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27 de Mayo del 2020
Historias
Lectura: 30 minutos
27 de Mayo del 2020
Redacción Plan V
Minuto a minuto sobre el coronavirus 28/05
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El Ministerio de Salud anuncióque apoya la decisión de la Organización Mundial de la Salud de suspender el uso de la hidroxicloroquina, como tratamiento para COVID-19. Agregó que esta "no endosa ningún tratamiento experimental, a no ser como parte de ensayos clínicos para medir la eficacia y seguridad de los mismos".


El Gobierno pagó casi 1.000 millones de dólares a Goldman Sachs y Crédit Suisse, según Bloomberg

El gobierno de Lenín Moreno pagó casi 1.000 millones de dólares de manera anticipada dos préstamos internacionales, en abril pasado. Los pagos se hicieron a los bancos Goldman Sachs Group Inc. y Crédit Suisse Group AG, ambas firmas de Wall Street. Lo informó el portal especializado Bloomberg.

Bloomberg informó que el Ministerio de Finanzas cerró los acuerdos, según un informe interno al que accedió ese portal. “Los préstamos a cuatro años, que datan de 2018, parecieron un movimiento para ahorrar costos ya que los dos bancos ofrecieron términos más baratos que las tasas de interés encontradas en el mercado de bonos”, agregó.

Diario El Universo, por su parte, explicó que estos préstamos datan de octubre de 2018 y tienen un plazo de cuatro años. “Estaban respaldados con bonos soberanos 2022 por un valor de casi $2 500 millones, en operaciones denominadas REPOS. Los pagos consumieron efectivo esencial mientras Ecuador se enfrentaba a uno de los peores brotes de COVID-19 en la región y se vio obligado a posponer los pagos de la deuda de bonos”, dijo el medio ecuatoriano.

"El gobierno parece haberse salido del lío principal en el que se metió, aunque a un costo importante", dijo Andrés Arauz, el exdirector general del Banco Central de Ecuador, a  Bloomberg.

Estos pagos se dan en un momento crítico de la economía ecuatoriana. El Presidente ha defendido el pago de la deuda para mantener las líneas crediticias con los organismos multilaterales.

 

Ministro Zevallos dice que el 90% de las personas que se contagiaron con el virus han superado la enfermedad

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, afirmó esta noche que las acciones para mitigar el impacto del virus han dado buenos resultados. Dijo que de los 38.471 casos positivos, 18. 624 han superado la enfermedad y15.898 personas contagiadas están en sus domicilios estables. “Lo que quiere decir que cerca del 90% de las personas que se contagiaron con el virus han superado la enfermedad, lo cual es muy positivo”. Pidió que estos resultados no significan bajar la guardia.

Agregó que las cifras se “han revertido” entre los casos descartados y confirmados. En el 56% de los tests han sido negativos para COVID19, mientras que el 44% ha dado positivo. “Este descenso en los contagios es otra buena noticia, porque nos permite observar que con responsabilidad ciudadana y disciplina podemos avanzar de manera segura en esta nueva normalidad, que abre la posibilidad en reinsertarnos en nuestra vida laboral”.

Contó que estuvo hoy en Cuenca. “Fue muy grato encontrar que el semáforo en color amarillo que rige en el cantón desde el 25 de mayo ha sido sinónimo de reactivación”. Dijo que en los hospitales de Cuenca, Azogues y Gualaceo se respetan los protocolos de atención a los pacientes. “Los hospitales están abastecidos”.

Destacó la decisión de los médicos de abrir sus consultorios.

 

 

Sobreprecios: Un funcionario de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito rindió su versión y aseguró que la oferta que presentó la empresa proveedora cumplía con todos los parámetros exigidos

Diego Salazar es coordinador de Medicamentos y Dispositivos Médicos de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. También es el presidente de la comisión técnica que aprobó la compra de las pruebas PCR con supuesto sobrecosto. Dijo que le sorprendió el allanamiento a su casa. Llegó hoy a Flagrancia junto con su abogado, Freddy Ron.

Después fue acompañado por dos agentes hasta la Fiscalía General del Estado, informó Teleamazonas. Allí rindió su versión libre y voluntaria que duró cerca de una hora. Explicó la parte técnica, según la normativa vigente, para adquisición de las pruebas PCR. Agregó que la oferta que presentó la empresa proveedora cumplía con todos los parámetros exigidos. Los otros dos oferentes cuyas propuestas tenían costos menores, según Salazar, no cumplían con las especificaciones técnicas. “Fiscalía ha logrado tener una claridad que este proceso contractual cumple con las especificaciones técnicas”, dijo su abogado. En la mañana, la Fiscalía hizo seis allanamientos, según reportó Teleamazonas. Uno de ellos fue al domicilio del exsecretario Metropolinado de Salud, Lenín Mantilla.

Ayer, la Fiscalía General ejecutó cinco allanamientos para recabar información sobre al proceso de contratación de la administración de la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

La adquisición de estas pruebas incluiría las máquinas de laboratorio para procesarlas; sin embargo, este trabajo se estaría ejecutando en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del Sur y en el laboratorio de la Universidad Central del Ecuador.

“Es obligación de la Fiscalía perseguir hechos con la finalidad de llevar a los responsables ante la justicia”, precisó el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, quien estuvo a cargo del operativo.

Durante la diligencia, que inició la madrugada de ayer, se levantaron más de nueve indicios, entre computadores, CPU, documentación, flash memories, que servirán para continuar con la investigación previa abierta en este caso. Por el momento no hay personas detenidas.

Los allanamientos se efectuaron en el Municipio de Quito, la Secretaría de Salud, las oficinas de la empresa SALUMED S. A. y otros dos inmuebles.

 

En la Corte Constitucional, demandantes dicen que el recorte al presupuesto universitario es una regresión de derechos

Con un fuerte cordón policial amanecieron hoy los exteriores de la Corte Constitucional. A este sector acudieron estudiantes y profesores para protestar contra el recorte de las universidades. Desde la mañana, la Corte instaló la audiencia para tratar cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas por universidades y sectores sociales contra la reducción de 98 millones de dólares del presupuesto de 32 centros públicos del país. La audiencia se lleva a cabo por medios telemáticos desde las 09:30.

La audiencia ha sido dirigida por la jueza Carmen Corral. Christian Flores, de la FEUE, dijo que ya hubo recortes en los años 2018 y 2019. “Pero en este caso no se puede permitir que el recorte del presupuesto se da porque hay menos recaudación”, afirmó. Agregó que las universidades no reciben a tiempo los presupuestos. “Tenemos el derecho a la educación, con gratuidad”, manifestó Flores, quien además dijo que el acceso a la universidad ya es muy complicado. Dijo que un recorte de presupuesto significará una mayor precarización de la educación. 

Pablo Dávalos, otro de los accionantes, manifestó que estos recortes se ponen en riesgo el carácter mismo del Estado y es un atentado contra los derechos básicos de los ciudadanos. Dijo que la actitud del Ministro de Finanzas ha ido en contra la Constitución. Dijo que sus medidas han puesto en riesgo a más de 30 universidades del país y esto puede restringir el acceso a decenas de miles de estudiantes retornen a las aulas. Afirmó que estas acciones han obligado a los estudiantes a salir a la calle y poner en riesgo también su salud.

El dirigente Geovanny Atarihuana pidió que el Estado en su conjunto tiene la obligación de actuar “pro derechos”. Recordó que la Constitución define a la educación como un derecho y es una tarea ineludible del Estado. Dijo que el Gobierno no puede aprovechar una emergencia para recortar el presupuesto universitario. “Estamos ante un evidente caso de regresión de derechos, de vulneración de derechos”. Mencionó que esta crisis podría provocar despidos de 3.000 docentes. Dijo que además de esta situación se da en el contexto de más de 1 millón de bachilleres que se han quedado del sistema universitario.
 
Hacia las 17:00 aún seguía la intervención de los demandantes.

 

El coronavirus puede provocar una “pandemia de hambre” en América Latina

La pandemia de coronavirus en América Latina y el Caribe puede dejar a cerca de 14 millones de personas pasando hambre. El Programa Mundial de Alimentos dice que hace falta “atención urgente” para salvar vidas, reportó el portal Noticias ONU.

 La agencia considera que aún estamos a tiempo de evitar que la “pandemia de COVID-19 se convierta en una pandemia de hambre”.

Unos 10 millones de personas serán empujadas aún más a la pobreza y al hambre en 11 países de la región y en pequeños Estados insulares del Caribe. En 2019, 3,4 millones personas sufrían “inseguridad alimentaria grave”, que significa que están en situación de emergencia y no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas tanto en cantidad como en variedad.  

La pandemia puede disparar el hambre en Haití, entre los migrantes venezolanos y en el Corredor Seco de Centroamérica.

La cifra ha sido calculada solo para países donde el programa tiene presencia, que no incluye, entre otros, a Brasil, Venezuela o México.

 

Propuesta del Gobierno para crear tipo penal contra la corrupción en contratos de emergencia tiene sanciones que van entre los 6 meses de cárcel hasta los 25 años

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificar y determinar la comisión que llevará adelante el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para Sancionar la Corrupción en Procesos de Contratación Pública en Emergencia, enviado por el Ejecutivo.

Este proyecto tiene el carácter de ordinario. En ese se incluye una herramienta para que la Fiscalía pueda prevenir el mal uso y destino de fondos públicos ante presuntos delitos en el contexto de la contratación pública, en casos de emergencia.

La propuesta, además, establece un tipo penal diseñado específicamente para sancionar las prácticas corruptas que afectan la adquisición de bienes y servicios; incluye reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El presidente Lenín Moreno propone agregar, luego del artículo 281 del COIP, la figura de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia, a fin de que el servidor público de cualquiera de las instituciones del Estado, que haga mal uso de la declaratoria de emergencia y evada procedimientos pertinentes a la contratación pública para desarrollar procesos de modo arbitrario, en provecho propio o beneficio de un tercero sea sancionado. Se establece las penas aplicables al delito de elusión.

Por ejemplo, en aquellos casos de contratación, cuyo monto sea igual o menor a 10 mil dólares, se determina la pena privativa de libertad de seis meses a un año y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

Asimismo, a continuación del artículo 550 del COIP se añade un artículo por el cual se establece que en los delitos de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia, el fiscal deberá solicitar obligatoriamente al juzgador, se disponga como medida cautelar la suspensión de la contratación que se encontrare en curso en cualquiera de sus fases, así como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite.

En los considerandos, el Mandatario señala que la crisis que el Estado está atravesando por la presencia de COVID-19 ha demandado la adquisición de una gran cantidad de insumos que permitan cubrir las necesidades de asistencia médica y humanitaria, lamentablemente se ha visto empañada por vergonzosos y reprochables actos de corrupción.

El proyecto contiene tres artículos y siete Disposiciones Reformatorias a algunos artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El delito de elusión de procedimientos pre-contractuales y contractuales en emergencia, en caso de hallarse sobreprecios o sobrecostos derivados de los contratos estatales tendrán estas sanciones:

1. En aquellos casos de contratación cuyo monto sea igual o menor a diez mil dólares, la pena privativa de libertad será de seis (6) meses a un (l) año y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

2. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea entre diez mil dólares hasta treinta mil dólares, la pena privativa de libertad será de uno (1) a tres (3) años y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

3. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea entre treinta mil un dólares hasta cincuenta mil dólares, la pena privativa de libertad será de tres (3) a seis (6) años y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

4. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea entre cincuenta mil un dólares hasta setenta mil dólares, la pena privativa de libertad será de seis (6) a diez (10) años y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

5. En aquellos casos de contratación de bienes y servicios normalizados, no normalizados y consultorías cuyo monto sea superior setenta mil dólares, la pena privativa de libertad será de quince años y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

6. En aquellos casos de contratación de obras cuyo monto sea igual o menor a doscientos cincuenta mil dólares, la pena privativa de libertad será de quince (15) a veinte (20) años y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

7. En aquellos casos de contratación de obras cuyo monto sea mayor a doscientos cincuenta mil dólares, la pena privativa de libertad será de veinte (20) a veinticinco (25) años y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló. Con información de la Asamblea y de Expreso.

 

Más del 16% de los jóvenes no trabaja desde el inicio de la pandemia de COVID-19; América, la región más afectada

Más del 16% de los jóvenes no trabaja desde el inicio de la pandemia de COVID-19, reveló un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, que asegura que la juventud se ve afectada de forma desproporcionada por los efectos económico-sociales de la emergencia sanitaria.

El “Observatorio de la OIT: COVID-19 y el mundo del trabajo” señala también que  las horas laborales de los jóvenes que han conservado el empleo han disminuido un 23%, informó el portal Noticias ONU.

También indica que el incremento rápido y sustancial del desempleo juvenil registrado a partir de febrero afecta más a las mujeres que a los hombres.

El informe advierte que la pandemia tiene un triple impacto en los jóvenes ya que, además de destruir sus trabajos, impacta su educación y formación y llena de obstáculos el camino de los que buscan entrar al mercado de trabajo o cambiar de empleo.

Pruebas, rastreo y mercado de trabajo

Para reactivar la economía y la esfera laboral, la Organización Internacional del Trabajo  urge a los gobiernos a aumentar el testeo para detectar los casos de COVID-19 y el rastreo de contactos, destacando ejemplos como el de Corea del Sur e Islandia, donde se ha invertido en técnicas eficientes de detección que cuestan menos del 1% de su PIB.

El director general de la Organización sostuvo que donde se realizan pruebas rigurosas, los mercados de trabajo van mejorando.

“En los países donde ha habido testeo y rastreo, la reducción de las horas de trabajo ha sido de un 7% aproximadamente, mientras que en los que hay pruebas y rastreo menos intensivos, esa cifra se eleva a 14%”, explicó Guy Ryder en la conferencia de prensa virtual para presentar el informe.

La OIT reporta que, en los países con un sistema sólido de pruebas y rastreo, la disminución media de las horas de trabajo es inferior por tres razones: las pruebas y rastreo reducen la dependencia en las medidas de confinamiento estrictas; promueven la confianza de los ciudadanos y, en consecuencia, estimulan el consumo y apoyan el empleo; y contribuyen a minimizar la interrupción de las actividades en el lugar de trabajo.

Además, las pruebas y el rastreo pueden por sí mismas crear nuevos empleos, si bien temporales, que pueden estar dirigidos a los jóvenes y a otros grupos prioritarios.

América, la región más afectada

Según los datos de la OIT, los trabajadores del continente americano son los que más han sufrido el impacto económico de la pandemia en cuanto a horas de trabajo, con una baja de 13,1% a partir de abril. En afectación siguen los empleados en Europa y Asia Central con 12,9%.

Ryder subrayó que esta información coincide con la afirmación la Organización Mundial de la Salud de que América Latina es el actual epicentro del COVID-19.

Al referirse a África, consideró muy preocupante “la coincidencia de una población joven y fuerte, economías altamente informales y capacidades limitadas de testeo y rastreo”.

 

“No quiero llamarla la tormenta perfecta, pero es una combinación de circunstancias que, me parece, podrían dañar los mercados laborales a largo plazo. Es una situación particularmente delicada”, dijo.

 

Reporte del COE Nacional: 5.449 decesos en el contexto de la pandemia y 23.101 pruebas aún  faltan por procesar

Ecuador ha tomado 110. 812 muestras, entre PCR y rápidas, según el último reporte del COE Nacional. De estas, 38.471 resultaron positivos de contagio del virus y 49.240 muestras fueron descartadas. Es decir, aún faltan por procesar 23.101 pruebas. De los confirmados, se reportaron 3.313 fallecidos por la enfermedad y 2.136 fallecidos por probable contagio, lo que da un total de 5.449 decesos en el contexto de la pandemia.

El informe diario agregó que hay 15.898 personas contagiadas que están en sus domicilios con cerco epidemiológico, 416 están estables en hospitales y 220 están con pronóstico reservado en unidades de cuidados intensivos, UCI.  Guayas sigue siendo la provincia con más contagios a escala nacional, con el 47,2% aunque en una tendencia al descenso de casos, mientras que Pichincha mantiene el segundo lugar de contagios con el 13,1% del total nacional.

Irina Moreno sale de la misión de Ecuador en Nueva York

“A pedido de varios medios de comunicación, confirmo que la señora Irina Moreno González ha presentado su renuncia como funcionaria de la misión del Ecuador en Nueva York, efectiva al 31 de mayo de 2020. El Ministro de Relaciones Exteriores ha aceptado la renuncia de conformidad con la normativa aplicable”, informó ayer la Cancillería a través del chat de prensa.

El anuncio llega después de innumerables críticas al Gobierno sobre los familiares que tienen varios funcionarios del actual Régimen en cargos en el exterior. Incluido el mismo presidente Lenín Moreno con su hija, quien no era parte del grupo de 70 funcionarios que regresarán al país. Una de las medidas de Moreno para enfrentar la crisis económica agravada por el coronavirus fue realizar recortes en el servicio diplomático como cerrar algunas embajadas.

“Mi hija ha sido la abanderada de su escuela. Fue de las mejores alumnas en las maestrías que realizó en Suiza e Inglaterra. Ha estudiado en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Habla cinco idiomas, y entiende y habla bastante aceptable el mandarín. Cumple sus tareas de forma extraordinaria”, indicó el mandatario en una entrevista cuando fue consultado por qué ella no era parte del grupo de los diplomáticos regresados.

“Es una funcionaria que cumple adecuadamente sus funciones. Tengo los mejores reportes de sus superiores y desde ese punto de vista, no vemos, en este momento, una necesidad que ella retorne al país”, dijo en otra entrevista el canciller José Valencia.

Moreno informó el pasado 22 de mayo que ella pidió ser separada de la delegación diplomática. Sin embargo, ese pedido llegó el 31 de mayo. La aceptación fue confirmada anoche por la Cancillería.

 

En el semáforo amarillo, los vehículos particulares circularán tres veces por semana;  los de placas impares: lunes, miércoles y viernes; y los pares: martes, jueves y sábado

El Gobierno anunció ayer medidas menos restrictivas en el país desde el 1 de junio. Una de ellas tiene que ver con la circulación de los vehículos particulares. En el caso del semáforo en rojo, los autos y las motocicletas circularán dos días a la semana y ya no uno como ocurre en la actualidad.

En caso del semáforo amarillo la circulación será así:
- Impar: Lunes, miércoles y viernes
- Par: martes, jueves y sábado
- Domingo no circulan vehículos particulares

En el semáforo en verde, el 30% de vehículos particulares no podrá circular, aunque esta medida aún no se ha explicado cómo funcionará.

 

COE Nacional aprueba el cambio al semáforo amarillo desde el 3 de junio en Quito; alcalde Yunda  anuncia campaña sanitaria agresiva; "En el color amarillo ya no te cuido yo, te cuidas tú", afirmó

El alcalde Jorge Yunda informó que el COE Nacional aprobó que Quito cambie a semáforo amarillo el próximo miércoles 3 de junio. "Después de 78 días de confinamiento, es hora de trabajar, es hora de activarse, es hora de producir", dijo.
 

Anunció que emprenderá una campaña agresiva para recordar a los ciudadanos el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos. "En el color amarillo ya no te cuido yo, te cuidas tú", afirmó.
Yunda hizo el pedido el pasado 26 de mayo tras la reunión del COE cantonal. Ese día anunció que se planteará un "amarillo acoplado".  Ayer la ministra María Paula Romo anunció los nuevos parámetros para la semofarización. En el caso del color amarillo son los siguientes:

- Toque de queda de 21:00 a 05:00. 
- Vehículos particulares -incluidas motos- par e impar pueden circular de lunes a sábado.
- Circulación de taxis y transporte mixto par e impar todos los días.
- El transporte institucional circulará sin restricción de placas. 
- El transporte urbano circulará con el 50% de aforo. 
- El transporte interparroquial autorizado.
-  El transporte interprovincial entre cantones de provincias colindantes.
- Los restaurantes y cafeterías funcionarán con el 30% de aforo.
- La priorización de la jornada laboral en modalidad de teletrabajo se mantiene.
- Las empresas están obligadas a expandir un protocolo de bioseguridad, considerando los lineamientos establecidos en la Guía y Plan General para el retorno progresivo a las actividades laborales. No se requerirá la aprobación por parte del COE nacional, provincial o cantonal.

Tras la solicitud del pedido del COE cantonal, en Quito la jornada presencial del sector público se mantendrá suspendida hasta el 15 de junio. 

Los vuelos nacionales a Guayaquil iniciarán el 15 de junio. Estas son las medidas que se tomarán

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció ayer que los vuelos nacionales iniciarán a partir del 15 de junio en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Viteri había manifestado en sus redes sociales su malestar con que se retomen estos vuelos a su ciudad por el riesgo que eso puede significar para una nueva ola de contagios y la llegada de personas de zonas del país que aún no ha alcanzado el pico de contagios.

Viteri dijo que luego de varios diálogos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, finalmente se concretó un acuerdo para posponer esos viajes nacionales. Los internacionales a este aeropuerto comenzarán el 1 de junio como lo dispuso el COE Nacional.

Romo había informado que los aeropuertos en el país retomarán sus operaciones comerciales hasta en un 30%.

En Guayaquil, informó El Universo, tanto los pasajeros internacionales como locales deberán cumplir un protocolo de seguridad a más de las prácticas dispuestas dentro del aeropuerto. Los internacionales deberán llegar con un respaldo que certifique que fueron sometidos a pruebas de COVID-19. En la terminal aérea se les aplicará un test rápido.

“Positivo o no positivo (el resultado), esa persona extranjera tiene que ir catorce días a su cuenta a un hotel, vigilada por la policía nacional”, manifestó la alcaldesa Viteri.

En el caso de los pasajeros de vuelos nacionales se dispondrá de policías metropolitanos para que controlen a quienes cumplan un lapso similar de aislamiento en hoteles, únicamente en caso de salir positivo en la prueba que se aplique tanto en su lugar de origen como en la ciudad. Esa estancia será pagada por el mismo pasajero o deberá retornar a su lugar de origen. Con información de El Universo.

 

 

Ministerio de Salud dice que apoya la decisión de la OMS de suspender el uso de la hidroxicloroquina; informa que el Hospital Eugenio Espejo ya abandonó este tratamiento para pacientes con COVID

El Ministerio de Salud anunció la noche de ayer que apoya la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de suspender el uso de la hidroxicloroquina, como tratamiento para COVID-19. Agregó que esta "no endosa ningún tratamiento experimental, a no ser como parte de ensayos clínicos para medir la eficacia y seguridad de los mismos".

Sin embargo, dijo, esta decisión "no es de hoy, sino de hace varias semanas". Salud aseguró que sus máximas autoridades instaron a todo el personal médico que atiende a pacientes COVID-19, a no utilizar como alternativa terapéutica los medicamentos que contienen cloroquina e hidroxicloroquina. Esto, según informó, se hizo durante los recorridos de los funcionarios en los hospitales del país. 

"Esta disposición sanitaria se apega y fundamenta en la evidencia científica disponible y en la experiencia de varios médicos ecuatorianos. En este sentido, un estudio científico realizado en Francia, resalta que el uso de la hidroxicloroquina es ineficaz y que podría derivar en una mayor mortalidad de pacientes contagiados con coronavirus", dijo Salud en un comunicado.

Salud también cita el estudio publicado hace 6 días, en la revista Lancet, realizado en 96 mil 032 pacientes de 671 hospitales en los seis continentes y, tratados con estos medicamentos, solos o en combinación. Esta investigación reveló que no hubo un beneficio en el resultado final del tratamiento de COVID-19 y más bien, se encontró un aumento en la tasa de mortalidad.

"En tal virtud, y como un ejemplo en el país, el equipo de especialistas en medicina crítica del hospital de Especialidades Eugenio Espejo, de Quito, ha abandonado el uso de este tratamiento para COVID-19, con el objetivo de salvaguardar la vida de los pacientes que son atendidos en esta casa de salud", finalizó.

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