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24 de Septiembre del 2018
Historias
Lectura: 19 minutos
24 de Septiembre del 2018
Susana Morán
Mascarilla: la indignación del pueblo afro

Fotos: Luis Argüello. PlanV

Jacqueline Delgado muestra la foto de su hijo cuando era niño. Pide que el caso se tramite en Quito porque duda de los jueces y fiscales de Ibarra. 

A un mes del crimen contra Daniel Padilla, la familia asegura haber sido discriminada y humillada en su búsqueda por justicia. Dice que en este caso hubo una ejecución extrajudicial y no una extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. El viernes 21 de septiembre, la Fiscalía no dio paso al cambio de delito. Un equipo de Plan V viajó hasta El Juncal para contar su historia.

El sol de la tarde arrincona a los habitantes de El Juncal a la sombra que dejan los techos de las casas. Es miércoles y un pequeño grupo de niños camina apresurado hacia su hogar en esta comunidad del Valle del Chota que está atravesada por la Panamericana. Unos tienen helados, otros van descalzos. Los autos y buses paran frecuentemente en este sector conocido y aclamado por sus fritadas. Pero más allá de esos puestos de comida, El Juncal es un pueblo sin ruido y pasivo.

Hacia el norte, junto a la vía asfaltada, están tres adolescentes sentadas afuera de su casa. Una de ellas responde al grito de una vecina que está al frente de la vía. “Ella es familiar”, dice la señora que salió por un instante de su casa para dar información sobre el paradero del padre de Daniel Padilla, asesinado el 23 agosto pasado en el sector de Mascarilla, ubicado a pocos minutos de El Juncal. Ese día, el joven afro recibió un disparo en la cabeza durante una protesta. Un policía fue acusado del crimen y la familia insiste en que se trata de una ejecución extrajudicial.

“Como padre no lo voy a permitir, he de llegar hasta las últimas consecuencias, porque este es un crimen de Estado”, Carlos Padilla. 

Carlos Horacio Padilla sale de su casa después de que la joven lo llamara. También busca la sombra y se sienta en un filo de cemento que da a la vía. “Como padre no lo voy a permitir, he de llegar hasta las últimas consecuencias, porque este es un crimen de Estado”, dice indignado el hombre de 57 años. Viste de color negro aunque ha pasado un mes desde que recibió la noticia. Ese día estaba en Tulcán a donde suele ir para vender el tomate y fréjol que cosecha. Es agricultor. Cuando le contaron por teléfono del hecho, pensó que había sido un simple raspón. Dejó sus actividades y de regreso en la carretera, a los 15 minutos de la primera llamada, le confirmaron la muerte de Daniel.

Llegó solo hasta Mascarilla. Un video sobre la muerte del joven se difundió rápido por las redes sociales y para cuando el padre llegó hasta ese sector, los manifestantes estaban enardecidos. Incluso recuerda que él tuvo que ayudar a un grupo de policías para que saliera de Mascarilla porque la gente los tenía rodeado. “Yo llegué y ahí estuve tratando de tranquilizar a la gente”. Los disturbios comenzaron en otro sector llamado Ambuquí por un accidente de tránsito. Reportes de prensa registraron que los incidentes se dieron cuando los policías intentaron llevarse los autos siniestrados.


Carlos Horacio Padilla es agricultor. El día del crimen él se encontraba en Tulcán vendiendo sus productos. 

“Mi hijo se trasladó a arreglar una camionetita de él en Ibarra, entonces él ya regresaba de allá cuando se encontró con el accidente y no sé porqué los policías vienen disparando desde ese punto hasta Mascarilla. La Policía no pudo controlar ese accidente. Mi hijo venía atrás de los señores y se baja a abrir la malla para pasar, seguramente porque ya se amontonó la gente. Cuando se baja y empieza a caminar le disparan”, cuenta el padre. Daniel dejó una hija de siete años.

“Luego dicen que los negros también han estado disparando. Aquí no tenemos armas de fuego inclusive ni machetes, solo los agricultores los tienen”, Carlos Padilla.

La voz de Carlos Padilla sube de tono a medida que avanza su relato. “Luego dicen que los negros también han estado disparando. Aquí no tenemos armas de fuego inclusive ni machetes, solo los agricultores los tienen. Pero no armas de fuego porque aquí cuando se ofrece una pelea es a mano limpia”. Pero el padre es firme al decir que él no está en contra de la Policía, sino de quien disparó contra su hijo. Describe el video que le llegó por redes sociales y para él eso esa es una prueba irrefutable. “En el video se ve al guambra que está caminando y le pegan el tiro por atrás, por la cabeza”.

Desde la tragedia, el padre sostiene que jueces y fiscales tratan de “tapar el sol con un dedo”. Y que la defensa del uniformado ha tratado de estigmatizarlos. “Cada que matan a un negro si no es mafioso es por contrabando, porque no saben cómo defenderse. Como la gente no está enterada dicen ‘esos negros son así mismo’, pero quisiera que vengan y compartan con nosotros”. Asegura que en El Juncal el de su hijo es el tercer caso de jóvenes asesinados supuestamente por agentes. La única forma de prevenir estos crímenes, dice, es dar la sentencia que corresponde al policía que disparó. Y por eso para ellos este es un crimen de Estado.


Daniel Padilla tenía 26 años cuando recibió el impacto de bala. Llegó con signos vitales al hospital, pero falleció. 

Daniel, según su madre

Jacqueline Delgado, de 50 años, camina por la vía asfaltada a paso lento y apoyada de su bastón. Acaba de llegar de Ibarra con su hija Genoveva Padilla. Ambas fueron esa ciudad para reunirse con el fiscal del caso y para organizar una marcha pacífica para pedir justicia para Daniel. Los ojos de la madre están hundidos en unas profundas ojeras y al sentarse se encorva sobre su bastón. Hablar de Daniel le provoca un llanto incontrolable que solo se apacigua cuando evoca algunos episodios de la vida de su hijo:

“Policía quería hacerse, pero vea le mató otro policía. Quería también ser de la Marina. ‘Pero yo no quiero ser cualquier marinero, quiero ser gente dura, de lucha’ me decía. Quería que le lleven en un barco. Tenían un ánimo, mi hijo era muy valiente, muy sociable. Él se inscribió para la Marina por la web y dejó mi número telefónico. ‘Señora usted es la mamá de Daniel Alfredo, le felicito su hijo está inscrito para la Marina’, me dijeron por teléfono.


De izquierda a derecha. Jacqueline Delgado, madre de Daniel; Genoveva Padilla, hermana; Carlos Padilla, padre. 

Hizo sus papeles en la notaría y fuimos a dejar la carpeta en Quito. Él no se inscribió para tropa sino para oficial. Yo lo acompañé y lo llevé bien enternado. Nos bajamos en el terminal de Carcelén y tomamos un taxi que nos dejó en la puerta donde recibía las carpetas. A toditos les recibieron las carpetas, pero le vieron negro a mi hijo y le dijeron que no. ‘Mal hecho que le han hecho inscribir’, dijo la que atendía. Aquí necesitamos físico matemático, pero yo le dije ‘él ya está inscrito’, pero le rechazaron. A él no le gustaba rogar. ‘Mamá si no me reciben vamos, gracias a Dios soy joven, vamos mamá’. Y nos venimos con la carpeta llena de papeles. Eso pasó cuando tenía 22 años, la edad máxima y por eso no pudo postular más.

Hace 6 meses se graduaron los agentes de tránsito, también él se fue a inscribir en eso, vea mijo pudo estar en esa graduación. Él estuvo tantos años en ese fútbol y por eso renegamos la gente porque el dueño de la escuela era el dueño de los pases. Estuvo en el Valle del Chota, en el Mushuc Runa, en el Grecia, en El Nacional. También jugó en el Carchi 04. Era marcador izquierdo.

La mayoría de las personas quiere ser futbolista, pero aquí no hay apoyo en ningún sentido. Su hermano policía le mandaba dinero para comprar los zapatos de fútbol. En el Nacional no le gustó lo que le disponían y las cláusulas. Él aspiraba a mucho, exigía un buen puesto, porque sabía de la técnica. No le gusta que le pongan en la banca, se aburrió y se vino. ¡Ay mijo, mi riquicho, mi Riqui! Así le decía a mi tesoro. Él era mi sustento, pero ese policía ignorante me quitó todo”.


Daniel quiso ser primero futbolista y luego marino. Su familia aún guarda fotos de su paso por varios equipos. 

‘Pero sí es tu color de piel’

Genoveva Padilla, hermana de Daniel, también relata un episodio similar. Ella aplicó para aspirante a policía. Pero cuando llegó con su carpeta le dijeron que no, porque necesitaban bachilleres con otro título. “A lo que salí la chica que recogía la carpeta me dijo: ‘mija no te desanimes pero sí es tu color de piel’”.

Tras la muerte de Daniel, la familia dice sentirse más vulnerada y más humillada. Genoveva recuerda que durante una manifestación que hicieron frente a la Fiscalía el tránsito no fue suspendido como sí lo hace con los “mestizos”. Se lo pidieron a un coronel, pero pasó una hora y no ocurrió nada. “Tuve que ponerme en la mitad de la calle, le dije que no había respeto y que vea de quién viene la falla. Pedimos justicia porque mi hermano no fue un perro”.

También narra que en una ocasión una trabajadora social insistió en un pregunta para ‘hacerlos caer’ y hacer quedar mal al difunto y a la familia. “Pregunte lo que es, el que está en el ataúd es mi hijo”, le dijo la madre.  


La familia Padilla Delgado dice que no está en contra de la Policía, sino de quien disparó contra Daniel. 

Carlos Padilla, en cambio, rememora que en la audiencia de formulación de cargos contra el policía acusado casi no le dejan pasar. Le llamó la atención que el lugar esté con fuerte resguardo para cinco personas (de la familia), de los que solo pasaron tres. “La Fiscalía se debe llamar Fiscalía del Pueblo, porque el policía es del Estado, la Fiscalía del Estado, a qué puedo atenerme, solo puedo acudir a Dios y a mi abogado”.

La hermana narra otro momento: “El martes pasado tuvimos una audiencia  y a los negros no los dejaron pasar. Llegamos nosotros y luego vecinos, conocidos y organizaciones de DDHH. No les dejaron ingresar, por un lado ingresamos nosotros y ellos (familiares de los policías) por otro lado, para que no haya roces y eso está bien. Pero los que apoyaban al policía tenían entrada libre y hubo más gente de ese lado. Los antimotines llegaron para un grupo de 13 personas que estuvimos. Nos tratan como delincuentes”. Aún le indignan las palabras del exministro del Interior, Mauro Toscanini. “El hizo aseveraciones de que mi hermano era un delincuente y que por eso le han matado. Lo mismo dijo la Gobernadora”.


La familia ha guardado capturas de pantallas de los insultos que les llegan por redes sociales.

Su abogado Iván Campaña también se une a estos relatos. Se remonta al viernes pasado, cuando fue la audiencia por reformulación cargos. Dice que llegó al lugar un grupo de mujeres afro con niños. También se estacionó un bus para operaciones antimotines que se unieron a los policías que resguardan la Corte de Imbabura. “A una mujer mestiza le dieron el paso sin problema, pero cuando fue una mujer afro le pidieron documentos y le preguntaron para qué va a pasar”. Ese día hubo reclamos en las afueras de la Corte. “Los provocaron para generar estigmas contra ellos, te insulto en voz baja para que reacciones. Es un pueblo indignado”.

La familia asegura que sus derechos han sido vulnerados, incluida su libertad de expresión porque recibe insultos y amenazas en sus publicaciones en redes sociales. Asimismo afirma que por esa vía les llegó un mensaje para que dejara de difundir el video donde se ve al policía disparar contra Daniel.

“Nos sentimos humillados, pisoteados, es el dolor, la impotencia”, dice el padre que añade que con su esposa han logrado educar a sus hijos.Dos llegaron a ser bachilleres (uno de ellos daniel), uno se hizo policía y Genoveva fue la única de la familia que alcanzó el título de ingeniera en Administración Hotelera y Turismo. Reconoce que este esfuerzo ha sido sobre todo la madre quien ha trabajado en mercados y ha hecho de todo para educarlos.

“Mis papás son agricultores y pudieron hacerle a un hermano policía y él me dio la educación, el que más tiene va ayudando al más pequeño”, añade Genoveva. Ella mira hacia la calle y señala la gran vía asfaltada y el puente que está al final de El Juncal. Hay carreteras, pero no hay empleo, reclama. “Ya no es mi hermano, es un pueblo, somos todos los afroecuatorianos que nos sentimos afectados y vulnerables”.

Una sorpresa a 10 minutos de la audiencia

El abogado Iván Campaña aún se siente sorprendido por la decisión de la Fiscalía del pasado viernes, 21 de septiembre, cuando no dio paso para la reformulación de los cargos contra el policía David V. La familia busca que el uniformado sea procesado por ejecución extrajudicial y no por una extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. El primero tiene una pena de hasta 26 años. En el segundo, en cambio, la sanción es de hasta 13 años.

El jurista dijo a Plan V que la familia había hecho la solicitud para el cambio de delito y en las conversaciones que había mantenido con el fiscal del caso en la Comisión de la Verdad se había mostrado a favor de que el proceso sea por una posible ejecución extrajudicial. “Pero 10 minutos antes de la audiencia, saludé con el fiscal y me dijo que su criterio cambió”.

Campaña sostiene que sancionar al policía por una extralimitación en la ejecución de un acto de servicio no es el delito adecuado en este caso porque se refiere más a una acción contra la administración pública y no contra un derecho humano. Dijo que insistirá en el cambio, aunque el proceso penal continúe como está porque solo la Fiscalía puede establecer el delito.

“Lo que busca la familia Padilla Delgado es la verdad. En los juzgados se va a tratar que Daniel perdió la vida porque un policía se extralimitó. Pero eso no es la verdad. La verdad es que Andrés Padilla fue ejecutado extrajudicialmente, es decir se usó la fuerza pública para privar de la vida a un inocente”, sostiene el Campaña. Explica que no hubo un uso progresivo de la fuerza de forma legítima porque tanto la policía como el joven se estaban retirando. No había necesidad, dice, de usar fuerza letal.

Entre sus pruebas no solo está el video sino testigos, el arma que es de uso policial, un cartucho que fue hallado a 4 o 5 metros de Daniel y que también es uso policial, asevera. 

Pero las dudas de la familia y de la defensa se centran en cómo se manejó la evidencia el 23 agosto. Campaña dice que la madre solo pudo ver a su hijo después de dos o tres horas de que el joven fuera declarado muerto en el hospital de Ibarra, cuando ya estaban en la autopsia.

También les preocupa el manejo de la evidencia de las armas. El abogado sostiene que los agentes llegaron a la Comandancia de Ibarra y no fueron llevados a una zona de aseguramiento como ocurre cuando alguien comete un delito. Tuvo resguardo por sus compañeros policías y la fiscal de turno y su abogado lo visitaron. “Pasaron más de 12 horas en que las armas y los procesados estuvieron bajo custodia de compañeros y conocidos”.

Otro asunto que llama la atención a la familia es que el parte de la muerte de Daniel lo haya hecho el mismo policía procesado. Campaña explica que el uniformado quería generar atenuantes diciendo que él no huyó y se entregó a la justicia.

Otra preocupación es que la madre del policía sea una funcionaria judicial. Ella debe ser apartada, dicen, mientras dura el proceso. Por eso piden que el caso sea tramitado en Quito.

El abogado resumen el caso de la familia Padilla Delgado así: “el trato puede aparentar ser justo, pero en el día cuando no hay periodistas, ellos no son bien tratados, los hacen a un lado, los evitan en las conversaciones. Se puede aparentar el respeto del debido proceso, pero solo en papeles”.

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