

La nueva reserva marina es un primer paso hacia la protección de especies migratorias. La Armada ecuatoriana cuenta con guardacostas que ampliarán su zona de vigilancia. Fotos: Manuel Novik
El presidente Lasso anunció la creación de una nueva reserva marina en Galápagos en la Cumbre de Cambio Climático COP26. El decreto al respecto está en análisis del Ejecutivo y se espera que se firme entre diciembre y enero del próximo año. El Gobierno espera que la reserva opere plenamente a partir de junio de 2022.
La dirección de la Armada ecuatoriana en San Cristobal realiza tareas de monitoreo.
La reserva supone también un canje de deuda externa para el país. En total 60.000 km2 divididos en dos zonas iguales.
La primera mitad será una zona donde no se permitirá la producción pesquera. Esta zona es un corredor que va desde la reserva antigua hasta el límite de la zona económica exclusiva, una zona que está por encima de la cordillera submarina Cocos-Galápagos. La otra mitad será una zona en donde no se permitirá un tipo de red de pesca, el palangre, y rodea la reserva existente.
En la actualidad, se está pidiendo que se proteja una nueva zona de 30.000 km2 al sur de las islas por donde vuelan de junio a agosto los albatros hacia la costa de Perú. En esa zona se está intentado también prohibir el palangre durante los meses de migración de los albatros.
En la #COP26 anunciamos una nueva reserva marina en Galápagos. Se trata de 60 mil km2, que se suman a la existente, con las siguientes características:
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) November 1, 2021
· 30 mil km2 de zona de producción no pesquera
· 30 mil km2 de zona de no palangre#TransicionEcológica#GalápagosProtegido
La Armada nacional cuenta con diversos equipos aeronáuticos, acuáticos y terrestres para la vigilancia de las islas.
Una iniciativa ciudadana
A raíz de la incautación de la embarcación china Fu Yuan Yu Leng en 2017, nació el colectivo Frente Insular para difundir la solicitud de ampliación de la reserva marina. Su director, Alberto Andrade, aseguró que desde la incautación de la embarcación china fueron escuchados, pero les costó años conseguir los resultados de hoy. “Se recogieron miles de firmas, del señor alcalde del cantón Santa Cruz y los asambleístas de turno en aquel entonces para plantearle al presidente, pero no sucedió nada” dijo Andrade.
El buque Fu Yuan Yu Leng 999 fue un hito que provocó la movilización civil, la embarcación fue interceptada en la reserva marina en 2017. Foto: Armada de Ecuador
Hoy en día, la reserva cuenta con apoyo de más de 160 organizaciones. Pero en el inicio de la propuesta el impulso vino de la mano del colectivo Más Galápagos. Ambas organizaciones fueron consolidando información para argumentar la creación de la nueva reserva que se ve plasmada hoy. “El sector atunero y ahora los grandes pesqueros dicen que ellos son los dueños de la propuesta, lo está diciendo Bruno Leone (el presidente de la Cámara Nacional de Pesquería), nosotros somos quienes lo propusimos” precisa el directivo del Frente Insular. “Otra cosa es que se haya enriquecido con datos que ellos ocultaron en el pasado” agregó Andrade.
Desde el Frente Insular, aseguran que ya en el gobierno de Guillermo Lasso el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, llevó la propuesta a las altas esferas del Gobierno. “Estuvo en territorio y tuve la oportunidad de reunirme, dijo que iba a socializarlo dentro de sus reuniones ministeriales” aseguró Andrade.
“Todo estaba ya listo inclusive con el financiamiento, nunca concretaron nada. El presidente Moreno nunca mostró interés y sus asesores cercanos tampoco, como Juan Sebastián Roldán, y se opuso fuertemente el Ministerio de la Producción y Pesca” dijo Sevilla.
Roque Sevilla se define como ecologista, feminista, empresario, ex Alcalde de Quito. Actuó como asesor civil para la nueva reserva marina.
Las negociaciones para la creación de esta reserva no fueron fáciles. En entrevista con el exalcalde y activista ecológico Roque Sevilla, se constató el camino para llegar a acuerdos. Junto con Yolanda Kakabadse fueron llamados como asesores cívicos a raíz de la incautación del Fu Yuan Yu Leng en 2017. “Colaboramos primero con el canciller Luis Gallegos para impulsar los contactos tanto con la China como con los países vecinos. Para tener un primer compromiso de hacer un frente contra la China para evitar que continúen haciendo la pesca sin regulación alguna” dijo Sevilla.
El exalcalde capitalino expresó que el gobierno de Moreno no apoyó la creación de la reserva. “Todo estaba ya listo inclusive con el financiamiento, nunca concretaron nada. El presidente nunca mostró interés y sus asesores cercanos tampoco, como Juan Sebastián Roldán, y se opuso fuertemente el Ministerio de la Producción y Pesca” dijo. Sevilla recordó que el ex ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también se opuso argumentando “un atentado contra la soberanía”.
Según los frentes civiles el apoyo del gobierno tomó años en llegar. “Andrés Arens, Subsecretario de Pesca, que vino a Galápagos, dijo que como sector productivo ecuatoriano no iban a apoyar ni un centímetro de expansión”, aseguró Alberto Andrade del Frente Insular.
El aporte científico
Según el investigador biológico Alex Hearn la reserva es una gestión de la comunidad, del poder político y la ciencia. “Desde la ciencia llevamos más de una década rastreando los movimientos de especies. El tamaño actual de la reserva no es el más adecuado para las especies” recalcó Hearn.
El investigador dijo que el momento clave fue la incautación del Fu Yuan Yu Leng, que dio paso a la organización Más Galápagos en 2019, “que ha liderado el proceso” dijo. “Al mismo tiempo se crea un grupo técnico de científicos que llevamos dos años trabajando en un documento sintético” agregó.
“No cabe duda que el estatus de Ecuador se vio beneficiado. La zona que se quiere proteger ya fue declarada como punto de esperanza por la organización Mission Blue. Los ojos del mundo están puestos en este lugar” dijo Hearn. El investigador agregó que es una responsabilidad compartida con los países vecinos ya que es una zona de ruta migratoria.
“Desde la ciencia llevamos más de una década rastreando los movimientos de especies. El tamaño actual de la reserva no es el más adecuado para las especies” recalcó el biólogo Alex Hearn.
“Vimos que los presidentes de Ecuador, Costa Rica, Panamá y Colombia hicieron una declaración conjunta, se tomaron una foto con un mapa que muestra estas rutas migratorias que los científicos hemos estado trabajando” dijo Hearn. Aludió que la declaratoria es una reafirmación al tratado de San José en 2004 donde ya se estableció una necesidad de cooperación.
Según los análisis de Hearn, la nueva reserva no va a solucionar todos los problemas de las islas. Han identificado una serie de amenazas que van desde el ingreso de plantados en embarcaciones industriales, el ingreso ilegal de palangreros o la desprotección de rutas migratorias de aves y tiburones. “Es un gran primer paso, ha sido trabajado con varios sectores” concluyó Hearn.
Conservación versus producción
El sector pesquero en Galápagos ha visto con escepticismo la creación de una nueva área protegida. El presidente de la cooperativa de pesqueros artesanales COPROPAG, Dionisio Zapata, apoya la creación de la reserva pero dijo que no se ha socializado la medida con el sector pesquero. En la provincia insular hay aproximadamente 1200 pescadores. Según Zapata, no se ha llegado a todos ni se los ha consultado sobre las necesidades como sector productivo.
Dionisio Zapata es el presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera de Galápagos (COPROPAG).
Desde el activismo ecológico, se cree que esta medida beneficiará al sector pesquero. “Nosotros no estamos en contra de la pesca responsable, de la pesca sustentable. Al contrario, ampliando estas zonas de protección vamos a beneficiar al sector pesquero. Van a tener una oportunidad con este canje de deuda de potencializar sus pescas de una manera más tecnificada, más controlada” precisa Alberto Andrade del Frente Insular.
Adicionalmente a la nueva reserva declarada por Lasso, la protección de una nueva zona marítima ya se está gestionando desde los sectores civiles. La zona ubicada al sur del archipiélago corresponde a una zona de migración de albatros durante tres meses al año. Lo que se propone es proteger la zona del palangre al menos por esos meses. “La reserva marina es una reserva viva. Podrá pescarse los nueve meses después por supuesto. La reserva viva te lo están pidiendo a gritos” concluyó Andrade del Frente Insular.
El sector pesquero artesanal abasteció de alimentos a la población en medio de la pandemia, cuando casi todo el resto de las actividades cesaron. En Santa Cruz se concentran la mayoría de los movimientos pesqueros del archipiélago.
“La reserva marina es una reserva viva. Podrá pescarse los nueve meses después por supuesto. La reserva viva te lo están pidiendo a gritos” dijo Alberto Andrade del Frente Insular.
Para Roque Sevilla “Una protección del 5% de los mares en general produce un 20% de aumento del stock pesquero” dijo. Sevilla presentó datos del Ministerio de Industrias que reflejan los lanzamientos de embarcaciones atuneras: la mayor concentración está cerca de las áreas protegidas de Galápagos.
¿Cómo se gestionó el canje de deuda para el Ecuador?
Un grupo de entidades internacionales confirmadas por el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), el US Finantial Development Corporation del Gobierno americano, y las fundaciones PEW y Bartareli negociaron con un grupo de bancos internacionales un crédito de USD 800 millones. Con ese monto irían a la Bolsa de Valores y comprarían USD 1100 millones de bonos del Ecuador.
Según Roque Sevilla, con esos USD 1100 millones de bonos del Ecuador se entregará el monto al gobierno y las organizaciones recibirán la misma cantidad en bonos azules. “La parte creativa es que el US Finantial Development Corporation daría una garantía de pago de USD 800 millones de bonos azules ecuatorianos” agregó Sevilla.
Los USD 300 millones de diferencia se donarán al Fondo Internacional Galápagos. Los intereses y la amortización van a ser entregados al Fondo Fiduciario Ecuatoriano. El fondo va a utilizar casi todos esos intereses, algo así como USD 14 millones, para el fondo de uso del Área Marítima Galápagos, de la pesca sostenible, de la pesca artesanal de la Costa y un fondo de investigación científica. El resto de los intereses, USD 5 millones de dólares anuales, van a ir a un fondo de capitalización.
Con la amortización del fondo el mecanismo de alimentación se vuelve perpetuo. “En vez de estar pagando los intereses a algunos tenedores en el exterior le pago a Galápagos. Porque el Ecuador sigue pagando la deuda, lo que pasa es que hay una reducción de la tasa de interés, ese el beneficio” concluyó Sevilla.
En Santa Cruz el comercio empieza a reactivarse. Más de 15 mil habitantes tiene una de las principales islas.
La isla de Santa Cruz es la más grande de Galápagos.
“En vez de estar pagando los intereses a algunos tenedores en el exterior le pago a Galápagos. Porque el Ecuador sigue pagando la deuda, lo que pasa es que hay una reducción de la tasa de interés, ese el beneficio” explica Roque Sevilla sobre el canje de deuda.
Otro de los efectos de la nueva reserva sería dar una mayor trazabilidad a los productos pesqueros a través de la inversión que vendría con los nuevos fondos. “No nos olvidemos que hay sanciones vigentes de la Unión Europea porque no tienen trazabilidad” analizó Sevilla. El economista se refirió a la dinámica del mercado en donde los productos sin trazabilidad son comprados a precios más bajos o no son comprados.
Sevilla se refirió también a otro efecto positivo en el caso del Ecuador. “La pesca blanca y de atún produce ventas de entre USD 1100 y USD 1500 anuales. La exportación de camarón está en USD 3600, al menos el triple. Pero el camarón se alimenta de harina de pescado por lo que una falta de trazabilidad de pesca blanca podría afectar a uno de los principales productos de exportación del Ecuador” concluyó Sevilla.
El primer canje en la historia del Ecuador fue en 1987 a través de la Fundación Natura que recaudó USD 1.3 millones de diversos donantes. Con ese valor compraron USD 10 millones en bonos que se usaron para protección de parques nacionales como el Parque Nacional Yasuní, el Parque Nacional Sangay, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, entre otros.
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