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14 de Mayo del 2018
Historias
Lectura: 11 minutos
14 de Mayo del 2018
Susana Morán
Niñas y embarazadas: las más ocultas

En el 2016, 2.960 niñas acudieron a los servicios de salud debido a su embarazo y complicaciones. Es decir un incremento del 74% en relación al 2000, según la Fundación Desafío.

 

Un estudio revela que las menores son atendidas como cualquier mujer adulta en el sistema de salud público. Para la Fundación Desafío el no dar un tratamiento integral a ese grupo significa violar sus derechos establecidos en la Constitución y en las convenciones internacionales. Cada año 2.000 niñas menores de 14 años se embarazan en el Ecuador y la mayoría por violación.

La historia de Azucena

Esta es la reproducción de la historia de una de las niñas atendidas en el sistema de salud público, que publica la Fundación Desafío:

Azucena es una niña de 11 años, mestiza, soltera, embarazada producto de una violación que no fue denunciada por su familia. Llega a un servicio de salud e tercer nivel en donde le atiende un equipo multidisciplinario compuesto por ginecólogo, pediatra, trabajadora social y psicóloga. Destaca la historia clínica un desgarro en la horquilla vaginal Grado 1, que según la descripción médica no es grave, es superficial y no compromete tejidos profundos lo que demuestra que tuvo un parto vaginal.

Hoja de pediatría: Embarazo no planeado, no usaba anticonceptivos, no tiene antecedentes de drogas, alcohol, tabaco, violencia. No conoce si recibió una vacuna contra rubéola, no recibió hierro, ni ácido fólico. No se hizo test de paludismo, glicemia, bacteriuria, estreptococo beta-hemolítico. La niña era deportista, había ganado medallas, le gustaba estudiar. No tuvo preparación para el parto, no tuvo consejería prenatal. Además señala adecuada succión del niño y adecuado manejo materno.

Diagnóstico de psicología: trastorno adaptativo, abuso sexual. Buen apoyo de la madre y padrastro la apoyan moral y económicamente, no hay rechazo del bebé, sí aceptación. Va a continuar los estudios (6to de básica). En la escuela se enteraron y la apoyan. Psicóloga le habla de sexualidad responsable a futuro y los riesgos de no tener relaciones sexuales para los cual hay buena aceptación. Se buscarán factores protectores externos. Al momento del alta, psicología refiere que no es necesario planificación familiar.

Trabajo social: Paciente no conoce al padre, es segunda de los hermanos, no hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Refiere que fue drogada con una cola. Familia se entera del embarazo cerca de dar a luz. Madre se compromete a poner denuncia en la Fiscalía, pero no lo hace. Madre recicla botellas y el padrastro es chofer. Violada por un cocinero del expenal García Moreno, que es un “conocido de la madre”. Ella nunca supo lo que pasó, pensó que la sangre que vio en sus interiores era menstrual. Acude a centro de salud por falta de menstruación, y no detectan el embarazo. Luego en Sangolquí le detectan el embarazo. Presenta un estado depresivo leve.

Invisibles, violadas y embarazadas

 

17.448

niñas menores de 14 años se embarazaron entre 2009 y 2016, la gran mayoría fueron víctimas de violación, publicó el portal Wambra Radio.

El Estado también viola a las niñas. Esa es la conclusión del estudio Vidas Robadas 2 de la Fundación Desafío. La investigación se centró en el análisis de la atención que da el sistema de salud público a las niñas embarazadas. “El Estado las revictimiza permitiendo que continúen con embarazos violentos”, sostiene el documento.

En Ecuador, cada año se embarazan 2.000 niñas en Ecuador; el 80% es producto de violaciones, asegura la organización. En 2015 el Ministerio de Salud estimó que 6.487 adolescentes, de entre 15 y 19 años, abandonaron sus estudios; más de la mitad de ellas cursaban la educación básica al momento del embarazo. Desafío dice que Ecuador vive una cultura de violación en la cual las más indefensas son las niñas pobres. La violencia ocurre en sus espacios más cercanos: la familia y las escuelas. Ahora el Estado también es señalado.

Entre los hallazgos de la Fundación está que el sistema de salud “actúa de manera estereotipada al tratar a estas niñas como mujeres adultas embarazadas, quienes estarían obligadas a continuar con un embarazo por encima de sus expectativas de vida y desarrollo personal, incluso si este embarazo es producto de violación”. En este sentido, dice el estudio, “una interrupción legal de embarazo, una adopción o una propuesta integral que le permita a esta pequeña niña embarazada recuperar de alguna manera la esperanza que aún con un hijo a cuestas podrá cumplir sus sueños es compleja y casi imposible”.

Las investigadoras revisaron 13 historias clínicas a profundidad de niñas entre 11 y 14 años. La mayoría son de Quito, pero también incluyó una niña de Machala y otra de Sangolquí; además 12 son estudiantes y una es ama de casa. En esta muestra las menores han presentado graves complicaciones en su embarazo como desgarros, preeclampsia, sangrado post partos, embarazo gemelar, infecciones vaginales, anemias, distocias (tamaño anormalmente grande del feto o una posición que dificultan el parto), fetos muertos y condilomas (verrugas genitales). Al menos dos de ellas contó que sus embarazos fueron producto de una violación.  Para el estudio, el equipo hizo además entrevistas a personal médico, psicológico y de trabajo social.

Es así que encuentran que las niñas embarazadas son atendidas como “cualquier mujer adulta”. Aunque para el personal médico este tipo de embarazos sea considerado como una tragedia, así provenga de una violación o no. “Las niñas embarazadas se incorporan en este contexto adulto, solas y a merced de quien le atienda sea alguien medianamente sensibilizado en la problemática”.  

Las menores que llegan a un centro público de atención son acogidas en el programa de “Adolescentes embarazadas” cuyo objetivos se centran en disminuir el temor de las niñas al parto o una cesárea y “lograr la aceptación del embarazo por la niña sea cual fuere su origen”. Es decir, una atención para aliviar un poco la carga psicológica. Pero cuando les dan de alta-, “el futuro que les espera es responsabilidad de ellas básicamente”.    

En el Ecuador, el aborto es legal en caso de violación a una mujer con discapacidad mental y cuando pone en riesgo la vida o salud de la madre. Pero las entrevistas a los médicos dieron cuentan que esto depende incluso de los posicionamientos personales de los operadores de salud. Así por ejemplo un médico obstetra respondió: “¿Si nosotros hacemos un aborto en esos casos, a nosotros quién nos ayuda?”.

Tampoco los médicos informan sobre la posibilidad de adopción. Un de los médicos entrevistados dijo: “Claro que se puede ofrecer una interrupción del embarazo porque eso es posible de acuerdo a la ley, pero yo no le informo nada si veo que es un embarazo normal (...) no le digo nada de la adopción y tampoco lo de interrumpir porque nosotros estamos acá para proteger la vida o sea del niño en gestación”.

Una trabajadora social manifestó lo siguiente: “y cuando una adolescente violada no quiere seguir, se trabaja para que acepte el embarazo y en general el trabajo es para eso, no se les habla de adopción aunque legalmente se podría”.

Mientras que una psicóloga dijo: “Primero se les hace asumir el nuevo rol que tiene que pasar por este proceso de embarazo, de gestación, porque ellas todavía son niñas (...) Les hacemos recapacitar sobre el miedo que tienen al parto, dándoles ideas de que esto es un proceso normal, que es doloroso, pero que con la gimnasia y la preparación va a ser más llevadero”.

 

Vidas Robadas 1 se presentó en el 2015. La Fundación Desafío reveló la grave afectación física, mental y social en la vida de las niñas embarazadas. Demostró que las niñas madre están fuera del Sistema de Protección y reparación, que se las mimetiza en el problema del embarazo adolescente y que son invisibilizadas en general por la sociedad.

El estudio dice que la única respuesta del Estado a estas niñas es atender el control del embarazo o parto. “La utopía de un programa de atención integral, articulada, multisectorial por ahora no existe. Y esto, a la luz del análisis de los derechos humanos garantizados en la legislación ecuatoriana e internacional para la mujer y en específico para la mujer embarazada constituye incumplimiento estatal, incluso violencia institucional y violencia gineco-obstétrica ahora estipulada en la Ley Integral de Erradicación de la Violencia contra la Mujer”.

Esta situación, agrega el informe, da cuenta de que en el caso de las niñas embarazadas se han violado sus derechos constitucionales y las disposiciones de las convencionales internacionales de las cuales el Ecuador es suscriptor. Este es el caso de la Convención contra la Tortura, de la Eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer (Cedaw), de los derechos del niño y de la niña, entro otros. El documento recuerda, por ejemplo, que cinco comités de las Naciones Unidas han recomendado al Ecuador que se despenalice el aborto por lo menos en caso de violación y malformaciones letales del feto. Algo que el país ha ignorado.

En este sentido, la Fundación Desafío propone un debate amplio para la despenalización del aborto, no solo en casos de violación, sino en todos los casos. También considera que es necesaria una investigación del embarazo infantil y crear estrategias de prevención. Asimismo implementar la causal salud que se refiere a la posibilidad de la interrupción del embarazo cuando éste pone en riesgo la salud de la mujer. Finalmente cree que hace falta campañas para evidenciar el problema y mensajes para proteger a las niñas del embarazo infantil.

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