Back to top
4 de Febrero del 2019
Historias
Lectura: 23 minutos
4 de Febrero del 2019
Susana Morán
Mayra Soria, la fiscal de la justicia terrenal

Fotos: Luis Argüello

La fiscal Mayra Soria nació en Ambato. Ingresó al Ministerio Público (hoy Fiscalía) en el 2002. Se ha destacado en los casos Aampetra, Vanessa Ladines y Juliana Campoverde. 

La fiscal que investiga la desaparición de Juliana Campoverde fue suspendida por el Consejo de la Judicatura a días de una audiencia vital del caso. Es la primera fiscal que logró la detención del principal implicado: el pastor Jonathan C. Sus conocimientos en teología le han ayudado a investigar las últimas horas de la joven. Pero su trayectoria como funcionaria judicial ha estado ligada casi siempre a la violencia de género. Un perfil.

Luz Clarita

Entre 2007 y 2008, la desaparición y asesinato de Luz Clarita impactó a Quito y a los investigadores judiciales. Era una niña indígena de cinco años oriunda de Riobamba. Con sus padres vivía en San Roque, cerca al mercado que lleva su mismo nombre en pleno centro de la ciudad. Un día, ellos la mandaron a comprar una caja de fósforos y no regresó. La Policía la buscó por tres semanas sin encontrar rastro de la menor. Sin ninguna pista, un agente se infiltró entre comerciantes, indigentes y drogadictos que rodeaban el mercado.

Así conoció lo que había pasado con Luz Clarita: la secuestraron, la mataron, la violaron y la siguieron violando después de muerta. Cuando se cansaron, la metieron en un saco de yute y la lanzaron al basurero de San Roque. La niña fue hallada desnuda con sus manos y pies amarrados juntos con cuerdas de yute, posición que dejaba a la intemperie su vagina. Tres hombres fueron condenados sin contemplación a la pena máxima por asesinato con violación. Pero la imagen de la niña en el botadero se quedaría en la retina de más de uno de los funcionarios judiciales que conocieron el caso en esa época. Mayra Soria fue uno de ellos.

Una fiscal de género en ciernes

Mayra Soria Escobar nació en Ambato hace 38 años. Estudió Derecho en la Universidad Central. Tiene un postgrado en Justicia Indígena y Criminología y una maestría en Derecho Penal. En el 2002 ingresó al Ministerio Público (hoy Fiscalía General del Estado). Inició como pasante y luego ascendió a asistente, secretaria y fiscal.

Sus inicios en el Ministerio Público coincidieron con el cambio del sistema escrito penal al oral. Con esas modificaciones, el fiscal era el encargado de dirigir las investigaciones y litigar; antes el juez investigaba y resolvía. La figura que más recuerda Soria de aquella transición fue la de Mariana Yépez, ex fiscal General. “Iba por los juzgados y por las universidades, nos hablaba sobre cómo litigar”.

Ese interés que despertó Yépez, llevó a la estudiante de Derecho a golpear las puertas del Ministerio Público. Soria ingresó como pasante. Sus primeros casos fueron estafas, abusos de confianza y falsificaciones de cheques. Eran los delitos que más llegaban al despacho de Misceláneos de una nueva institución, pero sin recursos. El Ministerio Público estaba en plena formación como entidad autónoma (antes respondía a la Procuraduría). No tenía computadoras. Eran los mismos funcionarios quienes llevaban sus equipos para trabajar. Las versiones las tomaban a máquina y con papel carbón.

Después, por sus méritos, Soria fue contratada como asistente en la Unidad de Delitos contra las Personas (hoy Unidad de Personas y Garantías), entidad encargada de investigar las muertes violentas de la época. En sus manos cayeron los casos de homicidas en serie como lo fue ‘el asesino de los matorrales’. El hombre de 32 años fue capturado en 2003 y luego confesó los crímenes. Solía atar a sus víctimas a árboles y arbustos en la ribera del Machángara para abusar sexualmente de ellas y luego matarlas. Pero fue el caso de Luz Clarita, en 2007, el que removió las entrañas a Soria. Nunca antes había visto una niña salvajemente violada y abandonada en el lugar más denigrante: la basura.

Ascendió a secretaria de fiscales y volvió a resolver denuncias de estafas. “La carga laboral era terrible”, describe sus años por la Unidad de Misceláneos. En esa época perdió un bebé por trabajar tanto. “Era un martes a las 21:00, me acuerdo clarito. Me quedé archivando documentos. Cuando fui al baño, vi un sangrado”. Decidió dejar esa unidad para evitar las pesadas jornadas. Así que pidió el cambio a la Unidad de Género, sin imaginar que allí la carga laboral sería peor.


La fiscal Mayra Soria (tercera desde la izquierda en la primera fila) en sus inicios en el Ministerio Público.
Foto: Archivo particular 

‘Loca, intensa, apasionada’

Hacia el 2008, la Fiscalía de Pichincha ya contaba con una unidad dedicada a la violencia sexual. Había tres fiscales: Tania Moreno, que hoy sigue laborando en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional; Silvia Juma, actual fiscal provincial de Ibarra; y Daniella Camacho, actual jueza de la Corte Nacional de Justicia. Las conocían como las ‘chicas súper poderosas’.

Por invitación de la fiscal Juma, Soria se unió al equipo como su secretaria. Había ganado además una buena mentora. Juma había adquirido su experiencia en las comisarías de la mujer del Municipio de Quito y participado en la elaboración de la Ley contra la violencia para la mujer y la familia, mejor conocida como Ley 103 de 1995. Esa normativa fue la primera bandera del movimiento feminista en Ecuador. Juma fue una de las primeras fiscales a quien se le escuchó hablar del círculo de violencia y de la necesidad de escuchar a las mujeres en los despachos fiscales.

Ese era un discurso nuevo. Soria decidió formarse más en ese campo e ingresó a un curso de género donde se dio cuenta de la diferencia de tratamiento a los hombres y a las mujeres. En una de esas clases le pusieron este ejemplo: Los niños ocupan las canchas, el espacio más grande, mientras que las niñas deben esconderse para que no les llegue pelotazos. Fue un despertar para ella. “Me di cuenta que a las mujeres les cuesta hablar y cuando lo hacían, después se arrepentían. En las estafas la gente está allí y allí para que le devuelvan la plata. En esta unidad, en cambio, las víctimas no venían. Nosotras debíamos ir a buscar a las víctimas”.

Fue nombrada fiscal en 2011 durante la administración de Washington Pesántez en la Fiscalía General. Decidió comenzar en el centro Tres Manuelas del Municipio de Quito, lugar donde funcionó la primera Comisaría de la Mujer de la ciudad. Allí aprendió los métodos alternativos para solucionar conflictos como los acuerdos reparatorios. También enviaba a los agresores al grupo de autoayuda del centro. Sus tres años por las Tres Manuelas le dio la experiencia para avanzar a casos más complicados.

Entonces volvió a la Unidad de Género y asumió un despacho que había estado sin fiscal por más de un año y medio. Miles de denuncias estaban represadas, en su gran mayoría, sobre violaciones. Tenía entre tres y cuatro juicios cada semana, que se sumaban a las demás diligencias. “La primera semana lloraba”, dice ahora entre risas al narrar esos tiempos que fueron su mayor aprendizaje. Pero otro reto se le presentó en el camino: el nuevo Código Penal Integral (COIP) aprobado en agosto de 2014. La normativa estableció también como delito a la violencia psicológica. “Antes de la ley recibíamos entre 8 y 12 denuncias semanales, después del COIP subió a 50 denuncias semanales por ese tipo de violencia”.

Para entonces, Juma se desempeñaba como fiscal provincial de Pichincha adjunta. Ella dispuso que en Género solo podían estar funcionarios sensibles y personas emocionalmente sanas. Ocho fiscales, seis mujeres y dos hombres, formaron una mega unidad contra la violencia de género. Se ayudaban y se capacitaban. Entre los ocho analizaban las pruebas ‘tramposas’ de los abogados o reclamaban en grupo contra un juez en el Consejo de la Judicatura. “Una fiscal de género es estigmatizada: nos dicen apasionadas, intensas, locas. Los procesados nos dicen brujas. Ellos lanzan rumores de que a las fiscales de género nos han violado y que por eso somos traumadas, vengativas y odiamos a los hombres”.

En su trayectoria no le ha faltado insultos y amenazas. Incluso desde la mismas víctimas: “doctora, usted destruyó mi hogar”, le gritaron tras una audiencia por violencia física. Sus años ante esos casos le han dado el oído experto para detectar cuando una mujer cuenta una historia falsa sobre las agresiones que recibe. También dice que ahora sabe “traducir los silencios” de las víctimas. O sabe cómo interrogar a niños y adolescentes que, acompañados por sus padres, son obligados a decirle que sí consintieron una violación. Soria dice que había visto todo en su despacho hasta que le llegó el caso Aampetra.

Niños ante jueces

Al despacho de la fiscal Soria habían llegado 22 denuncias de padres de familia de forma dispersa en el 2012. Pero todas apuntaba al profesor José Luis Negrete Arias, del Sexto C, de la escuela Aampetra, ubicada en el sur de Quito. En esa aula de clases, el maestro torturó y abusó sexualmente de 41 niños. Pero llegar a ese descubrimiento le costó a la fiscal largas jornadas para armar el caso. ‘¿Cómo lo presentamos?’, preguntó a su equipo. A no todas las víctimas se les pudo practicar las pruebas correspondientes. De las 22 denuncias, solo a 17 niños se les hizo exámenes sicológicos, a 12 ginecológicos, a 5 trabajo social y solo tres niños dieron su testimonio anticipado (que sirve de prueba ante un tribunal).

Pero para ella los hechos no estaban claros. Pidió a los padres que trajeran a los niños a su despacho para que contaran su versión. “No podía creer lo que me decían y eso no estaba plasmado ni en la denuncia o medianamente en el informe psicológico”. En ese época se hizo popular el término de ‘estafas masivas’ así que creyó oportuno manejarlo como un caso de abuso masivo.  

La voz de los niños fue indispensable en el juicio. Este se reactivó en el 2015 cuando el profesor fue capturado. Los padres buscaban justicia por la dignidad de sus hijos. Así que apoyaron la idea de llevar a los ya adolescentes: los hechos les sucedieron cuando tenían 10-11 años y llegaron al tribunal con 14-15 años. “Fueron testimonios tan desgarradores, por los documentos que tenían no hubiera obtenido la sentencia”.  A Negrete lo condenaron a 16 años de prisión por violación a una menor y a 7 años por atentado al pudor contra los 41 estudiantes.

Declararon siete menores, pero Soria pidió a los jueces que reconozcan como víctimas a los 41 alumnos. La sentencia incluyó que Negrete pagara 10.000 dólares por cada niño. Una decisión imposible de cumplir para un profesor de escuela. La fiscal creyó más importante la reparación simbólica que consistió colocar una placa en la institución educativa. Esa decisión casi sufre un revés cuando las autoridades de la escuela demandaron en la Corte Constitucional porque eso “manchaba el buen nombre de la institución”.

En el caso Aampetra fue la primera vez que solicitó ese tipo de resarcimiento. Se inspiró en la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el caso de la masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. En ese poblado murieron hombres, mujeres y niños en manos de soldados de élite del Ejército de Guatemala, denominados kaibiles. La Corte dispuso que se construyera un monumento con una placa de cada uno de los nombres de las víctimas. Hoy, en el Sexto C de Aampetra está la placa que arranca con la frase: “en memoria de la víctimas de abuso sexual en el sistema educativo”.

Después de Aampetra, las autoridades le confiaron más casos complicados. De la Fiscalía General le delegaron cuatro procesos entre ellos el asesinato de Vanessa Ladines, en Ambato en 2013, y el de Juliana Campoverde en el que pondría a prueba sus conocimientos legales, pero también de teología.

‘Juliana se quedó en la quebrada de Bellavista’

“No sé cómo lo logra, pero lo logra”, le dijeron a la fiscal Soria los asesores de la Fiscalía General en noviembre de 2017 en referencia a las sentencias logradas en el caso Aampetra y los avances en el caso Ladines. Estaban conversando con ella para que asumiera las investigaciones de otro caso que había quedado estancado por cinco años: la desaparición de Juliana Campoverde donde el principal implicado es un pastor evangélico.

La primera fiscal del caso dijo que como el pastor era un hijo de Dios no pudo cometer un hecho así— dijeron los asesores.
—¿Y por qué diría eso?— preguntó la fiscal.
—Porque ella es evangélica— respondieron los funcionarios.
—¿Y ahora doctores? Yo también soy evangélica— dijo ella—. Los asesores pusieron una cara de asombro.
—Pero sí, aceptó el caso, pero en serio que soy evangélica— acotó Soria.
—¿No tiene problema con que sea un hijo de Dios?— insistieron los asesores.
—Si es que él es culpable, seguramente no es hijo de Dios. Vamos a investigar—.


Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, y la fiscal Soria antes de la audiencia de reformulación de cargos contra Jonathan C., el 30 de noviembre de 2018. Allí la fiscal acusó a Jonathan por secuestro con resultado de muerte. 

La fiscal Soria dice que este es el caso que más la ha desbordado. Recibió un expediente que en cinco años alcanzó 77 cuerpos (carpetas con documentos) y en un año que ha estado al frente del proceso creció a 130. Asegura haber revisado cada hoja de ese expediente. Pero para ella los principales indicios estuvieron en los primeros cuerpos donde reposan las versiones del pastor Jonathan C.

“Vi un discurso que no es normal de un pastor. Él decía: ‘a la chica la conozco’, ‘a la chica la vi’. Pero Juliana dormía en la casa de Jonathan C. porque ella era la mejor amiga de Michelle, hermana de Jonathan. Ambas estudiaron en el mismo colegio católico. Un pastor jamás se puede pronunciar de una forma tan lejana sobre una persona que ha vivido tan cerca. En los chats, él le decía a ella ‘Juli’ o ‘Julicita’ y Juliana lo llamaba ‘Jona’. No puedes hacer un doble discurso con una persona tan cercana y luego tratarla como ‘la chica’. Había esas incongruencias que de pronto solo yo podía verlas”. El caso cayó en sus manos cuando ella atravesaba una crisis de fe que la impulsó a estudiar teología y entender cuál es la labor de pastores y de los fieles.

Jonathan C. rindió una segunda versión por iniciativa propia. La historia que cuenta resultó totalmente contradictoria a la primera. “Esta persona está escondiendo algo”, pensó la fiscal durante la revisión de los documentos. Pero dice haber estado frustrada por la permanente falta de colaboración del sospechoso. Pero esa posición le dio la facultad para allanar sorpresivamente la casa del pastor donde encontró lo que ella llama ‘polvo de oro’. Hallaron el registro de llamadas de su número Claro bajo el colchón de la cama de Jonathan C, pista que derivó más tarde en su detención.

En esa diligencia conoció que Jonathan C. era una persona muy meticulosa y detallista. Cuando entraron a la bodega de la casa, todo estaba ordenado y limpio al máximo.

A la fiscal Soria siempre le llamó la atención que en el expediente no existiera un registro de llamadas del pastor. Antes del allanamiento, sus investigadores le habían contado que el chip del celular de Juliana, que era Movistar, había sido usado en un celular Claro desde el cual se marcó al buzón de mensajes. “Una persona de Movistar nunca va a saber el número del buzón mensajes de Claro. El sospechoso que estábamos buscando es de Claro y Motorola”, concluyó. Eso fueron a buscar en ese allanamiento. Pero consiguieron algo mejor: el registro de llamadas junto a fotos de Juliana. “Él necesita tener cerca algo de ella”, explica la fiscal sobre la posesión de esos objetos. En esa diligencia conoció que Jonathan C. era una persona muy meticulosa y detallista. Cuando entraron a la bodega de la casa, todo estaba ordenado y limpio al máximo.

Los investigadores confirmaron después que el número Claro que buscaban pertenecía a Jonathan C. “Era un elemento que aparecía a los 5 años, posiblemente no pueda volver a conseguir algo tan contundente”, analizó la fiscal. Un día después armaron el operativo y detuvieron al pastor. En la reconstrucción de los hechos, el pastor dijo haber arrojado el cuerpo en la quebrada de Bellavista, en el norte de Quito. “Doña Noemí (como le dice a la mamá de Juliana), usted quiere que sigamos buscando a su hija, lo haré, pero debo decirle una cosa: su hija ya no está viva, es algo que debe aceptar”.

Para la fiscal Soria casi no existe posibilidad de hallar el cuerpo de Juliana. De los cuatro restos que encontraron, dos resultaron pertenecer a una mujer joven. Aunque su material genético es muy pobre le servirá en el proceso para sostener que son los restos de Juliana. Los cinco años que han pasado y el lugar donde fue arrojado el cuerpo de Juliana, la quebrada de Bellavista, hacen casi imposible encontrar más huesos de su cuerpo. La fiscal dice haber visto varios cadáveres en antropofagia. Los animales grandes en días rompen las coyunturas y se llevan los huesos más largos, mientras que insectos y bacterias se comen el hueso por dentro. “Si usted me pregunta, Juliana está en la quebrada de Bellavista. Ella se quedó allí”.

La fiscal sostiene que Juliana no se fue por su voluntad con el pastor, ella se subió con engaños al auto. “Ella tenía que ir a abrir su local, entregar un dinero a su padrastro, no podía desaparecer sin decir nada a todas esas personas con quienes debía verse”. Soria ha acusado a jonathan C. por secuestro extorsivo con muerte. Pero el pastor no tenía un fin económico sino sexual. La muerte ocurrió en medio de una agresión mutua, según el pastor, quien además ha dicho que hubo tres días entre el secuestro y la muerte de la joven. “Para la Fiscalía fue todo en el mismo día. Juliana del 7 de julio de 2012 no pasó”.

Contar lo que sucedió ese día a Juliana a detalle es lo más honesto que puede hacer, dice la fiscal. Ha recurrido a diversas diligencias como allanar a la iglesia Oasis de Esperanza. Allí más de una vez le impusieron las manos como quien busca alejar las malas energías. “Salgan espíritus de venganza, de odio”, gritaron los fieles de la iglesia en la inspección de la Fiscalía. “La justicia de Dios no va a parar”, fue otro grito en todo de amedentración. Pero a la fiscal Soria eso no le ha frenado, pese a ser una fiel de la iglesia evangélica. Es más cree en la justicia del aquí y ahora, cuando las víctimas la necesitan. “Me duele cuando las personas se decepcionan del sistema judicial. He trabajado incansablemente para que las víctimas puedan creer en la justicia”.  Aunque sabe que la justicia no es perfecta, está convencida de que esta sí puede ser oportuna, real y salvar vidas.

La sanción

La fiscal Mayra Soria fue suspendida por un mes a días de acudir a la audiencia preparatoria de juicio contra Jonathan C. El Consejo de la Judicatura saliente le impuso la sanción por una denuncia de acoso sexual de marzo de 2013 en un colegio de Sangolquí cuando ella aún no estaba en la Unidad de Género. Asegura que la denuncia no tenía mayores elementos para iniciar un proceso y además en ese entonces debía tramitar 5.675 causas. Pero la queja contra su trabajo la puso el Ministerio de Educación y no la víctima. El pasado 31 de enero dejó una solicitud en la Judicatura para que reconsidere su decisión.

[RELA CIONA DAS]

Las últimas horas de Juliana Campoverde aún en duda
Susana Morán
Juliana según el pastor: el informe de un perito en el 2013
Redacción Plan V
La pista olvidada del caso de Juliana Campoverde
Susana Morán
David Romo: ¿El caso gira hacia la Policía?
Redacción Plan V
Desaparecidos: ‘Michelle Montenegro no puede ser una estadística más’
Susana Morán
GALERÍA
Mayra Soria, la fiscal de la justicia terrenal
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Así protegieron al violador de "El Principito"
Redacción Plan V
El largo camino de los pueblos indígenas para llegar a la universidad
Katicnina Tituaña
Los mecheros de la muerte en la Amazonía
Susana Morán
La varias veces centenaria biblioteca del convento de Santo Domingo se renueva
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Gaby: cuando la justicia obliga a una niña a ser madre
Susana Morán
Quién es quién y quién llevó a quién en el Municipio de Yunda
Fermín Vaca Santacruz
El costo político de Santiago Cuesta
Redacción Plan V
Diario de una esclava sexual en la Frontera Norte
Redacción Plan V