Mirian Calderón tiene 45 años, el pelo negro y lacio recogido en una cola, la piel curtida. Su cuerpo, que no mide más de 1,60m, está vestido con una blusa a rayas multicolor y un pantalón. Su apariencia es la de una mujer común, corriente; pero no lo es.

Calderón fue concejala del Municipio de Atocha, Potosí, en Bolivia. El escenario donde transcurre su historia se caracteriza por ser minero y, como ella cuenta, “donde hay minería, hay alcohol y violencia”. Ella fue una de sus víctimas por más de 20 años.

Mirian nació en la mina, es hija de minero. Fue feliz hasta los 16 años, edad en que empezó a trabajar y decidió casarse. Tuvo seis hijos, todos varones. Dejo la escuela, no acabó ni el bachillerato. “En Atocha, las mujeres nos dedicamos a atender a los esposos e hijos. Nos hacen creer que no somos importantes”.

Cuando su marido estaba de mal humor, le insultaba y golpeaba. En ocasiones, incluso hacía que duerma a la intemperie. Cuando le botaba de la casa, ella dormía debajo de tolvas (una mega estructura que se instala en las minas donde se depositan materiales).

Esa dinámica se repitió hasta que ella decidió asumir su responsabilidad y actuar para romper el círculo. Promovió comités de amas de casa y, casi sin darse cuenta, se convirtió en líder a favor de los derechos humanos. “Aprendí a sonreír y a animar a mis compañeras”, recuerda. Esa característica le permitió llegar hasta el Concejo Municipal de Atocha y desempeñarse políticamente. 

Uno de los hitos de su gestión fue el incremento del presupuesto destinado a la prevención de la violencia contra las mujeres. En 2010, la cifra contemplada para ese fin era de 25 000 bolivianos (USD 3630). Para 2014, el rubro se incrementó a 900 000 bolivianos (USD 130 000). Esta partida se destina actualmente a talleres de difusión de leyes y derechos humanos y al proyecto de construcción de una casa de acogida para atender a las mujeres en situación de violencia.

“Eliminemos la violencia rompiendo el silencio”, es el lema de Mirian. Su objetivo ahora es difundir a escala mundial su experiencia para dar una voz a las víctimas. Es por eso que el pasado 26 de noviembre ella fue una de las panelistas del Congreso Regional Sobre Políticas de Violencia de Género. La reunión, organizada por el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, convocó a expositoras de Ecuador, Bolivia y Argentina.

El testimonio de la ex concejala boliviana resulta interesante ya que se acoge a la perspectiva de coordinar acciones entre los gobiernos locales y central, como responsables en la generación de políticas públicas para eliminar la violencia. Alejandra Massolo, de Argentina, es una de las académicas y consultoras en equidad de género que abordó esa temática.

Entrevista
Alejandra Massolo

“Tenemos que contar con leyes integrales
enfocadas en una vida libre de violencia”

¿A quién le corresponde llevar la batuta en términos de la generación de políticas públicas en contra de la violencia de género, al gobierno central o a los locales?

En el tema de violencia de género no es nada “o”. La clave, y está demostrado en todos los casos en todos los países, es que las políticas para enfrentar las violencias que sufren las mujeres deben ser políticas y acciones coordinadas, articuladas, consensuadas; contemplando, incluyendo, la diversidad de situaciones que sufren las mujeres, las distintas modalidades de violencia y las acciones que pueden ser más efectivas según sean los territorios. 

Si algo hay que aprender y enfatizar es que las políticas para combatir y erradicar las violencias de género deben ser obligatoriamente coordinadas, articuladas, y consensuadas con la participación y compromiso de toda la diversidad de actores e instituciones. Ninguna institución, ni actor político o social individual, puede resolver ni enfrentar el problema.

En este proceso de coordinación, ¿cuáles serían los roles o aportes de estas distintas entidades para que, en efecto, pueda darse una política que articule?

Necesariamente tenemos que contar con leyes, las llamadas leyes de nueva generación, las más integrales de violencia de género que son denominadas por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Estas nuevas normas contemplan y especifican el papel, las atribuciones, responsabilidades, de los distintos órdenes de gobierno, así como distintas instituciones. Entonces, contando con el marco jurídico de esa ley, se puede organizar esa coordinación, articulación, y los compromisos que asumen todas las partes.

¿Conoce en América Latina casos en donde se haya dado ese proceso?

Sí. Se está dando progresivamente, con dificultades porque no somos países que tenemos experiencia en coordinación de las acciones políticas e institucionales. Más bien las instituciones funcionan como sectores y no les importa el otro, hay competencia, celos, rivalidades, una serie de estupideces que han afectado muchísimo la eficacia de políticas públicas.

En el caso de las políticas de prevención, atención, erradicación de las violencias de género, dada la influencia que tienen e incidencia que han logrado los movimientos feministas, las organizaciones de mujeres, se ha podido introducir, sensibilizar y capacitar en coordinación y articulación.

Usted habló de prevención. Generalmente, las políticas se focalizan en penalizar la violencia de género… Pero, ¿cuál es la estrategia real, que no se quede en el discurso, para que las mujeres no sigamos siendo violentadas?

La prevención es estratégicamente importante y este año la campaña de Naciones Unidas la tiene como prioridad. La prevención tiene diversas modalidades para que pueda operar. Desde campañas de sensibilización, educativas… Tiene una amplia gama de posibilidades para tener buenos resultados y también depende de cada institución y cada territorio. 

En los gobiernos locales pueden ser muy creativos, y lo son, cuando existe la apertura, la voluntad política y la sensibilidad de las autoridades municipales. 

En el contexto de la voluntad política, ¿la generación de políticas públicas debe estar sometida a esa voluntad? ¿Cómo lograr que sea entendido como un derecho que no puede depender de un político o movimiento?

Hace muchos años que venimos insistiendo en eso: no tiene que depender de la voluntad política del alcalde o alcaldesa, en el caso de los municipios… Pero tenemos que ser realistas. En América Latina la cultura política, la tradición, la estructura política de los gobiernos locales pone en el mayor de nivel de toma decisión, con una hiperconcentración de facultades y toma de decisiones, al alcalde o alcaldesa. Esta es una cultura política escrita y no escrita. 

Siempre insistimos en que es necesaria la voluntad política y la sensibilidad de las autoridades. No quiere decir que no se puede hacer nada sin voluntad política, pero sí se hace mucho más difícil a quienes quiere promover, impulsar, implementar políticas contra la violencia hacia las mujeres. 

Quito esboza una ordenanza de prevención de violencia de género

Bajo ese principio, de acción coordinada, Margarita Carranco, secretaria de Inclusión del Municipio de Quito hizo un recorrido histórico por las actividades que desde ese organismo se han desarrollado para erradicar la violencia de género.

La representante del Municipio también de detalló un nuevo modelo a través del cual se atiende la violencia hacia las mujeres. Este sistema integra a la Secretaría de Inclusión Social y la Secretaría de Seguridad. También implementa dos Centros de Equidad y Justicia, además de terapias holísticas. Se desarrollan protocolos de acción entre el Sistema de Justicia y los Centros de Equidad y Justicia. Se diseñó uno específico que vincula al Sistema de Justicia y Municipalidad para ejecución de sentencias a hombres que han ejercido violencia.

Uno de los puntos clave en este modelo es el diseño de un proyecto de Ordenanza que previene la violencia contra las mujeres. El reglamento tiene su base en una ley que se impulsa desde la sociedad civil. 

Sucede que las cifras siguen dando un panorama poco alentador. Ernesto Pazmiño, defensor público general del Estado, expuso los datos. Por ejemplo, el 96% de las denuncias de violencia intrafamiliar proviene de mujeres. Hasta agosto de 2015, la Defensoría recetó 17 805 denuncias; mientras que en 2014 el total fue de 29 494 casos. Por su parte, en la Fiscalía, de enero a septiembre de 2015, se registraron 40 507 denuncias. 

Mirian Ernst, de la Coalición Nacional de Mujeres Ecuatorianas, explica el proceso que ahora se espera sea acogido por la Asamblea Nacional. Desde la sociedad civil se pretende prevenir que estas cifras se incrementen.  

Entrevista
Mirian Ernst:  

“El COIP no es una ley de violencias, 
es sancionador fundamentalmente”

¿Desde la sociedad civil cómo surge la necesidad de desarrollar este proyecto de ley?

Principalmente cuando se empezó a desarrollar el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y sacaron de la ley 103 el primer título y lo incorporaron al COIP en la parte penal. Tampoco se convierte en delito la violencia psicológica y desmembran, destruyen, toda la ley 103 y nos quedamos prácticamente sin ley en la parte de prevención, institucionalidad y sistemas de protección.

El COIP no es una ley de violencias. Es una ley penal, sancionadora fundamentalmente. Nos parece importante que se haya incorporado la tipificación de femicidio, de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, pero hay problemas en el COIP que impiden el acceso a la administración de justicia. Tanto así que en las cifras se evidencia una disminución en las denuncias de violencia de género, y eso afecta a estas mujeres que requieren de una atención específica.

Nos planteamos la realización de la ley contra las violencias como un proceso participativo. Hicimos una propuesta con apoyo de la Cooperaciónn Internacional, se contrató a un grupo de abogados para que hiciera una propuesta base. Hicimos alrededor de seis talleres a escala nacional, incorporando las distintas nacionalidades y organizaciones para que la alimentaran. 

En este momento ya hemos presentado la propuesta de la ley consensuada al Consejo Nacional Electoral y estamos esperando que nos digan sí, adelante, para iniciar el proceso de recolección de firmas. Si fue construida participativamente, tiene que ser presentada a la Asamblea como una acción ciudadana. Otro de los temas es la difusión de la ley, ya estamos e el ‘tuiterazo’ para que la gente, de alguna manera, se informe del contenido y por otro todo lo que significa la incidencia en la Asamblea Nacional para lograr que las asambleístas se sensibilicen y nos apoyen.

En efecto, en el COIP se contempla penalizar la violencia que pueda cometerse en contra de las mujeres… La ley pretende prevenir que se sucedan esas agresiones. ¿En términos generales qué plantea para conseguirlo?

Por un lado amplía los tipos de violencia y los ámbitos. Los tipos que antes eran físico, psicológico y sexual, ahora se incluye patrimonial, simbólico e institucional. A nivel de ámbitos, hay político, salud, violencia obstétrica, mediática y libertad reproductiva.

Esta ley contempla las obligaciones del Estado para hacer frente a la violencia. La Constitución prevé instancias que se hagan responsables de que esa ley funcione con presupuesto suficiente para hacerlo. También aborda la prevención dirigida al conjunto de la sociedad y, particularmente, a los hombres. Es una propuesta importante la de capacitación y sensibilización a los hombres que son parte del problema. En cuanto a la judicialización plantea un procedimiento especial y expedito.

¿Cuáles han sido los referentes para el diseño y desarrollo de este proyecto de ley?

La ley boliviana, mexicana y española, principalmente. 

¿Cuál aspiran ustedes que sea la posición de la Asamblea Nacional ante la ley? ¿Creen que sí le darán paso, cuando ya se la retiró al desarrollar el COIP?

Estamos seguras de que nos van a apoyar. Creo que habrá una buena apertura, y esperamos que así sea. Nosotras, como representantes de una parte de la sociedad civil, estamos trabajando por el conjunto de mujeres, y esa es un poco la petición que queremos hacer a las asambleístas. Que no piensen en sí mismas, sino en las personas, las mujeres que requieren de una ley. Y, en ese sentido, vamos a impulsar un proceso de incidencia para que hombres y mujeres de la Asamblea nos apoyen y podamos aprobar la ley.