Unidad e Integración en América Latina, son los temas que convocan al expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, y al actual presidente de Uruguay, José Mujica, a una conferencia magistral en la ciudad de Guayaquil, como parte de los eventos de inauguración de la lujosa sede de Unasur, una obra por la cual el Ecuador pagó 43 millones de dólares. Aunque los motivos del encuentro procuren sintonizar alabanzas y el choque de las copas, puede ser un buen momento para que los dos líderes se refieran a otros asuntos, que los ecuatorianos quieren saber: la corrupción de Petrobras, sus secuelas en Ecuador, la demanda en el CIADI; y lo propio en el caso uruguayo: los millonarios perjuicios generados al país, por la estatal Ancap en el canje de crudo por derivados suscrito con Petroecuador. Un tema que Planv, lo presentó en la investigación: El escándalo uruguayo

Petrobras: ¿“Un sistema diabólico de corrupción“?

Literal: “La pus de la corrupción de Petrobras escapa por las rendijas“. La purulencia que salpica a los más altos ejecutivos de la multinacional estatal, -y tiene tras las rejas a 16 altas autoridades acusadas de apoderarse de 3.300 millones de euros en coimas - llega también a los cerebros del gobierno izquierdista del Partido de los Trabajadores (PT), como su tesorero João Vaccari, acusado de llevarse sobornos (3% de los contratos) para sufragar las campañas políticas del partido. Este “sistema diabólico de corrupción“ tiene a la mayoría de brasileros con la una mano tapándose la nariz, y con la otra exigiendo a Luis Ignacio Lula Da Silva y a la reelecta presidenta Dilma Roussef, respuestas contundentes, mucho más, cuando varios detenidos, han revelado que los dos líderes sabían de la corrupción de la gigante petrolera, presentada por el exmetalúrgico Lula Da Silva como símbolo de “eficiencia y transparencia“, slogan con el qué, no solo alumbró a su gobierno, sino también al de su discípula, Roussef.

Como detallan los medios de información del mundo, los ingredientes del caso son infinitos: contratos de millones de reales amañados, obras de construcción de refinerías sobrefacturadas, cuentas bancarias repentinamente vaciadas para que no sean embargadas, arrepentidos que se avienen tras pagar 30 millones de euros, maletines con billetes que vienen y van, aviones privados llevando para acá y para allá sumas mareantes de dinero, un tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) implicado en la trama e intermediarios que se entregan tras pasar días ocultos de la policía. Y, además, varios de los mayores empresarios del país, presos en el mismo penal acusados de soborno, compartiendo cárcel y destino con el delator, Alberto Youssef, que todo lo sabe y todo lo cuenta…

Hoy, el término soborno en Brasil es más común y fácil que un tiro penal en los pies de Kaká, con arco abandonado. La Policía Federal de Brasil, trabaja horas extras y todos los días está aprehendiendo a algún exitoso ejecutivo, otrora pobre izquierdista, con cuentas en Suiza, con varios ceros a la derecha. Hasta el momento se han detectado contratos sucios por más de 20 mil millones de euros. Y los porcentajes de coimas relatados por los sindicados que desfilan en la cárcel de Curitiba, oscilan entre el 10, el 20 y hasta el 50% de los montos, cifras que eran desviadas a cuentas particulares. El principal detenido (exdirector de Petrobras) ostenta 18 millones de euros en una de las 7 cuentas en Suiza. El segundo en importancia, Alberto Youssef, asegura que los partidos políticos, incluido el PT de Lula y Rousseff, se llevaban el 3% de los sobornos.

El grado de infección de Petrobras es tal, que algunos analistas advierten con una paralización de actividades, el momento en que se empiece a revisar los contratos. Las revelaciones de la justicia brasilera, dan cuenta de que de las 10 mayores empresas de construcción del país, sólo dos no están salpicadas de la “enfermedad“ de Petrobras.

Si con una mano se tapa la nariz y con la otra reclamas transparencia, falta una para demostrar la indignación ante el cinismo, dicen los brasileros consultados por los medios. Esto al escuchar a los abogados de los detenidos decir que “el soborno era inevitable, si no, no salía la obra. Si alguien desconoce esto, desconoce la historia de este país”. El empresario Ricardo Semler, en Folha de São Paulo, dice: “Nunca se roubou tão pouco“ (nunca se robó tan poco), era imposible vender directamente sin soborno. Para completar el cuadro de descomposición, el propio Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, añadió: “Esto es como un reguero de pólvora“.

Investigación se extiende fuera de Brasil

Quien actúa mal en casa lo hace fuera de ella. Las cuestionables prácticas de Petrobras en su territorio, empiezan a tener eco en otros países donde la transnacional tiene o ha tenido operaciones. La justicia ya ejecutó acciones contra varios administradores en Colombia y Perú, y realiza investigaciones para determinar manejos fraudulentos en otras naciones. El mapa de pesquisas no excluye a Ecuador, país en el que Petrobras operó los bloques 18, 31 y el campo Palo Azul, desde el 2002 hasta el 2010, cuando decidió no renegociar sus contratos y someterse a un proceso de liquidación (indemnización).

En diciembre de 2010, las autoridades energéticas anunciaron que Petrobras dejaba el país y que había pactado una indemnización de 217 millones de dólares por los bloques 18 y Palo Azul. Aunque el acuerdo implicaba la renuncia a todo reclamo internacional, sorprendentemente, tres años después, en noviembre de 2014, el procurador, Diego García, anuncia que Petrobras formalizó una demanda en el CIADI (Banco Mundial) en contra del Estado ecuatoriano, exigiendo una millonaria indemnización. El Ministerio de Recursos Naturales y la Procuraduría del Estado, están en la obligación de aclarar, si el reclamo de Petrobras ante el CIADI, es adicional a la indemnización pactada el año 2010.

Acudir al centro de arbitraje del Banco Mundial, por parte de un país miembro de la Unasur, como Brasil, deja un tufo a hipocresía, considerando que, los Estados miembros impulsan un centro de arbitraje regional, independiente de las influencias del denominado “imperialismo norteamericano“. Mas aún, cuando el propio presidente Rafael Correa, ha condenado los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, suscritos en las penumbras de la “larga noche neoliberal“, y ha denunciado al Ciadi, acusándolo de representar los intereses de las transnacionales. "Estamos denunciando y vamos a seguir denunciando estos tratados bilaterales de protección de inversiones, que han sido tremendamente perjudiciales para nuestro país", aseguró el Presidente Correa.

¿Qué implica una demanda de Petrobras ante el Ciadi? Algunos analistas, responden bíblicamente: “en arca abierta el justo peca“, esto en referencia a que las transnacionales han tenido vía libre para poner de rodillas al país con demandas millonarias ante tribunales internacionales de arbitraje. El Ecuador ha gastado en los últimos 7 años más de 100 millones de dólares en abogados, y no hemos ganado un solo proceso en el Ciadi y en la Uncitral, sostienen.

Pero, la demanda internacional de Petrobras contra el país, genera más preguntas y despierta suspicacias, con la tradicional expresión: “será que regresan por el vuelto“, esto en referencia a que la operación de Petrobras en Ecuador durante casi una década, estuvo cubierta por un manto de cuestionamientos a todo nivel. El más notorio sin duda se refleja en el juicio por peculado planteado el 2008 por el Fiscal General, Washington Pesántez, en contra de 27 ex funcionarios públicos, por un perjuicio de 2 mil millones de dólares, en la explotación de los bloques 18 y Palo Azul. El juicio fue anulado el año 2011, por la jueza Lucy Blacio, por pedido del fiscal General Galo Chiriboga.

Ecuador de rodillas ante Petrobras

Petrobras ingresó a Ecuador a operar los bloques petroleros: 31, 18 y el campo Palo Azul, en octubre del año 2002, luego de negociar con la firma argentina Pérez Companc, la compra de sus participaciones. La transferencia se realizó sin autorización ministerial como exigían los Contratos de Participación, y los artículos 74 y 79 de la Ley de Hidrocarburos, vigente a esa época.

Apenas, tres años después de esa transacción, en enero de 2005, Petrobras y la empresa japonesa Teikoku, suscribieron un “Acuerdo de Venta y Asociación” para la transferencia del 40% de participaciones de los contratos en Ecuador, igualmente sin autorización ministerial, y sin que a esa fecha, Petrobras tenga derechos contractuales, toda vez que, el ministerio de Energía y Minas, aún no autorizaba el cambio de nombre de Perez Companc por Petrobras. Este proceso recién se consumó en octubre del año 2008, en el gobierno de Rafael Correa.

Dos años después de suscrito el cuestionado “Acuerdo de Venta y Asociación”, entre Petrobras y Teikoku, y faltando cuatro días para que concluya el gobierno de Alfredo Palacio (enero del 2007), se autorizó la transferencia del 40% de Petrobras a Teikoku, a través de acuerdo ministerial. Este instrumento, sin embargo, quedó en suspenso en mayo de 2007, por disposición del ministro Alberto Acosta, y luego por la excitativa de caducidad presentada en febrero de 2008, por el procurador del Estado, Javier Garaicoa.

Para viabilizar la transferencia de participaciones, durante el gobierno de Alfredo Palacio, a través de oficio ACP-T-F-L 2006, el entonces presidente de Petroecuador, Galo Chiriboga, calificó la idoneidad técnica y operativa de la compañía Teikoku, casi dos años después de que la citada empresa suscribiera el acuerdo de cesión del 40% de participaciones del bloque 18 y Palo Azul con Petrobras. En el documento, Chiriboga señala: “De acuerdo con el análisis realizado y como consecuencia del mismo, la compañía Teikoku Oil Co. Ltd, posee idoneidad técnica y operativa en el sector hidrocarburífero”. A la fecha de la firma del acuerdo, Teikoku no estaba domiciliada en Ecuador.

La investigación a Petrobras

Recién inaugurado el gobierno de Rafael Correa, en mayo del año 2007, el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, conformó una Comisión Especial, para que analice varios contratos petroleros. Los dos primeros casos estudiados fueron los del bloque 18 y campo Palo Azul.

El 13 de junio de 2007, en una carta dirigida al presidente Rafael Correa, el ex Ministro Acosta, adjuntó el informe y pidió la caducidad de los contratos de Petrobras. Las palabras del ministro saliente, eran precisas: “Para tomar una decisión sobre el particular, debemos considerar los siguientes elementos: la obligación de hacer cumplir la ley, que no depende de la discrecionalidad de la autoridad; el seguro empleo del argumento de la discriminación en el proceso seguido por la OXI en el CIADI, tomando como prueba a nuestra inacción ante un caso similar; y la conveniencia de recuperar para el pueblo ecuatoriano lo que fraudulentamente se le ha quitado, con la farsa de un yacimiento común inexistente. Me permito urgir a la SNA (Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República) en la formulación de la excitativa”.

Días después, los miembros de la Comisión Especial, expusieron sus conclusiones ante el presidente Rafael Correa, el secretario nacional de Transparencia, José Luis Cortázar; el ministro de Energía y Minas (e) Jorge Albán; el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante y el Vicecanciller de ese entonces.

Luego de escuchar el informe, el Presidente pidió preparar una cadena de radio y televisión para anunciar la decisión de revertir al Estado los bloques de Petrobras. La alegría de los presentes duró apenas unos minutos, porque el Vicecanciller de ese entonces, leyó una carta del gobierno de Lula Da Silva, en la cual se recordaba que entre los dos gobiernos había un acuerdo para no tocar esos contratos.

Luego de refrescada la memoria en Carondelet, las autoridades debieron rebobinar el carrete. Así, las acciones judiciales y el proceso de caducidad contra Petrobras, solo quedarían como un recuerdo en la bitácora del nacionalismo discursivo. Sin embargo de ello, el informe de la investigación fue remitido a la Procuraduría del Estado y a la Fiscalía de la Nación.

En julio del 2007, la Fiscalía abrió una indagación previa. Luego de las experticias, el entonces Fiscal, Washington Pesántez, inició un juicio penal por peculado en contra de 27 exfuncionarios de cuatro gobiernos, por un perjuicio superior a los 2 mil millones de dólares. La acusación era que Petrobras  había explotado desde el año 2002 hasta el 2010, cerca de 80 millones de barriles de petróleo a través de contratos, sobre los que existían sendos cuestionamientos legales y técnicos, uno de ellos el de haber calificado, en forma fraudulenta, al campo Palo Azul como campo unificado.

Con base a ese informe, la Procuraduría del Estado, igualmente inició un proceso de investigación, el cual concluyó con la formulación de la caducidad de los contratos de Petrobras. La excitativa del procurador Xavier Garaicoa, remitida a Galo Chiriboga, que se desempañaba entonces como ministro de Minas y Petróleos de Rafael Correa, invocaba como argumentos centrales, la transferencia de participaciones sin autorización ministerial, así como la ilegal calificación de la empresa Teikoku: “El acuerdo previo de venta y asociación firmado por PETROBRAS con TEIKOKU, es un acuerdo privado del que habla la Ley, por lo que se ha configurado la causal de caducidad antes indicada, al no haberse obtenido, previamente, la autorización ministerial“. (…) “Del análisis efectuado se desprende que, las empresas TEIKOKU OIL CO. LTD Y TEIKOKU OIL ECUADOR, no estuvieron domiciliadas en el Ecuador, al momento de suscribir el Acuerdo Previo o “Carta de Intención” de enero del 2005“, señala el documento de la Procuraduría del Estado. Finalmente, el Ministro de Minas y Petróleos desestimó y archivó el pedido de caducidad. El reclamo de Lula surtía efecto.

Acuerdo entre Lula y Correa

Una carta “urgente” de 23 de mayo del 2007, dirigida al ministro Alberto Acosta, de la canciller de ese entonces, María Fernanda Espinosa, describía los detalles del reclamo del gobierno de Lula, sobre el polémico “Acuerdo“, con Rafael Correa, el cual implicó un millonario sacrificio del Ecuador ante la petrolera brasilera: “A raíz de la visita de la Señora Canciller María Fernanda Espinosa y posteriormente de la visita de Estado realizada por el Presidente Rafael Correa, Brasil había comprendido que los propios Jefes de Estado estuvieron de acuerdo en el tema, puesto que Petrobras había cumplido con todos los trámites incluyendo el último pago para obtener la licencia Ambiental”, señala la nota de la cancillería carioca.

La misiva hace saber que a raíz de la visita de la “Señora Canciller María Fernanda Espinosa y posteriormente de la visita de Estado realizada por el presidente Rafael Correa, Brasil había comprendido que los propios Jefes de Estado (Lula y Correa) estuvieron de acuerdo en el tema, puesto que Petrobras había cumplido con todos los trámites incluyendo el último pago para tener la licencia ambiental. Manifestó además que la Ministra de Ambiente (Ana Albán) había expresado que Petrobras era la empresa que mejor había atendido las cuestiones ambientales por lo que ha causado sorpresa su decisión de suspender la concesión por razones ambientales”.

En referencia a la operación de Petrobras en el Parque Nacional Yasuní, Brasil hizo conocer que, la empresa utilizaría tecnologías de punta, e incluso incursionaría en la zona a través de helicópteros, a fin de proteger la vida de los pueblos Tagaeri y Taromenane, por lo que subrayó la determinación de los dos presidentes de no tocar los contratos: “existen pequeños sectores que están alegando pretextos para no cumplir con una determinación que adoptaron los Presidentes Lula y Correa en Brasilia”, puntualiza la misiva.

La carta incluye la preocupación del gobierno de Lula, respecto a la autorización del Ecuador para la cesión del 40% de participación de los bloques 18 y 31 a favor de la compañía japonesa Teikoku, destacando que el caso “…era muy diferente al de la Compañía Occidental porque se había cumplido todos los requisitos y trámites, inclusive ante la Procuraduría y la Contraloría y que la autorización ya fue dada pero que ahora el Ministro de Energía de Ecuador (Alberto Acosta) quiere rever el asunto, lo que preocupa al Gobierno brasileño, teniendo en cuenta que Petrobras es una empresa completamente controlada por el Estado”. Aunque la administración de Petrobras es dominada por el Estado, sin embargo por su composición accionaria, la empresa es mixta.

Japón también presionó

Japón no se quedó atrás, presionó sin descanso a las autoridades energéticas ecuatorianas, como se concluye del oficio de 27 de septiembre del 2006, en el cual el ministro de Relaciones Exteriores (E), Diego Ribadeneira, hizo conocer al ministro de Energía, Iván Rodríguez, que el Gobierno de Japón, en respuesta a la petición de Petroecuador de que invierta en algunos proyectos hidrocarburíferos en el país, ha “…manifestado su disposición de trabajar en dichos proyectos, pero ha informado que se encuentra interesado en resolver, primero, la situación respecto a la compra de acciones de la Empresa brasileña PETROBRAS por parte de la empresa TEIKOKU OIL CO. LTD.”, por lo que, solicitó a la Cartera de Energía información referida a la situación legal del citado trámite.

El peso de la presión al más alto nivel también se hizo sentir, como se evidencia en la grabación magnetofónica del célebre 13 de diciembre de 2006, donde el ministro de Energía de ese entonces, Iván Rodríguez, se queja de que: “el Embajador del Japón me ha llamado toda la semana, por Teikoku, ya le he dicho de todo, no sé que más decir… vino la Viceministra de Energía de Japón, ya estaba medio enojada y me dijo, dígame sí o no, no me haga perder tiempo… tenía toda la razón y estaba enojada”.

Reversión del bloque 31

En relación con el bloque 31, en el Parque Yasuní, el gobierno afirmó que Petrobras abandonaba el área, sin indemnización del Estado. Sin embargo, ocultó la firma de un convenio en el cual se obligaba a Petroecuador a transportar su petróleo por el oleoducto privado OCP, en el cual Petrobras tiene un cupo de 70 mil barriles diarios, con una tarifa de 1,51 US/BL, en circunstancias que el costo de transporte por el oleoducto estatal SOTE, es de 0,40 US/BL.  Durante los 10 años del acuerdo el país reconocerá a Petrobras US 242 millones. Es decir, de una forma encubierta Ecuador acabará pagando las inversiones del bloque 31 que ascienden a US 260 millones, pese a que el citado bloque jamás entró a la fase de desarrollo.

Una especial metamorfosis

Que la larga noche neoliberal y la corrupción han muerto, proclamaron los que  ascendieron al poder por la escalera izquierda. Pero, al amanecer, encontramos a un carnicero desayunando con un cirujano y no atinamos a distinguirlos.

En una de sus conferencias magistrales, el expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, explicaba su "evolución ideológica" restando años de vida y sumando experiencia. "Ya no estoy en edad para ser de izquierda: cabellos blancos y responsabilidad suponen equilibrio y evolucionar significa ir desde la izquierda hacia la socialdemocracia. Una persona que es de izquierda tiene problemas, así como un joven que es de derecha tiene problemas". Al final de su confesión, parece que se avergonzó de su pasado ideológico: "yo no soy marxista, soy metalúrgico", dijo, y una lluvia de aplausos se destapó en la tribuna empresarial.

Tiempo después de la magistral confesión de Lula, el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, precisaba que "los partidos de izquierda cuando dicen que se acercan al centro en realidad lo que hacen es acercarse a la derecha", donde los gobiernos acaban de "comisarios políticos del poder económico". El autor de La caverna y Todos los nombres, fue más allá: "a veces las cosas en el mundo cambian para peor", aseguró, al tiempo de agregar que "la democracia es una fachada detrás de la cual sólo hay unas cuantas vigas carcomidas por la polilla, llenas de polvo y excrementos". (…) “Ya no hay ideas de izquierda", apenas un postre mediático para salivar derechos y justicia social, en la eterna galería de las conferencias magistrales.