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6 de Agosto del 2019
Historias
Lectura: 16 minutos
6 de Agosto del 2019
Redacción Plan V
Migrantes: el cerco legal se estrecha
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Foto: AFP

El puente de Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia, es el principal paso de los migrantes venezolanos hacia Ecuador. El Gobierno les ha ofrecido una visa humanitaria. 

La Ley de Movilidad Humana, aprobada en enero de 2017, entrará a una reforma. La propuesta surge en medio de la baja popularidad del gobierno de Lenín Moreno. Dos expertos la analizan y alertan que, otra vez, los cambios propuestos son inconstitucionales y atentan contra los derechos de los migrantes establecidos en la Constitución.

A más de dos años de aprobada la Ley de Movilidad Humana, esta volverá a reformarse. Esa es la intención del gobierno de Lenín Moreno que entregó la semana pasada un proyecto de reformas a la Asamblea. La normativa que fue cuestionada en el 2017 por organizaciones y abogados defensores de derechos humanos vuelve al escenario en un contexto político de baja popularidad de Moreno. Del 77% de aprobación que tuvo al inicio de su mandato a mayo pasado, según una encuesta de Cedatos, había caído al 30%. Echar mano a un discurso securitista —aquel que considera que la migración es un riesgo para la seguridad de los Estados y el migrante constituye una amenaza para la sociedad de acogida— puede ser una estrategia para subir esa popularidad. Para el abogado Juan Pablo Albán, el actual Régimen no solo pasa una baja en su credibilidad sino también por una grave inestabilidad institucional. En su opinión, el de Moreno es un gobierno autoritario, aunque con un estilo distinto al de su antecesor Rafael Correa. “La mayor demostración es este giro brusco de violación de derechos de forma masiva de los extranjeros”, afirma. 

Proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana propuesto por Lenín Moreno.

Ese giro, nuevamente, se expresaría en el proyecto de reforma. Ecuador en la Constitución de Montecristi adoptó el principio de ciudadanía universal. En ese texto existe un capítulo completo sobre la movilidad humana contenido en los artículos 40, 41 y 42 de la Carta Magna. El país ha recibido grandes flujos migratorios de colombianos, cubanos, haitianos y en los últimos años de venezolanos. Según Moreno, en Ecuador se encuentran 500.000 ciudadanos de ese país. Para Albán, Ecuador debería ser coherente con sus leyes y ofrecer a las personas que están en movilidad un espacio seguro. “El cambio de esas normas constitucionales exigiría ir a un referéndum porque se trata de modificación de derechos”.

“De la Ley de Extranjería y de Migración a la Ley de Movilidad Humana hubo avances. Pero también hubo aspectos inconstitucionales que la Corte Constitucional debe pronunciarse” 

Juan Pablo Albán, abogado experto en migración

Pero la propuesta del Ejecutivo genera preocupaciones. El documento de 31 páginas tiene cambios en 88 artículos. Para el jurista el cambio de algunas definiciones va contra el derecho internacional. Por ejemplo, la sustitución de términos como “condición” por “situación”. En el proyecto de reformas esa modificación está tanto en los capítulos relacionados con los ecuatorianos en el exterior como de las personas extranjeras en el Ecuador. En la ley actual, en el artículo 42, se define como persona extranjera a “aquella que no es nacional del Estado ecuatoriano y se encuentra en el territorio en condición migratoria de visitante temporal o residente”. Pero la propuesta de Moreno, entregada por la ministra del Interior, María Paula Romo, se reemplaza la última parte del texto por “en situación migratoria regular o irregular”.  

¿Cuál es la violación de derechos que trae ese cambio? El jurista lo explica así: “La Constitución prohíbe la discriminación fundada en una condición personal. No se puede negar derechos a las personas por una condición particular que tiene (sea blanco, negro, mestizo o migrante). Si usted cambia ‘condición’ por ‘situación’ migratoria le extrae a ese grupo de personas de la protección general que ofrece el artículo 11 de la Constitución cuando habla de no discriminación en el inciso segundo. En el derecho internacional se habla de condición migratoria”. 

Otro cambio que trae la propuesta está en el artículo 31. Este habla de los requisitos para obtener una residencia temporal o permanente en Ecuador. En el numeral 3 se amplía el artículo a lo siguiente: “No ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano. Las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana informaran por canales oficiales a la autoridad de movilidad humana si una persona es considerada una amenaza o riesgo para la seguridad del Estado, informe que servirá de base para que la autoridad de movilidad niegue una solicitud de visa o permiso de residencia o los revoque”. Y agrega también lo siguiente: “A los requisitos mencionados se deberán acompañar los demás documentos señalados en el reglamento de esa ley y en la normativa secundaria”. 

En opinión de Albán la ley es inconstitucional porque violenta los principios de movilidad, de ciudadanía universal y de estándares internacionales que regulan la condición de las personas en situación de migración. Recordó que la ley original ya tiene una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional por ir contra esos principios. Fue presentada por docentes y estudiantes de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito y organizaciones sociales en diciembre de 2017. Las mismas definiciones de “condición migratoria” y de “persona extranjera” fueron señaladas por vulnerar el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo se cuestionó que la deportación esté a cargo de la autoridad de control migratorio sin que exista un tercero imparcial, lo que violentaría las garantías del debido proceso. La misma ministra Romo en la presentación del proyecto dijo que se plantea un trámite más expedito para poder deportar con mayor agilidad a las personas que cometen delitos y contravenciones en el Ecuador. Plan V solicitó al Ministerio del Interior cifras de cuántos extranjeros han sido expulsados por cometer delitos en Ecuador desde 2017. En la respuesta enviada, en los registros oficiales solo ha sido expulsada una persona de Lituania en los últimos dos años. No informó si hay procesos de repatriación en curso por esas razones. 

“El Ecuador ya era un país de captación y de paso de las redes de trata desde hace muchos años. ¿La respuesta a la trata de personas se soluciona a partir del discurso securitista y del cierre de las fronteras? Yo creo que no. Tenemos una deficiencia para enfrentar el crimen organizado de cualquier tipo” 

Juan Pablo Albán, abogado experto en migración

Albán cuestiona el argumento de la Ministra: “Ya de por sí los procesos de deportación antes y después de la Ley de Movilidad han sido absurdamente expeditos y sin ningún tipo de garantía al debido proceso. Entonces ese discurso es mentira. Seguramente lo que quieren es tener una patente de corso para atropellar los derechos a aquel va a ser deportado. Hoy por hoy no hay ninguna traba”. 

Para el experto el trasfondo de esas reformas es político. “Hay una indignación generalizada frente a los elevados flujos migratorios de venezolanos. El Ecuador es un país que discrimina no solo por la nacionalidad sino por la orientación sexual, color de piel, religión. En ese país lo que electoralmente puede caber es ese discurso en contra del extranjero”. En su opinión, esas autoridades —que se consideran como defensoras de derechos— deberán responder.
 

“Si estamos hablando de visa humanitaria, la palabra humanitaria tiene que estar a esa altura”

Rodrigo del Fierro, coordinador de incidencia de la Misión Scalabriniana

Además de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, el Gobierno expidió el decreto 826 que establece una visa humanitaria para ciudadanos de Venezuela y amnistía para inmigrantes que no han violado la ley en Ecuador. ¿La visa humanitaria han llegado tarde?

Ha sido tardía. Han nacido por el hecho de que en los estados existe un porcentaje irregular de ciudadanos en sus territorios que es mayor a la población regular. En Ecuador se está hablando de al menos 400.000 personas venezolanas en nuestro territorio, de las cuales 270.000 ingresaron regularmente o han sido identificados. Tenemos un problema de subregistro. Muchas han ingresado por trochas y el Ecuador no ha podido responder a esa realidad. Las decisiones de crear visas han sido tardías coyunturales.

¿Es un cambio de discurso?

Es un cambio que está ligado hacia un enfoque securitista. Luego de lo sucedido en Ibarra (transmisión en vivo del asesinato de una mujer por un venezolano frente a la Policía) se tomaron medidas que entorpecen la respuesta a la migración. Se asoció los índices de criminalidad con la nacionalidad de las personas. En su momento pasó con los colombianos, luego con los cubanos y los haitianos. Ahora pasa con la población venezolana. Esto nos da a entender que si se regula la migración los índices de violencia y criminalidad van a abajar. Eso es una especulación. En países como EEUU, que tienen fuertes políticas migratorias, los índices de criminalidad no han disminuido por endurecer las políticas migratorias. Sí es cierto que con los flujos migratorios pueden suceder casos. En los medios parecen que esas noticias han reemplazado a las contravenciones que comenten los ecuatorianos. También pareciera que hay un objetivo político de visibilizar que con los migrantes se han aumentado los niveles de criminalidad en nuestro país. 

¿Cuál sería ese interés político?

Cuando los gobiernos usan estos discursos al parecer lo ciudadanos se pueden sentir más seguros. Para el ciudadano ecuatoriano promedio si le ofrecen seguridad, control, que los extranjeros ya no estarán en las calles en ventas ambulantes, la gente se va a sentir más segura. Los políticos usan el concepto de seguridad para sus campañas políticas. 

El paso de dos miembros de ISIS por Ecuador fue una alerta que obliga al Ecuador a realizar cambios en la Ley de Movilidad Humana, según la ministra María Paula Romo. ¿Qué opina de ese argumento?

Antes de lo ISIS, la intervención que se hizo en las minas de Buenos Aires ya fue una antesala para reformar la ley. El Gobernador de Imbabura ya anunció la necesidad de cambiar la ley. Con el pasar del tiempo, la detección de ISIS fue la gota que derramó el vaso. Y está bien que el Ecuador se preocupe de su seguridad. Pero esta no puede ser endosada a un grupo poblacional. Sino estaríamos volviendo a los años 50 cuando EEUU creía que la población afro era la que cometía delitos. 

El decreto presidencial 826, que también fue otra antesala, fue emitido para supuestamente garantizar los derechos de los migrantes venezolanos. Ese decretó recogió un tema que desde las organizaciones sociales impulsamos: la amnistía migratoria. Sin embargo ese decreto y las propuestas de reformas a la ley son ejercicios hechos a puertas cerradas y que no han sido consultados con la sociedad civil y los organismos especializados. 

"Todas las reformas buscan regularizar a las personas que han ingresado de manera regular al Ecuador. Pero nuestro temor es que se esté quedando por fuera aquelllas que entraron por puntos irregulares".

¿Nunca fueron convocados por el Gobierno para analizar esas reformas?

No. Además por la situación de emergencia de movilidad humana, las organizaciones estamos permanente en mesas interinstitucionales y foros. Sin embargo, con esos dos instrumentos que acaban de expedirse no hemos sido consultados. Ahí se ve la diferencia. El Estado tiene una visión diferente a las organizaciones. Junto con otras organizaciones, que formamos la red Clamor, hemos impulsado demandas de inconstitucional contra los decretos que han afectado a los venezolanos. 

¿Qué les preocupa del decreto 826?

Todas las reformas buscan regularizar a las personas que han ingresado de manera regular al Ecuador. Pero nuestro temor es que se esté quedando por fuera de este beneficio una gran cantidad de personas que pudo entrar al territorio ecuatoriano por puntos irregulares. Esta migración ya no es solo de hombres que buscan un segundo país para trabajar y enviar remesas. Acá vemos grupos familiares con niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que están en Ecuador. Esas personas también necesitan una respuesta. El decreto 826 prácticamente deja a gran cantidad de esa población que no podrá regularizarse. Muchos entraron con la carta andina, un documento reconocido internacionalmente. Pero en el decreto podrían no estar considerados. Si estamos hablando de visa humanitaria, la palabra humanitaria tiene que estar a esa altura. Se dice que el Ecuador es un país pequeño, que no cabemos todos. Pero eso está muy en duda. Como Misión Scalabriniana estuvimos en el proceso de inclusión educativa en el régimen Sierra y se evidenció que el Ministerio de Educación sí tenía la capacidad para asumir ingresos de estudiantes migrantes. Solo hay que organizarnos mejor como país. 

Otro tema que tocó la ministra es que con esas reformas a la Ley de Movilidad se agilizarán los procesos de deportación. ¿Qué escenario se abre con esos cambios?

Nos surge la preocupación de que se estaría vulnerando derechos. Porque, ¿a quién se va a deportar? 

La ministra ha dicho que a los migrantes que cometen delitos. 

Hay que estudiarlo mejor. Porque las personas que cometen delitos tienen que estar sometidas al sistema judicial ecuatoriano y tienen que ser sancionadas en base a ese sistema. Si alguien comete un delito y va a ser deportado significa que nuestro sistema no está funcionando bien. Esa figura además es discriminatoria. Si alguien cometió un delito y ya ha sido sancionada por la justicia ecuatoriana, igual tiene los mismos derechos. 

Otra preocupación es que pueden irse en contra del principio de no devolución. Recordemos que la población venezolana está viniendo al Ecuador por una situación forzada. Es un derecho para las personas que están bajo protección internacional para que no sea retornado al mismo escenario del que está huyendo. Además, ¿cuál va a ser el mecanismo de deportación cuando Ecuador y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas? 

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