Mateo (los nombres son supuestos por pedido de los entrevistados) tiene 35 años y es un hombre gay de clase media quiteño. Tiene un seguro privado y, en general, se atiende con médicos particulares de la capital. Una molestia rectal lo llevó a consultar a un connotado proctólogo de Quito, a quien creyó pertinente informarle sobre su orientación sexual para que fundamentara mejor su diagnóstico.

"Era un señor mayor, a quien yo suponía acostumbrado a verlo todo,  tomando en cuenta su especialidad", dice el joven, quien recuerda con molestia lo que ocurrió después. "Cuando le dije que era gay el médico fue a buscar un traje de esos quirúrgicos, que se han vuelto comunes con el covid pero que antes no se usaban en absoluto. Se puso hasta una gorra en el pelo, guantes y así me examinó, como si tuviera algún virus muy contagioso", relata y aclara que ni entonces ni ahora tenía ninguna enfermedad contagiosa que motivara la parafernalia del galeno. 

"Yo creo que su problema, me dijo al final, es que debe dejar la sodomía. Yo no podía creer lo que escuchaba, porque el buen doctor parecía más un predicador que un hombre de ciencia". "Pensé en demandarlo y averigüé cómo ponerle una queja por ética en el Colegio de Médicos", relata Mateo, pero, al final, no lo hizo. "Luego pensé que tenía cosas más interesantes que hacer que ir ante un comité de amigos del doctor para que me dieran la misma receta", dice sonriente. Y lo que hizo fue cambiar de proctólogo. "Un médico más joven me atendió de manera más profesional. Y no mencionó la palabra sodomía", destaca.

Como Mateo, cientos de integrantes de la comunidad LGBTI afirman haberse sentido discriminados en los servicios de salud del país, sobre todo, por su orientación sexual. El dato consta en la encuesta realizada en 2013 por el INEC, en donde fueron entrevistados 2805 personas de varias ciudades del país usando el método de bola de nieve (es decir, consultando a referidos por cada entrevistado). 

Según la encuesta de 2013 -hasta el momento el INEC no ha repetido el ejercicio, por lo que no se cuenta con información más actualizada- el 58% de los entrevistados no estaba afiliado al seguro social, ni a ningún otro tipo de seguro, por lo que dependían de los hospitales del Estado. El 11% de los consultados tenían seguro privado y el 31% estaban afiliados al IESS. 

El 60.1% de los encuestados dijo haber ido a un hospital público en los últimos tres meses, mientras que el 37.9% afirmó que tuvo acceso a un hospital privado.

Cuando a los entrevistados por el INEC se les preguntó sobre si se sentían discriminados en el sistema de salud, el 33.7% sostuvo que sí, mientras el 15.9% se sentían excluidos del sistema sanitario. Además, el 10.3% dijo haber sido víctima de violencia en el sistema de salud. 

Carlos es un joven gay de 20 años y se contagió de VIH en sus primeras relaciones sexuales. Asiste a la consulta de un hospital del Estado en Quito. Nació en una localidad de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Debe hacer un largo viaje desde su casa al punto médico, ubicado en uno de los extremos de la ciudad. No está afiliado al IESS y su familia lo expulsó de su casa a los 17 años. Desde entonces vive con amigos y se mantiene con trabajos eventuales. Ha dejado de estudiar -terminó el colegio en su pueblo natal- porque tiene que trabajar para mantenerse. 

Cada mes debe ir al hospital a retirar la medicación que toma. A veces, el médico le ordena exámenes. Entonces, como no tiene dinero para un laboratorio privado, madruga al hospital, en donde hay que estar en una fila antes de las 07:00. 

"El médico es un tanto grosero, nos llama a gritos a la consulta, por nuestros nombres. Y a veces siento que no es necesario que todos me queden conociendo ahí", dijo el joven, cuya familia no sabe de su estado de salud y con la que ha perdido contacto. "Me gustaría ir a otro lugar, pero no tengo dinero", explica, mientras muestra las pastillas genéricas de origen hindú que toma, diariamente. 

Sentado a su lado está Gerardo, un joven migrante venezolano que, además de padecer VIH, sufre de un cáncer. Actualmente recibe quimioterapia en un hospital público, en donde destaca que la atención en general ha sido buena. Salvo porque, para variar, tras las primeras quimioterapias el hospital dejó de tener la medicación y tuvo que buscar dinero para comprarla. El joven migrante se mantiene con trabajos eventuales en la ciudad y no ha podido afiliarse a la seguridad social.

Darwin, un empleado privado de 28 años, sí está afiliado al IESS, pero relata que ahí no lo atienden mucho mejor. "No hay en el IESS los medicamentos antirretrovirales. Tampoco suelen tener los reactivos para las pruebas de carga viral que se necesitan en el VIH", explica el joven, a quien un  médico del hospital le instó a reclamar a los funcionarios administrativos. "Uno de ellos me llegó a decir que yo trabajo, que me compre no más las pastillas, que cien dólares el frasco no más cuestan. Y que quién me manda a contagiarme de VIH, por poco". "He tenido que recurrir a médicos privados para continuar mi tratamiento, pero cuando uno les dice que tiene VIH algunos abren los ojos como platos, como si nunca hubieran visto un enfermo", relata, aunque reconoce que eso pasaba mucho más antes de la pandemia que ahora. "Parece que la covid le abrió los ojos a la realidad a muchas personas, incluyendo a los médicos. Cualquiera puede coger un virus, enfermarse y morir".

El activista Jorge Medranda, de Diálogo Diverso, hace un paralelismo también entre la pandemia de VIH, que golpea sobre todo a los hombres gais y a las trans femeninas durante 40 años, con la reciente pandemia del coronavirus. De pronto, destaca el activista, toda la población empezó a entender lo que significa vivir bajo la amenaza de un virus peligroso, tomar precauciones, hacerse constantes pruebas de diagnóstico, afrontar la enfermedad y ver morir a amigos y familiares. Un drama que, en la comunidad LGBT, es más que cotidiano desde hace cuatro décadas. Medranda menciona también que las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, siguen teniendo un estigma, y se tiende a responsabilizar a los enfermos, una costumbre que también se ha manifestado en el caso del coronavirus, cuando se sostiene que quienes se enferman es porque han estado en "indisciplina ciudadana". 

Las dificultades en la educación

David es del mismo pequeño pueblo de la Costa que Carlos, pero no tiene VIH. Ambos migraron juntos a Quito, huyendo a la pobreza y de los rumores en su cantón, en donde la gente se conoce y hace malos comentarios. Es un poco mayor que Carlos y tuvo suerte: tan pronto llegó a la capital consiguió trabajo en un restaurante del norte de la ciudad, en donde es cocinero y asistente. Ya lleva varios años en ese puesto. En su cantón se graduó en un colegio local de contabilidad, pero no ha podido dedicarse a ello. Sus intentos de estudiar se han visto truncados porque sus padres son muy pobres y parte de su sueldo lo manda para ellos. Ha intentado estudiar a distancia en dos ocasiones: primero en una universidad, en donde apenas pudo estar un semestre. Luego en un instituto técnico, donde apenas pudo hacer dos. Su sueño es estudiar ahora a distancia una carrera en una universidad pública, por lo que se presenta con regularidad a las convocatorias de los exámenes de selección. 

"No me daban permiso en mi trabajo para poder estudiar, ni siquiera a distancia", recuerda. Su caso es similar al de muchos jóvenes en empleos precarios en nuestro país, pero él siente que se complica por su condición de migrante interno y por los prejuicios sobre su sexualidad.

Samantha Cacao, una joven trans de Manta, también destaca las limitaciones que tuvo cuando estudió en una universidad de su ciudad natal. Sobre todo, cuando decidió cambiar su identidad de género, lo que motivó un incesante papeleo para cambiar los documentos y hasta el título de sicóloga, que le emitieron con nombre masculino. 

Samantha logró encontrar trabajo con su título en una clínica de rehabilitación en Jipijapa, en donde se desempeñó durante varios meses. La joven, que hace activismo en Manabí como parte de Diálogo Diverso, sostiene que muchos integrantes de la comunidad LGBTI están atrapados entre la falta de oportunidades y los prejuicios en el sistema educativo, por lo que prefieren no intentar siquiera llegar a la universidad. Samantha, además de su título, se dedica al oficio de estilista, como muchas personas trans en todo el país. Destaca que, sobre todo en el mundo trans, muchas jóvenes prefieren dedicarse al modelaje, la fotografía o el estilismo, oficios no tan bien remunerados y que no requieren de titulación profesional. 

Los testimonios Samantha  y David se refleja en las cifras de la encuesta del INEC de 2013, que también analizó la problemática del acceso a la educación en la comunidad. Según el estudio, "Del total de las personas entrevistadas, aproximadamente el 41% alcanza al menos un año del nivel de instrucción superior universitario. Al agrupar el ciclo posbachillerato, superior no universitario, superior universitario y posgrado, se obtiene que el 48,4% de la población entrevistada terminó el bachillerato y se encuentra cursando algún año en niveles superiores". 

El estudio concluyó que "De las personas que dijeron cursar el nivel superior que comprende: ciclo posbachillerato (técnico), superior no universitario, superior universitario y posgrado, existe un 68,2% de personas LGBTI que no cuenta con un título de nivel superior".

El abandono de las familias y el "techo de cristal"

Una de las explicaciones del bajo acceso a la universidad que parece haber en la comunidad LGBTI tiene que ver con el rechazo de las familias a la orientación sexual y de género. Apenas un 1.9% de los más de 2800 encuestados por el INEC dijo tener un título de posgrado. Pero el INEC pudo documentar además algunas formas de rechazo familiar que pueden influir en las dificultades de acceso a la educación. Según la encuesta, hasta un 8.7% ha sido obligado por sus familias a cambiar de domicilio o de país, y hasta el 10.4% relató que sus familias les negaron recursos para su educación. Además, el 17.2% aseguró que fue expulsado de su casa luego de revelar su orientación sexual. 

Consultados sobre la discriminación, el 40% de los encuestados dijo haberla sentido en el ámbito educativo, el 24.6% se sintió excluido y el 25.8% recuerda haber sido víctima de violencia en el sistema educativo.

Las dificultades educativas no solamente afectan a los más pobres. Nicolás es un abogado gay de 45 años y estudió en una de las universidades preferidas de la pequeña burguesía de Quito. Siente que ahí también hubo una especie de "techo de cristal" en su contra, sobre todo, porque buena parte de sus profesores y compañeros sospechaban de su homosexualidad, aunque no lo confirmó sino luego de graduarse. "Pensando con calma, luego de algunos años, creo que en esa facultad preferían gente heterosexual, de mejor familia que la mía y con más influencia social. Ahí se mezclaban el clasismo con un homofobia solapada", sostiene, al recordar como las mejores notas les llegaban siempre solo a las mismas personas. "Y se trataba de abogados que dicen ser los paladines de los derechos humanos. Viéndoles de cerca, creo que nunca fue así", dice, con algo de nostalgia.

Natalie, una joven trans de 26 años, también estudia para ser abogada en una universidad pública, aunque a ratos se mantiene ejerciendo la prostitución desde Twitter, pues emigró de un pueblo de Los Ríos a Quito hace algunos años y no recibió nunca apoyo de su familia. "Los padres creen que lanzarnos a la calle es la mejor forma de curarnos. Pero no entienden que de la calle ya no se sale", sentencia.