargan al ciudadano”. No se mencionan las responsabilidades de las autoridades, dijo. “Como si la pandemia dependiera solo de cuánto nos cuidemos”. El enfoque, en su criterio, debería ser cuánto dinero va a invertir el Estado, cómo va a prevenir, cómo va a vacunar y adicional a eso las responsabilidades de los ciudadanos. 

La experta afirmó que uno de los primeros problemas que tiene este articulado es su objeto que arranca con las restricciones a los derechos de libertad, tránsito y reunión. En los considerandos se habla de la  pandemia por el Covid, pero luego desaparece esa referencia en los artículos de la norma, como si pudiera darse otra pandemia de similares características en poco tiempo. 

El proyecto plantea la declaratoria de zonas de alerta sanitaria con distintos niveles, además el Ministerio de Salud debe crear un plan para atender esa situación. Para Porras, allí hay una primera deficiencia de la ley que tiene que ver con las acciones o medidas a adoptar para enfrentar la crisis. “Son bien generales. Por ejemplo, hay una disposición acerca de que el sector privado de la salud atienda a los pacientes cuando no exista espacio en el sector público (...) Pero no dice en qué términos, en qué condiciones, los costos y quién lo va a asumir”. 

Las acciones que constan en la norma ya se quedaron cortas para enfrentar la crisis y son únicamente paliativas, en opinión de Porras. Para la jurista hacen falta temas como la investigación epidemiológica y la vacunación, que será uno de los principales desafíos del próximo gobierno de Guillermo Lasso. “No se habla nada del reforzamiento del sistema de salud público, de los médicos y de medidas preventivas”. 

“Por ejemplo, hay una disposición acerca de que el sector privado de la salud atienda a los pacientes cuando no exista espacio en el sector público (...) Pero no dice en qué términos, en qué condiciones, los costos y quién los va a asumir”.

Con la ley, el COE Nacional tendrá la facultad para restringir la libertad de tránsito y de reunión. “Pero no hay elementos de control. ¿Quién va a controlar efectivamente los límites de esas restricciones?”, sostuvo. También debe establecer un mecanismo para que ese control se haga de manera rápida, agregó. Asimismo no hay una referencia al presupuesto que debe tener esta ley. 

Porras es parte del colectivo Acción Jurídica Popular que ha intentado hacer una veeduría a la vacunación en el país. Cree que en la norma debería estar incluido el Plan de Vacunación, que especifique un sistema de control de las vacunas que entran y de las que salen. El Plan aún no ha sido difundido. El presidente Lenín Moreno y los nuevos ministros de Salud cuestionaron a Juan Carlos Zevallos por ese tema. 

Otro elemento que debería contener la ley es una política de transparencia a todo lo relacionado con la gestión de la pandemia. “Todos comprendemos que las farmacéuticas no cumplen con los pedidos y lo ofertan al precio que quieren, pero lo que no es lógico es que eso se esconda. ¿Por qué?”. Porras recordó que en el tema de la vacunación ya se investiga un posible delito relacionado con los personajes que se “saltaron la fila” para inocularse antes que los grupos prioritarios. 

En la sección sobre vacunación, además, deberían estar las instituciones responsables, dijo la jurista. Hasta el momento, lo único que se conoce es la existencia de un Comité Técnico de Logística y Distribución, que es parte de la Coalición Público Privada, que coordina la empresaria guayaquileña María Gloria Alarcón. Ese grupo fue señalado por el exministro Zevallos como el que determina la lista de vacunas, como lo publicó PlanV en un reportaje. “Hay una ausencia en general del Gobierno” en la norma, concluyó. 

El pasado 25 de abril, el proyecto de ley ya tuvo el visto bueno de la Unidad Técnica Legislativa, que determinó que el documento cumple con los requisitos formales para pasar a la Comisión de Salud de la Asamblea, que está presidida por el asambleísta William Antonio Garzón, de Alianza País. 

 
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