Una dura batalla se está dando, a través de cartas y peticiones de información, en el despacho del ministro de Energía, entre la transnacional australiana minera Hanrine, y el despacho del asambleísta Mario Ruiz, de Pachakutik. El 20 de marzo del 2023, el asambleísta envió al secretario de Estado —con copia a Luis Jorge Maingon, director encargado de la Agencia de Regulación y Control de Energía— un requerimiento de información sobre el otorgamiento de amparo administrativo a la compañía Hanrine.

Ruiz requirió al ministro remitir la información sobre:  (a) el estado actual de las áreas concesionadas en la provincia de Imbabura,  Imba 01, Imba 03, Imba 05, Imba 06, (b) el estado del requerimiento de suspensión a las áreas mencionadas aludido por el Coordinador Zonal de Imbabura, así como (c) el apoyo de especialistas técnicos, económicos y jurídicos, para tomar decisiones como la reversión de las concesiones, que habría sido solicitado en el Memorando ARCERNNR-CZI-2022-0589-ME por la Agencia de Control.

El legislador Ruiz insistió al Ministerio y a la Agencia de Regulación y Control en el pedido de información realizado respecto a "si la entidad a su cargo ha iniciado alguna acción en el ámbito administrativo para declarar la nulidad o revocatoria del permiso para la concesión minera IMBA 02 conferida con evidente error de hecho y de derecho, y con presunto cometimiento de infracciones penales. A su vez, me permito solicitar informe a este despacho si tras el Informe DNA6-0030-2020 (sic) de la Contraloría General del Estado y las presuntas irregularidades, el organismo a su cargo inició acciones en el ámbito administrativo para la revisión de las concesiones mineras Imba 01, Imba 03, Imba 05 e Imba 06".

Requirió también un informe sobre las denuncias o noticias de delito que desde el Ministerio de Energía hayan sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y que guarden relación con los procesos de otorgamiento de amparos administrativos aludidos en párrafos anteriores. En particular se requerirá se haga referencia a la investigación previa No. 170101820123673, y las acciones ejecutadas para su impulso.

El asambleísta Ruiz se refirió a que el 8 de julio del 2022, solicitó al entonces Ministro de Energía y Recursos Naturales comunique a su despacho si tras el informe remitido por la Contraloría General del Estado, la institución a su cargo inició en el ámbito administrativo las acciones correspondientes de investigación y sanción respecto a la no correspondencia de firma señalada por el Especialista de Seguimiento Técnico Minero Regional de la Coordinación Regional de Regulación y Control Minero, "así como los demás vicios identificados". Y si el Ministerio había iniciado alguna acción para declarar la nulidad o revocatoria del permiso conferido (a Hanrine) "con presunto error de hecho y de derecho”.

El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables respondió a la petición con el Memorando de la Agencia de Regulación, del 11 de agosto de 2022, en el cual el coordinador zonal de Imbabura informaba que:

“Debido a la transición y ausencia de funcionarios legal, económico y de seguimiento y control se ha solicitado mediante Memorando ARCERNNR-CZI-2022-0589-ME, apoyo con especialista técnico y especialista económico para la emisión de informes del requerimiento de suspensión las áreas" mineras.

Lo cual daba cuenta de que no se había avanzado en el proceso por la ausencia de personal técnico de apoyo, pero que ya lo habían solicitado.

La empresa Hanrine, de su parte, emitió una respuesta al ministro Saltos, sobre el pedido del asambleísta Ruiz. En la carta, la minera acusó a Ruiz de "defender intereses particulares en favor de la minería ilegal en la zona de Buenos Aires, Imbabura, y hacerlo "aprovechándose de los recursos públicos y de las ventajas con las que cuenta debido a su cargo, utilizando al equipo y al personal de la Asamblea Nacional para llevar a cabo actividades que atienden solamente a sus intereses personales (...). Se vuelve razonable pensar que el asambleísta Mario Ruiz se está aprovechando de su calidad de representante popular y servidor público, para orquestar una campaña de persecución y desprestigio en contra de Hanrine, utilizando recursos estatales y presuntamente influyendo en otras autoridades para fomentar el caos en la parroquia de La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. llevando a cabo actos de apoyo a la minería ilegal y contra de Hanrine, pues conoce a la perfección que consolidar la presencia de estos grupos ilegales, se traduce en probables beneficios económicos para su persona, demostrando que no le importa en lo más mínimo el pueblo que representa (...).

Cero minería es el mensaje que se lee al ingreso de esta parroquia en el 2021, año en que arreció el conflicto en la zona. Dos policías vigilan permanentemente ese punto del pueblo. Foto: Archivo PlanV

La empresa, a través de sus abogados, puso en la Fiscalía General una denuncia penal en contra del asambleísta Ruiz, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y concusión. Según informó la empresa a la Fiscalía, un asesor del asambleísta, de quien citan nombres y apellidos, habría llamado al teléfono particular del CEO de Hanrine para que la empresa les entregara "una contribución económica de ochenta mil dólares,  (además de) vehículos, plazas de trabajo para gente preseleccionada, a cambio de brindarnos tranquilidad para operar con normalidad en la zona durante los próximos años, ya que ellos, producto de la influencia que tienen por los cargos que ocupan en el parlamento (...) podrían interferir ante las autoridades y comuneros del sector para controlar la situación".

En la denuncia, la empresa dice que rechazó las presuntas exigencias del asesor de Ruiz. La denuncia fue ingresada el 11 de noviembre del 2021. El argumento de la empresa es que los mineros ilegales que explotan la mina de Buenos Aires, presuntamente liderados y apoyados políticamente por Ruiz, pretenden expulsarlos de su concesión Imba 02 y las otras, y que el reciente pedido de información al ministro Santos es una forma de presión para lograr su cometido.

En su carta al ministro Santos, el despacho de Mario Ruiz señala la existencia de un informe de Contraloría sobre la concesiones a Hanrine. El informe fue publicado el 11 de marzo del 2020, y su principal conclusión decía que "el gobierno renunció, sin justificación alguna, a su derecho preferente de explorar y explotar seis concesiones mineras en Imbabura, ricas en oro y cobre, para luego adjudicarlas a la empresa Hanrine, tras una subasta pública, entre fines de 2017 e inicios de 2018, según reportaba el portal Código vidrio. 

El informe indicaba que los títulos mineros se entregaron a la empresa en 483 mil dólares, luego de que las autoridades del entonces Ministerio de Minería, de la Empresa Nacional Minera (Enami) y de la Agencia de Regulación y Control (Arcom), cedieron a la empresa las concesiones, violando y omitiendo varios disposiciones legales y reglamentarias.

El examen auditó el proceso de otorgamiento de las áreas mineras Imba 01, Imba 02, Imba 03, Imba 05, Imba 06 y Amadores, en Imbabura, entre enero de 2016 y el 31 de marzo 2019.

Carlos de Miguel III, gerente de Hanrine dijo, al respecto, que ganó las concesiones en un concurso público en el que también participaron otras empresas, en igualdad de condiciones, siguiendo todas las reglas y disposiciones legales. Desde la adjudicación, dijo su CEO, la empresa había invertido más de 20 millones de dólares en esos proyectos, uno de los cuales está ubicado en Buenos Aires. En los alrededores de este poblado, entre 2017 y 2019, se asentaron unos 8.000 mineros ilegales que fueron desalojados por la Policía y el Ejército.  Los habitantes del lugar impidieron el paso a los trabajadores de la empresa, hasta cuando una acción de protección interpuesta por la minera en contra de la Policía Nacional obligó a esta a actuar contra el bloqueo de la vía publica.

En la mención al informe de la Contraloría, el asambleísta Ruiz señaló uno que no existe o al menos no se refiere al tema, el DNA6-0030-2020. El informe real es el DNA6-0009-2020.

Al respecto del contenido del informe, la empresa, en su carta de respuesta al ministro, dijo que la Contraloría no detectó regularidad alguna en contra de Hanrine, y que incluso el ente de control se abstuvo de recomendar la reversión de las concesiones. Tampoco determina irregularidad administrativa alguna por parte de la minera. El abogado de la empresa pidió al ministro "que esta clase de requerimientos, realizados sin sustento ni fundamento alguno, sean descartados".

"Toca darles controlando"

En su programa Mesa de Análisis, Plan V consultó a Ruiz acerca de la declaración de la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado, y de que informes de inteligencia señalan que organizaciones del crimen organizado participan del negocio de la minería ilegal, por ejemplo en Buenos Aires, cobrando "peaje", además de dar "servicios de seguridad" y abastecimiento de armas, municiones, dinero en efectivo y trasnportando el material. Mario Ruiz respondió que ese "es un plan macabro que tienen desde el presidente Correa. La Ley de Minería fue aprovada en el 2012, que en sus artículos 90 y 91 dispone que en las regalías generadas en una concesión minera el Estado no puede ganar más del ocho por ciento. En este periodo, ni el lassismo ni el correísmo ni los socialcristianos han querido reformar eso. Nosotros hemos propuesto que se reforme ese artículo y la participación (para el Estado) sea de 50/50. Se negaron y (para eso) ahí sí se juntan. Propusimos formar un comisión que revise las concesiones mineras y petroleras, y que las que estén bien hechas que se queden, pero en las que no se haya hecho la consulta previa a las comunidades, se vayan. Ahí se juntaron los mismo para impedirlo.

"Además, dejaron abandonadas las comunidades en los territorios concesionados, sin tener quien les cuide. Tenemos 160 mil efectivos militares (sic) y no pueden controlar la minería ilegal. Toca darles controlando. En Buenos Aires, Imbabura, los comuneros, nuestra gente, es la que coge a los mineros ilegales y los entrega a la Policía. Abandonaron a propósito los territorios para que ingrese la minería ilegal, con el objetivo de justificar una intervención militar que impida todo tipo de resistencia al extractivismo de la gente que se opone a que exista minería ilegal ni legal. Porque no solo quieren combatir la minería ilegal, sino intervenir militarmente a los pueblos para que entre la minería legal. Pero esta no es legal. Solo en Buenos Aires, un informe de Contraloría dijo que le dieron una de las concesiones a la empresa Hanrine con un estudio técnico que no corresponde al sitio que les concesionaron. La Empresa Nacional Minera se retiró de ahí sin motivo, dejando al Estado sin la participación prioritaria que tiene. En ninguna de sus concesiones resperaron la consulta previa, libre e informada. Desde esa perspectiva, en el Ecuador toda minería es ilegal. Tienen que respetar lo que los pueblos y las comunidades dicen. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayacu estableció que la consulta previa es vinculante y la gente dice no queremos minería, y no respectan ¿qué cree que va a pasar? Hay que revisar todas las concesiones. Las mismas empresas acusan a de delitos a los pobladores, la persecución judicial es de las empresas. El sabotaje al turismo y a la agricultura es para no dejar más opción a las comunidades que la minería".