El día de su rescate, Victoria* se escondió debajo del sifón de la cocina. La Policía la encontró abrazando a sus tres hijos. Cuando le comunicaron que era libre, ella sonrió. Esta escena la recuerda el fiscal Francisco Vega, quien estuvo en ese operativo realizado el pasado 12 de enero, en Puerto Quito.

Según la Fiscalía, su padrastro la mantuvo bajo cautiverio durante nueve años. La violó desde que era una adolescente. Con él, tuvo tres hijos. Hoy, ella tiene 24 años.

El padrastro ejercía un control absoluto de su vida. Victoria no podía tener contacto con otros hombres y si ella se saltaba esa regla la violaba brutalmente en el monte. Su agresor la acompañaba a sus trámites y vigilaba sus acciones. Cuando salía a estudiar, sus hijos se quedaban en casa para que no escapara.

Las agresiones ocurrieron en un alejado recinto de ese cantón llamado El Achiote. En zonas más rurales y apartadas de los recintos grandes de Puerto Quito, los casos de violencia sexual son más numerosos, dice el Diagnóstico sobre Violencia de Género en Puerto Quito, del 2017, de las organizaciones Paz y Desarrollo, Amjupre, el GAD de Puerto Quito y la Junta de Andalucía.

La mayoría de las víctimas vivía en condiciones precarias. Fueron enviadas con sus familias ampliadas o a casas de acogida. Foto: Fiscalía

Ese informe recogió testimonios de diversos actores, entre ellos médicos quienes contaron que las mujeres que llegan a los centros de salud por atención médica por violencia sexual negaban u ocultan que la hayan sufrido. Las denuncias -afirma el reporte-se vuelven difíciles en un contexto lleno de miedo, lo que dificulta su denuncia.

Por eso, los investigadores conocieron sobre la violencia a la que era sometida Victoria después de que ella fuera ingresada como beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano en una visita del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). En ese momento, ella contó su historia. La Junta de Protección de Derechos, a su vez, intervino y le hizo un primer diagnóstico. Derivó el caso a la Fiscalía.

La historia de Victoria impactó en Puerto Quito, donde el embarazo adolescente y los embarazos en general son tan frecuentes que ha sido necesario contratar en cada unidad mínima de salud, de los recintos, al menos una obstetra. En algunos de estos centros incluso se reparte gratuitamente preservativos, dice el informe de las organizaciones.

Su caso motivó para que otras personas acudan a las autoridades. Así llegó a la Fiscalía una nueva denuncia sobre una amenaza de muerte para una menor y su mamá. Vega contó que pudieron reconstruir ese caso en tres días y dar la protección rápida que necesitaban. Pero hay más historias que estaban por destaparse.

15 niñas violentadas

Un total de 15 niñas y adolescentes fueron rescatadas el pasado 21 de febrero. Eran parte de ocho familias, donde fueron violentadas sistemáticamente. Son casos que tienen las mismas características en relación a las agresiones que sufrieron. La Fiscalía hizo operativos simultáneos para sacarlas de esos entornos violentos.

En Puerto Quito se presentaba de forma constante denuncias por violaciones de menores en su entorno familiar. Según el fiscal, lo que se buscó fue dar una mayor atención a este tipo de delitos que han pasado como invisibles frente otros más publicitados como el robo y las drogas. El operativo que se llamó Rescate Querubín, dice Vega, tuvo como fin desnaturalizar la violencia sexual y otros delitos conexos. Es decir, mostrar una costumbre violenta, naturalizada y amenazante.

Por eso, escogieron ocho casos donde las víctimas habían pasado por agravios a su integridad sexual. La mayoría estaba en investigación desde hace cinco meses. Son niñas y adolescentes entre 10 y 17 años. El 80% de los agresores eran de su círculo más cercano: padres y hermanos. El 20% restante eran cuñados y hasta vecinos.

Para el fiscal Vega, esto es recurrente en este cantón de Pichincha. En uno de estos casos, el agresor  usaba el cuchillo de la cocina cuando las tres niñas que violaba en su hogar se resistían. Las menores eran su hija, su sobrina y su hijastra. A su hija la violó desde que tenía cuatro años; hoy tiene 10. Otra tiene 18 años; el hombre la violó desde sus 8 años.

La mayoría de las víctimas vivían en condiciones precarias y eran de familias dedicadas al campo. Pero también hubo familias de clases medias y altas, con negocios y un agresor hasta con un cargo judicial. “Este comportamiento se replica indistintamente de la situación económica que tengan”, dice Vega.

Dentro de los ochos procesos, está el caso de seis hermanos (niños, niñas y adolescentes) que vivían en una casa de caña. Su madre y su padrastro fueron detenidos. También fue rescatada una adolescente de 17 años con discapacidad intelectual, que era violada por su padre y hermano.

En algunos casos, los agresores sospecharon del operativo y huyeron. Uno de ellos se escondió en Quinindé y fue necesario utilizar canoas y un helicóptero para sacarlo. En Sucumbíos, también en una zona alejada, se refugió otro implicado. En Santo Domingo se detuvo a un menor de edad, que violó a una joven con discapacidad física y por los golpes que él le propinó, ella sufrió un aborto.

En uno de los casos, la madre y el padrastro fueron arrestados. En este hogar, vivían seis menores de edad, quienes sufrieron violencia sexual. Foto: Fiscalía

Cada menor rescatada tiene diferentes impactos emocionales, pero todos graves. Según Vega, una de ellas había intentado suicidarse. Otra tenía miedo a dormir. “Los crímenes sexuales en estas edades tienen un carácter único, pues la víctima no tiene cómo entender, resistir, escapar, protegerse, defenderse, responder a eventos que superan sus umbrales de defensa psíquica y física”, sostuvo el Consejo de Protección de Derechos del Distrito de Quito, que exigió a todas las instituciones a actuar ágilmente en estos casos.

Las menores ahora viven con su familia ampliada o en una casa de acogida. El MIES ha prometido ayudar con el menaje para uno de los hogares que ha acogido a los seis menores y que quedaron a cargo de una hermana de 18 años, informó Miriam Guerrero, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos de Puerto Quito.

Pero el proceso no ha sido fácil. Roberto Veloz, delegado de la Defensoría Pública para Pichincha, contó que las instalaciones precarias de la Fiscalía en Puerto Quito no tienen ni una refrigeradora para almacenar muestras y mantener una cadena de custodia. Tampoco tiene un médico legista para hacer los exámenes a las víctimas y evitar su revictimización. En casos de violencia sexual, las menores y sus familias han tenido que trasladarse a cantones aledaños, como Quito o Pedro Vicente Maldonado, para esos procedimientos. Esto lo confirma la investigación de las organizaciones del 2017. Es una odisea para las mujeres y menores, pues no tienen recursos para la movilización y los casos se quedan estancados. “El Estado no garantiza ni justicia ni reparación a las víctimas”, sostiene Veloz.

Las instituciones judiciales y de derechos han sido escasas o precarias en esa zona del país. Veloz explica que los cantones del noroccidente, es decir Puerto Quito, San Miguel de Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado no tenían Juntas de Protección de Derechos, que es la encargada de emitir medidas de protección. La de Puerto Quito se creó recién en noviembre del año pasado, 17 años después de que se dispusiera su creación a escala nacional. “No había un sistema de protección”.

Aunque las tenencias políticas tienen la potestad de emitir medidas de protección, estas no lo hacían. A las víctimas las enviaban a las Juntas de otros cantones, sin la información debida. Ellas debían contar su historia en cada una de las dependencias que visitaba, cuestiona Veloz.

Pero esta vez, la Junta y la Fiscalía han destrabado algunos casos. El día de las audiencias contra nueve personas procesadas por la violencia contra las niñas, las salas judiciales se llenaron. Hubo conmoción, gente enojada y otras preocupadas, recuerda el fiscal. A ocho detenidos, los jueces les dictaron prisión preventiva. Uno recibió medidas sustitutivas y eso generó la indignación de las mujeres en Puerto Quito.

Un judicial acusado de violación

El 25 de febrero, decenas de mujeres salieron a protestar a las calles de Puerto Quito. Ketty Ibarra, presidenta de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (Amjupre), contó que las motivó la decisión de una jueza quien dispuso que uno de los nueve procesados se presente tres veces a la semana ante las autoridades, en lugar de dictarle prisión. Se refiere al caso de Moisés V., quien abusaba sexualmente de su hija de 12 años. Moisés V. es funcionario judicial y esa fue razón suficiente para que la jueza dictara las medidas sustitutivas.

Marcha de mujeres en las calles de Puerto Quito para rechazar la violencia sexual. Foto: Amjupre

De acuerdo a las investigaciones, el procesado insistía a la madre de la víctima para que la menor se quedara a dormir en su domicilio. La niña temía a su padre. Moisés V. la habría amenazado con matar a la madre de esta si contaba “el secreto”.

La decisión de la juez levantó polémica pues se temió por la seguridad de la madre y su hija. El delegado de la Defensoría, Roberto Veloz, cree que decisiones como estas permiten que se intimiden a las víctimas, que finalmente retiran las denuncias o dejan de asistir a las audiencias. El fiscal Vega logró que se extienda una boleta de auxilio para que Moisés V. no pueda acercarse a la niña.

ARRIBA. En el operativo Rescate Querubín, la Policía detuvo a nueve personas, incluido un funcionario judicial por violar a su hija. ABAJO. Una joven con discapacidad fue una de las víctimas rescatadas. Fotos: Fiscalía

Unas treinta mujeres marcharon con camisetas blancas, banderas y afiches. Uno de ellos decía: “Los monstruos no están en la imaginación de los niños, están en tu casa”. Esta movilización es el resultado de un trabajo de formación en autoestima y liderazgo que realiza Amjupre en el cantón para que mujeres de tres cantones conozcan sus derechos. Treinta de las ochenta mujeres que han pasado por ese espacio se convertirán en promotoras de derechos.

Ibarra dice que ahora hay más denuncias porque las mujeres se sienten menos solas y ahora tienen más confianza para reclamar.

*Nombre ficticio