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16 de Agosto del 2021
Historias
Lectura: 25 minutos
16 de Agosto del 2021
Redacción Plan V
LOEI: sigue la búsqueda de financiamiento para mejorar los sueldos de los docentes
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Una huelga de hambre de casi un mes fue la forma de protesta de los maestros para defender la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural. Fotos: Luis Argüello/PlanV

 

Una huelga de hambre de casi un mes fue la forma de protesta de los maestros para defender la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural. Fotos: Luis Argüello/PlanV

 

La UNE propondrá nuevas fuentes de financiamiento para el incremento salarial aprobado por la Asamblea anterior y el ex presidente Lenin Moreno sin financiamiento claro. Los maestros cumplieron una huelga de hambre de poco más de un mes en señal de protesta. Las claves de la reforma legal.

La Corte Constitucional dijo, finalmente, que no al incremento salarial y los beneficios de jubilación  previstos en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aprobada por la anterior legislatura y que no contó con ninguna objeción del gobierno de Lenín Moreno. La Corte dispuso rehacer parte de la ley y dio la razón a quienes habían declarado que no estaba debidamente financiada. Los maestros hicieron una huelga de hambre nacional en defensa de la reforma, que incluye un significativo incremento salarial. 

La mayor parte de la nueva Ley recibió el visto bueno de la Corte, en aspectos como el tratamiento de la violencia en espacios académicos, el establecimiento del bachillerato por especialidades, el retorno de los institutos fiscomisionales, el reintegro de los docentes desvinculados durante la emergencia sanitaria, la entrega del 6% del PIB para educación, la afiliación de los 13.000 maestros comunitarios a las prestaciones de la seguridad social, entre otros temas.

Pero los incisos relacionados a la remuneración de los maestros y la jubilación después de 30 años de servicio no tendrán efecto por el momento, según decidieron los jueces constitucionales.

La Corte reprobó severamente lo actuado por la anterior Asamblea y por el ex presidente Lenin Moreno al incurrir en dos vicios de inconstitucionalidad formal: primero, la inexistencia de un análisis de factibilidad financiera que arrojara información precisa sobre las posibilidades de un alza en los salarios de los maestros. El segundo reparo de los jueces tiene que ver con  que no se tiene un sustento con informes actuariales actualizados y específicos sobre el tema de la jubilación anticipada, que podría afectar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

“Dicha práctica política carece de seriedad porque promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población solo de manera ilusoria, defraudando las aspiraciones legítimas de los docentes asegurados, un gremio que merece gozar de las mejores condiciones laborales posibles”, sentenció la Corte.

“Dicha práctica política carece de seriedad porque promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población solo de manera ilusoria, defraudando las aspiraciones legítimas de los docentes asegurados, un gremio que merece gozar de las mejores condiciones laborales posibles”, sentenció la Corte.

Por ello, la Corte Constitucional dio un plazo de 30 días a la Asamblea para que analice estos fallos con base en informes técnicos y estudios actuariales que serán realizados en un máximo de seis meses. Posterior a esto, la Corte determinará si los dos apartados cumplen o no con lo requerido para su constitucionalidad y vigencia. Mientras tanto, los salarios y jubilaciones permanecen, provisoriamente, sin vigencia. La decisión se tomó con 8 votos a favor y uno en contra.

El Gobierno reaccionó a la decisión. En un comunicado de la Presidencia de la República, se destaca que “la Corte resolvió declarar la constitucionalidad del cuerpo legal. Sin embargo, ha observado omisiones en el procedimiento mediante el cual la Asamblea Nacional aprobó las disposiciones relacionadas con el escalafón, las remuneraciones y el régimen de jubilación especial para docentes”.
En un comunicado emitido a través de su página oficial de Facebook, la UNE celebró lo que considera una primera victoria ante las demandas interpuestas. “La Corte Constitucional ha dado la razón a docentes, estudiantes, madres, padres de familia y organizaciones sociales que luego de 32 días de Huelga de Hambre y movilizaciones alcanzan varios derechos para la educación pública”, dijo el gremio.

Andrés Quishpe, coordinador nacional de UNE, informó a través de una transmisión en su página de Facebook las resoluciones tomadas por el Comité Ejecutivo del movimiento. “En las 12 provincias del país, nuestros compañeros y compañeras huelguistas se predisponen a levantar la huelga de hambre con una victoria para la educación pública. (…) Convocamos a una movilización nacional para el próximo lunes a las 10 de la mañana en el parque del arbolito. El propósito de esta reunión es entregarle al Ejecutivo una propuesta de cómo financiar la equiparación salarial y cómo cumplir con el derecho a la jubilación, pues la Corte ha sido muy clara y le da otros seis meses para que dentro, inmediatamente de la Asamblea en 30 días, pueda materializar este derecho”, aseguró el dirigente.

Las carpas de la huelga

Tuvo que transcurrir más de un mes para que las peticiones de los huelguistas fueran discutidas y zanjadas por la Corte Constitucional. En medio de la espera, las afectaciones en la salud de los maestros empezaron a manifestarse.

A un costado de la Asamblea Nacional, ubicados en un pequeño reducto al que la mayoría ignoraba de camino a su trabajo, se apostaron los huelguistas dentro de carpas. El ingreso estaba restringido a solo 10 minutos, los accesos estaban cercados, por lo que más de un funcionario acucioso por llegar a su trabajo debía dar un rodeo hacia su destino. Una botella de alcohol, una alfombra con amonio cuaternario y múltiples pancartas dispuestas alrededor del enrejado eran el paisaje introductorio a la huelga de hambre.

Un listado de medicamentos para el dolor, las banderas mayormente rojas de los movimientos convocantes y la prohibición de ingreso de alimentos se veían en el camino hacia las carpas. Frente a estas, un mural plasmado en papel declaraba “Solidaridad”, con sus letras pintadas del tricolor nacional. A su izquierda y justo delante de los huelguistas, 10 pancartas que capturaron el inicio de la lucha en algunas provincias revestían una pared algo descuidada. Las fotografías se encargaban de recordarles a los huelguistas su razón de estar ahí. Eran un espejo al que su macilenta faz ya no reconocía por el desgaste de los días.

Un listado de medicamentos para el dolor, las banderas mayormente rojas de los movimientos convocantes y la prohibición de ingreso de alimentos se veían en el camino hacia las carpas. Frente a estas, un mural plasmado en papel declaraba “Solidaridad”, con sus letras pintadas del tricolor nacional.

Una vez dentro, junto con otros 8 huelguistas, Elvis Moreira, docente y expresidente de la UNE de Pichincha, al día 26 de la huelga de hambre, mencionó las afectaciones de resultas de las inexorables condiciones que demanda una forma de protesta de esta magnitud. “Estamos débiles, tenemos dificultades en nuestra salud, tenemos problemas gastrointestinales severos, gastritis crónicas, problemas de colon, problemas estomacales, dolores de cabeza, presión alta y baja, glucosa alta. En definitiva, son una serie de elementos que están en la salud de nuestros compas”.

Arropado con una cobija térmica, en compañía de sus colegas, y separado de los visitantes por una cinta que dicta “peligro”, Elvis Moreira comentó que, pese a las visibles consecuencias de su determinación e impenitencia, lo que los mantuvo en pie de lucha fue la decisión y la convicción “por el legado histórico de los 77 años de la UNE, por la lucha histórica del magisterio y por la validez, por la vigencia plena, por la razón que no exige fuerza que tenemos en esta lucha, en esta huelga de hambre”.

Pero esta huelga iniciada en julio no sensibilizó únicamente a los maestros, sino también a estudiantes universitarios que, emulando el actuar de sus mentores, resolvieron sumarse a la protesta.

Dos carpas rojas de dimensiones considerables cubrían a los manifestantes y un cuaderno colocado sobre un arcaico atril reunía entre sus páginas los apoyos y consignas de quienes atestiguaron el inclemente paso de los días en el rostro de los huelguistas. “Hasta que la dignidad se haga costumbre, aguante compañeros”, dictaba un mensaje anónimo a la mitad del cuaderno.

A la derecha de Moreira, la colchoneta recién de Dorita Morocho yacía en medio de sus cobijas arremolinadas. Minutos antes había recibido la visita de su esposo. Separados el uno del otro, conversaban sobre sus hijos. El hombre parecía angustiado, como si quisiera sacar a su esposa en un intento frustrado de menguar el arrojo que la llevó hasta esa carpa. Los diez minutos de visita se consumieron mientras las hojas de aquel cuaderno eran movidas por el viento.

Tras esto, Dorita accedió a permanecer en su asiento mientras nos contaba lo que la huelga ha significado para ella como profesora y como madre. Detrás de ella, un joven huelguista reposaba sobre su colchoneta y una de las tantas voluntarias en la huelga la cubría de los fuertes rayos de sol quiteño con una sombrilla.

Con la voz quebradiza y los ojos cansados, Dorita mencionó que fue una decisión muy difícil la de sumarse a la protesta: “sin embargo, la voluntad, el saber que en nuestras manos está cambiar la educación es lo que me mantiene firme. Como maestra sé que este cambio sustancial en la educación va a ser en beneficio de los niños y jóvenes. (…) Y como madre igual, al tener hijos que están cursando también niveles de educación, tenemos que darles todo nuestro apoyo, y el apoyo que puedo darles a mis hijos es estando aquí”, mencionó la docente.

Dos días después de sus entrevistas con este portal, Elvis y Dorita sufrieron una grave descompensación en su salud. Completados los 32 días, los dirigentes de UNE anunciaron el término de su lucha. Las carpas que se habían convertido en su alojamiento eran desmontadas. Colchonetas inflables perdían volumen por la salida del aire. Banderas y oriflamas fueron descolgadas y el reencuentro con la familia y su abrazo aguardaban en casa.

Elvis y Dorita sufrieron una grave descompensación en su salud. Completados los 32 días, los dirigentes de UNE anunciaron el término de su lucha. Las carpas que se habían convertido en su alojamiento eran desmontadas. Colchonetas inflables perdían volumen por la salida del aire.

 

 

La aprobación de una ley cuestionada

Luego de tres jornadas de debate en el Legislativo, el 9 de marzo de 2021, con 126 votos a favor, la Asamblea aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Esta reforma modifica cerca del 80% de la normativa implementada durante el correísmo y que regía desde 2011. El expresidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candell, señaló que la reforma apunta hacia una educación incluyente y de calidad, adaptada a la realidad del Ecuador y en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

 

Este proyecto contó con las observaciones de estudiantes, maestros, padres, organizaciones sociales y entidades internacionales, por lo que ha conciliado en su conformación y revisión los aportes de todos los sectores vinculados a la educación. La intención de la reforma, según lo afirmado por los legisladores de la Asamblea saliente, es que la educación sea normada y focalizada bajo el contexto de interculturalidad y diversidad lingüística y geográfica características del país y con respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

 

Así, un mes después, el 10 de abril de 2021, el expresidente Lenin Moreno envió al Registro Oficial la reforma a la Ley para su consignación y publicación. Lo anunció a través de su cuenta oficial de Twitter: “Envié al Registro Oficial para su publicación, la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Lo celebro por los maestros que serán los mayores beneficiarios. Entiendo que las bancadas de los 2 candidatos presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución”.

 


La UNE anunció que busca nuevas formas para financiar el incremento salarial previsto en la Ley.

 

Sin embargo, lo que inició siendo motivo de festejo para los maestros no tardó en transformarse en otra cruenta brega para exigir lo que por ley les corresponde. El pasado 22 de mayo el segundo y tercer Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC), aceptaron el pedido de demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la reforma a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue quien interpuso las acciones públicas de inconstitucionalidad (32-21-IN y 34-21-IN), alegando una supuesta afectación a la sostenibilidad financiera de la institución.

 

La primera de estas acciones fue impulsada por Álvaro Galarza, representante legal del IESS. En su escrito, este señala los artículos que, desde su perspectiva, conculcan lo establecido por la Constitución. Entre ellos se menciona la disposición reformatoria tercera que se refiere a la jubilación especial de los docentes. Una de las disposiciones de la reforma garantizaba el derecho de los profesores a jubilarse tras 30 años de servicio a la comunidad sin restricción de edad.

Según alegó el IESS, "la jubilación temprana no cuenta con los estudios financieros ni actuariales que lo sustenten, pues al ser una nueva prestación del sistema de seguridad social, debe estar adecuadamente financiada y ser sostenible”.

Galarza sostuvo que la creación de esta jubilación temprana “no cuenta con los estudios financieros ni actuariales que lo sustenten, pues al ser una nueva prestación del sistema de seguridad social, debe estar adecuadamente financiada y ser sostenible”. Además, señala, “esta medida modifica el artículo 201.1 de la Ley de la Seguridad Social que establecía que los maestros podían jubilarse tras 30 años de servicio”. A esto, adujo que el inciso infringe los artículos 287 y 369 de la Constitución de la República, en donde se determina que cualquier ley que cree una obligación financiera debe contar con una fuente de financiamiento.

 

El segundo pedido de apelación fue presentado por el abogado Luis Javier Bustos, a título personal. Según el jurista, los artículos que vulneran la Constitución son el 8, 9, 12, 20, 61, 113, 116 y 117. Además de 15 disposiciones generales, reformatorias y transitorias. Bustos vitupera lo actuado por la Asamblea en virtud de que se han creado obligaciones económicas sin un plan de sostenibilidad que responda a su financiamiento. Coincidiendo con el procurador del IESS, Bustos afirma que al eliminarse la edad mínima de jubilación se afecta al Presupuesto General del Estado porque “tendremos casos de profesores que cumplan los requisitos con 50 años de edad y decidan jubilarse; por tanto, el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte pagaría diez años más de pensiones respecto de la edad normal actual de jubilación en el IESS que es de 60 años para el resto de los trabajadores”, señaló el jurista.

 

El abogado concluyó su impugnación mencionando que “es más que increíble que, de manera irresponsable, fue aprobada (la Ley) por la Asamblea Nacional y como colegislador por el presidente de la República quien no la vetó, como correspondía, poniendo así en riesgo a los más de 400,000 jubilados que existen en el país, y a quienes esperamos jubilarnos algún día”. De esta manera, se concedió medidas cautelares de suspensión provisional de la reforma hasta que los accionantes impulsen el proceso.

 

Los maestros propondrán financiamiento para la nueva ley

El 28 de junio de 2021 la Corte Constitucional instaló una audiencia pública para dirimir el proceso concerniente a dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por el procurador del IESS, Álvaro Galarza y Luis Javier Bustos a título personal, en perjuicio de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

 

El argumento de los accionantes es que no se cuenta con los estudios financieros ni actuariales que sustenten la mejora del estipendio a los docentes. En otras palabras, no existe presupuesto para financiar la equiparación salarial de los 160,000 maestros, tampoco para responder a la jubilación de los docentes con 30 años de servicio sin restricción de edad, mucho menos para integrar a los profesores comunitarios a la seguridad social.

 

En contraste con lo dicho por quienes impugnan la vigencia de la reforma, Andrés Quishpe sostiene que “siempre cuando se debate en este país sobre inversión en educación, salud, en sectores estratégicos resulta que no hay presupuesto. Lo que está establecido en la reforma frente a presupuesto es lo siguiente: cumplir con lo que dicta la constitución, entregar el 6% PIB a educación”.

 

La Corte y los accionantes, quienes pusieron la demanda de inconstitucionalidad, afirma Quishpe, “señalan que no hay presupuesto, que la LOEI produce gasto público. Si queremos una educación de calidad hay que tener un presupuesto de calidad, hay que invertir”, agregó el coordinar nacional de UNE.

Según Quishpe “señalan que no hay presupuesto, que la LOEI produce gasto público. Si queremos una educación de calidad hay que tener un presupuesto de calidad, hay que invertir”.

Luego de haber logrado que la Corte cediera y declarara la constitucionalidad de la reforma, el cuerpo directivo de la UNE se reunió en las inmediaciones de la huelga. “El día de hoy declaramos una victoria para la niñez, para la juventud, una victoria para los pueblos del Ecuador. La Corte Constitucional nos ha dado la razón. La Ley Orgánica de Educación es constitucional y se terminará la suspensión de su plena vigencia. (…) Hemos vencido a las pretensiones de este gobierno de declararle inconstitucional a toda la LOEI”, afirmó su presidenta, Isabel Vargas.

 

Vargas aseguró que los artículos referentes a la equiparación salarial y a la jubilación tras 30 años de servicio también son constitucionales, sin embargo, lo dicho por la Corte establece el cumplimiento de toda la ley con la salvedad de los dos artículos mencionados.

 

 Los puntos clave de la reforma 

Bachillerato por Especialidades

Uno de los aspectos modificado es el Bachillerato General Unificado (BGU). Con la introducción de un plan de orientación vocacional, se pretende que los estudiantes escojan el énfasis sobre el que desean especializarse.

 

Según Andrés Quishpe, coordinador nacional de UNE, “no se puede estandarizar un bachillerato como lo fue el BGU, porque el bachillerato no solo tiene que responder para ingresar a la universidad, sino también para un proyecto de vida, para conseguir fuentes de trabajo”.

 

Modalidades de Estudio

Otra particularidad abordada por la reforma es la implementación de la modalidad semipresencial para estudiantes de educación básica y bachillerato. En este sentido, se dispondría de tres modalidades educativas: presencial, que demanda la asistencia obligatoria dele estudiante al centro educativo, semipresencial que no exige la comparecencia del estudiante de forma regular y a distancia cuyo objetivo es más bien de acompañamiento y de autoaprendizaje.

 

El reintegro de los maestros despedidos y de los estudiantes que desertaron en pandemia

Uno de los avances más significativos, en materia laboral y de educación, es la reinserción de los 13,000 maestros desvinculados de su trabajo durante la emergencia sanitaria por la Covid-19, así como el reingreso de los 90,000 niños y adolescentes que tuvieron que abandonar las aulas por la precarización de resultas de la pandemia.

 


El dirigente Andrés Quishpe destaca la necesidad de más presupuesto para la educación. 

 

Andrés Quishpe inquirió “¿Cómo vamos a provocar que los 90,000 niños que dejaron los colegios retornen a las aulas? ¿solo por decreto? Tenemos que invertir en su retorno. Eso significa que tenemos que construir un nuevo modelo educativo, así como entender que ya no podemos regresar a las aulas de 50 o 40 estudiantes”. A lo que añadió que “es necesario el reintegro de los maestros desvinculados para cumplir con nuevas formas de establecer la educación escolarizada durante esta pandemia que va a seguir durando años incluso con las dos vacunas como lo establece la Organización Mundial de la Salud”.

Prevención de la violencia escolar

Un importante inciso de la reforma a la LOEI es la prevención de la violencia escolar y del acoso infantil en los centros educativos. Como medida de prevención, la reforma determina que el Ministerio de Educación cuente con un registro detallado del personal docente, directivo y administrativo de las instituciones educativas vinculados a causas judiciales por violencia sexual.

 

“Todos conocemos y el país vivió momentos bastante terroríficos cuando conocimos el caso de Paola Guzmán, por lo que la ley te dice ahora que no son 900 casos durante estos últimos 14 años, sino son más 1000 casos, de los cuales muy pocos ha solucionado la autoridad educativa”, mencionó el coordinador nacional de UNE. Ahora, asegura Quishpe, se tiene todo un articulado que “permite enfrentar la violencia y el acoso incluso recogiendo recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

 

Salarios de docentes

Uno de los puntos más importantes y discutidos de la reforma es el piso salarial de los docentes. Por lo establecido en la ley reformatoria, el salario mínimo de los profesores del sistema educativo público equivaldrá a 2,5% salarios básicos unificados, estos es, $1,000 dólares. El objetivo del alza de sueldos es la regulación de los pagos de los maestros con respecto a la remuneración del sector público.


Además, la reforma prevé el restablecimiento de las diez categorías del escalafón del magisterio, reducidas a siete durante el correísmo, para que los docentes aspiren a un ascenso gradual de su salario con arreglo a los años de experiencia y servicio.

 

Natasha Rojas, dirigente social y política del partido Unidad Popular señaló que “mientras en países desarrollados los sueldos de los maestros son de los mejores, en el Ecuador cada incremento salarial de los maestros ecuatorianos ha significado que tengan que movilizarse”.

 


La dirigente Natasha Rojas destaca la necesidad de afiliar al IESS a maestros comunitarios. 

 

Asimismo, la reforma declara el derecho a la jubilación de los maestros con 25 años de servicio sin restricción de edad. En lo que refiere a los maestros comunitarios y populares, se establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá afiliarlos a los beneficios y prestaciones que la ley les debe procurar.

 

“Tenemos miles de educadores comunitarios en este país que no tienen seguridad social ¿Qué se está planteando? Que les afilien en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que también aporten. Yo diría que este tema va muchísimo más allá y requiere la intervención de diversos actores y sectores para garantizar la sostenibilidad del IESS y que no se convierta en esa caja chica”, afirmó Natasha Rojas.

 

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