"El 17 de agosto del 2015 salimos a protestar por muchas injusticias: no respetan nuestro derecho a una educación cultural y bilingüe, por la que lucharon nuestro abuelos y abuelas. No nos dejan ejercer nuestro derecho a legislarnos; nos arrebatan nuestras posibilidades de seguir viviendo del campo. Por eso y por más cosas salimos a las calles.  

"Salimos a protestar con nuestros personajes típicos de las fiestas. Todo estaba pasando en paz. Incluso compartimos los alimentos con los primeros policías que enviaron, pues ellos también son pueblo uniformado. 

"La violencia empezó el 17 de agosto después de la sabatina del presidente Correa, en la que llamó a abrir las vías con cualquier tipo de uso de la fuerza. Llegaron miles de militares y policías y llegaron con una violencia absoluta. Nosotros desde el micrófono llamamos al diálogo, pero de nada sirvió empezaron a lanzar gas lacrimógeno y a pasar por encima de las mujeres que eran las que estaban al frente.

"La Policía golpeó a una compañera que estaba embarazada. A los policías no les interesó y la golpearon entre 7 policías, la arrastraron como unos 30 metros, le lanzaron gas pimienta, le golpeaban con toletes, no lo podíamos entender. Gritábamos que ella estaba embarazada, que la dejaran. Se asustaron y ella pudo escapar. Los Policías dijeron: ¡entonces se van presas ustedes!

"Había más policías alrededor, nos golpearon, nos lazaron gas y nos tomaron presas una a una. Nos tomaban de las trenzas y nos jalaban, nos insultaban con términos racistas, nos decían “indias sucias, qué hacen aquí, váyanse a trabajar allá para sus maridos”. Decían: “¡Cógeles de las trenzas! ¡Las vamos a violar!” nos golpearon los senos y el vientre.

"Nos subieron a todos a un bus, íbamos 26 compañeros sangrados, golpeados, esposados y nos tuvieron de pie durante todo el camino en bus, de Saraguro a Loja. Nos tuvieron detenidos sin tomar agua ni alimentos. Nos llevaban al baño tanto a hombres como mujeres custodiadas sólo por hombres. La puerta no podía cerrar. Tuvimos que hacer del baño enfrente de los policías. La represión fue brutal, nunca antes había visto tanta represión, y más aún contra las mujeres".

Este es el relato de Karina Montero, de 30 años de edad y miembro de la coordinación política de la Asamblea de los Pueblos del Sur. Su testimonio, se refiere a los sucesos de la represión policial en Saraguro, provincia de Loja, a 800 kilómetros al sur de Quito, cuando las comunidades indígenas bloquearon la carretera Panamericana como forma de protesta durante el llamado levantamiento indígena y paro nacional del pueblo, en la segunda y tercera semanas de agosto del 2015.

Karina Montero cuenta la historia de la defensa de una mujer embarazada. Entre estas mujeres que se opusieron y actuaron para impedir el maltrato estaba Luisa Lozano, conserje de la escuela de la comunidad de Lagunas, situada a diez minutos del centro de Saraguro. Por esa acción ha sido condenada a cuatro años de prisión por parte de la administración de justicia de Loja, cuyos jueces acogieron los argumentos de la Fiscalía de que ella y el radiodifusor Amable Angamarca obstruyeron los servicios públicos. Como única prueba en contra de ella, el Ministerio Público presentó un video de Lozano delante de unas piedras que obstruían la carretera.

Diez meses después, Luisa, una mujer de 39 años, con cuatro hijos de 19, 10, 8 y 5 años, recorre Quito para denunciar lo que llama un atropello más de la justicia entregada al correísmo. Como directamente afectada, no es la única que piensa así. La Defensoría Pública denunció en un comunicado que esta sentencia era desproporcionada. Tras la sentencia, el defensor, Ernesto Pazmiño dijo "mostrarse preocupado" por la sentencia "desigual" en el caso Saraguro. Y comparó esta pena de cuatro años por detener el tránsito, con las de un año por lavado de activos en el caso Fifagate, o de tres meses por peculado para el ex ministro de Deportes, o el de 8 meses de prisión por la compraventa de pases en la Policía Nacional. Pazmiño dijo que esa sentencia demostraba que en Ecuador no somos iguales ante la ley y que la justicia actúa severidad contra los más pobres.

Luisa Lozano llegó a Quito la primera semana de junio tras la declaración de la sentencia. Tuvo el el apoyo de la Conaie y de las organizaciones sociales. Y aunque su mirada sea tranquila, está asustada. Sobre todo por el impacto que este proceso ha tenido sobre sus hijos. El mayor entiende el hecho, pero los otros dos niños y la hija menor no quieren escuchar más de la palabra audiencia, abogado, tribunal o medios de comunicación. Su última hija, de 5 años, es la más afectada psicológicamente. Todos han caído en el rendimiento académico. 

A los diez años de edad, Luisa emigró a España y volvió en el 2005. Además de su actividades de servicio en la escuela pública Inti Raymi, ella hace artesanías, bayetas, collares, comida preparada, etc. Su esposo no tiene trabajo estable, era mecánico de motos, sin embargo, desde que le exigieron títulos académicos se dedicó a la crianza de animales. Con la situación actual referente al registro sanitario, su pequeño emprendimiento productivo se ha visto anulado, ya no puede vender los chanchos y animales menores que cría en su casa, en tanto le exigen registros de la chanchera. Los ingresos de los dos padres son insuficientes para las necesidades familiares por lo que Luisa considera que su situación socioeconómica era difícil aún antes de la detención.

No se reconoce como activista, pero reivindica su pertenencia al pueblo Saraguro y afirma que siempre ha estado pendiente de temas que ha considerado afectan al pueblo como: la desaparición de la educación intercultural bilingüe, el cierre de guarderías comunitarias y la reciente exigencia de registro sanitario a los pequeños productores que ha afectado severamente las condiciones sociales y económicas de muchas comunidades.

Este es el relato de los sucesos que la comprometen, investigado y revelado en el Informe psico social y de violaciones de derechos humanos en el caso Saraguro, presentado recientemente por el colectivo Investigación Acción Psicosocial y el Movimiento por la Salud de los Pueblos:

"Luisa narra que el día 17 de agosto, su hija menor se encontraba con un problema de salud, tenía una parálisis facial por lo que a las dos de la mañana debió llevarla al hospital. La niña estaba con fiebre alta y el médico le pidió tener cuidado debido al antecedente de parálisis.

"Hacia las nueve de la mañana, Luisa requería salir de su casa para comprar una medicina (buprex) porque el medicamento que tenía (termofin) no hacía efecto. Decidió ir a la cooperativa que se ubica cerca del sector San Vicente, condujo su vehículo por aproximadamente 5 minutos. Al llegar se bajó del vehículo y miró que había peregrinos de Cuenca quienes se preguntaban “que pasará con tanto policía”.

"Por curiosidad, María Luisa se acercó a mirar y una señora le comentó que había muchísimos policías invadiendo territorios de Ilincho y Lagunas. Estuvo en la vía durante unos cinco minutos, saludando con vecinos que se encontraban en el sector. En ese momento, los policías empezaron a lanzar bombas y Luisa recuerda haber gritado “no boten bombas que hay niños y ancianos”. Posterior a ello, relata que se asfixió por la excesiva cantidad de gases. Luisa intentó regresar a su casa pero no podía subir a su vehículo porque caían bombas lacrimógenas cerca de su auto. Al escuchar los gritos de una señora que estaba en un hueco cerca de la Panamericana que era arrastrada por los policías, Luisa se percata que es su vecina embarazada de seis meses a quien incluso “se le notaba la barriguita” y con indignación y coraje, acude en su ayuda. Luisa narra que le arrastraron de la bayeta, que su sombrero se perdió en medio de la violencia, que los policías gritaban “cójanles a las mujeres” mientras ella se defendía diciendo: “no sean tan inhumanos”.

"Varias compañeras fueron arrastradas y a Luisa por negarse a caminar, la patearon en el piso y la golpearon con toletes. Luisa pidió que por favor la dejaran, que su hija estaba enferma y sola en la casa; suplicó e insistió pero de inmediato la llevaron al patrullero. Ahí se encontró con gente sangrando, golpeada, con heridas de importancia. Una compañera quería escapar y no permitía que la esposen, ante esto, los policías “le dieron de toletazos”.

"Luisa les dijo: “déjele, no le maltrate”, y los policías le respondieron: “si no quieres que te maltraten siéntate” y la pusieron en el vagón del carro.

"Les quitaron los celulares y continuando en el ejercicio de la violencia, les rompieron la ropa, los anacos, las bayetas, los sostenes. Para bajarla de la patrulla, la tomaron con violencia de la pierna sin mirar que se encontraba esposada, ocasionándole lesiones en la pierna y muñecas. Luisa relata que entre los detenidos había gente sangrando y que cómo todos los de la comunidad se conocen, encontró a una vecina que asfixiada por el gas había perdido una pieza dental a causa del trato violento. Ella quiso ayudar a su compañera ante lo cual los policías reaccionaron con burlas y tratos denigrantes. Con impotencia, narra que posteriormente subieron a todos los detenidos en un bus en el que les trasladaron a la ciudad de Loja.

"Durante el traslado, el vehículo en exceso de velocidad se impactó con una vacona, y minutos después impactó con un letrero de señalización de tránsito. En el trayecto, Luisa afirma que los policías se encontraban extremadamente preocupados por un caso específico y en conversación privada un policía le preguntaba a otro: “dónde le dejaron… estaba sangrando mucho” mientras el otro policía le pedía hacer silencio con un “shiiii”. Días después supieron que el compañero abandonado en la vía era Manuel Poma a quien dejaron ensangrentado en el camino, el compañero perdió varias piezas dentales y al momento requiere cirugía reconstructiva maxilofacial para mandíbula y dientes. Se estima que el costo del tratamiento oscila entre los 8000 y 10000 dólares.

"Su esposo también fue afectado, salió a buscarla y al ver que un policía estaba golpeando con un palo a un adulto mayor, él intercedió para defender al señor siendo golpeado por el policía con el palo. El golpe le rompió su dedo anular. En medio del llanto, Luisa sintió que los trataron fueron inhumanos, que ni siquiera les permitía mirar a los ojos a los policías. También narra que ella intentaba animar a sus compañeras, entre ellas una prima que también estaba en la cooperativa al momento de la detención y que lloraba porque sus gemelas se habían quedado solas en casa.

"Luisa asegura que nunca les avisaron a sus familiares, estuvieron incomunicadas desde las 11H00 hasta las 20H00, recién a esa hora les leyeron sus derechos y les informaron que su delito era el de paralizar un servicio público, luego les permitieron una llamada telefónica. Los familiares de Luisa estuvieron buscándola en Loja desde las 13h00: “los policías les mentían de nuestro paradero para tenerles dando vueltas y para que no nos encuentren”.

"En ese momento fueron atendidas por una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, pero no pudieron acceder a los partes médicos generados aquel día. Luisa, cojeaba de una pierna y dado que además sufre de neuritis tenía fuertes dolores, los médicos únicamente le dieron una cápsula de Paracetamol.

"Esa noche no pudieron dormir, la audiencia fue hacia las doce de la noche, no les permitieron conversar con sus abogados antes de la audiencia: “no les dejaban hablar a los abogados y les sacaban de lugar”. Al terminar la audiencia fueron trasladadas a la policía judicial, ahí les registraron sus huellas digitales, hicieron un registro de sus voces y les tomaron fotografías.

"En relación a la declaración, Luisa denuncia que le hicieron firmar tres veces: “yo si leí mi versión la primera vez y me dijeron que firme, luego me dijeron que el abogado estaba mal y vi que en la segunda versión quitaron lo de la señora embarazada, pero no me dejaron leer, me decían que firme rápido, y la tercera vez había más cambios, yo no pensé que iban a cambiar las declaraciones, quien se puede imaginar algo así”.

La vida en la cárcel

"El día siguiente de la detención, Luisa junto con 11 mujeres indígenas detenidas, fueron llevadas al hospital para realizarse “una prueba de embarazo en sangre”, les informaron que para llevarles a la cárcel general debían hacerles antes, una prueba de embarazo. Las compañeras nunca recibieron los resultados de estos exámenes. Una de las compañeras detenidas estuvo con fiebre en la cárcel y tenía miedo de tomar medicamentos porque pensaba que estaba embarazada, sin embargo, tampoco le informaron de los resultados de los exámenes.

"Luisa y las doce compañeras detenidas junto a ella, estuvieron presas dieciséis días. Recuerda que cuando salían a las audiencias, se sentían avergonzadas y dolidas: “me indignaba que me lleven esposada y custodiada mientras mis hijos y mis familiares miraban”.

"Durante sus días de detención en el CRS de Loja, vivieron la dureza de la situación penitenciaria en el Ecuador. La comida era terrible y funcionarios de este centro les pedían pagar cinco dólares por cada persona que ingresaba a visitarlas. Las doce detenidas acudieron al director de la cárcel para pedir que por favor les dejaran pasar los materiales para seguir tejiendo, haciendo collares porque no hacer nada las volvía locas. Aquel día, por coincidencia estaba allí el director nacional de cárceles quien se sorprendió de las irregularidades denunciadas".

"Reflexiva, Luisa cuenta que aprendió mucho en la cárcel, habla con tristeza de las denigrantes condiciones carcelarias: “les llevara al fiscal y los jueces para que vean que a la gente hay que tratarle con dignidad… allí aprendí mucho, hay gente que cuenta sus historias y uno aprende, hay gente que no es visitada por sus familiares, una compañera comía en una olla que ni mi perro come así, le dije a mi suegra: mamita traiga unas ollas para darles para que coman con dignidad, la comida están mendigando pasan mucha hambre”.

El Informe señala que con el argumento de “una grave conmoción interna” el gobierno desplegó un operativo represivo sin precedentes agrediendo a la población con brutalidad, las víctimas reportan violencia física, verbal, amenazas de violación sexual, detenciones arbitrarias, incumplimiento del debido proceso e incumplimiento de protocolos. Frente a estas denuncias, el gobierno se ha encargado de crear un estigma social y político contra el pueblo de Saraguro y los 29 detenidos, los ha acusado de violentos, salvajes, reaccionarios.

Los impactos que generan mayor ansiedad en Luisa son los que se expresan en su familia: “ahora yo no puedo decir a mis hijos que me voy a las audiencias ellos dicen: mami no te vayas te van a coger de nuevo. Mi hijo de diez años se enteró por la prensa de la audiencia y me dijo: mamita qué vamos a hacer si te vas a la cárcel, me coge del anaco y dice mami yo no quiero que te vayas. Voy a la fiscalía a firmar todos los lunes, a otros les decían que vayan tres veces y a Karina y a otras compañeras hasta les querían poner un chip… un lunes que fui a la fiscalía ahí estaban policías y mi hija menor me tenía fuerte del cuello para que no me baje”

El estado emocional de Luisa revela, mediante la aplicación del Test de Goldberg, sufrimiento mental severo: “¿qué pasará mejor si me muero mejor a ver qué hacen?, sólo por mis hijos saco fuerzas para seguir viviendo”.

Su estado emocional se ve agravado por la situación económica, “a veces no tenemos ni para comprarle la comida a mis hijos, tengo que pagar reemplazo en la escuela porque soy conserje, los pasajes a Loja me cuestan, nosotros ya éramos pobres y con esto la situación económica empeoró… mi esposo sin trabajo, con esto del registro sanitario no quieren ni regalados los chanchos…”

Por otro lado Luisa denuncia los condicionamientos y acoso político del que es objeto: “a raíz de la detención, los funcionarios que son del partido del gobierno me ponen demasiadas trabas… no sé si están adiestrados toditos…Los padres de familia propusieron apoyarme pero el hostigamiento es tan intenso que a veces pienso que es mejor renunciar...en la comunidad dicen que el grupo de Alianza País ha estado reunido en pleno en Saraguro para ver quién se queda en la cárcel y quien sale. A cinco personas que en la cárcel dijeron que se afilien a Alianza País, después dijeron que son de Alianza País y les sacaron…”

Luego de escuchar la sentencia ella dijo que: “….yo pensé en el futuro de mis hijos, era una decisión bien dura pero no acepté mi culpabilidad yo tenía que luchar por demostrar mi inocencia. La chica que defendí ya dio a luz, me emocionó conocer al bebé. La familia me dice que piense, que cómo va a criar mi marido solo a mis hijos, yo les digo que no lloren y que mejor me apoyen, me apoya mi papá, mis suegros, mis hermanas que están aquí y fuera del país... mis padres me criaron con muchos principios, no me ha gustado quedarme con esa carga en mi cuerpo porque hace daño… lo mejor que le puedo dar a mis hijos es de no callarme”

“… Todo el pueblo es testigo de las cosas, ahora ya nadie le cree al presidente ni a los de Alianza País… con esta injusticia se han aclarado muchas cosas. La gente sabe muchas cosas pero no lo denuncia por el miedo por las represalias en el trabajo…”.

Luisa estuvo en la Capital, en una rueda de prensa después de haber participado en reuniones con el representante de Naciones Unidas en Ecuador, en plantones de solidaridad y en encuentros con movimientos sociales. Estuvo acompañada de Servio Amable Angamarca Morocho, un trabajador de 56 años de edad, cuya historia irá en la segunda parte de esta crónica.

Dirigentes indígenas llamaron en Quito a la solidaridad de los procesados en Saraguro.