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13 de Enero del 2019
Historias
Lectura: 17 minutos
13 de Enero del 2019
María Teresa Galarza
Nuestras vidas, nuestras muertas

Fotografía de Esteban Zapata. Publicada en: www.pressenza.com

Varios grupos de jóvenes realizan protestas colectivas a favor de la legalización del aborto en todo el país. 

 

El debate acerca de la despenalización del aborto en el Ecuador es un tema complejo que confronta al ámbito jurídico-legislativo con un serio problema de salud pública y de derechos humanos. Porque el embarazo no deseado, el embarazo adolescente y el aborto inducido en condiciones de riesgo son temas de salud pública. Y porque los derechos de las niñas y mujeres son derechos humanos.

El 3 de enero de 2019 en la Asamblea Nacional del Ecuador se dio el primer debate en el pleno del Legislativo sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Dentro de las propuestas presentadas al pleno por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional se incluyó la iniciativa de despenalización del aborto en cinco casos: violación, estupro, incesto, inseminación no consentida y, malformaciones en el feto que hagan inviable su vida.

La presentación estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión, la  asambleísta Marcela Aguiñaga. Aguiñaga explicó que las propuestas responden a necesidades sociales e iniciativas de la sociedad civil y se basan en recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité de Derechos del Niño de Unicef, el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura y la Organización Mundial de la Salud.

La infografía que acompañó la presentación de Aguiñaga en el pleno incluía un recuadro con la siguiente información: “Según la OMS, 13% de las muertes maternas se deben a abortos inducidos en condiciones de riesgo a nivel global y 14% de las muertes maternas están relacionadas a abortos realizados en condiciones inseguras en América Latina.”

El plan reconoce que existe un alto subregistro de la práctica del aborto inducido en condiciones de riesgo, por lo cual es muy difícil dar cuenta de la verdadera magnitud del problema.

Estas cifras, elocuentes sin duda, ilustran la incidencia y peligrosidad a nivel global y regional de abortos inducidos realizados en condiciones de riesgo. La cita referida, si bien decidora, es también incompleta. La información proviene del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017–2021 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que explica:

“Aproximadamente cuatro de cada diez embarazos en todo el mundo no son planificados y dos de cada diez terminan en aborto inducido, y alrededor del 13% de las muertes maternas se deben a abortos inducidos en condiciones de riesgo a nivel global. En América Latina, el 14% de las muertes maternas están relacionadas a abortos realizados en condiciones inseguras y en el Ecuador, esta cifra asciende al 15,6% de todas las muertes, ocupando el quinto lugar de todas las causas de muerte y el tercero de las causas de muerte materna” (pág. 23)

El plan reconoce que existe un alto subregistro de la práctica del aborto inducido en condiciones de riesgo, por lo cual es muy difícil dar cuenta de la verdadera magnitud del problema. La criminalización del aborto en el sistema penal ecuatoriano es probablemente una de las razones que alientan el enmascaramiento de su incidencia y consecuentemente, la invisibilización de estas muertes; o más bien, de estas muertas.

El debate acerca de la despenalización del aborto en el Ecuador, por las cinco causales antes descritas, es un tema complejo que confronta al ámbito jurídico-legislativo con un serio problema de salud pública y de derechos humanos. Porque el embarazo no deseado, el embarazo adolescente y el aborto inducido en condiciones de riesgo son temas de salud pública. Y porque los derechos de las niñas y mujeres son derechos humanos. Y no dejan de serlo, los de aquellas cuyo embarazo es producto de una violación, un incesto, o de estupro o inseminación no consentida. Y no dejan de serlo, los derechos de aquéllas, cuyo embarazo gesta un feto afectado por malformaciones congénitas que vuelven su vida inviable.


La defensora del Pueblo,  Gina Benavides, expuso en la Asamblea Nacional sus argumentos para el aseguramiento de la despenalización del aborto en casos de violación. Foto: Asamblea Nacional

2. Avocar conocimiento de las resoluciones que califican el Proyecto de Ley de Hipoteca Revertida y Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial sobre los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.

3. Continuación del debate de las observaciones presentadas al borrador de informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. - Foto: Fernando Lagla / Asamblea Nacional.

Desde una perspectiva conservadora, que tiende a adoptar nomenclaturas más propositivas, el debate suele concentrarse en la personería del producto de ese embarazo; el que, de acuerdo a ciertas interpretaciones, al ser reconocido como persona en sus distintas etapas de desarrollo dentro del vientre (cigoto, embrión, feto), podría poner en jaque los derechos de la mujer gestante a decidir sobre su cuerpo, su salud y su trayectoria vital.

Desplazar el foco de la discusión acerca de la despenalización del aborto contribuye a la negación e invisibilización de esas muertes por abortos clandestinos en el Ecuador.

Desplazar el foco de la discusión acerca de la despenalización del aborto contribuye a la negación e invisibilización de esas muertes por abortos clandestinos en el Ecuador. Trasladar la atención desde los derechos fundamentales de la mujer gestante hacia los derechos reconocidos al producto de esa gestación (entendida como indefenso titular de derechos potencialmente vulnerados por la decisión de esa niña o mujer gestante) es una jugada estratégica que ayuda a difuminar las fronteras entre la reflexión jurídico-legislativa sobre un tema de derechos humanos y salud pública y el juicio moral alineado con posturas religiosas.

El embarazo de la niña o mujer, aun cuando fuera involuntario, no consentido o violentamente logrado, tiende a ser socialmente percibido como una responsabilidad que ella “natural” y “biológicamente” está conminada a asumir. La terminación voluntaria de ese embarazo es vista por quienes defienden la personería irrestricta del cigoto, embrión o feto, como la toma de una decisión ilegítima de la niña o mujer sobre la vida de otra persona. En ese sentido, aun cuando el embarazo hubiese resultado de la violencia, producto de violación o incesto, por ejemplo, en la toma de decisión de interrumpir tal embarazo suele transformar, frente a ciertos sectores de la opinión pública, a la niña o mujer embarazada en un sujeto indeseable, incomprensible, imputable e imperdonable. ¿Imputable de qué? Eso depende de la postura de quien observa y  juzga la situación desde la comodidad de saber que no se trata ni de su vida ni de su cuerpo; imputable de facilismo, irresponsabilidad, negligencia, de haber estado allí, de haber vestido así, de haber tomado eso, de no haberlo impedido, de no haberse protegido, de egoísmo, calentura, promiscuidad, maldad, brutalidad, de una larga lista de pecados, de asesinato, e incluso de haber nacido.

A través de esta estrategia, la discusión acerca de la despenalización del aborto por violación, incesto y otras formas de violencia contra el cuerpo de una mujer o una niña, deja de preocuparse por ese cuerpo en el que se naturalizan y biologizan formas de barbarie; el cuerpo  penetrado (¡para eso existe!) y preñado (¡es su función biológica!), aún contra su voluntad, deja de ser parte relevante de las reflexiones en torno al aborto. El debate, entonces, pasa a entender al cuerpo de esa mujer o niña como el mero contenedor de una vida más santa, más pura, menos juzgable, incapaz de dañar a nadie y que no tiene la culpa de nada.


Algunos colectivos feministas reclaman la posibilidad del aborto sin restricciones. Fotografía de Esteban Zapata. Publicada en www.pressenza.com

Desde esta perspectiva, la existencia concreta de la mujer o niña que en función de la toma de una decisión será imputable de algo, de mucho, no puede prevalecer sobre una existencia posible que la habita y a la cual aún no puede imputársele nada. En este escenario no hay duelo y condolencia posible para las miles niñas y mujeres que en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, mueren a causa de abortos clandestinos en condiciones de riesgo. El enfocar la discusión en los posibles derechos de una existencia también posible, en lugar de en los derechos de la existencia concreta de la niña o mujer, enmascara las múltiples, institucionalizadas y socialmente aceptadas formas de violencia a las que esa maternidad forzada la somete.

Muchas mujeres en el Ecuador eligen el aborto, antes que parirle un hijo a su violador; antes que parirle una hija a su padre, hermano, tío o abuelo para que en unos años esté expuesta a lo mismo; antes que llevar adelante un embarazo en el que se gesta una criatura inviable para la vida.

Y aun así, muchas mujeres en el Ecuador eligen el aborto, antes que parirle un hijo a su violador; antes que parirle una hija a su padre, hermano, tío o abuelo para que en unos años esté expuesta a lo mismo; antes que llevar adelante un embarazo en el que se gesta una criatura inviable para la vida. Está claro que no todas eligen este camino, porque gestar, parir y maternar son decisiones de la mujer que nadie debería tomar por ella.

También está claro que entre quienes eligen el aborto inducido hay diferencias considerables; las que tienen más recursos y apoyo tendrán más alternativas; por ejemplo, escogerán el viaje a otras tierras que ofrecen la oportunidad de un aborto seguro y cuidados adecuados. Por su parte, los que tienen menos privilegios se ven expuestas a los múltiples riesgos de un aborto clandestino, potencialmente punible, en algunos casos, mortal.

La criminalización del aborto, que ha sido característica del sistema penal ecuatoriano hasta el día de hoy, no ha logrado eliminar la práctica del aborto intencionado, cuya incidencia, en el Ecuador, según el antes citado Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021, supera la media regional. Lo que esta normativa sí ha conseguido de manera muy eficiente es posicionar al aborto como una de las causas de hospitalización y muerte más comunes para las mujeres en este país.

Mientras la discusión social, política y legislativa en torno a la despenalización del aborto no se centre en la vida de esas mujeres que, en muchos casos, mueren a causa de abortos clandestinos e inseguros, porque prefieren morir que parir, entenderemos que lo que en realidad se está discutiendo a la hora de invocar el derecho a la vida en el contexto de este debate en Ecuador y varios países de América Latina, no es si el cigoto es o no persona; sino, si la niña o mujer embarazada contra su voluntad lo es. El reconocimiento irrestricto del cigoto como “persona” tiene rango legal y constitucional en muchos países de la región; aparentemente el reconocimiento irrestricto de la mujer como “persona” es un tema pendiente a nivel regional.

Si la discusión política y, sobre todo, legislativa acerca de la despenalización del aborto en el Ecuador en casos de violación, estupro, incesto, inseminación no consentida, y profundas malformaciones del feto se centrara en una comprensión irrestricta de la condición de “persona” de esa niña o mujer embarazada, el debate sería muy distinto, pues la personería de la mujer y niña exigirían anclar las reflexiones en la esfera de los derechos fundamentales de niñas y mujeres. 

Entonces, se tomaría en cuenta, por ejemplo, que el Comité de Derechos del Niño de Unicef, mencionado por la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado durante el primer debate de las reformas del COIP en la Asamblea Nacional, anota en su Informe 2018: “El Comité también recomendó que el Estado ecuatoriano: vele por que las niñas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre ellos el aborto terapéutico, y estudie la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y los casos de incesto o violencia sexual.”

Se consideraría además que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador, del 2015 “recomienda que el Estado parte […] c) Despenalice el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones graves del feto, de conformidad con la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité, sobre la mujer y la salud.”

Y finalmente, que el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, en sus Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Ecuador, del año 2016, “recomienda que el Estado parte asegure que las mujeres víctimas de violación que voluntariamente decidan terminar su embarazo tengan acceso a abortos seguros y legales.”

Estos debieron ser los argumentos jurídicos-políticos para que el legislativo ecuatoriano considere seriamente el tema de la despenalización del aborto por violación, incesto, estupro, inseminación no consentida y profundas malformaciones del feto en el Ecuador. Pero esto no ocurrió en el primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Lejos de tratar el tema desde la perspectiva de las miles de niñas y mujeres que, en el Ecuador, anualmente arriesgan la vida para evitar que a los efectos de la violencia sexual ejercida sobre sus cuerpos se le sume la maternidad forzada por el Estado e impuesta por la sociedad, en el pleno de la Asamblea abundaron los argumentos que procuraban desplazar el debate legislativo hacia esa postura moral con claros tintes religiosos invisibilizando nuestras vidas y nuestras muertas. Porque en lo que se refiere al aborto clandestino y en condiciones de riesgo, nuestros son los cuerpos y nuestras son las vidas y nosotras ponemos las muertas. 

Para las niñas y mujeres del Ecuador, para las que nos antecedieron, lucharon y pudieron o no pudieron ejercer sus propios derechos sobre sus cuerpos; para las que luchamos porque nuestras hijas puedan elegir sobre los suyos; para las que mueren anualmente a causa de abortos clandestinos y riesgosos, sin que esas muertes puedan ser lloradas en una sociedad que no las cree dignas de duelo; para las que sufren secuelas permanentes de complicaciones causadas por abortos inseguros; para las denunciadas y criminalizadas por abortos voluntarios; para los que dedican su vida defenderlas, para todas nosotras; para todas nosotras aún queda la esperanza de que en el segundo debate en el pleno, la Asamblea Nacional del Ecuador se acuerde de que esa, “la casa de todos,” también debería ser “la casa de todas”, un lugar en el cual nuestras vidas y nuestras muertas sean visibles, reconocidas y tomadas en cuenta a la hora de decidir sobre temas que afectan nuestros cuerpos.


*María Teresa Galarza (ORCID ID 0000-0003-3358-9125) es investigadora en temas de género y practicante del arte; tiene un PhD que combina escritura para cine y derechos humanos para analizar los derechos sexuales y reproductivos en Ecuador y América Latina.

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