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16 de Julio del 2021
Historias
Lectura: 37 minutos
16 de Julio del 2021
Redacción Plan V
Nos faltan 3: la polémica por la revelación de informes policiales de la Frontera Norte
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La misa de honras fúnebres de los cuerpos de los miembros del equipo periodístico de El Comercio, en la iglesia La Dolorosa, del colegio San Gabriel, en Quito. Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

 

Decenas de informes "reservados", sobre las operaciones policiales en la Frontera Norte, en la zona de Esmeraldas, fueron entregados por el ministerio de Gobierno a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Esto, para esclarecer las operaciones entre el 2017 y el 2018, periodo en el que fueron asesinados Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario El Comercio, otros cuatro infantes de Marina y dos civiles. Los familiares de Paúl, Javier y Efraín exigen que esta información sea judicializada.


I. La respuesta a 16 pedidos de información

Una de las últimas gestiones de César Monge al frente del Ministerio de Gobierno fue responder detalladamente a 16 pedidos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Villavicencio. El pedido del titular de la Comisión se hizo el 15 de junio, y dos semanas después la información reposaba completa en su escritorio. Más de mil hojas con informes sobre los operativos policiales, informes de inteligencia y partes de operaciones que cubren un periodo de un año, entre mayo del 2017 y mayo del 2018, meses en que se sucedió uno de los hechos de sangre más graves en la frontera con Colombia desde diciembre del 1993 —cuando un comando de las FARC atacó a una patrulla fluvial ecuatoriano en el río Putumayo, produciendo la muerte de 18 policías— y marzo del 2008, con el ataque a la zona de Angostura —operativo militar de las fuerzas especiales de Colombia en contra del campamento de las FARC, ubicado en territorio ecuatoriano, a dos kilómetros de la frontera norte. En la operación murió el segundo al mando de las FARC, alias Raúl Reyes, y otros 22 supuestos guerrilleros—. 


Efectivos militares del ejército ecuatoriano examinan, en marzo del 2008, los restos del campamento de las FARC, en territorio ecuatoriano, bombardeado por las fuerzas aéreas colombianas  Foto: Archivo Expreso

Estos hechos, que se dieron durante el primer año del gobierno de Lenín Moreno, tuvieron entre sus consecuencias más graves el asesinato de cuatro infantes de Marina del Ecuador, el secuestro y ejecución de tres miembros de un equipo periodístico de El Comercio, el asesinato de dos ciudadanos civiles; además de la destrucción con explosivos del cuartel policial de San Lorenzo, la voladura de torres de comunicación, entre otros hechos violentos.


El cuartel de policía en San Lorenzo, Esmeraldas, quedó con graves daños luego de la explosión de un coche bomba en enero del 2018. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

Los informes entregados por el ex ministro Monge a la Asamblea es la documentación más completa que actores políticos hayan recibido desde que se empezaron a investigar los hechos. La Fiscalía General del Ecuador ha demorado más de tres años en la indagación previa. Los familiares del asesinado equipo de El Comercio —el fotógrafo Paúl Rivas, el periodista Javier Ortega y el conductor Efraín Segarra— han insistido, infructuosamente, ante las autoridades que se les entregue la información que permita atar cabos sobre las razones del secuestro y asesinato del equipo periodístico y, sobre todo, cuál fue la actuación de los mandos policiales y militares en la zona antes, durante y después de los hechos.

la Comisión pidió al ministerio de Gobierno que remita a la Asamblea los informes de advertencia de un posible ataque con artefactos explosivos, realizados por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador.

Los pedidos de la Comisión de Fiscalización apuntan a desentrañar estas actuaciones, según sus voceros. Los documentos enviados serán analizados para confirmar o desechar la hipótesis de que algunos mandos en Esmeraldas conocieron del peligro inminente pero no actuaron para prevenirlo. Es decir, que el ataque del cuartel de policía de San Lorenzo habría sido advertido, monitoreado y conocido por parte de mandos de la Policía Nacional del Ecuador que no habrían actuado oportunamente con las consecuencia conocidas que costaron la vida de varios ecuatorianos.

De manera específica, la Comisión pidió al ministerio de Gobierno que remita a la Asamblea los informes de advertencia de un posible ataque con artefactos explosivos, realizados por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador, detallando quién realizó el Parte de Inteligencia y las motivaciones para emitir la alerta de un posible ataque con artefacto explosivo en contra de un cuartel militar en la zona de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

Además de la información que tuvo la Comandancia General de Policía realizado por el Departamento de Vigilancia Técnica Electrónica de la Policía ecuatoriana de fecha 24 de enero 2018 (02h30) realizada por la DVTE-Sicom pertenecientes a la SENAIN en relación a la vigilancia e interceptación de telecomunicaciones en relación con la conversación de alias Guadaña con "interlocutor HD" y las acciones subsecuentes adoptadas por la Policía Nacional del Ecuador ante la información recibida.

La Comisión está específicamente interesada en la actuación de ciertos mandos policiales, durante los hechos de violencia. Por ello pidió a Gobierno los informes, partes policiales o comunicaciones suscritas por el Mayor de Policía Luis Bedón respecto de la amenaza de un atentado con explosivos en torno al Cuartel de Policía de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas en los días 20 de enero de 2018 a 29 de enero de 2018. De igual forma los informes o partes de la novedad suscitada realizado por el referido Oficial que cumplía la función de Jefe de Operaciones del Comando de San Lorenzo la noche del 27 de enero de 2018.

También todos los informes realizados por la Dirección General de Inteligencia a cargo del General Pablo Aguirre, en torno a las comunicaciones realizadas entre el Mayor de Policía Alejandro Zaldumbide y Walther Patricio Arizala Vernaza, alias "Guacho"; se deberá remitir igualmente los pases del referido oficial de policía entre el período de julio 2017 hasta la presente fecha. Así como los informes suscritos por el referido oficial en torno a las novedades presentadas en la frontera norte en el período noviembre 2017 hasta julio 2018. Adicionalmente se pidió remitir todos los informes realizados por Coronel de Policía Julio Miño Del Hierro, Jefe de la ULCO, con especial atención a los requerimientos realizados al Mayor de Policía Alejandro Zaldumbide Navia sobre sus contactos con el FOS.

Y los informes y partes policiales realizados por el Coronel de Policía, Mauro Vargas, perteneciente a la Dirección General de Inteligencia en torno a las novedades de la frontera norte entre noviembre de 2017 a diciembre de 2018 y los informes suscritos por el Coronel de Policía, Nelson Ortega Curipallo, en torno a los eventos de la frontera Norte en el período noviembre de 2017 a diciembre de 2018.

el caso ha permanecido en la Fiscalía General del Estado por 3 años, 3 meses y 22 días, sin que se registren avances que respondan al establecimiento de justicia o que determinen responsabilidades: familiares de las víctimas.

II. Familiares: que esa información se judicialice

Estos fueron algunos de los pedidos específicos, aunque en total sumaron 16 solicitudes específicas. Sin embargo, los familiares de Paúl, Javier y Efraín, agrupados en el colectivo Nos faltan 3, remitieron una carta a Fernando Villavicencio, en la cual le piden que la información que tiene en sus manos, sea judicializada. Específicamente dijeron solicitaron "que la información que se encuentra bajo su poder sea ingresada a la brevedad posible al Expediente Fiscal No. 080501818060070, que se encuentra en la Comisión de la Verdad, de la Fiscalía General del Estado, de modo que se convierta en un insumo que agilice de alguna manera el retraso y la enorme deuda con la verdad que lleva la investigación por la que hasta el momento ya han pasado 4 fiscales. Como parte procesal y representantes de las víctimas analizaremos esta documentación una vez que su incorporación al proceso sea notificada al casillero judicial de nuestro equipo jurídico".

Adicionalmente, pusieron en conocimiento del asambleísta Villavicencio que "el caso ha permanecido en la Fiscalía General del Estado por 3 años, 3 meses y 22 días, sin que se registren avances que respondan al establecimiento de justicia o que determinen responsabilidades en todos los niveles sobre las acciones u omisiones de los actores involucrados en el proceso. Al contrario de otros casos que gozan de una diligencia y celeridad en esta instancia, en el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín no existen líneas de investigación claras, tampoco indicios sobre los autores materiales o intelectuales en territorio ecuatoriano y mucho menos una intención de explorar la responsabilidad de las autoridades y las instituciones de seguridad que en su momento asumieron de forma pública y ante las familias las negociaciones para el retorno con vida del equipo periodístico, pese a que esta ha sido la principal recomendación del Equipo de Seguimiento Especial, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el apoyo en las investigaciones, mecanismo que se desprendió de las medidas cautelares otorgadas a los 3 periodistas por este organismo internacional". La carta está firmada por Ricardo Rivas, Galo Ortega y Cristian Segarra. 

III. Presidente Lasso: desclasifique la información del Cosepe

Los mismos familiares enviaron, el 17 de julio, una carta al presidente Guillermo Lasso. En esta carta expresan que:

"Desde hace tres años, este grupo familiar ha trabajado arduamente en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia por los hechos que culminaron con el asesinato de nuestros seres queridos, que ha sido catalogado como el peor ataque a la libertad de prensa registrado en la historia del país y que, pese a la gravedad de lo ocurrido, se encuentra en la total impunidad.

"Si bien en Ecuador el caso se encuentra en etapa de investigación previa en la Fiscalía General del Estado, durante 3 años y casi 3 meses no se han registrado avances para determinar responsabilidades. Solo para poner un ejemplo, en el último año ninguna diligencia, versión o pericia ha ingresado al expediente. Y, haciendo un balance del trabajo en la investigación, al menos el 80% de la documentación de relevancia y las versiones que componen el expediente han sido aportadas por las familias y su equipo de defensa.

"Si bien entendemos la necesidad de la independencia de funciones, colocamos este antecedente para evidenciar que, pese a múltiples ofrecimientos, la garantía del derecho a la verdad nos ha sido negada de forma sistemática en la función judicial. Asimismo, aunque los hechos corresponden a un gobierno del que usted no formaba parte, aquello no excluye la potestad del nuevo Ejecutivo para procurar el esclarecimiento de los hechos y la garantía de la no repetición, toda vez que las autoridades salientes asumieron frente a las familias de Javier, Paúl y Efraín la responsabilidad por su vida.

"Fue recurrente que las familias se enteren de hechos relevantes alrededor del caso, ya sea por medios de comunicación internacionales o por actores ajenos a la responsabilidad estatal. Hace pocos días, recibimos una comunicación por parte del asambleísta Fernando Villavicencio señalando que tiene información reservada del caso y que esta le fue entregada por la Policía Nacional.

"hemos ingresado a la Corte Constitucional una acción para solicitar la desclasificación de la información de varias instituciones del Estado debido a la falta de celeridad y ningún interés mostrado por parte del gobierno anterior en cumplir con sus ofrecimientos": familiares de las víctimas.

"Pero no solo eso, sino que fue de conocimiento público la reunión que usted mantuvo con él. En ese encuentro, según palabras del asambleísta, su persona habría señalado que cumpliría con el ofrecimiento del gobierno anterior de desclasificar la información sobre lo ocurrido con nuestros seres amados. Una vez más, los familiares pasamos a segundo plano. Consideramos que ese tipo de ofrecimientos —de ser reales, y en los términos citados por el legislador— se los debería hacer directamente a los familiares, a quienes nos antecede el derecho y la obligación de una respuesta estatal eficiente y oportuna. Las víctimas no podemos seguir siendo los últimos en enterarnos de estos hechos.

"En ese mismo marco, hemos ingresado a la Corte Constitucional una acción para solicitar la desclasificación de la información de varias instituciones del Estado debido a la falta de celeridad y ningún interés mostrado por parte del gobierno anterior en cumplir con sus ofrecimientos.

"Con esa decisión esperamos que se levante el carácter de reservado de la documentación en estricto derecho a la jurisprudencia del Ecuador. De esa forma, se podría convertir en un insumo más dentro de las investigaciones que se llevan a cabo con el objetivo de acceder al derecho de verdad que nos ampara.

"Entendemos que, según la ley, ese es el órgano encargado de resolver esta petición. Aunque para nosotros, y para todo el país, sería una muestra de respeto y de apoyo a los Derechos Humanos que usted abra la puerta al esclarecimiento de los hechos de forma voluntaria, sin ningún tipo de injerencia en los otros poderes del Estado, por supuesto.

"Es por eso que, de la forma más considerada y respetuosa, solicitamos una reunión exclusiva con usted para poner en conocimiento detalles pertinentes de este caso y, en función de los ofrecimientos públicos realizados después de su reunión con el asambleísta, delimitar la hoja de ruta para:    

"• Desclasificar la información que consta en las actas del Consejos de Seguridad Pública del Ecuador (COSEPE) y otras entidades del Estado y que tienen que ver con las decisiones tomadas alrededor de las negociaciones que el Estado asumió por la vida del equipo periodístico. Esta acción se articula con el derecho a la verdad que tenemos como víctimas de este hecho, pero es también una oportunidad histórica de demostrar que su gestión inicia con transparencia y que el silencio no será una política de sus 4 años de mandato.

"• Establecer mecanismos específicos para la garantía de la no repetición. En el continente americano, el 90% de los crímenes contra periodistas queda en la impunidad, lo que ha generado un entorno de violencia y agresiones en el que se desarrolla el trabajo de los comunicadores sociales. Pese a los ofrecimientos la protección a periodistas ha constituido también una deuda para con el país.

"• Reparación integral a las víctimas y el trabajo por la memoria. Durante tres años el Estado no ha realizado ni una sola acción que evidencie reparación, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instaron, en su informe sobre el caso, elaborado por el Equipo de Seguimiento Especial, que considere este aspecto debido a la vulneración de derechos del que fuimos y seguimos siendo objeto. La Comisión ha planteado también la enorme necesidad de constituir sitios de memoria por el equipo periodístico, como un esfuerzo para honrar su trabajo y su vida.

  TESTIMONIO  

Yadira Aguagallo: ¿Hasta cuándo Fiscalía General?

Pero Yadira Aguagallo, ex pareja de Paúl Rivas, es escéptica respecto a los contenidos de las respuestas enviadas por el ministerio de Gobierno y al uso de esa información que llegó a la Asamblea.


Yadira Aguagallo, comunicadora social, ex pareja del fotógrafo Paúl Rivas y parte del colectivo de familiares Nos faltan 3. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

Este es su testimonio:

"Hay una seria negligencia de la Fiscalía"

"Siempre las instituciones del Estado nos han entregado información, que ya es de carácter público de un lado, y de otro, que es información que no contribuye a esclarecer los hechos. Me refiero específicamente a la información que nos entregaron en mayo del 2018, y que después el equipo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pudo evidenciar que en un 90% se trataba de información pública. Posteriormente hemos hecho muchísimos esfuerzos para exigir a las autoridades, sobre todo de seguridad del Estado, información adicional. El ministerio del Interior  nuevamente respondió pero con información que nada tenía que ver con el pedido original y otro tipo de información que tampoco era útil. Entendemos que ahora hay nuevas autoridades, que estas no tienen una responsabilidad personal, pero al haber asumido la conducción del Estado adquieren una responsabilidad institucional. En ese sentido, lo que esperamos de esa información recabada es que sea información completa, genuina y fidedigna.

Honestamente, y tengo que decirlo por el comportamiento que ha tenido la Policía Nacional y el ministerio del Interior/Gobierno, me siguen quedando muchas dudas sobre la veracidad de esa información. Evidentemente habría que revisar si aporta al esclarecimiento de los hechos. Este es el punto fundamental: que pueda aportar a una investigación que lleva dos años paralizada. Ahí hay una seria negligencia de Fiscalía, ya es hora de decir eso. Por mucho tiempo hemos sido lo más políticamente correctos que hemos podido, pero es hora de decir que la Fiscalía, por la cual ya han pasado cuatro fiscales generales y cuatro fiscales especiales, ha mostrado todos una falta de interés y selectividad a la hora de llamar a rendir o no versiones y una negligencia en el hecho de asegurar justicia de manera oportuna. En estos momentos ya existe una responsabilidad del Estado, que viene marcada porque su Fiscalía no ha sido capaz de investigar, de descubrir, de ofrecer verdad justicia y reparación.

Ahí hay una seria negligencia de Fiscalía, ya es hora de decir eso. Por mucho tiempo hemos sido políticamente correctos, pero es hora de decir que la Fiscalía ha mostrado todos una falta de interés y selectividad a la hora de llamar a rendir o no versiones.

"Esta investigación fiscal se abrió el 26 de marzo del 2018, el mismo día en que ocurrieron los hechos en Mataje. Llevamos hasta hoy tres años, tres meses y veintiún días desde que se abrió la indagación y lamentablemente debemos decir que en este tiempo cuatro fiscales generales han pasado por el cargo; los cuatro han ofrecido públicamente y en reuniones con nosotros la diligencia debida para la investigación del proceso. Luego hubo cuatro fiscales designados, empezando por el fiscal Wilson Toainga —que hoy es el fiscal general subrogante—. El fiscal Toainga es juez y parte porque fue miembro de este comité de crisis que se formó para la negociación por la vida de Paúl, Javier y Efraín. Es el fiscal que en su momento difirió la audiencia en la cual se iban a revisar el pedido de procedimiento abreviado que los tres detenidos, por los que se quería canjear a Paúl, Javier y Efraín, ya habían solicitado. Es decir, fue el fiscal que de alguna manera estuvo más involucrado en el caso, y fue juez y parte por casi un año porque en esas investigaciones que reposan en la Fiscalía jamás se ha hecho un  intento de identificar cuál fue el supuesto trabajo del comité de crisis, qué decisiones se tomaron, si hubo los recursos necesarios para esas decisiones.  Esto me regresa al pedido de la Comisión de Fiscalización, en el cual si bien hay pedidos específicos a la Policía Nacional no hay pedidos relacionados con el comité de crisis, lo cual me sorprende mucho. Lo que el asambleísta Fernando Villavicencio debiera hacer es pedir información sobre el rol que jugó ese comité de crisis. ¿Cuál fue el papel de César Navas (ministro del Interior. Ndlr), el de Patricio Zambrano (ministro de Defensa), de las personas que conformaron ese comité, conformado además por el fiscal Carlos Baca Mancheno, por el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, por el general Merizalde, como jefe del Comando Conjunto? A esas personas ni siquiera se les ha llamado a rendir versión; al fiscal Wilson Toainga no se le ha llamado a rendir versión, a pesar de que era juez y parte, a pesar de que durante un año se investigó a sí mismo, es decir en los hechos en los cuales él mismo participó, no ha habido interés alguno de parte de los fiscales de llamarlo a rendir ni siquiera una versión sobre esos hechos. Tenemos tres años de impunidad, tenemos una Fiscalía que no avanza en las investigaciones; por otra parte tenemos una Fiscalía que no quiere investigarse a sí misma, porque no quiere investigar el rol que jugó el fiscal Toainga en estos hechos. 

Una cadena de omisiones

"La principal institución que se ha opuesto a que este caso llegue al esclarecimiento de los hechos es la propia Fiscalía General del Estado. Incluso la Fiscal Diana Salazar, el día en que asumió la Fiscalía General del Estado publicó un tuit en el que dijo los casos de Paúl, Javier y Efraín "son mi prioridad". Ha estado dos años en su cargo y no hay un solo resultado y su fiscal subrogante no ha sido llamado a rendir versión.  Hay que separar las cosas. Hay que identificar negligencias, acciones y omisiones en el secuestro y en el asesinato, pero después, en las investigaciones, también hay negligencias. Y en las investigaciones son, por ejemplo el hecho de no investigar a Wilson Toainga; lo otro es ¿cómo es posible que hasta ahora no se haya hecho una reconstrucción de los hechos en Mataje? Hasta el momento la Fiscalía no se ha tomado la molestia de reconstruir los hechos. ¿Cómo es posible que hasta el momento no existan resultados de pericias para saber a quién pertenecen las huellas dactilares que se encontraron en la camioneta de Efraín Segarra y que no pertenecen ni a él ni a Paúl ni a Efraín?

Otra negligencia es que la Fiscalía General no ha utilizado el informes de seguimiento del equipo especial de la CIDH, en  los cuales se recomendaron ciertos temas de apoyo a la investigación. Me pregunto: ¿el Estado despilfarró los fondos que le dio a la CIDH para que conforme el equipo de seguimiento especial? Porque este fue financiado por el Estado y lo hizo para obtener un documento que establezca recomendaciones y apoye el trabajo de su Fiscalía. Ese informe fue entregado en noviembre del 2019 y están por cumplirse dos años en los que ni la Procuraduría, como entidad que recibió el informe en Washington, ni la Fiscalía, como la entidad a la que estaban dirigidas esas recomendaciones las hayan implementado. Simplemente no les dio la gana de implementar un mecanismo que en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente se ha desplegado en tres ocasiones.

Otra negligencia es que el Estado ecuatoriano ha desperdiciado la enorme oportunidad de implementar recomendaciones de una entidad como la CIDH —con personas expertas en este tipo de delitos— le ofreció. Y eso no es solamente con nosotros, los familiares, eso es con todos los ecuatorianos. Esas son las negligencias que vemos en la Fiscalía y el Estado ecuatoriano para no asegurar ni memoria ni verdad ni justicia ni reparación. Y otro dato que no es menor es que si se miran los procesos del Ecuador en los que hay impunidad, la característica es el desfile de fiscales. Es el caso de David Romo, con ocho fiscales; de Elizabeth Campoverde, con 15 fiscales; en nuestro caso vamos por el cuarto fiscal, ¿después de un año nos van a cambiar de fiscal, ¿esta investigación va a continuar en indagación previa?, ¿cuántos fiscales más van a pasar hasta que se animen a investigar a profundidad lo que pasó? Porque investigar a profundidad es investigar a los responsables, a los autores materiales, intelectuales, a los del sector público, al sector privado...

Y mientras los policías se chateaban con narcodisidentes, la población estaba insegura, los periodistas de todo el país fueron a  San Lorenzo a reportar un hecho de interés público, como fue el atentado con explosivos al cuartel de San Lorenzo.

"Es importante remitirse al informe del equipo de seguimiento especial. Este tiene información desde las fiscalías ecuatoriana y colombiana, esta última que hizo su propia investigación, y que hizo el esfuerzo de tener un enfoque de investigación más amplio. Este señala que se advierte una serie de omisiones del Estado ecuatoriano que pudieron provocar el secuestro de Paúl, Javier y Efraín, y la omisión principal —advierte el equipo de seguimiento especial— es la falta de compartir información entre la Policía Nacional —que tenía oficiales conversando constantemente con los disidentes del grupo Óliver Sinisterra, que tenía constantes amenazas a la seguridad en San Lorenzo, a los que llegaban amenazas contra la prensa en general, contra civiles y esa incapacidad de que esa información, que era muy valiosa para determinar que la población civil estaba en peligro— le haya llegado al mando único de la zona, que era de las Fuerzas Armadas. El equipo de seguimiento no logró determinar si el mando único contaba o no con esa información, pero lo que es cierto es que la Policía no le dio esa información. Y mientras los policías se chateaban con narcodisidentes, la población estaba insegura, los periodistas de todo el país fueron a  San Lorenzo a reportar un hecho de interés público, como fue el atentado con explosivos al cuartel de San Lorenzo, el 26 de enero del 2018, y fueron a reportar sin conocimiento de estas amenazas terribles que se cernían sobre ellos. Esa falta de información que Paúl, Javier y Efraín entraran a Mataje, una localidad en la cual ya había serias amenazas en contra de los civiles. No lo decimos los familiares, nos basamos en las evidencias de la CIDH que advirtió que hubo múltiples omisiones en el aparato de seguridad del Estado, que puso en riesgo la vida de miles de personas en la Frontera Norte.

"Todo tiene un límite"

"Todo tiene un límite. Nosotros hemos pedido la desclasificación de la información. Hemos pedido a la Fiscalía que sea ágil en sus investigaciones. Hemos hecho cosas inimaginables y hasta propiciamos el mecanismo del equipo de seguimiento en la CIDH, porque mientras el Estado ecuatoriano estaba sin saber qué hacer, el grupo de familiares y su equipo jurídico, patrocinado por la Clínica de DDHH de la Universidad San Francisco de Quito, ya estaba moviéndose tratando de encontrar mecanismos que ayuden al Estado a establecer su investigación y a determinar responsabilidades. Pero todo tiene un límite, hace dos semanas ingresamos en la Corte Constitucional un pedido para la desclasificación y el sorteo recayó sobre el juez Hernán Salgado. Esperamos que la respuesta de la Corte Constitucional pueda ser diligente. Anteriormente, la Policía Nacional nos ha dado un montón de información, pero son papeles inservibles, incluso tenemos serias sospechas de que no son verdaderos, y ante un fiscal, en la indagación previa, hemos podido comprobar que eran documentos forjados. Entonces hemos pedido a la CC que sea ella la que ordene la desclasificación de la información.

"Es indudable que este caso no se va a resolver en la justicia ecuatoriana. Porque por tres años este Estado se ha encargado de ocultar la verdad, de nos ser diligente; asumo que la Fiscal Diana Salazar es independiente de otros poderes del Estado pero en su mandato no ha sido capaz de ordenar diligencias sobre esta investigación, y eso nos hace pensar que en el tiempo que le toque estar al frente de la Fiscalía General tampoco lo va a hacer; porque además al lado de ella está sentado el fiscal Wilson Toainga, que fue juez y parte, un fiscal que —nuevamente— difirió la audiencia en la que se iba a a hacer el procedimiento abreviado de los tres detenidos cuyo canje exigía Alias Guacho por Paúl, Javier y Efraín. Mientras esas cosas pasen no hay esperanza alguna. Y lo que se viene —como en todo proceso en el cual se advierten al menos omisiones estatales y violaciones a los derechos humanos— es un proceso internacional. 

¿hasta cuándo este grupo de familiares no es sujeto de derechos? Está el crimen en contra de Paúl, Javier y Efraín, y está algo que ha sido invisibilizado en estos más de tres años, que es la denegación de derechos y la falta de garantía a esos derechos de la familias de las víctimas. 

"Yo siempre me pregunto ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos tenemos que enterar de cosas por Twitter? ¿Hasta cuándo otros ciudadanos tienen acceso a la verdad antes que nosotros? ¿Hasta cuándo pedimos a las autoridades, a las anteriores y a las actuales, desclasificación de la información y luego nos enteramos por la televisión que se va a desclasificar la información? 

"El 19 de julio pusimos un documento en la Presidencia de la República, con base en las declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio, para que el presidente Guillermo Lasso reciba al grupo de familiares. Porque es a los familiares a quienes tiene que decir que se va a desclasificar la información. Todas las gestiones para recopilar información y propiciar verdad y justicia se agradecen, y son importantes, pero ¿hasta cuándo este grupo de familiares no es sujeto de derechos? Está el crimen en contra de Paúl, Javier y Efraín, y está algo que ha sido invisibilizado en estos más de tres años, que es la denegación de derechos y la falta de garantía a esos derechos para el padre de Javier, para los hijos de Efraín, para el hermano, la madre, la hija, la pareja de Paúl... para todos los familiares. Desde el día uno hubo denegación de derechos, hubo falta de garantías primero al derecho a la verdad, que era lo que nos asistía en esos momentos, y luego una multiplicididad de violaciones a nuestros propios derechos, que han sido invisibilizados pero que creo que es hora de ponerlos sobre la mesa. Y hay que hacerlo cuando precisamente pasan estas cosas.

"Somos muy enfáticos en eso y lo que hemos hecho es pedir al asambleísta Villavicencio que toda la documentación que ha recibido vaya al expediente fiscal, para ver si así la Fiscalía se toma la molestia de continuar las investigaciones. Es un recomendación de nuestro equipo jurídico, confiamos en sus recomendaciones porque nos han dicho que ese es el mejor camino. No hay que olvidar que la entidad que está obligada a investigar en nuestro país es la Fiscalía, la que tiene que determinar las responsabilidades alrededor de este crimen es la Fiscalía y si hay documentación en otros poderes del Estado —gertión que nuevamente se agradece—, esta tiene que ser parte del expediente fiscal, porque qué tal que en los próximos meses, cuando se cumplan cuatro años de los hechos se decida cerrar esas indagación, se vaya a cerrar con información que consiguió otro poder del Estado. La Fiscalía puede tener un elemento de presión adicional, además recordando que las pocas veces que la Fiscalía ha pedido información a las entidades estatales esta le ha sido negada; no sé si parte de las excusas de la Fiscalía es que ellos han pedido información y las entidades la han negado, como el Consejo de Seguridad Pública del Estado, por ejemplo, y ahora teniendo esta información dentro del expediente fiscal podrían empezar a investigar.

"Lo que tratamos es que no tengan una sola excusa para decir que no tienen la posibilidad de investigar, porque cuando nos hemos reunido con fiscales del caso, entre otras respuestas a su inacción, ha sido que no tienen respuestas de las entidades estatales y que además hay respuestas negativas a entidades como el Cosepe.

"Han sido más de tres años de promesas incumplidas, y la oferta de desclasificación que el presidente Lasso hace a un asambleísta ya la hemos pedido por escrito. Queremos que esa misma confirmación de desclasificación nos la haga a nosotros, en una reunión similar, porque tenemos el derecho; y luego que esto se cristalice en los hechos. El presidente Lasso puede reunir al Cosepe y tomar la decisión de desclasificar la información, sin esperar el fallo de la Corte Constitucional".

 

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