Todos hemos estado leyendo, con asombro y pena, el escándalo de corrupción en Brasil, llamado por la forma cómo la policía denominó a su primera operación en el caso: “Lava Jato”: autolavado de coches.

La policía sospechaba que un negocio de estos era la tapadera de un delito de poca monta de tráfico de divisas. Pero a partir de allí fue creciendo el escándalo hasta comprobar ––con delincuentes arrepentidos, negociación de rebaja de penas y pruebas documentales––, que Petrobras, la mayor empresa del Brasil, mantenía una práctica permanente de sobrefacturación de sus contratos para desviar miles de millones de reales a políticos de todos los pelambres. Hoy están tras las rejas decenas de políticos y funcionarios, así como empresarios privados, y el escándalo no deja de crecer.

Aunque no directamente, una de las víctimas del escándalo es la propia Dilma Roussef, suspendida de la presidencia hasta que se le realice un juicio de destitución (que en Brasil todos llaman con la palabra inglesa impeachment), a quien no se le ha probado (todavía) ninguna implicación en los delitos, a pesar de haber sido la presidenta de Petrobrás durante los dos períodos del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, cuando se cometieron la mayoría de estos.

El más reciente de los condenados que ha negociado una rebaja de penas si cuenta lo que sabe es el exsenador brasileño Sergio Machado, que fue nombrado en 2003 por el propio Lula presidente de Transpetro, subsidiaria de Petrobrás (similar a Petrocomercial), cargo en que permaneció 13 años (durante los dos períodos de Lula, y el primero y parte del segundo de Dilma Roussef). Machado está cantando desde la semana pasada, y el último soborno del que habló es uno de 20 millones de dólares a tres altos dirigentes del partido PMDB, el del actual presidente interino de Brasil, Michel Temer. Los tres son: el expresidente de la República José Sarney (a quien dice que le dio 5,7 millones de dólares); otro, el actual presidente del Senado, Renán Calheiros (a quien le dio 8,6 millones de dólares) y finalmente el senador Romero Jucá (de nuevo 5,7 millones de dólares). Este último fue quien tuvo que renunciar hace poco al ministerio de Planificación, al que le había nombrado Temer, al empezarse a filtrar las denuncias del delator.

Como los corruptos recelan hasta del vecino, Machado había grabado las conversaciones con los dirigentes del PMDB: por lo tanto, las pruebas no son sus palabras, sino lo que le dijeron los otros, cuando discutían las estrategias para detener las investigaciones sobre la corrupción en Petrobrás.

Pero en el Ecuador también está en pleno desarrollo un escándalo petrolero. Los papeles de Panamá obligaron a actuar al Gobierno contra Álex Bravo, un mes después de que renunció a la gerencia general de Petroecuador. Resulta que Bravo no solo es dueño de empresas offshore, sino que a través de ellas recibió un pago de otra empresa offshore que representa, a su vez, a contratistas sin experiencia favorecidos con contratos de alta tecnología para las obras de reparación y repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

El presidente Rafael Correa ha tratado de explicar que no conocía a Bravo, hasta que aparecieron vídeos de sus sabatinas, donde le trata de “querido Álex” y luego él y otros jerarcas del Gobierno se han decantado por explicar que era un funcionario de carrera, como quien dice “no era de Alianza País”. Pero resulta que fue el gobierno de Correa el que lo sacó de una anodina carrera burocrática y le puso al frente del manejo de contratos por cientos de millones de dólares en la refinería y, luego, en la gerencia general de Petroecuador.

El más reciente giro de este escándalo lo trajo este lunes 6 el diario El Universo cuando reveló que, también a través de los papeles de Panamá, se ha podido comprobar que empresas privadas offshore en las que participan Vidal Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar, recibieron la comisión de un dólar por barril, es decir 70 millones de dólares, por la primera venta anticipada de petróleo que hizo la estatal Petroecuador a Petrochina International Co. Ltd, en julio de 2009. Bajo esta primera venta anticipada, Petrochina entregó mil millones de dólares a Petroecuador, a dos años plazo y a 7,25% de interés anual. A cambio, Petroecuador se comprometió a entregar 69,12 millones de barriles durante ese periodo, a razón de 2,88 millones de barriles mensuales.

Jamás se han hecho públicos ni ese contrato ni los subsiguientes de las facilidades petroleras acordadas por el Gobierno de Correa, tan engolosinado con los ingentes ingresos petroleros que empezó a prevender el crudo. Nosotros, pobres incautos, suponíamos que se trataban de contratos de gobierno a gobierno. Lo que revela El Universo es que no era así, que había intermediarios, que cobraron jugosas comisiones, aunque no se puede saber si de esas comisiones participaron funcionarios públicos, pero por más incautos que seamos es lo mínimo que se puede sospechar.

El Universo trae hasta un gráfico del esquema de pasos del pago de la comisión, una parte de la cual iba a una empresa de Jaime y Juan Baquerizo, otra a una empresa de Enrique Cadena y otra ¡a una empresa de Jaime Baquerizo y Enrique Cadena!

Además, ¡oh sorpresa!, el señor Jaime Baquerizo Escobar es el mismo que, con su hermano Juan, son los contratistas petroleros que manejan la empresa Oil Services & Solutions S.A. (OSS) favorecida con 15 contratos de la Refinería de Esmeraldas, mientras Álex Bravo recibía ingresos, en su off shore, por un contrato en que OSS le nombraba su agente en Sudamérica.

O sea que los Baquerizo Escobar no eran unos recién llegados. Tal vez no tenían experiencia alguna en la alta tecnología de una refinería pero sabían todo el teje y maneje de Petroecuador, ya que intervinieron en esa primera facilidad petrolera en 2009 y se ganaron buen billete.

El Universo tiene una nota en que aclara que la base pública de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus sigla en inglés) no abarca todos los archivos, pues, por ejemplo se sabe que el Banco de la Vivienda de Panamá, donde una de estas empresas, creada por otra empresa, y esta por por otra, todo manejado por el bufete Mossack Fonseca, tenía una cuenta, la cerró por sospechas ya que sus dueños o representantes no pudieron explicar satisfactoriamente el origen de un depósito de 12 millones de dólares. Y luego se pierde el rastro de lo que sucedió en años posteriores.

Pero lo descubierto y revelado por El Universo es suficiente para comprobar los hilos que se mueven atrás de los grandes negocios de este Gobierno, supuestamente impoluto.

Lo publicado sobre Enrique Cadena en Plan V

El aliado estratégico 
La ruta del dinero del petróleo chino

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Ecuatorianos recibieron comisión 
Banco cerró cuenta por sospechas
Castor petroleum
Los archivos pendientes en el Consorcio de Periodistas de Investigación.