Es mañana de jueves y el clima lluvioso ha mejorado, como suele mejorar en diciembre en Quito, para dejar a sus habitantes con buen sol en las variadas fiestas de fin de año.

En un edificio del centro capitalino, de esos de inconfundible mal gusto de los años 60, se  han instalado los juzgados de Tránsito de la jurisdicción. Como en todo juzgado, en aquel que debe ventilar una acción de protección a favor de uno de los alumnos del Colegio Mejía separado de esa institución por órdenes del Ministerio de Educación tras los disturbios del 17S, es posible notar las cajas de color blanco y azul en donde se archivan los procesos. Los escritorios de los funcionarios, colocados lo mejor posible en medio de la oficina. Las pequeñas banderas nacionales algo descoloridas colocadas sobre los escritorios. Los funcionarios con pilas y pilas de juicios con pastas de color verde, algunos de los cuales, por falta de espacio, están acomodados directamente en el piso. Las perforadoras con las cuales hacen huecos a los cientos de papeles que forman parte de los procesos. Y hasta un huso de piola blanca, con la que siguen cosiendo los legajos de documentos. 

En este juzgado de Tránsito se tramita una de las acciones de protección presentada por los estudiantes.

Hasta ese juzgado ha llegado el abogado Julio César Sarango, para la audiencia de una de las diez acciones de protección que se han presentado para que la justicia suspenda la salida de 16 estudiantes del Mejía hacia otras instituciones educativas. Sarango está acompañado de una asistente: ambos llevan sendos maletines y están atentos al reloj y al celular. Al reloj, porque, mediante providencia debidamente notificada, el titular de ese juzgado ha convocado a las partes a una audiencia es jueves, 11 de diciembre, a las 09:30, para que se fundamente la acción de protección. Al celular, porque el abogado está esperando que llegue el estudiante involucrado, cuyos derechos habrían sido violentados por el Ministerio de Educación.

Los minutos pasan en el Juzgado de Tránsito y el estudiante del Mejía no aparece. El abogado y su asistente se han sentado en un pequeño escritorio de la entrada de la oficina, en donde normalmente un funcionario perfora papeles y arma carpetas. El instrumento de trabajo del funcionario -una gran perforadora- queda justo a la izquierda del letrado y su asistente. El tiempo pasa y el estudiante no llega. El abogado decide retirarse. Antes, sin embargo, comenta con este portal el estado de las causas presentadas, sin éxito, ante la justicia. 

"El resultado ha sido negativo. Se ha desechado las acciones de protección, argumentando que las sanciones están bien. Los jueces nos han dicho que no hay ninguna violación. Hay animadversión contra los estudiantes. Se viola el derecho a la educación. Nos han negado cinco de las diez acciones de protección. Sigue en pie la reubicación y la separación defitiva del colegio Mejía", dice el abogado. Sarango comenta también que, al actuar de esa manera, los jueces están perjudicando a los estudiantes, pues en algunos casos los han reubicado en colegios fiscomisionales que son pagados, y ellos han estado en un colegio gratuito.

"Les causan un grave daño sicológico y familiar. Actualmente se han presentado diez acciones. Apelaremos ante la Corte Provincial y la Corte Constitucional. Creo que han perdido hasta el año porque no han podido volver a clases todos, pero otros no lo han logrado".

Aunque el ministro de Educación Augusto Espinosa anunció que iría a las audiencias personalmente, el abogado Sarango asegura que nunca lo ha visto en persona, y que solo manda a sus delegados. 

El Municipio pide reinserción inmediata

A pesar de que, según el abogado Sarango, han sido varias las instancias que se han pronunciado por el regreso de los estudiantes al Mejía, hasta el momento el Ministerio de Educación se ha mantenido firme en su sanción. Uno de estos pedidos provino del el Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito (Compina) y la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia (JMPDNA), instancias que pidieron la reinserción inmediata de los estudiantes sancionados. 

En efecto, en un informe jurídico presentado en el Compina, se deja constancia de que los alumnos del Mejía están suspendidos e impedidos de asistir a clases, debido a los hechos del 17S, toda vez que se ha iniciado en su contra, en el Colegio Mejía, un procedimiento disciplinario.

Según el informe del Compina, se viola la presunción de inocencia al suspender de clases a los estudiantes mientras se investiga el caso. Así mismo, la suspensión violaría sus derechos constitucionales, y -se dice en el informe jurídico del Compina- no se ha probado que los estudiantes involucrados crearon una "grave conmoción interna" en la institución. Según el informe, se estaría violando el derecho a la educación, así como a la dignidad de los estudiantes involucrados en los disturbios.

El caso habría provocado también "maltrato sicológico institucional" y habría también "maltrato al no haber una resolución oportuna", pues durante más de 50 días los estudiantes no han podido ir a clases. El informe concluye señalando la competencia de la JMPDNA para intervenir en el caso.

La Junta, de su lado, ha solicitado información tanto al Colegio Mejía cuanto al Ministerio de Educación, a la Policía Nacional, al Hospital Eugenio Espejo y a la Cruz Roja Ecuatoriana, entre otras instituciones, y ha dispuesto que se realicen valoraciones sicológicas en 47 menores, quienes fueron detenidos en los disturbios de septiembre.

No obstante, según el abogado Sarango, ni estas acciones ni las que se han realizado ante la justicia ordinaria, han dado resultados hasta el momento.