Mujeres que acompañan a otras mujeres. Esa es la estrategia de sobrevivencia que han emprendido jefas de hogar, comerciantes informales, recicladoras, migrantes y trabajadoras sexuales de los barrios de Quito y sus valles para poder sostenerse durante la emergencia. Ellas han vivido un impacto mayor por las medidas de confinamiento y han sentido que el Estado les ha dado la espalda. 

“Estamos enfrentando la pandemia juntas porque estamos organizadas”, dice Andrea Aguirre, miembro del colectivo Mujeres de frente que existe antes de la emergencia. La organización tenía una casa en el Centro Histórico, con un comedor popular y allí se cuidaban a los niños de las mujeres que trabajaban.

En los primeros días del confinamiento, invirtieron sus ahorros en canastas de alimentos. Luego en redes sociales hicieron una campaña y consiguieron donaciones. Ese dinero fue distribuido entre todas y significó 20 dólares mensuales para cada una como manutención. Pero las donaciones que recibieron en un inicio cayeron en picada por el desempleo generalizado. Intentaron gestionar recursos con el Municipio para recibir canastas, pero fue un trabajo inútil porque la ayuda no llegó. Las integrantes del colectivo llamaron al MIES para acceder a kits alimenticios o bonos, pero no tuvieron respuesta.

Luego lograron que la ONG FES-ILDIS financiara talleres y otorgara becas económicas a quienes se conviertan en promotoras de salud. En la red, un poco menos de la mitad de las 70 mujeres que la conforman ha sufrido la infección. “Nos llevan a una cuarentena sin tener en cuenta las condiciones de las personas que viven al día, entonces la gente sale cuando se levanta la medida y es la población más expuesta al contagio”, dice Andrea.

El colectivo organizó el curso para promotoras comunitarias de la salud, donde 30 mujeres aprendieron sobre la enfermedad y tuvieron consejos de prevención. Este curso lo dio un médico y un salubrista. Fueron espacios donde ellas contaron sus situaciones específicas de cómo les toca llevar la pandemia.

Un tema importante, por ejemplo, fue el trabajo informal. En una cartilla que elaboraron incluyeron recomendaciones para salir a trabajar en la calle. “Mejor no salir con los guaguas (a no ser que sea inseguro dejarlos)”, “sal con un envase de agua clorada (tipo spray) y utilízalo con frecuencia”, “desinfecta los guantes a menudo y cuando se tocan cosas (fundas, por ejemplo)”, “evita llevar la piel descubierta y el cabello suelto”, “si se puede usa gafas o máscara de plástico sobre la mascarilla para proteger ojos y cara”, “bebe agua (botella propia)”, fueron algunas guías. 

Luego hubo un segundo curso para 30 mujeres más con el objetivo de que sean promotoras de salud en sus barrios y familias. El grupo lo conformaron familiares o vecinas de las primeras asistentes. Así se convirtieron en una red de acompañamiento personal y las que participaron como promotoras recibieron un reconocimiento económico. Difundieron su aprendizaje puerta a puerta o por redes sociales. Otras hicieron afiches y mascarillas.

Cada una está pendiente de otra mujer, a quien la escucha o ayuda según su caso. “Vimos que la situación de todas era muy precaria entonces estuvimos muy atentas a la ayuda que necesitaba”, dice Andrea. Por ejemplo, compartieron números de contacto para telemedicina o de hospitales.  O se dieron palabras de aliento para consolarse y darse ánimo.

Otro proyecto en el que trabajan es una revista en la que participarán 40 mujeres trabajadoras que escribirán y denunciarán su situación. Pero las necesidades son apremiantes: Por ejemplo, abuelas y madres han tenido que recibir a familiares que se han quedado sin empleo y les toca vivir en un solo cuarto en condiciones de hacinamiento. A sus puertas no ha llegado ningún bono ni canasta. Son mujeres que están para otras mujeres.

El 15 de marzo, la organización inició una campaña de donaciones para elaborar canasta de comida.  Fotos: Facebook Mujeres de Frente

Historias de sobrevivencia

“Nos dejaron sin empleo”, dice Silvia Casnanzuela, una madre de 30 años que vive en el sector de La Forestal. Antes de la emergencia, trabajó en la venta de flores, pero la dueña del negocio lo cerró. Se quedó sin empleo y con una familia que sufrió con el virus. Su esposo se contagió de COVID, pero en el dispensario de Chimbacalle del IESS le dijeron que era una enfermedad común y lo regresaron a casa. Toda la familia terminó contagiándose. En el 171 a Silvia le informaron que su pareja podía ser ingresada si tenía más de 40 grados de fiebre y si le faltaba la respiración. Pero con los días su condición empeoró y fue internado en el Hospital del IESS Quito Sur. Estuvo allí por 15 días. “Estoy aquí sentado y no me hacen nada, otros están parados”, le contó a Silvia.

A él lo mandaron a su casa sin terminar su tratamiento porque el hospital necesitaba las carpas para pacientes más graves, a finales de mayo. En la casa, sus hijos lloraron porque creían que su padre iba a fallecer. “Había personas que no podían ni caminar y así les enviaron”. Para entonces, Silvia participaba en los talleres y preguntó a los médicos qué hacer en su hogar para ayudar a su esposo. Pero ese aprendizaje no fue solo para ella. Silvia difundió por las redes sociales de la organización consejos y medidas de prevención. 

Andrea fue la acompañante de Silvia en esos días, pero también de otra miembro del grupo que sufrió -lo que llaman- un acoso del Estado. “Ella llegó a un hospital con ahogamientos. La tuvieron en una silla. Mientras tanto su pareja empezó a recibir llamadas, no entendía si del subcentro o el hospital y le recordaban que estaba prohibido salir, que era contagiosa. Ella tuvo miedo que la llevaran a un centro de internamiento. El Estado trataba de hacer cercos epidemiológicos de manera agresiva”. En esos días, Andrea la llamó por teléfono varias veces y le explicó que no podían encerrarla. Se ayudaron de la red de telemedicina, conformada con médicos amigos, para guiarlas en los cuidados. La confianza en la otra fue una de las claves para enfrentar las distintas crisis.

Ángela Cerda, de 23 años, conoció a Mujeres de frente cuando no tenía lugar para dejar a su hijo después de clases. Ella es vendedora ambulante en el Centro Histórico. Vendía jabones, papel higiénico y otros productos. Cuando las ventas estaban malas en ese lugar se trasladaba a los exteriores de los mercados.  “Es más difícil porque nosotros trabajamos y los metropolitanos nos quitan la venta, nos impiden todo”. Ángela cuenta que hubo días en los que no ha hecho un solo dólar y ella y su familia han pasado sin tomar un café.

El mayor golpe que vivió Ángela fue la muerte de su madre. Ella también era vendedora ambulante y se contagió del virus. Una conocida de la red ayudó a que el hospital Enrique Garcés, del sur de Quito, internara a la madre de Ángela. Ella recibió informes de que su progenitora estaba estable y le pidieron medicinas, pese a que era un servicio público. Pero la información fue escasa. La misma amiga de la red fue a revisar en qué condición se encontraba la madre de Ángela y allí se enteró que la señora, de 50 años, había fallecido. Nadie del hospital avisó a la familia.

Heidy Mieles, de 25 años y habitante del sector Chimbacalle, fue la acompañante de Ángela. “Fue un momento difícil porque, tristemente, el sistema de salud público está diseñado para que la gente sufra trabas. Puedes estarte muriendo en la puerta, pero te piden una referencia del centro de salud”. Heidy buscó entre la red un contacto para conseguir información dentro del hospital. Dice que en una emergencia hay muchas cosas que solucionar como el transporte para el enfermo.  Heidy, a su vez, ha estado pendiente de otras siete mujeres.

Juli y su madre Yolanda, de Mujeres de Frente, participaron como promotoras de salud comunitaria en los buses que transitan en su barrio. "Nosotras, como hemos hecho toda la vida, asumimos la vida y la sostenemos", publicaron en la cuenta de Facebook de la organización. Foto: Facebook Mujeres de Frente

Analía Silva es una de los miembros más antiguos de Mujeres de frente. Cuenta que, sin el apoyo del grupo, antes que la COVID la hubiera matado el hambre. Tiene 58 años y padece una insuficiencia renal. Vive sola con su nieto de 11 años. Analía también era una vendedora ambulante de sus tejidos y de sandías en la puerta de iglesias. Pero por su salud se ha quedado encerrada en el pequeño departamento que arrienda. Teme enfermarse pues su nieto depende de ella. La organización le ha ayudado con los gastos. “Pero a veces he tenido que decidir si como o compro mi medicina”.

Vanessa Beltrán, de 34 años, es la acompañante de Analía y le enseñó a usar Zoom para que pueda conectarse a los talleres. Estuvo pendiente que Analía tenga saldo para internet y le explicó con mucha paciencia cómo funciona la tecnología. “Ahora manejan súper bien las herramientas, silencian los micrófonos, levantan la mano, reaccionan, eso es lindísimo”. Pero Vanessa, quien es de Costa Rica, recibió también el apoyo de Analía cuando debía decidir si regresaba o no a su país. Analía la alentó a que pase la pandemia cerca de la familia, pese a que Vanessa era su acompañante en los momentos más difíciles de su diálisis. En la clínica donde se hace ese tratamiento ha visto cómo han muerto otros enfermos durante la pandemia. Analía desinfecta su asiento porque teme un contagio.

Typhaine León, de 27 años, dice que en esta pandemia han registrado tratos discriminatorios para quienes trabajan en la calle. “Mientras los medios de comunicación se dedican a decir que son mujeres irresponsables por llevar a sus hijos a la calle, ellas explican que deben trabajar”.

Typhaine acompaña a Bárbara Durán, de 21 años, que vive en el sector de La Marín. Vendía en la calle y en los buses golosinas.  Es una madre venezolana que le tocó enfrentar la pandemia mientras estaba embarazada. No podía asistir con regularidad a los controles. Narra que ha sufrido robos de mercancía por los agentes metropolitanos y constantemente ha sido perseguida por su situación migratoria.

Bárbara se convirtió en promotora de salud con sus vecinas. Primero ella encontró que durante la capacitación pudo liberar el miedo a salir y estar cerca de otras personas. Como vecina observó que muchos abuelos se reunían fuera de dos tiendas que son muy concurridas y le preocupó que ese lugar se convierta en un foco de contagio en su barrio. Ella consiguió pintura para poner señales de distancia sobre la vereda de los dos locales. Sus vecinos acuden a ella para preguntarle cómo se hace una mascarilla. Una abuelita le consultó qué riesgo tiene de fallecer si no tenía una enfermedad previa. Bárbara le recomendó que cierre la tienda para que no ingresen los clientes y mantenga la distancia.

Las mujeres diversas y de todas las condiciones, tras esta experiencia, les ha quedado una lección: “o nos salvamos juntas o no se salva nadie”.