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13 de Mayo del 2020
Historias
Lectura: 21 minutos
13 de Mayo del 2020
Redacción Plan V
Minuto a minuto sobre el coronavirus 14/05
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Lea lo más importante sobre el coronavirus en Ecuador y el mundo en este espacio.

 

El Gobierno da marcha atrás en las contribuciones que había propuesto para personas y empresas y pide que se "eliminen" de su proyecto de Ley Humanitaria

Mientras continúa el debate en la Asamblea Nacional (que se reúne vía Zoom hasta esta hora), el presidente Lenin Moreno anunció, en su cuenta de Twitter, que "He pedido a los legisladores que nos respaldan, y ahora pido a la Asamblea, que eliminen de la Ley Humanitaria todo lo relacionado con contribuciones, para de esa manera aprobar las normas que permitan llegar pronto a acuerdos". Aunque en el Gobierno se aspiraba a que la ley entre en vigencia por el ministerio de la ley, el Gobierno al parecer no contaba con los 70 votos para aprobar el proyecto e impedir su archivo. En el informe para segundo debate se planteaba que las "contribuciones" fueran para personas con sueldos de más de USD 2500 en adelante, tomando como referencia los ingresos de 2019. Otra "contribución" tenía que ver con un 5% de las utilidades para las empresas que obtuvieron más de USD 2,5 millones el año anterior. 

El asambleísta Fabricio Villamar mocionó hace pocos minutos que se elimine el capítulo de las contribuciones. Si eso se aprueba, la ley incluirá otros aspectos, como la regulación del teletrabajo y la prohibición de desahucios para los inquilinos. 

El debate continuará en la mañana del viernes 15 de mayo. 

Siguen los allanamientos por sospechas de corrupción, en Imbabura al Municipio de Atuntaqui y en Manabí se detuvo a asesor del asambleísta Daniel Mendoza

La Policía y fiscales de Imbabura allanaron el municipio de Antonio Ante,en Atuntaqui, cerca de Ibarra, para revisar documentos y computadores por una denuncia del alcalde Rolando López, quien pidió que se investigue la compra de productos de limpieza para combatir el virus que supuestamente tendrían un sobreprecio. "Estamos brindando todas las facilidades a Fiscalía y Policía Nacional para que hagan su trabajo, entregando claves y todo lo que necesiten. También desde el lunes pasado hemos solicitado a Contraloría hacer una auditoria especial de todos los contratos y procesos", dijo el alcalde López. El edificio municipal del cantón fue intervenido por las fuerzas policiales. 

En horas de la noche, la Fiscalía informó sobre seis allanamientos en varias localidades de Manabí, en donde se detuvo al asesor del asambleísta por esa provincia, Daniel Mendoza, un simpatizante del oficialismo. El asesor Jean Carlos Benavides fue detenido en Calceta y se le encontró dinero, armas, sellos y documentación oficial. Según el portal La Historia, el allanamiento puede tener relación con el "reparto de los hospitales" en Manabí. 

El pasado 4 de mayo, la Fiscalía de El Oro allanó el Municipio de Machala, para obtener documentos y computadores relacionados con un contrato por UD 7 millones para la construcción de un mercado. El alcalde Darío Macas rechazó la diligencia pero luego suspendió la construcción del mercado. 

El 23 de abril, la Fiscalía de Chimborazo allanó el Consejo Provincial, en Riobamba, en el marco de una investigación para“recabar información sobre presuntos delitos luego de conocer de dos contrataciones para el fortalecimiento de la imagen y publicidad de la Prefectura en medio de la emergencia”.

Los fallecidos registrados por la pandemia llegaron a 3899, los positivos suman 30.502. 

El Gobierno publicó este mediodía su infografía 77, según la cual ha tomado por lo menos 88923 muestras para pruebas de CODVID19. Las cifras oficiales dan cuenta de 2338 personas muertas luego del diagnóstico de la enfermedad infecciosa, así como de 1561 fallecidas sin diagnóstico, lo que suma 3899. Los pacientes recuperados suman 3433, los casos de alta hospitalaria 2974, los casos con alta epidemiológica 8411, los descartados 34277 y los confirmados 30502. Las pruebas PCR procesadas hasta el momento suman 44.349. Hay 196 enfermos graves en todo el país. El grueso de los casos se concentra en Guayas con 12.046, Pichincha con 2339 y Manabí con 1281. El 56% de los enfermos son hombres y el 44% mujeres. En Quito hay 2198 casos positivos. 

El Gobierno logró abonar USD 100 millones de la deuda de USD 500 con los municipios; los alcaldes cumplen su primer año de gestión en medio de la pandemia

El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió USD 100 millones a los municipios, pero aún les adeuda más USD 400 millones, según los cálculos de los alcaldes del país. Hay transferencias pendientes desde febrero de este año y se estima con que los USD 100 millones se abona a parte de febrero y una parte de marzo. En marzo, abril y mayo, el Gobierno ha suspendido transferencias por cerca de USD 171 millones mensuales. Además, están pendientes las devoluciones de IVA a muchos de los cantones. 

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se reunió, de manera vitual, con el ministro de Finanzas, Richard Martínez. El Comité anunció que insistirá al presidente Lenín Moreno en mantener una comunicación directa con la AME y en solicitarle que no se reduzca el presupuesto. Pidieron un diálogo más cercano con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, con el fin de preparar la reactivación productiva en cada localidad, así como una verificación por parte del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos del estado de las instalaciones sanitarias en cada cantón. 

La AME dijo que va adquirir mascarillas para los funcionarios municipales, pero no mencionó la posibilidad de comprarlas o distribuirlas entre la población. 

Los 221 alcaldes cumplieron así su primer año de gestión, como recordó el alcalde metropolitano de Quito, Jorge Yunda, en su cuenta de Twitter.

La Comisión Nacional Anticorrupción pide al Gobierno que revea los nombramientos de Jorge Wated al Consejo Directivo del IESS y de Rommel Salazar a la Secretaría de Riesgos. También cuestiona la acción del SERCOP y de la Secretaría Anticorrupción. La Función Judicial se sumó a las críticas contra De la Gasca. 

En una carta pública dirigida al presidente de la República, al vicepresidente y a la ministra de Gobierno, todos los miemrbos de la Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, pidieron que se revea los nombramientos recientes de Jorge Wated, como presidente del Consejo Directivo del IESS y Rommel Salazar, como secretario, con rango ministerial, del Servicio Nacional de Riesgos. La CNA, que es una entidad de la sociedad civil nombrada con un mandato de la coalición de sindicatos, la conaie y organizaciones políticas, sociales y populares, dijo que estos dos nuevos funcionarios son producto del reparto de cuotas políticas para satisfacer demandas de asambleístas y sectores políticos, a fin de apoyar al Gobierno en sus decisiones. 

"El país asiste escandalizado a una lamentable secuencia de actos de corrupción que se deriva del reparto de cuotas en la administración pública, como en las peores épocas. La imagen de un retaceo institucional con el ánimo de obtener apoyos políticos y legislativos no puede seguir siendo ocultada. Hay serios indicios de que instituciones como el IESS, la Secretaria de Gestión de Riesgos, las cuotas políticas en la función diplomática y la red de salud pública forman parte del enmarañado proceso de distribución de cuotas para lograr mayorías parlamentarias transitorias, en el marco de una conducción estatal y de gobierno que ha precarizado la ideología y los principios", dijo el Pleno de la Comisión.

La permanencia de ciertos mandos medios instalados por el nefasto régimen que les antecedió, los nombramientos de última hora y la ausencia de decisiones ejecutivas que articulen una vigorosa recuperación de la economía son inaceptables. En tal sentido, solicitamos a ustedes que se revean los nombramientos del delegado del gobierno ante el IEES y del titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos, por tratarse de personajes envueltos en antecedentes polémicos. No somos jueces que acusamos de delitos sin que estos sean probados en un debido proceso, pero dadas las circunstancias excepcionales que vivimos y el clamor ciudadano de que se ha puesto al gato a cuidar la mísera despensa de los pobres, asumimos como nuestro este clamor desde el sentido común y la ética pública.

"Nos adherimos a la petición de la Fiscalía General y de la Contraloría en el sentido de que la Secretaría Gubernamental Anticorrupción debe ser suprimida. Creemos también que el SERCOP carece de gestión alguna en el crítico episodio histórico que atravesamos y que debe ser reorientada su gestión", señalaron sus miembros. 

A las críticas contra el secretario Anticorrupción, José De la Gasca se sumaron hoy el Consejo Nacional de la Judicatura y la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. El secretario anticorrupción de la Presidencia ya había sido cuestionado en su momento por la fiscal general, Diana Salazar, quien llegó a sugerir la desaparición de la dependencia del Gobierno. 

"El principio de separación de poderes tiene como fin último garantizar el Estado el Derecho, evitando que cualquiera de los poderes del Estado moderno adquiera excesiva primacía sobre el resto", dijeron las autoridades judiciales. 

"La independencia que reviste a la Función Judicial debe ser respetada con mayor severidad, pues el rol de la justicia en un Estado democrático reside en mantener el equilibrio del poder, materializando el principio de legalidad. A través de los principios y garantías reconocidos por la Constitución, la ley y el derecho supranacional, queda claro que el único camino hacia un Estado cuya base sea la institucionalidad y el acatamiento a la ley, es aquel que empieza por respetar y hacer respetar las competencias de cada servidor, órgano y función", continúa la misiva de la Función Judicial. 

"Luchar contra la corrupción requiere del actuar de cada uno de los ecuatorianos, pues es un mal que afecta a todos y que detiene el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, trabajar por un fin, interfiriendo en las acciones que realizan los órganos jurisdiccionales y autónomos que tienen por mandato de ley combatir la corrupción de forma técnica, jurídica e independiente, puede ser igual de peligroso que no actuar", dijeron las autoridades judiciales. 

La probable aprobación de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas alerta a los afiliados a la seguridad social de militares, policías y trabajadores en general; la Asamblea aún no vota

El general (sp) Wagner Bravo, director del ISSFA, envió una larga carta a sus camaradas de armas afiliados al seguridad social militar, alertando sobre las consecuencias que puede tener para la autonomía de estas instituciones, el contenido del proyecto de Ley urgente que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

"Lo que pretende la Ley Orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas que se estaría aprobando el día de hoy en la Asamblea Nacional es un atentado no sólo contra la autonomía de los institutos de seguridad social, sino contra sus fondos que son propios de los afiliados y distintos de los del fisco como lo establece la Constitución en su artículo 371.

"El texto final que se estaría aprobando incluye una tercera clasificación del sector público a las entidades de la seguridad social como entidades públicas autónomas, lo cual es incorrecto ya que lo que debería hacer la ley de ordenamiento de las finanzas públicas es excluirlas de su ámbito.

"En esta tercera clasificación no se incluía al servicio de Cesantía de la Policía Nacional, sin embargo para la votación de hoy se ha consensuado incluirlo.

"La pretendida ley establece que para las entidades de la seguridad social el Ministerio de Finanzas emitirá los techos presupuestarios globales institucionales y de gasto, siendo una falsa determinación de entidades autónomas, las refiere como tal de nombre autónomas, pero las trata como parte del presupuesto general del Estado.

"En el  artículo 12 del proyecto de ley se establece una política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales contando para aquello con los recursos de la seguridad social, lo cual se anexará a la proforma del presupuesto general del estado.

"En su artículo 15 establece que la programación fiscal plurianual y anual deberá ser elaborada por las entidades de la seguridad social lo que no tiene sentido al no ser parte del fisco porque debe programar fiscalmente con el sector público.

"Dentro de esta absurda inclusión de las entidades de seguridad social se pretende que los recursos de la seguridad social sean parte de la programación fiscal como un marco obligatorio para la formulación del presupuesto general del estado y también para que el Presidente de la República apruebe el Plan Nacional de Desarrollo con recursos que son ajenos al presupuesto de general del estado.

"La ley exigirá que los recursos de la seguridad social y sus objetivos se articulen con el plan Nacional de desarrollo actualmente Toda una Vida. Si bien se reconocen las deudas no pagadas por las obligaciones registradas al IESS, ISSFA e ISSPOL no se incluye la deuda a la Cesantía de la Policía.

"En su título cuarto ámbito de aplicación establece la determinación de varias reglas fiscales para las entidades de seguridad social al igual que las otras entidades del sector público nuevamente confundiendo de que los recursos al ser distintos de los del fisco los somete a reglas fiscales, establece reglas de la deuda del Estado.

"En los artículos e innumerados con la gravedad del caso se establece dentro de los requisitos para financiar los costos de la seguridad social con recursos del presupuesto general del estado porque las prestaciones que tengan impacto fiscal en las contribuciones que financia el Estado deben tener previamente dictamen favorable emitido por el Ministerio de Finanzas; es decir, el presupuesto del IESS, ISSFA e ISSPOL deberá tener aval del MEF.

"Se establecen medidas correctivas sanciones para las entidades de seguridad social, responsabilidades e infracciones en caso de incumplir las reglas fiscales que se les están estableciendo.

"Esta ley es una falsa determinación de que es referencial para las entidades de seguridad social en sí, si se afectan las prestaciones y los derechos de los asegurados que están garantizados en la Constitución y contemplados en sus respectivas leyes.

"Con los recursos de nosotros los afiliados se pretende hacer cumplir el plan del gobierno, cubrir sus riesgos, usar sus recursos, ponerle reglas y amenazar con sanciones".

Entre tanto, la Asamblea Nacional, que se reúne de manera virtual, suspendió la sesión hasta pasado el mediodía de hoy, debido a que el informe final para conocimiento de los legisldores fue distribuido a las 06:08 de la madrugada de hoy. Wilma Andrade (ID) pidió que se realice la prórroga, para poder analizar el informe. Hasta ayer, por lo menos tres bloques, con 59 votos, se habían pronunciado por el archivo con sendas mociones. Se trata del correísmo ortodoxo, el PSC y el BADI. Las mociones deberán ser votadas la sesión de hoy. 

Así desembarcó el virus en la Costa desde principios de febrero

En el informe Comportamiento COVID-19 (PCR) Ecuador, el Ministerio de Salud reveló el 12 de febrero ya hubo un caso de coronavirus en Pascuales, una zona de Guayaquil.

El 2 de marzo habría ocurrido el primer fallecimiento por probable COVID-19. Era una mujer de  Machala.

El segundo ocurrió el 6 de marzo en la parroquia Ximena, en Guayaquil. El tercero y cuarto el 10 de marzo, uno en la parroquia Ximena y otro Manta, Manabí.

El quinto deceso por probable COVID-19 se registra el 12 de marzo en la parroquia Tarqui, Guayaquil. Y la sexta muerte el 13 de marzo en la parroquia Febres Cordero, en Guayaquil.

Así, para el 13 de marzo, cuando murió la persona a que se consideró la paciente cero, una migrante que había llegado de España a Babahoyo, ya habían muerto hasta seis personas más, todas con el diagnóstico de neumonía atípica, posiblemente provocada por el virus. 

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional reveló el 12 de mayo, que el primer caso de COVID-19 en Ecuador se habría producido realmente el 12 de febrero pasado y no el día 15 de ese mes. La enfermedad empezó a extenderse por las ciudades de la Costa y sobre todo por Guayaquil según las correcciones que realizó el Ministerio en la infografía que registra el avance de los casos de acuerdo con la fecha de inicio de síntomas.

En el acumulado de casos de febrero, luego del sábado 15 se registran más contagiados. El 19 de ese mes subieron de 2 a 3; el 20 pasaron de 4 a 6; el 21, de 5 a 8; el 22 aumentaron de 6 a 9; el 23 subieron de 7 a 11.

Para cuando el Gobierno decidió implementar la cuarentena, el 17 de marzo, según su propia información, en el país ya había por lo menos 2027 casos en todo el país y no los poco más de 50 que admitía la comunicación oficial. Para ese día, 2002 se encontraban en Guayas y por lo menos 218 en Pichincha. Revise aquí la última infografía del Gobierno. 

 

 

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